Durante la protesta de este jueves, los inconformes pedían que la comuna continúe con la contratación de docentes; además, de dotar de agua entubada al establecimiento educativo.

Gerardo Ijchop, padre de familia, dijo que es un compromiso de las autoridades priorizar el presupuesto para la educación. Añadió que este año ven poca voluntad del alcalde en apoyar a la escuela, que necesita de ocho maestros.

“No sabemos si las a otras escuelas tiene el mismo problema, le pedimos a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) que efectúe las inspecciones del caso para solventar la problemática”, manifestó. 

Carecen de servicio   

Mary Tax, conserje de la escuela, afirmó que varios estudiantes no han recibido clases desde el comienzo del ciclo escolar y que el edificio no cuenta con agua entubada desde hace un año.

“La preocupación de los padres de familia es que algunos grados quedarán sin ser atendidos, porque no hay suficientes docentes para todos los grados”, expresó.

Fredy Tohom, de comunicación social de la Dirección Departamental de Educación, respecto a la falta de maestros, afirmó que el tema está avanzado entre esa entidad y la comuna, pero se debe cumplir un proceso, para evitar ilegalidades.

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Karin Linares, delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos, informó que, como ente garante de los derechos humanos, se intervino para buscar solución a la demanda de los inconformes, y se acordó que de las partes involucradas entablen una mesa de diálogo.

Se trató de conocer la versión del alcalde, Boris Quiñones, pero no respondió las llamadas telefónicas.

Autoridades presumen que Julia Vicente, de 37 años,  y sus hijas Karen Rocío, de 4, y  Julissa Vicente, de 7, murieron envenenadas; sin embargo, serán los exámenes forenses que determinen la causa de los tres decesos.   

Parientes indicaron que desde hace una semana intentaban comunicarse vía telefónica con Vicente, pero no respondía las llamadas, por lo que este miércoles decidieron saltar una pared para ingresar al inmueble y en una habitación  localizaron los tres cadáveres en estado de descomposición.  

El hallazgo ha causado conmoción en vecinos, quienes se han acercado el inmueble y nos dan crédito a lo sucedido.

Marcos Vicente, vecino, dijo que Julia Vicente era conocida en la población, también pidió que autoridades investiguen qué pasó. 

Herman Vicente, uno de los curiosos, informó  que hace cinco años, el esposo y padres de las menores se  fue a trabajar a Estados Unidos. 

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se trata de Samuel Tzunum Pérez, de 22 años, quien fue aprehendido sindicado de haberle causado la muerte a una persona, a quien arrolló con un vehículo en el referido municipio de Totonicapán.

El informe policial detalla que los agentes Amílcar Leonel Pérez Álvarez, 29, y Walter Romeo Ramos Méndez, 23, se desplazaban la madrugada de este miércoles por el km 197 de la ruta a Momostenango, con dirección a la cabecera departamental, cuando el autopatrulla en el que viajaban se detuvo por desperfectos mecánicos.

Los agentes indicaron que bajaron del vehículo con el objetivo de solucionar el problema al empujar el automotor, pero cuando se percataron, Tzunum había huido con rumbo desconocido.

Conducía ebrio

La PNC informó que cuando Tzunum ocasionó el accidente de tránsito, en el que murió Juan Pérez Zárate, 75, conducía en estado de ebriedad.

Además, se informó que los agentes Pérez Álvarez y Ramos Méndez fueron detenidos para esclarecer el hecho en el que escapó el sindicado.  

Se extiende crisis de la PNC en la provincia http://t.co/sbgpT8WP31 pic.twitter.com/hFlIoDMAXO

— César Pérez (@Cperezm_pl) May 23, 2015

Crisis en la PNC

Analistas, líderes comunitarios y agentes de la Policía coinciden en que las principales falencias que afronta la institución han sido la falta de herramientas e insumos, como pocos autopatrullas, combustible y municiones racionadas; a estos se suma el reducido número de efectivos.

“No existen lugares dignos para que los agentes desempeñen su trabajo; comisarías sin servicios de agua, luz y sanitarios inadecuados. Esto va en contra de las leyes laborales”, comentó recientemente Lizandro Acuña, investigador del área de justicia y seguridad ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

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Las partes involucradas fueron citadas por el Ministerio Público (MP), y la reunión se efectuó en un salón del municipio, donde también estuvieron presentes el gobernador departamental, Pablo Batz, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y autoridades indígenas invitadas.

Ambas partes expusieron ante el MP sus inconformidades y representantes de autoridades ancestrales pidieron que la corporación municipal retirara la denuncia presentada contra tres de sus integrantes, sindicados de pretender intervenir en las actividades ediles.

Elmer Martínez, fiscal distrital del MP, indicó que ambas partes se comprometieron a el respeto mutuo sin acudir a actos de violencia; además de que se va a desestimar la denuncia contra de las tres autoridades comunales.

Miguel Ángel Pelicó, de las autoridades ancestrales, manifestó que alcanzaron logros importantes, ya que el jefe edil Santiago Pelicó, se comprometió a gestionar la derogación del acuerdo para la implementación del IUSI.

Entablan diálogo

El alcalde Pelicó dijo que se ha logrado entablar un dialogo con las autoridades por el tema del cobro del IUSI y reconoció que fue un error gestionarlo.

Al consultarle respecto de que algunos pobladores han pedido se renuncia, afirmó que culminará su período y añadió que la población ha sido manipulada por un movimiento político en su contra.

Mientras se desarrollaba la actividad, un grupo de pobladores manifestó para pedir que el jefe edil abandone el cargo.

La denuncia fue presentada por autoridades ancestrales de las 31 comunidades de Momostenango, quienes solicitaron, en mayo de 2014, a través de la oficina de acceso a la información, detalles de un proyecto de construcción de un área para desechos solitos; sin embargo, esta no fue proporcionada por el jefe edil, por lo que el Ministerio Público comenzó con una investigación.

El presidente del Consejo de Autoridades de las 31 Comunidades, Abraham Vicente García, dijo que la población no estaba de acuerdo con el proyecto que se pretendía ejecutar, debido a que visualizaban que la construcción era ilegal, por lo que solicitaron la referida información sin que obtuvieran resultados positivos, lo que motivó que se presentará la denuncia en contra del jefe edil.

“El alcalde siempre le ha mentido al pueblo y por eso ahora estamos satisfechos que el tribunal le retire la inmunidad y sea investigado”, dijo García.

Según información del Tribunal Supremo Electoral, Santiago Pelicó ya fue inscrito para participar en las próximas elecciones en busca de la reelección, por lo que se analiza su situación ante la resolución de la Sala de Apelaciones.

Se trató de obtener la versión de Santiago Pelico, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular.

Los inconformes criticaron las acciones del jefe edil, pues aseguran que decidió imponer ese cobro sin tomar en cuenta a la población, ante lo cual le dieron un plazo de 24 horas para que deje el cargo.

De acuerdo con los inconformes, la mayoría de pobladores no está en capacidad de pagar ese impuesto, situación que los motivó a salir a las calles para protestar.

Durante la manifestación, promovida por el Consejo de Autoridades Indígenas, los comercios del sector cerraron y el paso vehicular fue obstaculizado, lo que motivó que unos 300 agentes de la Policía Nacional Civil permanecieran en el lugar en calidad de prevención.

Ernesto Cuyuch, alcalde comunal, dijo que el jefe edil traicionó la confianza de la población al gestionar la aplicación del IUSI sin tomarlos en cuenta, por lo que espera que con la renuncia del alcalde sea suspendido el acuerdo, por medio del cual se autoriza el cobro del referido impuesto.

Carlos López, alcalde comunitario, explicó que hace 18 años, cundo fue creado el IUSI los 48 Cantones salieron a defender los derechos de la población, y por ello Totonicapán fue exonerado de ese pago; sin embargo, el jefe edil actual gestionó la aplicación del gravamen, lo que generó la molestia.

Karin Linares, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que el país necesita que todo se resuelva a través de la vía del dialogo.

Se trató de conocer la versión del alcalde, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular.