Con esta legislación, impulsada por los republicanos, el Congreso responde a la muerte, el 1 de julio pasado en San Francisco, de la joven Kate Steinle, a la que presuntamente asesinó un inmigrante indocumentado mexicano que había sido deportado cinco veces y que acumulaba a sus espaldas siete condenas por delitos graves.

El presunto asesino, Juan Francisco López-Sánchez, se había refugiado de las autoridades migratorias en San Francisco, una de las cientos de ciudades del país que han cuestionado la política de deportaciones y entre las que se encuentran otras grandes urbes como Nueva York o Ángeles.

Con 241 votos a favor y 179 en contra, los republicanos lograron aprobar un proyecto de ley que negaría subvenciones gubernamentales a las agencias policiales y servicios de inmigración de las ciudades que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias federales para identificar, detener y deportar a los indocumentados.

“El pueblo estadounidense tiene derecho a no dar el dinero de sus impuestos a los municipios y estados que no cumplan con la ley federal” , consideró durante el debate parlamentario el congresista por California Duncan Hunter, promotor del proyecto de ley.

“El hecho de que San Francisco y Los Ángeles y otras ciudades no están de acuerdo con la política de aplicación federal no les da un pase libre para subvertir la ley” , añadió.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Baja, John A. Boehner, consideró “peligrosa”  la existencia de las “ciudades santuario”  y consideró que la muerte de la joven Kate Steinle podría haberse “evitado”  si estas ciudades ayudaran a deportar a aquellos que cruzaron la frontera de manera ilegal.

Frente a ello, la Casa Blanca amenazó con vetar la legislación, consideró que la Cámara baja ha equivocado la forma de arreglar un “sistema migratorio roto”  y aseguró que el proyecto de ley menosprecia los esfuerzos del Gobierno por deportar a los criminales más peligrosos.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso , el demócrata Xavier Becerra, criticó la iniciativa y la bautizó como “Donald Trump Act” , en referencia al polémico aspirante a la candidatura presidencial republicana que ha lanzado duras críticas contra los inmigrantes, especialmente los mexicanos, y ha propuesto levantar un “gran muro”  en la frontera con México, que hoy visitó.

Precisamente, Trump arremetió contra las “ciudades santuario”  aprovechando la muerte de la joven Kate Steinle.

Jim Steinle, el padre de la fallecida, pidió el martes un cambio en la legislación migratoria ante un comité del Senado y hoy, ante otro comité de la Cámara de Representantes, consideró que el Congreso debe impulsar medidas para sacar de las calles a inmigrantes indocumentados como el que supuestamente asesinó a su hija.

“Es increíble ver el número de estadounidenses inocentes que han sido asesinados por inmigrantes indocumentados en los últimos años” , subrayó Steinle, que aseguró que, entre el 2010 y el 2014, 121 inmigrantes sin papeles han sido acusados de homicidio en todo el país.