El TEDH responde así a una demanda presentada por dos parejas que reclaman desde hace años inscribir en el registro civil francés a sus hijas nacidas de un vientre de alquiler en Estados Unidos.

En ambos casos, el embrión, concebido con los espermatozoides del padre y los ovocitos de una donante, se implantó posteriormente en el vientre de una madre de alquiler.

En abril del 2011, la Corte de Casación de Francia, la máxima instancia jurídica del país, rechazó una demanda de las parejas, por considerar que reconocer esta filiación atenta “contra los principios esenciales del derecho francés” y es “contraria al orden público”.

Tras este fracaso, las dos familias llevaron su caso a la justicia europea por discriminación, atentado a su vida privada y a su derecho a fundar una familia.

La Corte considera que el rechazo de las autoridades francesas no les impidió llevar una vida familiar “en condiciones comparables” a las de otras familias francesas.

Sin embargo, los magistrados europeos estimaron que los menores se encontraban en “una situación de incertidumbre jurídica”, ya que en ambos casos las autoridades francesas rechazaron incluso admitir la filiación entre los menores y su padre biológico.

Desde hace más de 13 años, el matrimonio Menneson residente en Maisons Alfort cerca de París, busca obtener la paternidad legal de dos mellizas dadas a luz en California el 25 de octubre del 2001 en Minnesota por una madre de alquiler norteamericana.

Otra familia demandante que reside en el sur de Francia presentó un caso similar: su hija nació en octubre del 2001 en Minnesota, también mediante un vientre alquilado.

En ambos casos, los embriones fueron concebidos con el espermatozoide del marido y los ovocitos de una donante.

A su regreso a Francia, donde esa práctica está prohibida, la justicia rechazó la inscripción de las pequeñas en el estado civil.

El tribunal europeo admitió que la intención de Francia persigue “objetivos legítimos” como la protección de la salud, los derechos y las libertades de los demás.

También destaca que la negativa de las autoridades francesas a reconocer las filiaciones de niños nacidos mediante vientres de alquiler en el extranjero “proviene de la voluntad de desalentar a sus ciudadanos a recurrir fuera de Francia a un método de procreación que prohíbe en su territorio”.

Los jueces consideran que el rechazo de las autoridades francesas no impidió a las dos parejas desarrollar una vida familiar “en condiciones globalmente comparables” a las de otras familias en Francia.

Sin embargo, según los magistrados europeos, las hijas de las dos parejas se hallan “en una situación de incertidumbre jurídica” que “atenta contra su identidad en el seno de la sociedad francesa” y les impedirá llegado el momento heredar en las mismas condiciones que otros niños.