Decenas de comercios amanecieron cerrados en las principales ciudades de Estados Unidos, como medida de presión para demostrar que la fuerza laboral, en su mayoría, es de inmigrantes.

Los hispanos en ese país también acordaron no enviar a sus hijos a las escuelas, esto se une a los comercios bajo el lema Day without inmigrants o Un día sin inmigrantes.

Algunos guatemaltecos comentaron que han escuchado amenazas que indican que en las manifestaciones que hay programadas, Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), hará redadas.

El movimiento se extendió por varios estados de EE. UU. y en los negocios donde los propietarios apoyan a los indocumentados, han decidido cerrar, no atender y declararse en huelga.

Walter Batres, coordinador de la Red Migrantes, explicó que ha habido amenazas de los Trump lovers, a pesar de eso, tienen programada una gran manifestación de 13.30 a 15.30 horas en el estado de Ohio.

“Que dejen de deportar a los que están trabajando. Que saquen a los que no aportan nada”, afirmó.

Es un dilema

Carlos Herrera, un guatemalteco en el sureño estado de Texas, uno de los más “duros” con los hispanos, explicó que en ese lugar están en un dilema porque los empleados indocumentados no pueden dejar de trabajar o los despiden. Mientras que los que cuentan con documentos, si han dejado su empleo para manifestar.

Algunos latinos que tienen negocios pequeños en Dallas, decidieron cerrar y estar en huelga, sin embargo, grandes cadenas de tiendas siguen abiertas.

Las demandas

El objetivo de los inmigrantes en resistencia en Washington DC (Distrito de Columbia), es demostrar que son fuerza laboral que contribuye a la economía, entre sus demandas están:

• Que ICE no tenga presencia en Washington DC.
• Que el gobierno local haga la diferencia en caso de perder los fondos federales por ser ciudad santuario.
• Una sola licencia para todo el Distrito de Columbia.
• Un alto a la violencia de la policía contra las personas inmigrantes, morenos o de color.
• Que no haya discriminación contra los musulmanes y tampoco se haga un registro de esas personas.
• A los empleadores, que no despidan a los inmigrantes que participen en las manifestaciones.

Los religiosos aseguran que de ejecutarse las deportaciones masivas —una de las medidas que prometió en campaña— habría un fuerte impacto en las economías de la región.

Los 64 religiosos se encuentran en Guatemala en la reunión anual del Secretariado Episcopal de América Central y ayer, en San José Pinula, celebraron  una eucaristía en homenaje al padre Hermógenes López, asesinado hace 38 años, y quien está  en proceso de beatificación.

“Esperemos que cambie de rumbo porque sería un gran daño para estos países, hay mucha gente que ha emigrado de nuestros países a Estados Unidos buscando bienestar,  una mejor vida”,  afirmó Darwin Andino, arzobispo de Santa Rosa de Copán, Honduras.  

José Luis Escobar,  obispo de El Salvador, aseguró: “es una pena que países como la región centroamericana no puedan ofrecer a sus hermanos un lugar digno donde vivir y sean forzados a salir del país. Allá trabajan con honradez aunque no tengan documentos, eso no les vuelve criminales y no es justo que se les trate como tal, al contrario deben ser respetados sus derechos”.  

• Migrantes desconfían de apoyo del Gobierno

El obispo de la Diócesis de Tilarán Liberia, Costa Rica, Manuel Salazar, pidió a Nicaragua abrir sus fronteras. “Rogamos al Gobierno de Nicaragua que por razones humanitarias abra sus fronteras para que puedan seguir —los migrantes— y roguemos a Dios que el señor presidente de EE. UU. sepa ser humanitario”.   

Perdón al aborto

Con relación al anuncio del Papa Francisco de absolver el pecado de aborto de manera indefinida, los arzobispos aseveraron que  no hay pecado que no se pueda perdonar.  

“El Papa con este gesto quiere decir que Dios siempre perdona, y aunque uno se haya podido equivocar la misericordia de Dios es infinita”, manfestó Rubén González, obispo de Ponce, Puerto Rico.

“Es una medida que ayudará o facilitará especialmente a quienes han entendido el llamado de la Iglesia a acogerse a la misericordia de Dios para reconciliarse con él y con la Iglesia también”, señaló Aníbal Zaldaña, obispo de Bocas del Toro, Panamá.

“Cerrar las puertas a los inmigrantes es destruir una forma de ayuda, es cortar  el chance de superación de estas personas”. Rubén González, obispo de Puerto Rico.

De 495 autobuses del Transurbano que entraron  inicialmente en circulación en el  2010 en los ejes sur y norte para atender la demanda —bajo el ofrecimiento de que entrarían  en circulación hasta 3 mil— solo funcionan 270, lo cual implica para los usuarios  largas esperas en las paradas.

A ello se suman las quejas de cobros excesivos, buses sobrecargados, paradas deterioradas y otras denuncias, según Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público,  de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PD   H).
Guerra indicó que analizan remitir las denuncias que han recibido al Ministerio Público, que ya efectúa pesquisas por la corrupción que se presume hubo en la ejecución de fondos del Transurbano.

Afecta a muchos

Abordar unidades del Transurbano se ha convertido en un calvario para los más de 350 mil  usuarios del servicio.

Al comienzo, la promesa fue la circulación de tres mil 150 unidades que sustituirían los dos mil 927 buses rojos registrados.

Prensa Libre recorrió en los últimos días  el norte y sur de la capital y recogió  varias inconformidades de los usuarios.

Entre las demandas más comunes se encuentra el cobro irregular del pasaje, escasez de buses, hacinamiento de las unidades,  tiempo de espera para abordar, falta de respeto de algunos pilotos, falta de beneficios para personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes.

“No tienen una tarifa estable, dijeron que era un quetzal y centavos, pero cuando uno pone la tarjeta allí le descuentan los dos quetzales”, afirmó el usuario, José Córdova.

“A veces no hay Transurbano y uno tiene emergencias y necesita irse más rápido, eso es perjudicial”, señaló Édgar Choc.

Guerra afirma que han comprobado irregularidades en el cobro del pasaje  y que se ha hecho del conocimiento de la Superintendencia del Transporte Público y de las autoridades de la empresa Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga), que argumentó fallas en el sistema de cobros.

Tiempo de espera

Otra de las demandas es el tiempo de espera para abordar un bus, el cual alcanza en ocasiones hasta una hora, tal como lo relató Blanca de Benavente, quien intentaba abordar una unidad en la colonia Alameda, zona 18, para  dirigirse a la zona 1.

La mayoría de  entrevistados aseguraron que a diario deben esperar de 20 a 40 minutos y hasta una hora  para subirse a las unidades,  porque las pocas que pasan van muy llenas.

“El servicio es deficiente, no logró satisfacer lo que necesitábamos. Pasa uno más o menos una hora u hora y media esperando, y los que pasan, pasan llenos”, refirió un usuario que viajaba en la gradas de un Transurbano que se dirigía de la calzada Atanasio Tzul al Obelisco.

“A veces hasta 40 minutos por que no hay muchos buses y en la noche es igual”, señaló  Aura Bran, quien vive en la zona 18.

En la estación del Trébol,  a las 7 horas de ayer, se formó una fila de al menos  30 personas, que esperaban un bus por más de 25 minutos,  cuando por fin llegó no pudieron abordarlo debido a que la máquina que  cobra el pasaje no funcionó en tres intentos que hicieron distintos usuarios, por lo cual el piloto optó por cerrar las puertas de la unidad y marcharse. Los afectados debieron esperar   más en una parada sin vigilancia.

¿Otro negocio ilegal?

En todas las paradas de Transurbano se encontró a personas que “venden pasaje”. Cobran alrededor de un quetzal más del valor de la cuota establecida, se les   paga en efectivo y ellos  prestan  su tarjeta Siga para que sea escaneada en los lectores de los buses y así los pasajeros  aborden.

En algunas estaciones hasta se pueden observar rótulos donde ofrecen el “beneficio”.

En el centro de la ciudad, por las noches, en distintas calles, se observan grandes filas de usuarios, a la espera de una unidad del Transurbano.

Denuncias que se investigan

La Contraloría ha auditado al Transurbano desde el 2010.

Q104 millones habrían sido utilizados por el Transurbano para la compra de aparatos del sistema prepago que no fueron instalados.

Los propietarios de los buses estaban obligados a comprar tres mil 195 buses —tres mil corrientes y 195 articulados—, pero solo adquirieron 495.

El MP conoce una segunda denuncia por irregularidades en la ejecución del subsidio de Q18 millones.

Un total de US$33 millones 800 mil, de US$35 millones convenidos, fueron entregados para la instalación del sistema prepago, según la Contraloría.

A los 12 años, Jenny se mudó a la vivienda de su abuela, en donde pensaba que todo iba estar mejor. Ahí entabló amistad con Paola —nombre ficticio—, una prima cuatro años mayor, y ambas salían a fiestas y se llevaban bien, a pesar de que Paola consumía drogas.

En abril del 2015, por insistencia de Paola, Jenny asistió a una fiesta, con cinco “amigos” que no conocía. “Lo único que recuerdo de esa noche es que me insistían en que me tomara una cerveza, pero no acepté; entonces, me ofrecieron un vaso con gaseosa, y de allí no recuerdo nada, me dio mucho sueño”, relató.

Jenny, por el frío de la madrugada, despertó a la mañana siguiente. Se encontraba sola, en  el rincón de una pequeña casa, dentro de una granja que no conocía.

Recuerda que encontró su ropa, se la puso y caminó por horas hasta la casa de su abuela. Al llegar buscó a su prima, pero no estaba.

“Solo supe que ella había recibido dinero por mí, esa noche… No sé cuánto dinero fue, pero le dieron dinero para poder estar conmigo”, manifestó.

Como refugio a su atormentada vida empezó a consumir drogas. Recuerda que trabajaba en una fábrica donde ganaba Q500 semanales, los cuales utilizaba en su adicción. Su familia la internó en varios hogares de los cuales superaba el consumo, pero volvía a caer en él.

“Consumía marihuana, cocaína, piedra y también le hacía al pegamento. Me costó un montón dejar eso, consumía para pasar un rato   bien, ya no lo podía dejar. Siempre me daba ansiedad y perdía el control”, refirió.

En diciembre del 2015 se encontró con su prima, a quien se lanzó para pegarle. “Era mucha mi cólera. Ella juraba que no había hecho nada, que no sabía nada; pero no le creo”, insistió.

Un rayo de luz

El 31 de diciembre del año pasado, Jenny encontró el amor. Se unió a un joven dos años mayor, amigo y vecino en su colonia. “Con él me sentía protegida, me sentía bien,  me cuidaba”, indicó.

Fruto de esa relación, Jenny se convirtió en madre a finales del mes pasado. Con su bebé en brazos y una mirada tierna hacia él, asegura que lo único que quiere es cuidarlo y seguir sus estudios para llegar a ser profesional. “Quiero ser abogada o doctora, para ayudar a las demás personas, a las adolescentes que pasen por la misma situación que la mía”, aseveró.

La menor confesó que teme salir a la calle y no controlar su adicción. Asegura que sus ganas de vivir por su hijo la hacen decir no más a las drogas. “Ser mamá me hace sentir más segura de lo que quiero hacer, siento felicidad, algo que no había sentido antes”, acotó.

Trata de personas

El caso de Jenny se considera trata de personas. Ese delito, en sus distintas modalidades, ha cobrado auge en Guatemala y es una forma de esclavitud moderna. Según Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, las modalidades más fuertes en el país son la explotación laboral, sexual,  reclutamiento de menores de edad para actividades delictivas y mendicidad.

Gracias a su ubicación geográfica y a que mantiene enraizadas sus costumbres y tradiciones, el municipio fue seleccionado para un proyecto de cambio estético y artístico por medio de colores, el cual busca fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes, atraer más turismo, crear más empleos y ayudar a la economía familiar y empresarial local.

Pintando Santa Catarina Palopó es un proyecto familiar del guatemalteco Harris Whitbeck y su sobrina Melissa, quienes por medio de la pintura pretenden ser agentes de cambio en la comunidad, y así motivar a las personas a cuidar su espacio.

De las fases

La primera fase es la base del plan; en esta se integra un taller que incluye a 20 líderes comunitarios de diversas edades, entre mujeres y hombres, dos diseñadores extranjeros encargados de realizar la muestra de colores a utilizar, aportando ideas en conjunto para crear el diseño final que se convertirá en el mural más grande del país.

Al tener el diseño se inicia la segunda fase para crear un equipo de trabajo local, en donde la mano de obra se buscará entre la misma población, para crear fuentes de trabajo. La idea es que los habitantes de cada vivienda participen.

Artistas que dan vida

La obra monumental estará a cargo de los artistas holandeses Jeroen Koolhaas y Andreas Urhan, conocidos como Haas & Hahn, quienes han realizado proyectos similares en Brasil, Chile, Haití, Curacao y Estados Unidos.

Ambos visitarán Guatemala por primera vez este mes. Durante dos semanas convivirán con pobladores y los 20 líderes comunitarios que integran el taller, para conocer su historia y así poder crear el lienzo que identifique de mejor manera a la comunidad.

“Esto nos traerá más turismo y por ende tendremos beneficios”, expresó Francisco Mucún.

Responsabilidad social

La pintura a utilizar es a base de cal y tintes naturales, que actúan también como fungicida e insecticida, los cuales tienen menor impacto ambiental y menor costo.

La creación de la paleta de colores, unos 50 tonos, está a cargo de la Asociación Ambiental G22 con el apoyo de Cal Hidratada Horcalsa y Cementos Progreso.

Maravillas de Palopó

Santa Catarina Palopó cuenta con unos seis mil habitantes y su idioma natal es el kaqchikel.

Desde cuatro miradores alrededor del lago puede ser admirada su belleza. Cuenta con una amplia gama de senderos, aguas termales y cultivos de flores y verduras.

Los colores que lo representa son: verde turquesa, amarillo, rojo, blanco y azul.

Palopó se conforma con la unión de las palabras “palo”, de árbol, y “po”, apócope de “poj”, planta del amate (kaqchikel), “árbol de amate”.

En ello coinciden el politólogo Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), y el investigador Gabriel Duarte, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), cuando analizan   la elección de  la nueva Junta Directiva del Organismo Legislativo para el período 2017-2018.

¿Cuál es su percepción sobre el proceso de elección de la Junta Directiva del Congreso?

Castillo: Lo que vemos ahora son tres personajes de la política tradicional guatemalteca, con varias reelecciones;  los tres conocen a profundidad la dinámica del Legislativo y además tienen la característica de representar sectores tradicionales de poder en el país.

En el caso de Taracena, es un actor reconocido como excelente negociador político, capaz de conseguir consensos.  

Oliverio García Rodas es un experto en temas de legislación, mas no  un perfil de elección política, y la diputada Montenegro es respetada dentro y fuera del Congreso como una experta en fiscalización, que se ha dedicado más a fiscalizar al Ejecutivo que a sus propios  compañeros legisladores.  

El partido oficialista busca a Oliverio, porque lo ven como una figura que tiene mucha credibilidad dentro del Congreso,  pero a cambio ellos también van a ir integrando esta  directiva.

Estamos muy centrados en el tema de la Junta Directiva, pero después vienen las comisiones también. Si bien no hay mucha gente de FCN dentro de las planillas que se han mencionado, puede que dentro de las comisiones vaya a haber mucha gente de ellos presidiéndolas, sobre todo la de Economía y   Finanzas, que son las que le interesan al Ejecutivo para poder impulsar todos los planes o programas que requieran durante los siguientes tres años.  

¿Qué negociación pudo haber con García Rodas?

Duarte: Hay que recordar que cuando se eligió la actual  directiva, que fue en enero de este año,  FCN únicamente tenía 11 diputados. Entonces, a la hora que todos se mueven para esa bancada, era mucha gente del PP y Líder, que seguramente también tenían relación con Oliverio de hace años.  

Realmente, a saber qué hubo detrás de esa negociación o qué le ofrecerían. Es muy difícil y sería irresponsable especular sobre cuáles serían los ofrecimientos.

Castillo: Los tres son diputados tradicionales, que en mi hipótesis son jubilados del sistema político guatemalteco. Lo que vemos es la posibilidad de que salgan en las próximas elecciones este tipo de diputados que no quieren irse del Congreso sin llevarse la medallita de haber sido presidentes. Y ese pareciera ser uno de los incentivos para cualquiera de los tres.  

¿Quién es el más honesto?

Castillo: Es una pregunta de fondo. El tema de honestidad es de esas cosas que uno puede evidenciar en el  relacionamiento con cada uno de ellos.

Duarte: Si bien se menciona el tema de honestidad en cuanto al presidente de la Junta Directiva, también deberíamos  cuestionarnos con qué gente está integrada su planilla.  

Si García Rodas fuera electo, ¿podría impulsar las reformas que él mismo ha planteado?

Duarte: Va a depender mucho de la capacidad que tenga para lograr consensos. Si de por sí ya está negociando con FCN-Nación, habrá que ver si este mismo apoyo que le están dando para llegar a la  Directiva se lo darán en las iniciativas.

Castillo: Tanto  García Rodas como el presidente   Taracena son muy efectivos haciendo negociación política. Oliverio lo que ha hecho es utilizar una mesa de seguridad y justicia en donde construyen iniciativas de ley muy fundamentadas y respaldadas técnicamente, que después son llevadas al Congreso y muchas de ellas son aprobadas.

Se menciona que atrás del apoyo a García habría una conspiración para frenar todo, hasta las reformas…

Castillo: Creo que señalamientos se le pueden hacer a los tres. Quizá la menos señalada, porque goza de una reputación de combate de la corrupción, ha sido Montenegro, pero en el caso de  Taracena y  García tienen un largo pasado que puede ser fácilmente criticable.

Lo que veo es un interés de los dos partidos mayoritarios del Congreso para mantener el poder de Estado, que en este momento marca el rumbo de las grandes decisiones del país.

Duarte: Hay que recordar de que todos estos dimes y diretes alrededor de que se van a traer  todas las reformas está sobre todo por el tema de que hay ocho diputados con la solicitud de retirarles el antejuicio por el caso de la Gobernadora de Alta Verapaz, y además también está el diputado Ovalle,  de las figuras más emblemáticas de FCN.

¿Taracena es un mal necesario?

Castillo: Es un actor histriónico dentro del Congreso y eso le ha servido para impulsar uno de los años más productivos del Legislativo en los últimos 15 o 20 años. Él no es necesariamente el actor más calificado para promover y presidir un debate y una  negociación que sí sea fundamental para el país, y eso es lo que se  está reconociendo en la candidatura de  García.

Duarte: No hay que verlo necesariamente como un mal. Si bien no es el  que merecemos como ciudadanos, sí es el que necesitamos en este momento, dado que ya nos demostró que puede impulsar una agenda de reformas y lograr  consensos.

Hoy en el programa Diálogo Libre estarán Gabriel Duarte, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes); y Christians Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), para analizar el tema.
 
Se invitó al presidente del Legislativo, Mario Taracena, pero en último momento canceló su participación.
 
Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), busca su reelección; la segunda planilla postula al diputado del partido Movimiento Reformador (MR), Oliverio García Rodas, y un tercer grupo apoyaría a la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro.

En el caso de Taracena y García tienen en común su amplia trayectoria política y su estancia por varios períodos en el Congreso, también integraron la Asamblea Nacional Constituyente, en 1985.
 
Otro aspecto en concordancia entre García Rodas y Taracena Díaz-Sol es que han sido tránsfugas, al postularse o cambiarse de partido político en varias ocasiones para mantener su escaño en el parlamento.
 
Quienes buscan que Montenegro represente la tercer planilla, también se han acercado a la UNE a Todos y la Unión del Cambio Nacional, para ofrecer espacios con la condición que los aspirantes estén libres de señalamientos.

La cobertura educativa sigue siendo un reto, dado que el 95% de la población de 0 a 4 años tiene educación inicial, mientras que la cobertura de primaria alcanza el 81%, la básica el 47 y en diversificado solo se cubre a 24 de cada cien.

A la fecha, el Ministerio de Educación reconoce que no tiene la capacidad de supervisión para garantizar que los 180 días mínimos de clase se cumplan con calidad, tarea que depende de cada docente.

Al programa Diálogo Libre fueron invitados el ministro de Educación, Óscar Hugo López; Gabriel Biguria, de Empresarios por la Educación; y el sindicalista Rodrigo Hernández.

¿Por qué 180 días deberían ser los mínimos de clases?

Biguria: Es lo que dicta la Ley. Hay países que tienen más días de clases, pero en Guatemala la Ley dicta que como mínimo se tienen que impartir 180 días de clases efectivos.

¿Hay alguna forma de medir no solo la asistencia a clases, sino la calidad educativa?

López: Nosotros llevamos nuestro propio monitoreo, y proceso de registro. Tenemos bastante adelantado de cómo vamos hasta ahora en función del cumplimiento.

Hay muchos factores para determinar la calidad de tiempo; por ejemplo, la hora de inicio de clases. El receso pueda que sea de 15 minutos, pero al final se convierte en una hora. Esos elementos son un reto todavía para lograr superar y llevar un registro adecuado.

¿Se apela a la conciencia de los directores y maestros de los establecimientos para cumplir los 180 días?

López: No necesariamente. El calendario nos plantea que para efectos de las pruebas finales terminan el 19 de octubre, pero vienen procesos todavía para la última semana del mes.

Algunas clases ya terminaron, pero están en el proceso de evaluaciones. Ahí es cuando entra el nivel de conciencia de los maestros, los directores y los supervisores. Acá es un llamado a todos de cumplir nuestra parte en ese proceso.

¿Qué necesita el maestro para que se cumplan, no en tiempo sino en calidad los 180 días?

Hernández: El problema son dos cosas: en el tema de legislación no se enmarcan los 180 días, se hacen en un reglamento de evaluación de la Ley de Educación Nacional, que no es ni la actual; por otro lado, si fuera cuestión de conciencia, hay un montón de maestros conscientes, pero tener conciencia no basta si no tenemos útiles escolares, alimentación escolar, infraestructura y docentes bien preparados.

Pusimos sobre la mesa con el Mineduc —Ministerio de Educación— de la anterior gestión que podríamos discutir no solo 180 días, sino 200 días de clases, pero en donde se nos garantice que todos los niños van a tener su alimentación, útiles, becas y libros de texto.

¿Es sano apelar a la conciencia de un maestro?

Biguria: No deberíamos estar apelando a algo que se debería estar dando: el compromiso con la educación. Si uno es docente, uno debería de estar comprometido con los alumnos, tratar de dar de sí para poder transmitir los conocimientos.

El rol del docente es clave, porque más que un maestro es un mentor, un formador de nuestros jóvenes, del futuro del país.

¿Hay debilidad en el sistema de supervisión educativa?

López: La franja de supervisión ya no existe. Se decidió que la franja finalizará y solo están presentes en todo el país, más o menos, cien supervisores para más de dos millones de estudiantes. Ahí hay un primer problema.

Para ir resolviendo ese problema, empezamos a seleccionar profesores, los liberamos de su función de docencia y los ubicamos como gestores educativos, pero sin plaza especial; solo ubicados para que nos vayan ayudando en las funciones de un supervisor.

¿Cómo justifican las manifestaciones y asambleas que realizan?

Hernández: Nosotros no hemos realizado una sola manifestación que se haga referencia a algo exclusivo del magisterio, todo tiene como finalidad la mejora de la educación y los programas de los niños.

Yo reto a que en algún momento podamos tener un control de esos docentes; el tema de supervisión es fundamental para eso.

¿Se necesita la supervisión del Ministerio para que todos los maestros sean comprometidos?

Hernández: Es fundamental. Eso daría la pauta de que en algún momento no se especule.

Nosotros somos trabajadores que exigimos nuestro derecho como tal, pero siempre en el apego a que cumplamos con nuestra responsabilidad.

¿Por qué están sin cobertura 800 mil menores?

Biguria: Estos 800 mil niños y jóvenes que no están en el sistema educativo es una cifra altísima para la población total que tenemos de jóvenes.

Aunque podamos hablar de 180 días de clases, de que la refacción llegue a tiempo, al final estamos fallando en la calidad educativa, en la preparación que le estamos dando a nuestros jóvenes.

López: Esos 800 mil que menciona dentro del rango de 13 a 18 años se suman a otros 800 mil o 900 mil entre 18 y 24 años que también debieron haber pasado por la escuela. Tenemos un millón 600 mil fuera del sistema educativo.

Si el problema de cobertura a la población no se atiende, para el 2030 vamos a llegar a más de tres millones 400 mil jóvenes fuera.

Es una bomba de tiempo, y a eso le tenemos que poner especial atención.

¿Cuál es la atención que pone el Ministerio de Educación a ese asunto?

López: Creemos que hay varias cosas por hacer. Primero, mejorar la oportunidad para los jóvenes, porque el problema no solo es pobreza, desánimo de los jóvenes. Es oferta.

Queremos, a través de un mejor presupuesto, la posibilidad de ofrecer una oportunidad de estudio a los jóvenes para que no pasen a engrosar esas estadísticas lamentables.

¿Cómo combate la cartera de Educación los problemas?

López: Tenemos el presupuesto más grande dentro de los diferentes ministerios del país —Q12 mil 892 millones—; sin embargo, es uno de los presupuestos más pequeños en función de la inversión en relación con el producto interno bruto. Tenemos el 2.9 por ciento, y lo ideal debería ser el 7.

¿Qué presupuesto necesitan, como mínimo, para ser eficaz?

López: Como presupuesto para el 2017, pedimos Q14 mil millones. En ese proceso necesitamos aumentar la oferta, eso significa abrir más centros educativos donde no hay y contratar maestros. El ideal sería tener unos Q35 mil millones, pero eso es imposible en las condiciones en que el país está.

¿Qué harían con esos Q14 mil millones?

López: Abriríamos la oferta para los distintos niveles del sistema, construiríamos escuelas y contrataríamos maestros, con todo lo que eso implica, programas de apoyo, materiales educativos para trabajar…

¿Mejorarían las condiciones de los docentes con ese presupuesto?

Hernández: Para educación nunca va a haber suficiente, siempre vamos a tener déficit porque va creciendo la población, porque hay mayores demandas cada vez.

Si sumáramos todas las limitaciones que tenemos, entonces el Ministerio de Educación se encontraría con que Q2 mil millones más no representan más que seguir haciendo lo mismo.

Cuando el Ministro habla de que Q14 mil millones es una solución, es solo mantener lo que se tiene.

¿Qué cambio se podría plantear fuera de un presupuesto?

Biguria: El sistema de educación necesita una reingeniería total. Los problemas son los mismos año tras año, los retos también.

Lastres y deficiencias

Conozca datos que reflejan la realidad de la cartera que más fondos recibe por parte del Gobierno.

Menos niños

• Este año, la cobertura del nivel primario alcanza  el 81%  y de los niños que ingresan a ese nivel solo siete de cada 10 logran culminar el sexto grado.
• Cifras preliminares revelan que para el  ciclo escolar que finaliza hubo  119 mil 427 estudiantes menos inscritos en los  sectores público, privado, municipal y por cooperativa.
• La migración y el retiro de las remesas condicionadas serían causas de la baja en la inscripción de los menores.

Infraestructura

• De 58 mil 138 establecimientos educativos que hay en el país, el 66% —38 mil 670— es estatal. Otros 17 mil 663 corresponden al sector privado.
• En la capital hay cuatro mil 825 establecimientos, de los cuales 846 corresponden al sector oficial y tres mil 965 son colegios.
• De las escuelas públicas, algunas fueron inhabilitadas debido a la mala infraestructura.

Desarrollo

• Según el índice de desarrollo humano 2015-2016, el 30.3% de adultos del país no tiene escolaridad.
• En el área rural, la cantidad es de 42.7%, mientras que en el área urbana es de 19.9%.
• Alta Verapaz es donde hay mayor índice de adultos sin escolaridad —53%— y el departamento que menos reporta es Guatemala.
• En el país hay 800 mil jóvenes entre 15 y 23 años que no trabajan ni estudian.

Pero, ¿Cumple la educación pública los objetivos de la fomación de los niños y jóvenes guatemaltecos?, para hablar del tema fueron invitados al programa Diálogo Libre, Óscar Hugo López, Ministro de Eduación; Gabriel Biguria, Empresarios por la Educación; y Rodrigo Henández, sindicalista.
 
En el Ministerio de Educación laboran más de 152 mil maestros, y se estima que en los paros participaron unos 15 mil.
 
El promedio, los estudiantes superan los 3.1 millones de niños inscritos en las 35 mil 495 escuelas ubicadas en todo el territorio nacional.
 
Se calcula que al ciclo escolar 2016 a nivel nacional culminaría con 171 días de clases, nueve menos que los 180 planificados.

El Ministerio de Salud y el Gobierno carecen de una política de seguridad del paciente, que podría ser la manera más apropiada de tratar preventivamente el  problema de la proliferación de bacterias nosocomiales, señalan expertos, mientras la investigación por la muerte de neonatos continúa.

Al programa Diálogo Libre de PrensaLibre.com fueron invitados el infectólogo Carlos Mejía; Zulma Calderón, de Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); y Miriam Ambrosio, de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

¿Son comunes las infecciones nosocomiales?

Calderón: Son frecuentes. De hecho, por norma, los hospitales debiesen  tener un comité de infecciones nosocomiales.
Debido a la situación tan crítica que enfrentamos, muchas de las medidas que deben ser regidas y vigiladas  por estos comités han dejado de cumplirse.

¿Cuántos están activos?

Calderón: Actualmente, la mayor parte de hospitales tiene comités de infecciones nosocomiales, pero que cumplan su función es muy diferente, porque debiese  haber  vigilancia completa de este tipo de normas y protocolos que están implementados desde hace mucho tiempo  y que hoy se encuentran sin tener un control, una
supervisión por parte del Ministerio de Salud, como ente rector.

En el caso de los hospitales de Santa Rosa y de Infectología, ¿entran en la definición de infecciones nosocomiales?

Calderón: Pudieran catalogarse como infecciones nosocomiales. En el caso de Santa Rosa, se estaba hablando de una contaminación por una bacteria llamada Klebsiella, que está relacionada con la muerte de alrededor de dos o cuatro niños, y en el caso de  Infectología, se relaciona la muerte con la bacteria Serratia marcescens. 

¿Hay algún delito  debido al descuido de la higiene?

Ambrosio:  En caso se estableciera  que existió imprudencia o negligencia en estos casos,  sí podría encuadrarse en un delito culposo.  

¿Hay avances en esos dos casos para hablar  de capturas?

Ambrosio: En el caso del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación,  entre las diligencias que se han realizado, que ya es de conocimiento de todos,  se procedió a secuestrar una cantidad de soluciones salinas y de algunos expedientes para ser remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y poder establecer así cuál fue la causa de las muertes.  

¿Cuáles son las normas mínimas de higiene que se deben manejar en un hospital?

Mejía:  Hay factores que no se pueden modificar, por ejemplo: ser menor de 1 año, ser mayor de 65, ser diabético o tener obesidad u otra enfermedad, y eso hace que los pacientes vayan en desventaja para su atención. En segundo lugar, la infraestructura hospitalaria, que incluye los procesos de esterilización, que no son uniformes en todos los hospitales públicos y privados, el manejo de antisépticos, no hay proceso estandarizado del control de la calidad del agua, las bodegas de almacenaje de los insumos hospitalarios  no llenan los estándares mínimos. Por último, tenemos el uso regulado de antimicrobiales.  

¿Se sabe a cuánto llegan los casos nosocomiales?

Mejía: Tenemos datos del Roosevelt y otros hospitales, que están entre 15 y 20 por ciento.

Lo más importante probablemente sea cómo tener acceso al cuidado y lavado de manos. Se ha logrado mucho progreso en el área de cuidado crítico de adultos; en el de niños y de recién nacidos, es muy difícil, porque son servicios muy hacinados.

¿Qué se puede decir a una madre que lleva a su hijo a recibir  atención médica y se lo devuelven en un féretro?

Calderón: No existen palabras para describir la pérdida de vidas humanas que no tendrían por qué ser. Seguimos viendo una negligencia total del Estado ante la situación de Salud.
 La semana pasada, en un monitoreo al área de neonatología del Roosevelt, en donde debiesen haber 80 pacientes, encontramos 140 niños.  
 

¿Es negligencia médica descuidar la higiene que se debe llevar en un hospital?

Ambrosio: Sí. Hay instrumentos que regulan los aspectos mínimos y los derechos de los pacientes. Entonces sí se debe tener el deber de cuidado, y aparte si existe negligencia de no haber realizado una eficiente limpieza y desinfectar las áreas, podríamos hablar de este tema.

¿Qué tipo de castigo podría recibir el responsable?

Ambrosio: El Código Penal encuadra la negligencia, la imprudencia o no observar el deber del cuidado. Si las personas fallecen, incurrirían en un homicidio culposo, y si  solo quedan afectadas, se hablaría de lesiones culposas.

¿Qué se debe hacer para poder regularlo?

Mejía:  No creemos que con medidas punitivas se corrija. No tenemos un estándar operativo de país.  Lo que necesita Salud es formar un programa de seguridad del paciente.

Crisis hospitalaria

• 140 niños permanecen en el área de neonatos del Hospital Roosevelt, la cual tiene capacidad solo para 80.
• Tres semanas tiene el Roosevelt de no recibir pacientes referidos de la provincia por falta de espacio.  
•  43 niños del Hospital de Cuilapa, Santa Rosa, fallecieron por probablemente consumir agua contaminada de un pozo.   
•  25 niños infectados y cuatro fallecidos se reportan en el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, debido a la posible mala manipulación de sueros para su tratamiento.

Para hablar del tema están invitados al programa Diálogo Libre Carlos Mejía, infectólogo; Miriam Ambrosio, de la Fiscalia de delitos conta la vida; y Zulma Calderón, supervisión hospitalaria de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), a partir de las 15:30hrs.
 
En agosto pasado, la PDH recibió una denuncia anónima sobre la muerte de niños en el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. Se determinó que 27 menores estaban infectados con la bacteria Serratia marcescens, y cuatro fallecieron aparentemente por la aplicación de sueros peligrosos.
 

En los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, se conocen al menos 120 casos al mes, -dos por día- de personas que salen con una infección bacteriana. Esta problemática afecta también a otros hospitales como el de Huehuetenango, Petén, Jalapa y Alta Verapaz.
 
Entre las causas de las bacterias nosocomiales se encuentra la carencia antibióticos  y productos para desinfectar los hospitales y al personal.
 

Un año después de la tragedia decenas de vecinos se reencontraron en el parque del municipio para honrar la memoria de los 206 muertos, la tragedia sorprendió a la comunidad a las 21.45 horas el 1 de octubre del año pasado.

Previo al comienzo de la ceremonia varios vecinos se abrazaron, se tomaron de las manos y recordaron el momento en que sucedió el alud, hubo lágrimas y oraciones por los muertos.

El alud cortó sueños de jóvenes, adultos y niños, esos sueños, ahora son la motivación de los sobrevivientes, manifestaron los familiares.

Los vecinos que asistieron a la conmemoración de la tragedia llevaron velas, rosas y globos de color blanco.

• Vea el video

|RECUERDAN TRAGEDIA EN EL CAMBRAY |
Decenas de personas participan en la vigilia que se lleva a cabo en el Salón Comunal de Santa Catarina Pinula, para recordar a las víctimas de la tragedia en El Cambray 2, que ocurrió hace un año.

Posted by Prensa Libre on sábado, 1 de octubre de 2016

“Gracias a los guatemaltecos”

El deslizamiento que soterró personas y viviendas, dejó a la comunidad en escombros y los sobrevivientes fueron trasladados a albergues.

Conforme pasaron las horas el desastre se volvió de interés nacional, y la respuesta solidaria también. Las donaciones de alimentos, frazadas y apoyo llegaron al centro de acopio de Santa Catarina desde diferentes lugares del país.

El presidente de la Asociación de Vecinos Unidos por el Cambray, César Gonzáles, agradeció la solidaridad que fue mostrada durante el desastre: “El Cambray hizo que todos los guatemaltecos se dieran cuenta que somos hermanos, que en las buenas y en las malas, somos hermanos”.

| RINDEN HOMENAJE A VÍCTIMAS DE EL CAMBRAY |

Como parte de las actividades para conmemorar el aniversario del derrumbe en El Cambray 2, que causó la muerte de más de 200 personas, vecinos y autoridades de Santa Catarina Pinula llevan a cabo un homenaje.

Posted by Prensa Libre on sábado, 1 de octubre de 2016

“El Cambray quiere dar gracias a Dios por la segunda oportunidad, y a los guatemaltecos por donar comida, zapatos y dinero. A ese pueblo, muchas gracias”, expresó.

Gonzáles resaltó el respaldo que recibieron de los vecinos en el municipio: “El pueblo de Santa Catarina nunca nos abandonó, nos dieron albergue en sus escuelas, iglesias y salones”.

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Uno de los momentos especiales de la conmemoración, fue cuando los asistentes al acto, soltaron los globos que volaron en honra a la memoria de los vecinos muertos en el deslizamiento.

El concejo municipal emitió un acuerdo en el que se manifiesta el pesar por la tragedia y se coloca la bandera del municipio a media asta.

El diputado Luis Contreras es optimista en cuanto a que un dispositivo  en la bomba de inyección de buses y transporte de carga  podrá regular la velocidad, mientras que   el representante de la Gremial de Transportistas, Gamaliel Chin, se muestra anuente a la disposición, siempre que no les afecte económicamente.

Ambos discutieron sobre la nueva regulación al transporte público en el programa Diálogo Libre, al cual también asistieron Dalia Santos, del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y Juan Carlos Aquino, de la Dirección de Protección Vial (Provial).  

¿Qué lo motivó a proponer esta iniciativa?

Contreras: Se debe a pilotos sin capacitación, carreteras no aptas para velocidades más allá de los 70 kilómetros por hora, buses modificados capaces de alcanzar velocidades de 140 y 150,  y personas que han obtenido licencias sin el examen práctico debido.  No quiero que esta ley sea una herramienta para la corrupción. Queremos que haya menos accidentes y creo que la reducción de velocidad en los vehículos es muy importante para eso.

¿Hubo acercamiento con los empresarios? ¿Podría tener algún costo?

Chin: Sí, nos han tomado en cuenta. Cualquier incidencia que se genere en esto,  tentativamente podría decirle que sí, porque si nos limitan con esto  el campo de acción,  lógicamente tendremos que buscar la aplicación de otro tipo de elementos que desgraciadamente redundan en el bolsillo del usuario.

¿Saben qué tipo de dispositivos van  a colocar y cómo van a supervisar a los pilotos?

Santos: No hemos tenido conocimiento oficialmente de cómo quedó la redacción de la ley, pero sabemos que al Departamento de Tránsito se le asigna que sea el que certifique que estos vehículos cuenten con este gobernador colocado de forma correcta. Tomemos en cuenta que nosotros somos expertos en seguridad vial, no en temas mecánicos; entonces considero que se podría hacer un acercamiento con Intecap, que tiene mecánicos certificados para que, por medio de ellos, se diera la certificación.  

¿Cómo trabajaría Provial en este caso?

Aquino: Estamos a la espera de la ley y comprometidos con la seguridad vial. Cuando llegue vamos a ver las acciones a tomar, siempre y cuando sea reunidos en mesas técnicas, porque esta discusión apenas empieza.  

¿Cuáles son los trabajos  que hacen falta?

Contreras: Para mí que Provial lo puede hacer en la carretera. Apartan un bus, se suben 10 o 15 segundos, aceleran, y si el tacómetro está bueno, eso eleva las revoluciones del motor a mil cien revoluciones, que eso le da aproximadamente 80 km por hora.  Es bien sencillo, no se necesita de ningún técnico para revisar eso, lo que necesita es una pequeña capacitación.

¿Cree que así se van a reducir los accidentes?

Chin: Yo espero que sí, aunque creo que no es el camino.  No tenemos el medio para evaluar la capacidad del manejo. Hemos insistido que se debe  evaluar a todo conductor de actividad comercial, pero nadie  pone atención.   

¿Cuáles son las  faltas de los conductores?

Santos:  Hay buses que circulan de 120 a 140 kilómetros por hora, pero hay otros aspectos como llantas lisas, conductores sin  licencia. Es una problemática que va enfocada al tema de la velocidad.    

¿Consideran que se va a necesitar más presupuesto, más personal?

Aquino: Sí. Nosotros, con poco personal, hemos hecho mucho, pero estamos en la plena disposición de aumentar nuestro personal, aumentar las capacidades en conocimiento.   

¿Están dispuestos a cumplir o tomarán acciones en contra?

Chin: La ley no es para que nos guste, sino para que se acate. En nuestro gremio ha causado muchas olas. Siempre surge el tema en la mesa, creo que nos ha causado más alarma que preocupación para tomar un decisión de carácter legal.

¿Cómo califica el trabajo  de Tránsito?

Contreras: Como otras instituciones del país, no tienen  suficiente personal capacitado para  hacer estos arreglos.

¿Qué diferencia hay entre  revisiones que se harán cada seis meses y las que, según Contreras, se pueden hacer en ruta?

Chin: No se trata en que se revisen solamente unidades colectivas. El parque vehicular no lo componen solamente ese tipo de vehículos, también hay vehículos particulares que causan muertes.   

¿Conoce el dispositivo y el costo?

Contreras: El electrónico es un programa, e  imagino que el costo, si le pagan a una persona que maneje un escáner, sería de  Q250 para sentarse en el bus a la velocidad que ellos quieren. El otro es un dispositivo mecánico, que con la mano de obra puede llegar a  Q500 o Q600.  

Para abordar el tema, están invitados al programa Diálogo Libre,  el diputado por el partido Movimiento Reformador (MR), Luis Contreras; Juan Carlos Aquino de la dirección de Protección Vial (Provial); Dalia Santos del departamento de Tránsito de la PNC; y Gamaliel Chin, de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas. 
 
El decreto de Ley de Implementación de Mecanismos de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo y/o de Carga, establece:

 
* Los autobuses no podrán circular a más de 80 km/h.
* Cada seis meses las unidades deberán ser revisadas por las autoridades competentes.
* Los pilotos de vehículos colectivos y del transporte público que conduzcan bajo efectos de licor serán sancionados entre uno     a cuatro años y multas entre Q5 mil a Q25 mil.  Entre otras regulaciones. 

“Aún escuché  gritos que pedían auxilio”

Socorrista con 27 años de experiencia confiesa que todavía tiene secuelas de la tragedia ocurrida en El Cambray 2.

“¡Somos un grupo de rescate, si hay alguien que haga bulla o que grite…!” Ese fue el llamado de los Bomberos Voluntarios que hicieron vibrar de esperanza por unos instantes a El Cambray 2; sin embargo, nadie respondió  la noche del 1 de octubre del 2015.  

“Es muy lamentable, muy doloroso recordar todo eso”, afirmó Wálter de León, uno de los primeros socorristas en ingresar a la zona del desastre.

Al llegar al lugar, en medio de la oscuridad,  tuvieron que atravesar una correntada que los cubría por completo.

Al lograr pasar al otro lado aún escuchaba gritos de auxilio de los soterrados y de vecinos desesperados por rescatar a sus familiares.

“Todavía había gente viva, atrapada. Uno no puede abarcar tanto, a pesar de que nosotros como bomberos voluntarios teníamos saturado de nuestra gente el lugar, no nos dábamos abasto, el escenario era demasiado grande”, recordó.

“Al segundo día continuamos trabajando toda la noche, no acatamos la orden de suspender  labores a esa hora.  Es mi deber, mi trabajo y es mi conciencia la que no me dejaría tranquilo al abandonar un escenario donde sé que todavía hay personas que puedo rescatar”, subrayó.

Por 13 días consecutivos, mil 43 socorristas de esta compañía llegaron al área para trabajar en las labores de rescate.

Tristes recuerdos

“Aunque nos preparen psicológicamente siempre nos afecta”,  rememoró De León, quien  entre lágrimas narra el rescate de un niño ya fallecido de 4 años y 7 meses,  el cual tuvo que ser amputado de un brazo para poder sacarlo de donde estaba.

“Se siente uno impotente de no  haber hecho algo antes y rescatarlos con vida”, afirmó.  

De León tiene 27 años de ser rescatista y trabajó en  El Cambray 2  por siete días sin descansar. Sostuvo que a pesar de haber estado en muchos otros desastres, este aún no lo puede superar.

“Muchas veces tenemos que reprimirnos de ciertas emociones para no afectar tanto a los que estamos rescatando y a los familiares”, dijo.

Algo que le impresionó fue la respuesta del pueblo.  “Nos enseña que Guatemala es  un país unido, un país que ama al prójimo y deberíamos  hacerlo siempre”, expresó.

“No sé explicar lo que sentí”

Socorrista municipal asegura que ninguna tragedia le había impactado tanto.

Las imágenes de una bombera con una bebé fallecida en brazos cuando ingresaba a la morgue provisional en El Cambray 2 marcaron la mañana del 2 de octubre del año pasado. Se trataba de Angela Gómez, socorrista de los Bomberos Municipales. 

“Jamás había sentido un camino tan largo hasta donde fuimos a dejar a la niña”, manifestó.

Asegura que es una persona difícil de quebrantar, pero en ese momento sus lágrimas se confundieron con el sudor. “No sabría cómo explicarle lo que sentí como mamá, saber que llevaba el cuerpo de una niña que pudo haber sido mi hija”, refirió.

Gómez asegura que en medio de la oscuridad no había dimensionado la magnitud del desastre hasta que  salió el sol. 

“No podíamos creer que habíamos andado caminando en la oscuridad sobre las personas que estaban enterradas”, dijo.

El cuerpo de Bomberos Municipales perdió dos compañeras. Los cuerpos de las primas Wendy y Rebeca Pu fueron hallados horas más tarde. “Encontrarlas sabiendo que ellas han rescatado vidas, para nosotros fue duro. Las rescatamos, pero no como nosotros esperábamos”.

“Espero en Dios que Guatemala nunca vuelva a vivir algo así”, expresó.

“Somos los más débiles”

Socorrista deja su hogar por miedo a vivir en carne propia una tragedia como esta.

“Yo le hablé y le dije que  los iba a sacar, y así fue; yo se lo había prometido, y le cumplí, hasta que le entregué a su último familiar”, expresó Henry Noj.

Noj es bombero voluntario  y fue quien ayudó en el rescate de los cuerpos de los tres hijos y esposa de Samuel Morales, quien cavó día y noche para encontrarlos. 

Una de las impresiones más fuertes para él  fue el rescate de una familia, incluidos  dos niños. “Siento injusto que un niño muera así”, dijo.

Noj comentó: “Aparentamos ser fuertes en ese sentido, pero no. Como rescatistas, somos las personas más débiles internamente”.

Deja su vivienda

A raíz de la tragedia, abandonó su patrimonio de más de 10 años en la colonia Jardines del Norte, zona 18, declarada zona de alto riesgo.

“Es difícil olvidar. Es la fecha en la que yo me gradué, cumplí años y donde sucedió esto”, puntualizó.

Luego del polémico estado de Prevención que el  gobierno de Jimmy Morales decretó y revirtió esta misma semana, analistas coinciden en que es una “excelente oportunidad” para el mandatario de asumir el papel de líder que le corresponde, recomponer a su equipo y lanzar un nuevo plan de gobierno, antes de que la situación y la coyuntura lo rebasen.

Fueron invitados al programa Diálogo Libre, transmitido en Prensalibre.com, Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), y el analista Estuardo Zapeta.  

¿Qué lectura les deja esta semana, empezando con un estado de Prevención y terminando con un estado de Calamidad Pública?

Alamilla: Comienza con el exabrupto del presidente en el cual se refiere a los periodistas y a los medios, y se refiere a dos conceptos que son absolutamente distintos.  

Se refiere a la fafa, que es un hecho ilícito, y la compara con la publicidad, que es un hecho lícito y que tiene otros objetivos; la comparación no es válida. Si el presidente dice que se acabó la fafa, ¿se acabó desde cuándo? ¿Su gobierno la había dado, o no? ¿Desde cuándo se acabó? Pensamos que el presidente nos debe una explicación sobre eso.

Nos preocupa, porque esto es perjudicial para todos, para el país, la población, etcétera.

Zapeta: En eso del  estado de Prevención, no necesitaban de ninguna manera limitar el derecho a la libre expresión,  a la libre locomoción y a la reunión; no hay correlación entre la lluvia y lo otro.  

Precisamente por ese acto el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Ministros van a ser demandados y se les va a pedir que, habiendo quebrado la Constitución, ellos tienen responsabilidad penal, entrando en un proceso de antejuicio.   

¿Qué mensaje conlleva que esto ocurra  cuando  el presidente está fuera del país?

Alamilla: Debemos analizar el contexto. El presidente es un no político, electo para un cargo esencialmente político; el mandatario no tiene experiencia.

Estamos en una crisis permanente con un gobierno que no tiene rumbo. Ese es el problema principal.

Con un decreto no se puede decir: Ahorita voy a resolver toda la problemática que hay.

Zapeta: La lucha contra la corrupción no es de Jimmy Morales, ni de este gobierno, es de un MP —Ministerio Público— fortalecido a partir del apoyo que le da la Comisión Internacional  contra la Impunidad en Guatemala.

La desventaja profunda del gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, aparte de que tienen líos personales, es que no tienen nada en contraposición, y a eso se le suma un estado de Calamidad que declararon.

Es un gobierno muy solitario, debilitado y al mismo tiempo que no tiene un plan y que cada vez va aumentando la cantidad de presiones que tiene.

¿Es demasiado pronto el desgaste que ha sufrido el gobierno de  Jimmy Morales en comparación con otros?

Alamilla: Ha sido un desgaste aceleradísimo en ocho meses, y espero que el mandatario y su equipo logren recomponer esta situación por el bien del país.  A nadie le interesa ni le conviene que siga esta inestabilidad política en Guatemala; tenemos demasiados problemas por atender.

Zapeta: Ocho meses es  larguísimo tiempo para un gobierno. En política, 24 horas es largo plazo.  Ese es el nivel donde empieza a desesperar. Siempre votamos contra algo, no votamos por algo, y eso se vuelve contra nosotros.  

¿Creen que proceden las querellas contra el presidente y su Gabinete interpuestas por UNE y Calas?

Alamilla: Si ya fueron presentadas, obviamente tienen que ser conocidas. La cuestión es que van a tener que ser denunciados todos los que firmaron, no solo el presidente y el vicepresidente.

Zapeta: Voy por la idea “piensa mal y acertarás”.  Al final, lo que se mide es un resultado,  un decreto gubernativo, el 5-2016, que limita nuestra libertad. Yo no creo que haya inocencia, creo que sí hay un acto deliberado en eso.

Independientemente del curso que tomen las acciones contra todo el Gabinete, el presidente tiene que hacer un retiro “espiritual” con su gente, y decir: Tenemos que reagruparnos, repensarnos. Pero tiene que hacerlo rápido, y luego relanzarse.  

El presidente tiene que repensar su liderazgo, esa capacidad de establecer una visión y llevar gente que lo apoye en esa visión.

Decisiones polémicas

• Estado de Prevención autorizado y derogado esta semana luego de presiones de sectores políticos y sociales.  
• Reforma tributaria que contemplaba el incremento a impuestos. Trece días después, el Ejecutivo pide devolución de la iniciativa. 
• El cambio de agente de seguros  fue suspendido para dar oportunidad  a otras compañías.  

• El desfile militar no se efectuó en la Avenida de La Reforma, como inicialmente  se había ordenado.

Para abordar el tema fueron invitados al programa Diálogo Libre, el analista Estuardo Zapeta; e Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), este viernes a partir de las 15:30 horas.

 
Medios de comunicación, constitucionalistas, el Procurador de los Derechos Humanos y cientos de internautas cuestionaron el decreto gubernativo 5-2016, por la exigencia a órganos de la difusión a evitar publicaciones que “a juicio de la autoridad” incitaran a la alteración del orden. También la limitación a la libertad de acción figuraba dentro de las medidas cuestionadas.
 
Los diputados del Congreso de la República, junto con el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, llamaron a Nueva York al presidente Jimmy Morales, para cuestionarlo sobre la decisión.

Según De León, ya no hay razones para pensar en inestabilidad política, no obstante aclaró que solicitará toda la información pertinente para establecer por qué se tomó la decisión de suspender garantías constitucionales.

En un recorrido por comunidades  y aldeas de ambos departamentos, se pudo observar campos de milpa seca en un ambiente caluroso; es el  tercer año consecutivo que la escasez de lluvias y la falta de otra forma de riego en estas áreas ha dañado los cultivos de maíz,  principal producto de de cultivo, pero también las siembras de frijol, maicillo y  maní.

Alirio Morales, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de aldea Tierra Colorada, San José La Arada, Chiquimula, señala que las plantaciones han sido abonadas “por gusto”, es decir en vano, y que las 215 familias que habitan en esa aldea enfrentan esa crisis.  

Morales estima que por cada manzana de siembra de maíz,  se pierden entre 30 y 35 quintales, cada uno valorado en Q150.

Jesús García, un agricultor de la tercera edad, residente de Tierra Colorada dijo que así como él, varios vecinos han perdido la primera siembra de este año, y en un segundo intento espera  que la  lluvias  caiga en los próximos días o perderá todo.

Para otros pobladores esta crisis impactará en el desempleo, pues deberán buscar trabajo para sostener a sus familias, aunque no saben en qué.

Se esperan lluvias

Walter Bardales, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dijo que está escases de lluvia en la parte oriental del país son secuelas del fenómeno del niño. Sin embargo, esperan  que algunas lluvias tardías permitan rescatar cultivos.  

Crisis de salud

Mientras  el Insivumeh calcula, los pobladores de oriente no solo tienen que lidiar con  la calamidad agrícola sino con otro mal que hace tiempo golpea a sus comunidades: la desnutrición.  

La falta de acceso a la salud pública y la pobreza son factores que inciden en casos de desnutrición sobre todo en niños menores de 5 años, según informó Carmen Salguero, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala.

Hasta el 27 de agosto último el Ministerio de Salud Pública tenía registrados 9,640 casos de desnutrición aguda a nivel nacional.

Encabezando la lista esta el departamento de Guatemala con 1,394 niños desnutridos, seguido de Escuintla, con 1,023 casos.

El Centro de Salud del Municipio de San Jorge, Zacapa  conoce 10 casos de niños menores de 5 años en desnutrición, seis mujeres y cuatro hombre, a quienes mantienen en constante monitoreo.  Zacapa reportan 248 casos.

Uno de estos casos es el de José Emanuel Aldana, quien a sus cortos dos años padece de desnutrición moderada.

Él junto a sus hermanos y madre viven en extrema pobreza en el caserío Brisas del Chatún, Barranco Colorado, Zacapa.

“Ya no  hallamos qué hacer”

Malpaís pareciera ser un augurio, pero es el nombre de una comunidad del municipio de San Jorge, Zacapa, en donde vive Valentín Solano Salazar,  un campesino de la tercera edad que ha perdido su siembra de maíz, por segundo año consecutivo.  “No hallamos qué hacer porque cosechas no hay”, expresa entre lamentos.

Valentín dice sentirse cansado por su edad; sin embargo, se levanta todos los días a las cuatro de la mañana y se dirige al cerro en donde está su esfuerzo e inversión agrícola, esperando que la lluvia llegue, mientras recolecta leña junto a sus nietas.  

Con 58 años de ser agricultor, asegura que ha habido inviernos escasos, pero no como el actual.   “En aquel tiempo era diferente porque llovía un poco más, pero hoy ya no; ahora los inviernos se están retirando”,  lamenta.  

“Para la medicina no queda nada”

Josué López, originario del municipio de San Diego, Zacapa, migró junto a su familia hace seis años a Tierra Colorada, San José La Arada, Chiquimula, en donde la cosecha de maíz y frijol era más abundante; sin embargo, con el pasar de los años el panorama en ese departamento ya no es el mismo.

Como jornalero gana Q50 al día, pero la escasez de lluvia ha provocado no solo crisis alimentaria en su comunidad, sino también  falta de empleo.

“Mis hijas estuvieron enfermas y es ahí donde me aflijo, porque cuando encuentro un día de trabajo es para comprar la comida y para la medicina no queda nada”, relata.

López se levanta a las cuatro de la mañana y lo primero que hace al salir de su vivienda es encomendar a su familia a Dios para que les conceda salud, y que la lluvia vuelva a las comunidades de la región.

“Es más importante mi hijo”

Óscar Leonel Cordón Méndez, de 2 años, sufre de desnutrición severa.  Su progenitora, Gladis Méndez, señala que desde los cuatro meses empezó con una extraña tos que no se le ha quitado. “Siempre he estado en el hospital con él, cada mes o dos meses él cae con esa tos y por eso mismo no come y ha bajado de peso”.  

Gladis tuvo que abandonar su trabajo en una panadería para poder cuidar a su hijo.  “Es más importante mi hijo que el trabajo; lo importante son ellos”, asegura.

Leonel, desde hace un mes, se encuentra bajo control del Centro Nutricional Esperanza de Vida, en Río Hondo, Zacapa.

 “Lo mínimo que él tiene que pesar son 20 libras y ahorita pesa 18 con dos onzas”, refiere Gladis, quien junto a su familia esperan la pronta recuperación y regreso a casa del pequeño Leonel. 

Decenas de guatemaltecos se han visto afectados en los últimos días por el desborde de ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones en carreteras, entre otros problemas causados por la lluvia.

Para abordar el tema fueron invitados al programa Diálogo Libre, de PrensaLibre.com, los voceros David de León, de la Conred, y Carlos Sandoval, de la Municipalidad de Guatemala.

¿Cuál es la situación de riesgo en  puntos de la capital?

Sandoval: Dentro de la ciudad capital tenemos aproximadamente 280 asentamientos y algunos están en áreas consideradas vulnerables, críticas y, principalmente en esta época en la que nos encontramos, un invierno bastante fuerte con bastante saturación de humedad en los suelos.

El trabajo en conjunto que llevamos, interinstitucional, a través de la Conred, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres ha permitido capacitar a los vecinos y que sepan de qué forma deben evacuar en caso de una emergencia o contingencia.

¿Qué otras situaciones de riesgo pueden vivir los vecinos de la capital?

De León: Aparte de los movimientos de tierra, los deslizamientos o derrumbes que puedan registrarse. También tenemos que estar atentos a inundaciones repentinas.

Los pasos a desnivel, por ejemplo, se inundan, pero eso es una condición de acumulación de agua, y si a esto le agregamos el factor de toda la basura que en alguna ocasión hemos tirado en la calle, eso significa que colapsan estos drenajes y generan inundaciones súbitas.

¿Qué implica para la comuna tener un plan de ordenamiento territorial y cómo  ayudaría a reducir los desastres?

Sandoval: Lo que está generando complicaciones es que para realizar una construcción se tiene que cumplir con normas y procedimientos, y para  sacar una licencia de construcción se necesita un permiso de ocho instituciones, aproximadamente, de gobierno, más las de la Municipalidad de Guatemala. Entonces se vuelve un proceso extenso, pero a su vez muy minucioso y cuidadoso para proteger al vecino, que es a quien las instituciones nos debemos.    

¿Por qué no se capacita a la población en  desastres?

De León: Muchas veces, al momento de invitar a las personas  —se ha dado mucho en las comunidades—, dicen que llegarán a la reunión, pero en realidad nunca acuden. Muchas veces es por falta de atención a los problemas que tenemos.

¿Cuál es la principal limitante que tiene la Municipalidad para ayudar a las personas que viven en alto riesgo?

Sandoval: Las municipalidades actúan en sentido preventivo; nosotros notificamos, dialogamos, hablamos con los vecinos, les proveemos de servicios, y muchas veces nos vemos en la situación de trabajar con estas condiciones. Pero nosotros, como ente municipal, no podemos retirar a una persona que se encuentra en un área vulnerable y que corre riesgo su vida, y hay otras instancias que sí lo pueden hacer. Entonces vamos buscando la forma de  avanzar sobre estas áreas para que cada institución pueda brindar lo necesario para los vecinos.  

¿Cómo se podría mejorar el vacío legal que evita que las diversas instituciones prevengan estas situaciones?

De León: Al hablar de cambios a la Ley de Conred estaríamos hablando de aplicar este tipo de cambios a alrededor de 23 normativas que existen en el país. Adicional a esto, afectaría o también estarían vinculadas leyes que son de orden constitucional; entonces es necesario trabajar en el cumplimiento de hacer los cambios necesarios, que veamos experiencias de otros países.

 Hablábamos que Guatemala es el cuarto país con mayor riesgo de desastres en el mundo, y los primeros tres son islas. Quiere decir que Guatemala es el primer país continental, es el que lidera, aunque no es algo positivo para nosotros, pero tiene que hacerse ese cambio en la ley, en donde ya se vea la forma de actuar con las diferentes municipalidades, respetando la autonomía de cada una.

¿Hay datos concretos de la cantidad de áreas de riesgo a escala nacional?

De León:  En estos momentos hablamos de ocho mil 200 puntos de riesgo, y tenemos identificados cerca del 49% del país con susceptibilidad a deslizamientos y derrumbes, y  a alrededor del 50% por el tema de inundaciones.  

¿Hay alguna forma de mitigar el riesgo  o es más fácil buscar un lugar para trasladar a estas personas?

Sandoval: Lo que procede es retirar a los vecinos de allí o que ellos se puedan trasladar a otras áreas y  entrar a realizar los análisis en estas zonas vulnerables.

De León: Sería más fácil pedirle a las personas que se trasladen a otro lugar  o iniciar todo ese tipo de proceso que realizar trabajos de mitigación.

Las municipalidades hacen todo el esfuerzo posible, pero es necesario que la población respete las normativas o lo que dispongan las autoridades…

Para hablar sobre los efectos de los desastres naturales, están invitados al programa Diálogo Libre,  David De León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred; y Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala.
 
En las últimas semanas, al menos diez personas murieron en un deslave en la colonia Santa Isabel 2, en Villa Nueva.

 
Además, la crecida del río Pinula ha provocado que en los últimos tres años los habitantes de la colonia Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, abandonen sus viviendas.
 
Por otro lado, unas 15 mil personas que viven en la comunidad Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, resultaron afectados por el derrumbe de la carretera principal.
 
La situación no es distinta para las personas que viven en los barrancos y bajo los puentes.  En las últimas dos décadas murieron mil 389 personas que residían en áreas de alto riesgo. 

En el marco de la amenaza de demanda internacional por la contaminación del río Motagua, expertos ven una oportunidad para el país. La Cancillería guatemalteca, sugieren, debe tomar la batuta de atender no solo la demanda sino también de hacer una propuesta a escala nacional en la que intervengan el Ejecutivo y el Congreso de la República para retomar el tema e impulsar una normativa que propicie la regulación del manejo de los desechos sólidos y de las aguas residuales. Solo así disminuirá el problema que afecta a los seres humanos y a la biosfera, consideran.

Al programa Diálogo Libre fueron invitados Gabriel Valle, de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), y Raúl Maas, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna).

El 99% de los ríos está contaminado. ¿Qué podemos esperar en los próximos años?

Valle: Más contaminación, más crisis y más situaciones de conflictos intermunicipales o, en este caso, regional, con otro país. El problema radica precisamente en nuestros malos hábitos, actitudes y comportamiento respecto de nuestro consumo diario como ciudadanos.

Por el lado del Gobierno y gobiernos locales, tampoco han tenido la previsión de atender el tema seriamente, como sería establecer políticas claras para el manejo de desechos y de aguas residuales, que radica finalmente en la contaminación de los ríos.

¿Cómo Guatemala llegó a este extremo y cuál sería la perspectiva de todo esto que está pasando?

Maas: Esto es una evidencia de la ineficiencia con la que funciona el sistema del país en su conjunto. Difícilmente hay un componente al cual atribuirle la responsabilidad plena de lo que está pasando. Es decir, que es reflejo de dinámicas sociales, económicas, político-institucionales, e incluso las mismas dinámicas ambientales.

¿Cuáles son los principales contaminantes que pueden tener los ríos del país?

Maas: Prácticamente son todos los desechos que movilizamos; los visibles, como el duroport, el plástico. Los invisibles son las bacterias, los virus; como la bacteria de las heces que salen de las casas a los drenajes y luego a los ríos.

¿Cuál es la perspectiva?

Valle: El sector ambiental y Fundaeco estamos tratando de dar pasos de apoyo a la gestión municipal ambiental, pero tenemos que hacer acciones de largo plazo y con visión, que son precisamente normar y reglamentar el consumo.

La Cancillería ahorita puede promover una iniciativa para poder hacer una normativa a nivel nacional como política de Estado, respondiendo a la normativa vigente actual que está bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente, para poder apoyar a las municipalidades en esa gestión.

La visión es un cambio de actitud del comportamiento de vida.

¿Cómo podría contribuir el ciudadano para empezar a contrarrestar el problema?

Maas: Primero, sensibilizarse en torno a la calidad del recurso que estamos consumiendo. El problema es que el agua es un recurso que no está uniformemente distribuido en el país; hay espacios que tienen mucha agua y hay otros que no tienen.

Todos tenemos culpas, pero las culpas son muy asimétricas. Es decir, el ciudadano que menos consume de pronto es el que menos contamina, y viceversa.

¿Qué tanto afecta el hecho de que Guatemala no tenga una ley de aguas?

Valle: Esto es prácticamente un llamado al diálogo nacional en este tema que nos hace converger con esta demanda internacional. Va a haber más conflictos en el tema del agua que lamentablemente la gente no va a querer aceptar si no se le sensibiliza y no se le hace conciencia. El cambio empieza en uno mismo.

Maas: Desde 1950 a la fecha más de 30 iniciativas de ley de aguas han ingresado al Congreso y ninguna ha pasado.

Hay que tener claridad de que solo la ley no resuelve la problemática. Hay que tener una política pública nacional para el agua; es decir, cómo vamos a decidir la gestión del agua en un país como el nuestro, que tiene muchos países dentro. Luego, cuáles son los arreglos institucionales, quién va ser el administrador de esos recursos que son fundamentales.

¿Cuál es el impacto que podría tener el país a futuro si no se cuidan los recursos?

Valle: La vida es el principal factor de la protección y de mantener el único planeta en el que podemos vivir, y debemos ser inteligentes en el manejo de los recursos y ecosistemas. Una ley no lo es todo, pero sí nos da un marco de referencia.

¿Cuál es la perspectiva a mediano y largo plazos sobre el agua de consumo humano?

Maas: Las investigaciones que hemos hecho señalan un escenario bastante crítico para el país, se prevé una reducción muy significativa en los bosques que regulan el ciclo hidrológico, los bosque nubosos tienden a desaparecer producto del calentamiento global.

Lo que se prevé es un sustancial incremento de las áreas secas o muy secas, eso implica que el país dejará de ser excedentario en agua. Los escenarios más conservadores señalan que el 70% del país para el año 2080 va a ser seco.

El caso más reciente fue denunciado por autoridades de Omoa, Honduras, quienes se quejan por la basura que arrastra el río Motagua desde Guatemala.

El problema fue evidenciado por periodistas de Prensa Libre, al punto que se tienen indicios que existen afluentes en la capital que contaminan el río Motagua.

Para hablar del tema están invitados al programa Diálogo Libre, Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente; y Gabriel Valle de La Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), a partir de las 15:30 horas en PrensaLibre.com

El juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien desde hace cuatro años está al frente del Juzgado de Mayor Riesgo B, encuentra su motivación en el ideal de una Guatemala más equitativa y con justicia. 

El juez Gálvez, quien el 5 de agosto cumplió 50 años, es abogado  egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En su judicatura ha  conocido casos de alto impacto como el proceso en contra de Eduardo Villatoro Cano, por la masacre de policías en Salcajá, Quetzaltenango, y la desaparición de Cristina Siekavizza. Es conocido también por haber enviado a juicio el caso de genocidio, contra José Efraín Ríos Montt, y en el último año ha tenido a cargo los casos La Línea, TCQ y Cooptación del Estado.

Compartió con Prensa Libre algunos detalles de su vida, dentro y fuera del tribunal.

Antes de cada audiencia, ¿cuál es su rutina en  casa y en la oficina?

Lo primero que hago cuando me levanto es darle gracias a Dios por un día más. Luego, bañarme, cambiarme. Vivo un poco retirado, entonces salgo aproximadamente a las 4.45 o 5 de la mañana, es la hora que no encuentro tráfico. Estoy aquí en la capital como a las 6 de la mañana para ir a algún lugar a desayunar y luego trasladarme para la oficina a las 7 o 7.15 y empiezo a preparar los códigos, ver los delitos, sacar las leyes especiales y juntar todo. Después de eso, revisar el proceso  sería lo normal. Hay veces, por la carrera, a uno ya no le da tiempo de revisar de nuevo y entra a la audiencia de una vez.

Luego de cada audiencia, como en el caso Cooptación del Estado ¿cómo se siente anímica y físicamente?

Solo con el hecho de haber dejado ese proceso, pues me siento bastante relajado, me siento un poco liviano, como que tuviera una responsabilidad muy fuerte encima y como que la andaba cargando, y el hecho de haber salido con una resolución  me tranquilizó bastante.  Es un proceso muy extenso. 

¿Qué desayuna normalmente?

Cereal, panqueques; trato de no comer mucho huevo; dos veces a la semana, no mucho, porque siento que si se come lo mismo, aparte de que aburre, el mismo cuerpo tendría problemas.

¿A dónde va al terminar una audiencia?

Usualmente a la casa, a excepción de que haya una capacitación.
A veces, cuando hay mucho trabajo, me quedo aquí —oficina— en la tarde y mejor espero que baje el tráfico. Incluso antes de acostarme voy subrayando las fotocopias y por eso que los post-it los he comprado por cantidades.

Si usted mirara los procesos, los tengo marcados e identificados, a modo de simplificar al máximo la forma como se va dictar la resolución.

¿Cuánto duerme?

Usualmente me voy acostando entre 10 de la noche  y 1 de la mañana;  me levanto a las 4 o 4.15.

¿Tiene algún lugar o rutina de relajación o meditación?

Trato de correr y de salir en bicicleta. Cuando salgo puntual de aquí voy a correr en la tarde, en la colonia. Los sábados y domingos es normal que  haga ejercicio. Trato de mantenerme relajado.

¿Qué religión practica?

Soy católico, pero he ido mucho a otro tipo de iglesias. Yo tengo una concepción a mi forma de Dios.

Siempre he pensado que en cualquier lugar puede estar Dios cuando hay armonía.

¿Reza antes de una audiencia?

Siempre le doy gracias a Dios por el día y le pido que me dé sabiduría.

¿Cuántos años tiene?  

Cumplí 50 años —el 5 de agosto—. No soy muy dado ha hacer mucha bulla con mi cumpleaños; siempre he pensado y sentido que el cumpleaños es estar solo conmigo mismo y ponerme a pensar tanta cosa que he hecho, qué no se ha hecho y qué mejorar cada día. Este año, por el proceso, como que le dio mucho seguimiento y se enteraron, pero siempre había pasado desapercibido.

¿Cuántos años tiene de ejercer el Derecho?

De graduado tengo 26 años, egresado de la universidad de San Carlos de Guatemala, y de estar en la Corte tengo  17 años.

¿Cómo se convirtió en el titular del Juzgado B?

Aquí estoy desde que fue inaugurado el juzgado. Vamos para cuatro años de estar funcionando como   juez contralor de competencia ampliada, que se conoce como B.

Si no hubiera ejercido el Derecho, ¿a qué otra cosa se hubiera dedicado?

Pues siempre me incliné por la Arquitectura, por el dibujo. De niño dibujaba bastante.

¿Imaginó que algún día le tocaría emitir resoluciones sobre las acciones de un expresidente y gran parte de sus ministros?

La verdad, nunca lo pensé. Desde que entré al Organismo Judicial la oralización casi no se daba en los tribunales y desde que llegué a Chiquimula busqué la oralización, y así fue como me acostumbré a fundamentar.
La esencia del proceso penal no solo es la investigación, sino es una buena fundamentación. A veces se ha criticado mucho que una resolución no solo es tardada sino que explico mucho, pero qué mejor que haya alguien que le pueda explicar a una persona sindicada por qué está siendo acusada y que  ellos mismos puedan ejercer el derecho de defensa.

¿Le sorprendió que el expresidente, ex vicepresidenta y exministros estuvieran frente a usted?

Sí, por supuesto. Ya se imagina cómo se puede sentir uno, máxime que esos cargos son para personas muy honorables.  
Entonces quiera que no genera cierta situación de… —gesticula—

¿Por qué insistir en que sus resoluciones no son por presión de nadie ni presión popular? ¿Alguien lo ha presionado?

No. El problema es que a este tipo de proceso se le ha dado mucha publicidad y eso genera en determinado momento que las personas utilicen muchos discursos en esa forma.  
El hecho de estar señalando, estar diciendo e insistir genera que nosotros demos un paso adelante para transparentar al máximo la administración de justicia.

¿Ha pensado en renunciar al caso Cooptación del Estado?

No. Yo me siento bien. El proceso está bonito, yo ya conozco bastante el proceso. Que sea por voluntad mía, no.
Aparte son los aspectos legales, que eso ya escapa a mi función, pero de momento no.

¿Tiene hijos?

Sí, un hijo.

¿Qué opina su familia de los casos de alto riesgo que lleva?

Pues, preocupados, lógico que preocupados, por el tipo de proceso y en determinado momento porque puede haber algo más allá. Esos son los riesgos que tenemos los jueces y en determinado momento son normales.
Por procesos tan extensos como Cooptación ¿cuánto tiempo le dedica a su familia?
Es muy poco tiempo. La verdad que en estos procesos tiene que estar uno prácticamente las 24 horas metido en ello.  

¿Cuál es su libro y autor preferido?

La verdad es que hay bastantes. Todos los de Gabriel García Márquez, los libros rusos me gustaron bastante, sobre todo autores clásicos. Guatemaltecos, Miguel Ángel Asturias.
El que me gustó también fue Caos, de Flavio Herrera; Metamorfosis, de Franz Kafka. Hermann Hesse es un autor alemán que tiene buenos libros.

¿Qué libro lee últimamente?

Ahora he dejado un poco los libros y obras. El libro que he estado leyendo es Narcotráfico, corrupción y Estados, es bantante moderno, son varios escritores pero hacen una relación de Colombia, México y Guatemala, con relación a lo que son estructuras, pero especialmente hablan de las redes ilícitas.  

¿Tiene mascotas?

Un perrito de raza beagle.

¿Cuál es su gran sueño?

Una Guatemala próspera, en donde se acorte un poco la distancia entre ricos y pobres  y     haya, sobre todo, justicia, que se consolide un estado de Derecho fundamental, que es el legado que nosotros le vamos a dejar a los niños.

¿Cómo le gustaría que la historia lo recuerde?

Me gustaría que me recordaran bien, pero sobre todo la preocupación de consolidar un estado de Derecho, que yo siento que es fundamental en Guatemala.

Si lo llegaran a postular a un alto cargo, como fiscal general o ministro de Gobernación, ¿aceptaría?

De momento no lo he pensado. He estado aquí bastante, compenetrado en los procesos. A la hora de que llegue a pasar una cosa de esas lo tendría que pensar en su momento.

¿Cómo reacciona con la gente que lo mira en la calle y pide  tomarse una foto con usted?

La educación es algo fundamental en los seres humanos y lo único que hago es cumplir con mi función de juez, no he pensado llegar más allá. Pienso que por el tipo de procesos he tenido una forma que me ha servido a mí como escudo, incluso para estar vivo en este país, es que he sido lo más transparente posible.  

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la gente que se le acerca y lo saluda?

La sinceridad. Hay gente que se mira bien sencilla económicamente y me dicen: ‘me gustaría invitarlo a desayunar’. Yo les digo, es que no es así, pero la gente me dice: ‘Yo lo voy a hacer’.  Lamentablemente nuestro país está tan necesitado de transparencia, de gente honesta.  

¿Ha sentido miedo?

Por supuesto, es normal. Siempre he pensado que el miedo es algo interno de la persona y en estos países, por la inseguridad, las coyunturas que estamos viviendo, con mayor razó

Al programa Diálogo Libre, a partir de las 15:30 horas, esta invitada la titular de la cartera de Salud, Lucrecia Hernández Mack; quien  luego de asumir el cargo  anunció los primeros cambios en el área administrativa, como ver si hay contrataciones y plazas fantasma, así como problemas en las compras.
 
También abogó por continuar el proceso de reforma al sistema de Salud, que incluye fortalecer espacios de participación y auditoría social.

Además, ofreció revisar qué aspectos del Pacto Colectivo pueden cumplirse y cuáles deben ser renegociados de acuerdo al presupuesto disponible.

La semana pasada, la ministra de Salud, se reunió con representantes de sindicatos minoritarios para escuchar sus demanadas, la principal de ellas fue que los servicios de salud estén abastecidos y que exista un aumento en el financiamiento tanto para el pago de salarios como para tener equipo e insumos para trabajar.
 
Hernández Mack dijo que buscarán identificar como los privilegios de algunos socaban los derechos de todos. Y en eso precisamente trabajará. 

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Jairo Flores,  pidió públicamente a Estrada detalles de la iniciativa porque, afirmó, “en el Legislativo nadie la conoce”. Dijo que esperan una reforma que beneficie a la clase media.  Ambos discutieron el tema durante el programa Diálogo Libre.

¿La propuesta  del presidente aún se explora o  ya hay avances?

Estrada: Lo que tenemos ahorita es un menú, una paleta de algunas ideas, estamos balanceando y actualizando cálculos de  cuáles serían los impactos.  Estamos buscando el momento correcto y ver si es el momento de proceder para convertirlo en una normativa y hacerlo una propuesta.

¿Está el Congreso preparado para recibir una reforma fiscal?

Flores: En relación con esta nueva propuesta de pacto fiscal,  hemos escuchado  rumores; nada más. La pregunta que también le quería hacer al ministro es si era cierto o no. ¿De qué impuestos estamos hablando? ¿Qué es lo que el presidente va a plantear?

Nosotros lo que estamos proponiendo es tener un diálogo técnico y abierto, viendo las necesidades y la solución a los problemas más grandes de nuestro país, una propuesta que hasta el momento no la conocemos; no sabemos si existe.

¿Han consultado con  sectores académicos, empresariales o grupos de expertos?

Estrada: No llamaría que es el resultado de un proceso consultivo, es más el resultado de un proceso analítico de unos temas que están hiperdiagnosticados en este país y súper analizados, por eso  el tema  es político.
Hay que buscar una propuesta balanceada. Al final lo que nosotros plantearíamos, si se propone algo,  es  que es importante entender  que la economía del país crece de  manera decente y constante, pero no suficiente. Lo que hay es una continuidad que no ha logrado sacar a la gente de la pobreza.  

¿Qué cree que no funcionó en la reforma tributaria del 2012 y qué cambiaría?

Estrada: Se buscó un impuesto a la  relación de dependencia, se quitó la planilla del IVA.
Supuestamente eso iba a generar un aumento en la recaudación que no se generó, e inclusive lo que sucedió es que  se hizo una tasa plana que benefició a la gente que más gana.

Lo que estamos viendo es  algo que no funcionó. No es una decisión definitiva, pero sí vale la pena evaluar si regresar a lo que estábamos antes; tal vez funcione mejor.  

¿Qué  participación  debe  tener la Comisión de Finanzas en este proceso?

Flores: Creemos que aquí es un tema de país, y nosotros hemos estado siempre anuentes a encontrar las mejores salidas y las soluciones a los problemas.

El primer tema es partir de  qué quiere el Ejecutivo, qué quiere el presidente.  El sector privado ya salió con una iniciativa. Yo no sé si le comió el mandado al Ejecutivo o fue estratégico.

Al programa Diálogo Libre fueron invitados Geidy De Mata y Jorge Wong, politólogos de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  y  Jordán Rodas,  vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para hablar del proceso.

¿Cómo han visto el proceso del caso Cooptación?

Rodas: Es histórico porque por primera vez están en el banquillo de los acusados políticos, empresarios que nunca antes habían sido tocados, igual que algunos medios de comunicación están saliendo en todo este entramaje que se ha hecho para dejarnos sin recursos públicos.

De Mata: Nadie es superior a la ley y es vergonzoso que funcionarios de alto nivel como el Presidente de la  República, ex vicepresidenta, empresarios con gran trayectoria  financiera y económica estén involucrados en actos anómalos.

Wong: Es un caso icónico porque se desnuda toda una estructura de cómo opera bajo el manto de la impunidad  una estructura de corrupción en Guatemala.

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¿Qué opinan del trabajo del juez Miguel Ángel Gálvez y de la defensa en este proceso?

De Mata: La defensa es muy débil en términos de argumentos; no se dedicaron a refutar las pruebas, sino que se quedaron sin atender los delitos que estaban debidamente tipificados por  parte del Ministerio Público.

Es interesante la forma objetiva en que trabaja el juez en aras de  tener las evidencias suficientes,  creo que fue muy honesto, muy objetivo, realmente tuvimos la oportunidad de recibir una cátedra de Derecho.

Rodas: Así como el Juez Gálvez tiene un alto mérito en la forma en que ha conducido este proceso, también hay que darle su mérito al Ministerio Público que, sin duda alguna,  sin el acompañamiento de la Cicig no estaríamos teniendo los resultados que hoy tenemos.  

Wong: El desempeño del juez Gálvez fue memorable en las redes sociales, la forma en la que explica y la que define con sus papeletas grandes, donde explica todos los pasos de porqué están involucrados. Es un sistema bastante claro, limpio y además, creo que ha sido la audiencia más mediática que ha existido en la historia de  Guatemala.  

Concuerdo en que es una defensa demasiado pobre que se dedicó a atacar en vez de defender.

La investigación que tiene en prisión preventiva a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, inició el pasado 16 de abril del 2015, cuando fue desarticulada La Línea, luego del hallazgo de indicios que condujeron a los fiscales a determinar que existía una red criminal más grande.
Para analizar el tema fueron invitados al programa Diálogo Libre, Geidy de Mata, catedrática de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos (Usac), Jorge Wong, politólogo de la Usac; y Jordán Rodas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El plazo de investigación abarca desde el 2009 hasta abril del 2015, período durante el cual se contienen las acciones delictivas que se cometieron en los casos La Línea y TCQ.
El pasado 27 de julio, luego de 27 sesiones de la audiencia de primera declaración el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, abrió proceso penal contra 53 de 57 personas sindicadas en el caso Cooptación del Estado; entre los que figura el exbinomio presidencial, entre otros funcionarios.
La compra de regalos lujosos para Pérez Molina y Baldetti, por medio de la recaudación de dinero, denominada La Cooperacha, también es investigada en el caso Cooptación.
Gálvez quien no se basó en el testimonio del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón para ligar a proceso a los sindicados, ha explicado en varias oportunidades que el Ministerio Público tiene que solicitar que se escuche el testimonio de Monzón pero en una diligencia pública, para que los abogados defensores puedan interrogarlo.

El capitán Byron Lima Oliva, quien cumplía una condena de 30 años de prisión por la muerte de monseñor Juan José Gerardi, construyó incluso una red que sugeria a  los ministros de Gobernación, quienes estarían al frente de la dirección del Sistema Penitenciario.
 
Para abordar este tema fueron invitados al programa Diálogo Libre Edgar Gutiérrez, coordinador de Ipnusac; Corinne Dedik, analista del Cien; y Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario.
 
El tres de septiembre del 2014, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticularon una estructura criminal que se dedicaba al lavado de dinero y cobros ilegales para favorecer a reos en las cárceles, que involucraba a Lima Oliva como cabecilla y al entonces director del Sistema Penitenciario, Edgar Camargo, sindicados de cobros ilegales en las prisiones.
 
El 24 de septiembre del mismo año, el Juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a Lima Oliva y a otros ocho integrantes de la estructura criminal que lideraba desde la prisión.
 
En prisión, el capitán contó con privilegios, como festejar sus cumpleaños con invitatos. Además, con una maquila de su propiedad, dentro de la cárcel, se encargó de confeccionar artículos utilizados en la campaña proselitista del Partido Patriota, en el 2011.

Movilizarse de por vida en una silla de ruedas, una bala dentro de su cuerpo y unos tatuajes, son las marcas que le dejó vivir en pandillas.

Ingresó a ellas a los 15 años en busca de “felicidad”, pero asegura que encontró lo contrario. “Quería ser como ellos, me gustaba cómo se vestían y cómo se divertían; y cuando entré, no fue como yo pensaba”.
 
Quería tener poder y respeto infundiendo miedo, pero en realidad el que tenía miedo era él, pues ya no vivía con tranquilidad. “Es horrible, no puedes asomarte a cualquier lado, no solo por los contrarios, sino también por la Policía”, recuerda.
 
Drogas y robos son algunas de las cosas que se ven dentro de estos grupos. Con la vista perdida, Cristian recuerda que luego de asaltar a las personas vendían las cosas y se repartía el dinero, pero cuando se quedaba sólo lloraba. “Sentía una culpa bien fea”.

Lección de vida
 
A los cuatro años de haber integrado esta banda, Cristian recibía una lección. Las estrechas calles de La Limonada, la colonia que antes recorría caminando o corriendo,  a partir de ahora lo haría por medio de una silla de ruedas.
 
“Me balearon en un bus. Andábamos robando con tres amigos, uno murió en ese momento, y dos quedamos heridos. Uno de los sobrevivientes no aprendió la lección y murió tiempo después. “Yo quedé así –en silla de ruedas-”.
 
El fuerte sonido de unos disparos dentro de un bus y el frío de una bala que perforaba su espalda hicieron que Cristian recordara a Dios y le pidiera en ese momento que lo perdonara.
  
Tirado en el suelo y ahogándose con su propia sangre pedía auxilio a las mismas personas a quienes momentos antes le había quitado sus pertenencias.  “Solo escuchaba a la gente decir 'que se muera ese ladrón', y con justa razón”, resalta.  Llegaron los bomberos y lo trasladaron al hospital.
 
La bala perforó la columna vertebral y quedó entre la costilla y el pulmón; desde hace siete años Cristian se moviliza en una silla de ruedas.
 
Una segunda oportunidad
 
Luego de la vida en las calles y de un incidente que casi le cuesta la vida, Cristian, de 26 años, ha aprendido mucho, como a valorar a su familia pues luego de lo que le pasó son los únicos que han estado con él.  “Trato de vivir y de agradar a Dios por la oportunidad que me dio de estar vivo, porque no muchos corren con esa suerte”.
 
Al verse en la necesidad de ayudar a Cristian, el mayor de cuatro hermanos, el padre Otto Aceituno de 45 años, aprendió a elaborar zapatos y hoy en día es el fundador de la zapatería La Limonada, que distribuye su mercadería en Guatemala y Estados Unidos.

Además le ofrece trabajo a niños y jóvenes que viven en la colonia La Limonada que quieran reformarse y tener un mejor futuro.  Ahora padre e hijo luchan por salir adelante y trabajan juntos en el negocio familiar.
 
Una vez por semana Cristian y su familia dan charlas motivacionales en su vivienda para personas que quieran dejar las calles. También para quienes llegan por primera vez a trabajar a la zapatería.

En ello coinciden los biólogos Magalí Arrecis, analista socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), y Otto Sandoval, asesor ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), en el programa Diálogo Libre, por PrensaLibre.com

¿Cómo la sociedad llegó a este extremo con el Lago de Amatitlán?

Arrecis: El Lago de Amatitlán es una cuenca más que agrícola, industrial y todo esto hace que se concentre la cantidad de contaminantes; es la fuente de los problemas.

Por otro lado, la falta de medidas necesarias para controlarlo y que los recursos no son suficientes pese a los esfuerzos que Amsa —Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán— y otras autoridades han tenido para solucionar el problema. Es una serie de problemas que se acumulan a través de los años y por eso hoy por hoy tenemos un lago más contaminado.

¿Cuáles son los esfuerzos que hace el Marn para regular estas empresas?

Sandoval: El Ministerio de Ambiente desde hace años ha desarrollado actividades en cuanto a brindar asesorías técnicas a las autoridades locales.

Se les ha dado prioridad a las comunas de los municipios que están inmersos en la cuenca del Lago de Amatitlán. Estas asesorías consisten en dar capacitaciones al personal municipal y a algunos centros educativos.

El inconveniente que hemos tenido en las anteriores gestiones municipales es que no todos los alcaldes le dan prioridad a estas actividades, y por lo consiguiente no le dan el seguimiento que deberían.

¿Se cuenta con una política pública que fortalezca a las municipalidades para que tomen acciones?

Arrecis: En cuestiones de ambiente existe una política ambiental que es la base para el Marn y otras entidades relacionadas con el ambiente. Lastimosamente, aunque los planes sean aprobados y se echen a andar, no es suficiente el apoyo de sectores, o el compromiso que debería haber para reducir la presión sobre el lago.

Este plan es la base, pero también debería haber ciertos mecanismos coercitivo   s. La ley de aguas que nos hace falta por ejemplo, y que de alguna manera vendría a regular y prohibir ciertas actividades y con eso sancionar económica o legalmente a quienes infrinjan estas leyes.

En Guatemala vemos que distintas cuencas hoy son desviadas, contaminadas y nadie puede hacer nada porque no existe un marco legal que permita la sanción.

¿Hasta dónde el Marn puede evitar que empresas o particulares sigan contaminando?

Sandoval: Nosotros debiéramos tener un reglamento equivalente en el tema de residuos sólidos; sin embargo, en este momento no lo hay.

Con lo único que se cuenta en estos instantes es que la Municipalidad de Guatemala tiene un reglamento para el manejo de los residuos sólidos, pero tiene sus limitaciones porque esto no es válido para los municipios aledaños a la capital.

Lo que hace falta es aplicar la legislación ambiental. Nosotros requerimos tener una ley marco para el manejo de residuos sólidos que tenga una cobertura a nivel nacional, y ese es el punto de partida para que podamos elaborar y aplicar reglamentos.

¿Tan poca conciencia existe en la población para llegar a estos extremos?

Arrecis: Los procesos de educación e información van a ser necesarios, pero otra de las razones es el bolsillo. Así como estamos pagando por el agua saludable y segura, también deberíamos de estar siendo responsables y pagar por el agua que debería de tratarse, pero todo esto afectaría la economía del hogar y también la de las empresas.

¿Este problema de contaminación se replica en los lagos y ríos a escala nacional?

Arrecis: Es un problema que se replica en todos lados, la magnitud y las características cambian. Hay estudios que dicen que del 70 al 90 por ciento de las aguas en Guatemala están contaminadas, y nos referimos a varios tipos de contaminación que pueden ser físicos; el calor por ejemplo, los contaminantes biológicos y la contaminación química que muchas veces es la más peligrosa y que no fácilmente la podemos ver.

¿Cómo afecta la contaminación la biodiversidad de los lagos del país?

Sandoval: En época de verano vemos condiciones naturales de los cuerpos de agua, pero en la época de invierno se dan cambios bastante drásticos.

La lluvia es el mejor vehículo para arrastrar todos los contaminantes a las partes más bajas donde se encuentran los cuerpos de agua más importantes.

Los agroquímicos, fertilizantes y demás favorecen la reproducción incontrolable de bacterias como la cianobacteria. También favorece el calentamiento global porque las aguas de los lagos y ríos con el cambio climático también se elevan.

¿Todavía hay esperanza para rescatar los cuerpos de agua en Guatemala?

Arrecis: Creería que sí hay esperanza, pero tenemos que hacer cambios drásticos y exigirle a las empresas que cumplan con los reglamentos, los cuales exigen que haya plantas de tratamiento de agua para evitar la contaminación y que en los hogares también hayan mínimas medidas para poder reducir el problema.

Sandoval: Yo también tengo esa idea positiva, estamos a tiempo de hacerlo, pero si queremos que eso se cumpla en un corto plazo se necesitan acciones drásticas e inmediatas.

Para abordar el tema fueron invitados al programa Diálogo Libre, Magalí Arrecis, analista socioambiental de Ipnusac, y Otto Sandoval, asesor ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; a partir de las 15:30 horas.
 
Sólo en este lago más de 7 mil metros cúbicos de basura fueron arrastrados en los últimos días, según el informe de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa).
 
Después del Lago de Amatitlán y el de Atitlán, el más contaminado es el de Izabal. Una investigación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  (MARN) da cuenta de los desechos y aguas servidas de 16 de los 19 municipios ubicados en su cuenca, van a parar a las aguas de este paraíso tropical.
 
Guatemala cuenta con 38 cuencas hidrográficas, 194 cuerpos de agua, divididos en siete lagos; 49 lagunas, 109 lagunetas, 19 lagunas costeras y tres lagunas temporales, según el MARN.
 
El 90 por ciento de los ríos están altamente contaminados por desechos sólidos, aguas servidas, aguas industriales, entre otros desechos.
 
Al menos 25 lagunas han desaparecido en el país en los últimos 80 años, debido al avance de la urbanización y la contaminación.
 
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que durante la época lluviosa los niveles de los ríos crecen y arrastran desechos que terminan en lagos y lagunas. Sólo el río Villa Lobos arrastra más de 250 toneladas de basura diariamente en época de lluvia. 

 Luego de que su hijo mayor sufriera un acciente, Aceituno fundó una zapatería que da oportunidad de superación a jóvenes en riesgo. 

Cristian Dávila, hijo mayor de Otto, ha sido motivo de inspiración para luchar contra un flagelo que acecha la colonia en la que viven.  A los cuatro años de pertenecer a las pandillas, Cristian recibió una herida de bala que lo dejó de por vida en una silla de ruedas, circunstancia que hizo emprender a Otto con su propio negocio y de esa forma ayudar a su hijo mayor.

Se trata de la zapatería La Limonada, que hoy en día da oportunidad a jóvenes en riesgo y expandilleros a  tener un trabajo y aprender el oficio. Padre e hijo trabajan juntos en la empresa familiar; él salió de las pandillas y ahora realiza charlas motivacionales y de prevención a los jóvenes que llegan a buscar una oportunidad en el taller.
 
Don Otto, como lo conocen, a parte de brindar trabajo a estos jóvenes, les paga el estudio a dos hermanos de 14 y 17 años que trabajan con él;  quienes han perdido a cinco familiares víctimas de las pandillas.
 
“Yo no doy porque tengo, sino porque sé que es no tener”, afirma Otto. 

¿Cuáles son los principales problemas que se deben resolver en el Sistema Penitenciario?

Rivas: Es un problema histórico. Prácticamente es un tema olvidado por las administraciones de gobierno que han pasado. Eso nos refleja diferentes problemas como el hacinamiento, la falta de infraestructura, la falta de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad, la falta de proyectos que reinserten, reeduquen y rehabiliten al delincuente y, por supuesto, la actividad criminal que de ahí se gesta para la sociedad guatemalteca.

¿Ha existido un programa formal para la rehabilitación de los reos, y qué proyectos podría usted emprender?

Rivas: La rehabilitación de los privados de libertad está relacionada con la reforma al sistema penitenciario; bajo estas condiciones es muy difícil que el Estado de Guatemala pueda cumplir con la rehabilitación.
En ese sentido hay que sentar las bases desde la data que debemos  tener de cada reo, por qué delito está preso y cuál es el tiempo que lleva, y si ya tuvo derecho a redimir su condena o si ya cumplió con la misma.  

¿Qué tipo de proyectos?

Desde generar un proceso de alfabetización a los privados que no saben leer, que terminen su escuela primaria, los básicos, el bachillerato y las carreras que puedan seguir, hasta carreras universitarias también desarrolladas mediante un convenio en cooperación con diferentes universidades, o instalar un establecimiento educativo superior dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario.
Otros serían los cursos de carácter técnico   como herrería, panadería, informática, entre otros. Cualquier curso que les pueda servir en el futuro para cuando se reinserten a la sociedad.

¿Cuáles son las acciones a corto y largo plazo para resolver el problema de hacinamiento?

Guzmán: Primero fue ir a visitar —las cárceles— para confirmar lo que ya sabíamos, en qué situación están desde los privados de libertad hasta los guardias.    
Debemos ordenar desde los guardias que son menos, ubicándolos en un espacio digno donde pernocten y retomar las áreas de ingreso y de control al Preventivo de la zona 18 que utilizan para ello.  
Encontramos arcos y rayos X literalmente tirados y abandonados. Se pusieron a funcionar los que todavía servían y es por ello que se empieza a mantener un poco el control del ingreso de visitas. Otra acción fue retomar el control de las requisas que se había dejado de hacer. Llevamos aproximadamente 50 requisas en esta administración.

Según la ley los jueces tienen la obligación de visitar los centros carcelarios una vez al mes. ¿Han recibido  este tipo de visitas?

Guzmán: El sistema colapsó hace muchos años; es un tema de infraestructura y presupuestario y  no es común que lleguen a hacer la visita mensual, pero sí es común que tengamos la visita para diligencias de exhibición personal para casos puntuales o como anticipo de prueba.    

¿Las capturas masivas son la solución?

Pineda: En sí la captura no es la solución al problema, pero obviamente nuestras autoridades no pueden dejar de hacer su trabajo.  Ellos no pueden argumentar que no van a capturar criminales porque no hay espacio en la cárcel, porque estarían violentando la ley, no cumpliendo con su deber. Entonces incurrirían en una irresponsabilidad al igual que los jueces penales, que definitivamente puedo asegurar, no cumplen con el mandato legal contenido en la Ley del Organismo Judicial de visitar las cárceles.

La ley no solo permite sino que contempla como regla la medida sustitutiva, porque gran parte de la población reclusa es reo sin condena.

Esto no es únicamente responsabilidad de quienes tienen a su cargo el sistema sino también de quien pide que una persona guarde prisión. Y es más responsable  el juez que tiene, no la opción, la obligación de tener a la libertad como la regla y la prisión preventiva como la excepción.  

¿Se han planteado cómo desfogar está problemática de reos que  ya hayan cumplido condena?

Rivas: Una de las primeras acciones que tomamos fue instalar una mesa de trabajo para impulsar la reforma al Sistema Penitenciario, y  ya está aprobada.  

Para empezar, esos 20 mil 500 privados de libertad  que existen en los centros carcelarios no están debidamente registrados, no existe una base de datos, no sabemos por qué delito fueron condenados, qué período de tiempo llevan, cuál es el nombre exacto y real de los reos.  

Tenemos que desarrollar una base de datos de todos los privados de libertad para promover que esas personas que ya cumplieron su condena, salgan.  En ese proceso nos encontramos. Estamos hablando entre dos mil y cinco mil privados de libertad que están bajo  esas condiciones.

¿Se podría decir que es a propósito que  ninguna administración pasada   haya hecho una base de datos?

Guzmán: Es un desorden. Si es o no a propósito el tema es que ahora es nuestra responsabilidad, la cual asumimos con seriedad y por ello se está impulsando que los equipos multidisciplinarios empiecen a funcionar.

Nos interesa la seguridad del ciudadano que está en la calle.  Pero también debemos ver que las personas que se encuentren presas regresen a la sociedad con mejores capacidades y oportunidades para ser mejores ciudadanos.

¿Tienen algún cálculo de cuántas personas que han cometido delitos menores están detenidas?

Guzmán: Es parte del trabajo que se tiene que ir haciendo en la base de datos. Sin embargo, la prisión preventiva es una excepción y no una regla como lo dijo el señor defensor.  Los delitos graves como extorsión, asesinato, robo agravado o un secuestro,  a esas personas va dirigida la prisión preventiva, y aquellas personas que se estima van a salir huyendo.   

¿Se ha visto un abuso sobre la prisión preventiva en los últimos meses?

Pineda: Definitivamente. Empecemos por entender que la prisión preventiva es mandar a la cárcel a alguien por algo que no sabemos si lo hizo; es decir el delito, para evitar que haga algo que no sabemos que hará, es decir huir.  Así de subjetiva es la prisión preventiva.   

¿Cuánto le cuesta al sistema la manutención diaria de un reo?

 Rivas: Se paga Q5.05 por cada tiempo de comida; es decir, Q15.15 diarios  en alimentación para un privado de libertad.     
Con los gastos de funcionamiento más los salarios que hay que pagar a la guardia, al personal administrativo y a la Policía Nacional Civil que brinda la seguridad en los traslados, estamos hablando de entre Q45 y Q60  por guardia. Del presupuesto que tiene el Sistema Penitenciario el 90 por ciento, casi cerca de Q500 millones se van para la alimentación y para los gastos de funcionamiento anuales.  

¿Cuánto podría ahorrarse si se lograra la libertad a reos con delitos menores o que cumplieron condena?

Rivas: Más que ahorrar, le diría es empezar a brindar a los presos una oportunidad de ser mejores ciudadanos. Solo en lo que va del año van casi 30 mil personas detenidas por la Policía y solo una mínima parte ingresa  con prisión preventiva. Más de 50 mil personas son detenidas en un año.

¿Qué planes tienen para ser autosostenibles?

Rivas: Primero debemos tener claridad que necesitas infraestructura. Nuestros edificios datan de más de 15 años, fueron construidos para recluir a seis mil privados y ahorita tenemos más de 20 mil 500.

Las acciones que tomamos incluyen obtener bienes inmuebles que nos sirvan para generar esa infraestructura.  
En este año vamos a inaugurar dos centros de privación de libertad para  mujeres que tienen hijos viviendo con ellas, de 0 a 4 años, porque las condiciones son  inhumanas.

¿Cómo se llegó al punto de que los reos permanecieran en carpas en Mariscal Zavala?

Rivas: Recibimos la orden de juez para recluir a las personas en ese centro.  En oficios del Sistema Penitenciario  se le había indicado con anterioridad al juez de que  ese centro ya no podía recibir más. Pero yo no me voy a poner a discutir una orden de juez.

Tuvimos que tomar algunas acciones emergentes para pedirle al juez que ordenara el traslado de estos privados.
¿Qué acciones hay para mejorar  controles?

Guzmán: Será hasta que nos vayamos mudando a este nuevo sistema  que van a mejorar las condiciones.

Para abordar el tema, están invitados al programa Diálogo Libre, el Ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas; el Viceministro de Seguridad de Gobernación, Ricardo Guzmán Loyo; el abogado defensor, David Pineda; y Zoel Franco, coordinador del programa de Justicia penal y seguridad juvenil del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala (IECCP).  

Estadísticas señalan que el Sistema Penitenciario tiene una sobrepoblación que alcanza el 192.82 por ciento.
Debido a la situación el jefe de la cartera del interior firmó el acuerdo para habilitar de nuevo la cárcel del Cuartel Matamoros, ubicado en la zona uno; además de los sectores 12 y 13 del Preventivo para Hombres en la zona 18; con el fin de liberar espacio en el recinto de Mariscal Zavala. 
Matamoros es la alternativa más inmediata que ve Rivas para acondicionar unos 30 espacios de aislamiento y máxima seguridad, el cual está contemplado presentar a los tribunales de justicia como alternativa para que se ordene el traslado a los nuevos espacios.
Aunque Matamoros no fue concebida como cárcel sino como fortaleza militar, en los últimos tiempos se ha desvirtuado su uso. Un ejemplo es que adentro de las instalaciones existen apartamentos perfectamente amueblados que han sido utilizados como “celdas VIP”. Un ejemplo palpalable fue que Baldetti utilizó una de éstas que estaba destinada para el oficial de alta en ese regimiento.

En San Miguel Petapa después de las 21 horas está prohibida la venta de licores, así lo acordó el Concejo municipal; la medida entró en vigencia el pasado 31 de mayo.

La decisión de la comuna  prohíbe instalar nuevos negocios que no cumplan con estas condiciones, ya que los propietarios podrían ser multados con Q1 mil 500.

Los vecinos tampoco podrán consumir licores o cervezas en la vía pública según la disposición.

La regulación a la venta y consumo de bebidas alcoholicas comenzó en Santiago Atitlán, Sololá, luego de que el pasado 4 de enero un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) mató a balazos al dependiente de una abarrotería, quien se negó a venderle alcohol.   
 
Ocho días después del incidente, pobladores, autoridades indígenas y la Municipalidad acordaron el cierre de las cantinas y regular la venta de licor.
 
El pasado 11 de mayo el Concejo edil de Sumpango, Sacatepéquez, reguló la venta de bebidas embriagantes. La autoridad dijo que la medida se tomó para evitar la desintegración familiar, adicciones y para preservar la tranquilidad y el orden en el municipio.
 
A partir de abril de este año en Mixco fueron clausurados varios negocios, la Municipalidad informó que el cierre de los comercios se dio porque pequeñas tiendas que vendían productos de primera necesidad, pasaron a ser expendio de bebidas alcohólicas a cualquier hora del día.

Los cierres se ordenaron basados en el acta municipal 56-2010, en el que se establece que para abrir un expendio de licores se debe de cumplir con requisitos de salubridad y ubicación en el municipio.

Resultados de acuerdo

El alcalde de Sumpango, Efraín Paredes Gerónimo, explicó que con la regulación ha habido cambios en el tema de la violencia. 
 
En este municipio, según el alcalde existen denuncias de “negocios disfrazados” de barroterías que  venden productos de primera necesidad, pero “bajo de agua” venden bebidas embriagantes fuera de la hora establecida
 
El vocero de la comuna de Mixco, Mynor Espinoza, señala que de abril a la fecha en conjunto con las autoridades de seguridad han visitado 170 tiendas en cuatro operativos.  Nueve de ellas fueron cerradas por calificarse como cantinas disfrazadas.

“En dos negocios se encontraron juegos electrónicos los cuales también están prohibidos, se les impuso multa y se ordenó el cierre parcial del negocio”, detalló Espinoza.

Comerciantes y vecinos

Vecinos y comercuante de Mixco, San Miguel Petapa y Sumpango, aplauden la medida de las alcaldías y esperan que las autoridades efectúen los operativos para que ser respete la disposición.
 
“Ojalá que vigilen a todas las tiendas porque hay algunas que bajo de agua venden -cerveza-”,  afirmó Beatriz Ortíz .
 
“Muchos no saben tomar y ofenden a las personas, considero que sí esta bien -regular la venta de licor-, está perfecto”, señaló el comerciante Miguel Pineda.
 

Sandra Gularte, de la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señala que este delito es la peor violación al derecho humano, y lamenta que funcionarios, que deberían estar al cuidado de la niñez, estén involucrados.

Ambos expertos fueron invitados al programa Diálogo Libre, en el que coincidieron que se debe dar recursos y tecnología a las instituciones.

¿Qué es trata de personas?

Gularte: Es el traslado de una persona de un lugar a otro dentro o fuera de un país, con documentos legales o no, para un fin de explotación.

Dubón: Es el comercio de seres humanos. Cuando se comercializa, se negocia, se compra o vende seres humanos; estamos frente a un tema perverso de negocio.

¿Cuál es la situación actual?

Dubón: La situación de Guatemala es grave. Las diferentes organizaciones lo venimos advirtiendo desde hace 20 años.

En el artículo 47 de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas se establecieron 14 formas, y la más común es la trata por explotación sexual.

Está la trata por mendicidad, por explotación laboral, por adopciones… Entonces hablar de la complejidad del fenómeno en el país es grave, porque el reciente informe que planteaban Unicef y la Cicig habla de 48 mil víctimas en cuatro años.

Gularte: Los números son muy grandes, lamentablemente es un delito invisibilizado. Se naturaliza la prostitución infantil y por eso nos damos cuenta que no hay denuncias. Solo se tuvieron 390 o un poco más en el Ministerio Público para un delito tan grave.

Hoy por hoy se están duplicando las denuncias, pero eso conlleva grandes retos para el Estado porque implica una investigación seria, pero también significa un rescate que conlleve una atención a un proyecto de vida para la víctima.

¿Cómo se presenta el problema de la trata geográficamente en el país?

Dubón: Primero debemos identificar el tipo de trata del que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de explotación sexual lamentablemente comparten las mismas rutas con el narcotráfico, con el tráfico ilegal de armas y con el tráfico de migrantes; son los mismos recorridos.

Otro tipo de trata es el trabajo doméstico con modalidad de explotación laboral. Otro fenómeno son las tiendas de barrio o tortillerías que explotan a niñas. Hay que reconocer que los problemas estructurales del país favorecen a que se dé.

¿Cómo identificar a las redes para no caer en ellas?

Gularte: Para medidas de prevención, creo que el tema de la información es básico. El primer circuito de prevención es la familia. Muchas veces los padres no saben qué es la trata, no hay controles sobre sus hijos en el uso del internet o redes sociales, que es un mecanismo por el cual los tratantes llegan hoy por hoy a las víctimas.

¿Es suficiente la respuesta del Estado para combatirla?

Dubón: Si hacemos un análisis de lo que del 2009 para acá se ha logrado, creería que hay un avance importante y se debe reconocer a las instituciones. Hoy tenemos mejores condiciones para combatir un fenómeno tan grave, pero hace falta muchísimo por hacer de parte de todas las instituciones responsables.

¿Quién o quiénes están detrás de la trata de personas?

Gularte: El informe que la Cicig presentó la semana pasada es de una investigación muy clara sobre las ganancias que deja la trata y se habla de 12 millardos de quetzales anuales. Solo decir esas cantidades habla de redes de trata profundas, donde hay por supuesto funcionarios de alto nivel involucrados.

No puede ser que una víctima entre al país y al mes tenga papeles legalizados, con trabajo autorizado, cuando a muchos centroamericanos les cuesta dos o cuatro años hacer un trámite de residencia. Eso significa que hay funcionarios relacionados al crimen organizado.

Dubón: Es un negocio perverso. En el informe aludido, en una de las investigaciones encontraron casos de niñas de 12 años que podrían tener hasta 30 relaciones sexuales en un día. Lo segundo, que debe llamarnos la atención, es que en el informe se especifica claramente que uno de los problemas más difíciles para enfrentar es la utilización de la trata de personas por funcionarios, tanto de manera activa como pasiva.

Para tratar este tema fueron invitados al programa Diálogo Libre, Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez; y Sandra Gularte, de la unidad de prevención de trata de personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a partir de las 15:30 horas.
 
Una de las conclusiones del informe denominado Niñez, violencia y crimen organizado, elaborado por CIDH y la organización Plan Internacional, señala que los menores de edad se ven afectados en sus derechos en contextos de inseguridad, violencia y actuar del crimen organizado, pero además se les percibe como victimarios y responsables por el clima de inseguridad.
Y que en parte, se debe a la falta de políticas integrales por parte de las instituciones estatales para proteger a la niñez y adolescencia
En países como Guatemala, los niños son utilizados con frecuencia para actividades relacionadas con el tráfico y venta de drogas y acciones delictivas, mientras que las niñas son víctimas de violencia sexual, muchas obligadas a mantener relaciones forzadas con integrantes de los grupos criminales.
Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la Niñez de la CIDH, destacó que los menores deben ser considerados como víctimas, aunque en algunos casos puedan ser agresores, porque para llegar a cometer un crímen tuvo que haber todo un camino de violación de sus derechos, o bien son captados por grupos delincuenciales. 

Los expertos señalan que ahora la incertidumbre se centra en si las reformas serán aplicadas de buena manera, pues surge una pregunta: ¿Tiene el Tribunal Supremo Electoral los recursos necesarios para la implementación de esta norma?

Ambos fueron invitados para analizar este tema en el programa Diálogo Libre, a través de PrensaLibre.com.

¿Cómo califican que Jimmy Morales haya sancionado estas reformas?

Álvarez: El presidente convocó el lunes a una reunión en donde estuvimos presentes 31 organizaciones, y aunque reconocemos que la ley no es todo lo que esperaríamos que se hubiera incluido, porque hubo partes que el Congreso no tomó en cuenta, sin duda es un avance importante para el país; recoge en alguna medida el espíritu de los Acuerdos de Paz. Pero sí hay avances en términos de fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y de los partidos.

Sanabria: Es una reforma que viene a fortalecer cambios que se dieron en el 2004 y que se perfeccionaron en el 2006, principalmente están vinculados con la normativa que tiene el sistema para controlar y fiscalizar los fondos privados que utilizan los partidos políticos durante la campaña electoral. Esto es importante porque hay una íntima relación entre financiamiento privado oculto, financiamiento opaco y corrupción; de alguna manera está es una relación muy perversa que debilita a las instituciones públicas.

¿Qué viene ahora?

Álvarez: Lo que viene es que debemos seguir trabajando, tratando de construir consensos. Algo importante a destacar es que en el 2012 se inició un proceso de participación bastante nutrido, amplio y diverso; hay un reto en términos de construir un proceso amplio, pero consensuado.

Sanabria:    Este es un proceso muy importante que requiere que el TSE no solo tenga tiempo, sino también los recursos suficientes y necesarios para poder poner a funcionar la Ley. Por ejemplo, en la implementación del voto en el extranjero y el fortalecimiento del TSE para que este pueda fiscalizar de manera profunda el financiamiento privado de los partidos políticos, entre otros. Lo que preocupa es que las reformas que ya fueron aprobadas se implementen de buena manera.

¿Le encontraron algún vicio a estas reformas?

Álvarez: Una preocupación central que tuvimos es el fortalecimiento del TSE de forma más integral. Sin duda hace falta profundizar en algunos aspectos que tienen que ver con la parte técnica y administrativa de los procesos electorales, que tiene que ver con el manejo del padrón electoral.

¿Dentro de este nuevo proceso se deben incluir las reformas excluidas?

Álvarez: Estamos más inclinados hacia una lista semi abierta, en donde sí haya posibilidades de elegir directamente, pero también de respaldar procesos partidarios. Otro elemento es la participación de partidos distritales que propongan candidaturas. El transfuguismo debe erradicarse por completo y debe limitarse la reelección de diputados y alcaldías.

Sanabria: Hay varios puntos, uno de ellos y el más importante es la democracia interna en los partidos políticos, y nos referimos a la manera que los partidos eligen tanto a las autoridades, a sus candidatos y toman las decisiones de políticas públicas que van a seguir.

¿Podrían impugnar la Ley Electoral?

Sanabria: Yo creo que no, porque de alguna manera la ley ya tiene la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad y todos los elementos aprobados por el Congreso fueron revisados.

Álvarez: No veo posibilidad. La CC emitió una opinión desfavorable hacia algunos artículos y por eso el Congreso no los incluyó.

¿Va a ser más estricto el control del financiamiento?

Álvarez: Muy estricto. Hay mecanismos detallados de cómo se va a fiscalizar. En ese sentido la ley es muy avanzada, el reto es que el TSE tenga la capacidad de implementarla y hacer que se cumpla.

Sanabria: Sí, muchísimo. Ahora el TSE tiene una oportunidad para establecer una ruta de acción y de implementación donde se establezca qué es lo que se tiene que hacer, y para cada una de esas acciones cuántos recursos necesita.

¿Puede el presidente liderar una nueva iniciativa de ley?

Álvarez: En una reunión con el presidente y organizaciones civiles le hicimos ver que lo mejor sería armonizar el esfuerzo y no desarrollar esfuerzos paralelos. Él estuvo de acuerdo.

Sanabria: Coincido con eso. Debe existir comunicación y coordinación entre los actores involucrados y las experiencias recientes, tanto la del 2011 como la del año pasado, nos demuestran la importancia de estar coordinados.

¿Cuál es su opinión al respecto de las normativas para los medios de comunicación?

Álvarez: Veo dos ventajas. Una es esperar que esto supere la dependencia excesiva que se había producido en los procesos electorales del marketing político. Necesitamos procesos electorales con más contenido y menos producto comercial. La otra es que al tener los partidos la misma oportunidad de transmitir mensajes, les obliga a presentar propuestas de solución para hacer la diferencia.

Sanabria: Coincido en estos dos efectos, por un lado el de generar más equidad en la competencia, y por otro en generar incentivos para tener una campaña donde se discutan ideas, propuestas y de alguna manera la imagen no sea el factor determinante.

Esta ley que se utilizará para las elecciones del 2019 entrará en vigencia el próximo 1 de junio,  luego de que el presidente Jimmy Morales, sancionara los cambios y estos fueran publicados en el diario oficial.
 
Para abordar este tema fueron invitados al programa Diálogo Libre,  José Carlos Sanabria, analista de Asíes; y Enrique Álvarez, integrante de Incidencia Democrática; a partir de las 15:30 horas. 
 
Entre los nuevos artículos de la Ley esta:

Los guatemaltecos que viven en el extranjero podrán votar para elegir presidente y vicepresidente.
 
Los partidos políticos están obligados a entregar, bajo reserva de confidencialidad, información de los aportes privados y públicos que reciban.
 
Los medios de comunicación tienen prohibido publicar encuestas 15 días antes de las elecciones.

El voto nulo tendrá validez aunque las elecciones se repetirán con el mismo candidato.

La primera vuelta de las elecciones será en junio y no en septiembre como hasta ahora. 

Entre otras modificaciones.
 
El mandatario aseguró que presentará una iniciativa de Ley para modificaciones de segunda generación pues no está conforme con todos los cambios efectuados a la norma.
 
 

Ambos abordaron el tema en el programa Diálogo Libre.

¿Cuál es su perspectiva sobre esta propuesta?

De Mata: El expresidente Jorge Serrano Elías es la persona menos idónea para plantear esta propuesta porque durante su mandato, más allá de fortalecer el Estado, lo debilitó.

Lo que está en crisis son las decisiones que toman los gobernantes apegadas a ley, y que debe prevalecer el bienestar común; sin embargo, esto se ha desvirtuado por la práctica de varios mandatarios durante el proceso de transición democrático en Guatemala.

Serrano Elías no goza de legitimidad y credibilidad. Plantea una propuesta en el contexto de la crisis que enfrenta el Estado de Guatemala, señala el alto índice de corrupción, la falta de credibilidad en las instituciones y aprovecha la coyuntura para presentar su movimiento de refundación del Estado.

Dabroy: Refundaciónes un concepto que se viene debatiendo en varios círculos y es tratar de cambiar el modelo de Estado que tenemos. Es decir, es un modelo de estado republicano, democracia representativa con una institucionalidad carcomida por grupos de interés.

El problema es que asociamos ese concepto a una figura totalmente ilegítima que es la de Serrano, exmilitares —incluso que están guardando prisión— y exguerrilleros. Pareciera una mezcla en que la ecuación no cuadra. Lo que quieren es desgastar ese concepto de refundación del Estado e inclinarnos por el tema de reformas.

¿Las manifestaciones del año pasado podrían haber propiciado la necesidad de refundar o reformar el Estado?

Dabroy: La sociedad ha considerado que el modelo político está agotado. Algunos le llaman “la vieja política”, y otros, la nueva forma de hacer política. Al final lo que queremos es que las instituciones que se generan y se diseñan, funcionen.

Es importante empezar por el debate del sector justicia, el cual requiere reformas constitucionales. Luego tenemos que entrarle al Congreso de la República, institución que tiene que generar credibilidad.

¿Se necesitan modificaciones como las propuestas por Serrano, como la creación de un Consejo de Estado?

De Mata: Insisto, lo que se necesita en el Estado es fortalecer sus instituciones y el tema de justicia. Creo que la línea correcta es la que han planteado el Ministerio Público y la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— en términos de generar espacios de debate y discusión.

La salida de esta crisis debe ser producto del diálogo, el debate, la discusión y de establecer procedimientos que permitan regular el comportamiento de cualquier funcionario público para evitar ese abuso de autoridad.

¿También se habla de eliminar la Corte de Constitucionalidad?

Dabroy: En todos lados existen supremas cortes de justicia que permiten garantizar el cumplimiento de la Constitución. La CC ha salvado muchos procesos del Estado democrático.

Muchos sectores oscuros del país van a terminar ganando con el hecho de que la gente asocie el concepto de refundación del Estado con figuras como Serrano, exguerrilleros o exmilitares. Lo que pareciera es que están tratando de minar esa necesidad de refundar el Estado.

¿Existen condiciones para hacer cambios en el país?

Dabroy: Hay dos formas de hacer cambios: uno es bajo el concepto de refundación, que es empezar de cero y cambiar todo; el otro es el concepto reformista, que lo que hace es que se generen cambios incrementales. Pero nos topamos con que en el Congreso quienes toman las decisiones son juez y parte.

Por esa razón los cambios van a ser muy moderados y acá se requiere mucho de la participación ciudadana. Las cuestiones del año pasado fueron fundamentales porque impulsaron un espíritu de cambio dentro del guatemalteco, pero un espíritu que debe ser coronado.

De Mata: Veo un problema serio y es una limitación que se presenta para las dos modalidades anteriores    —refundar y reformar—. Realmente hay que construir ciudadanía.

Veo el desconocimiento por parte de la ciudadanía en algunos ejes temáticos. En Guatemala no existe cultura del diálogo, no estamos acostumbrados a generar debate y discusión, y es fundamental generar estas prácticas porque en la medida en que avancemos en ellas nos va a permitir garantizar mejor calidad en la toma de decisiones.

¿Hacia dónde debemos ir encaminados en reformas?

Dabroy: El tema de las reformas al sector justicia abrió el abanico de posibilidades de hacer una nueva arquitectura institucional del Estado y como tal, diversos sectores van a tratar de incidir en moldear esa arquitectura a sus intereses. Hay que estar atentos a qué intereses representan o no irnos con la finta con ciertas acciones que puedan tener distintos sectores.

De Mata: Los guatemaltecos debemos seguir trabajando en esta auditoría social. Hay que fiscalizar a todo funcionario público. La soberanía radica en el pueblo; es la gran oportunidad de impulsar procesos de cambio que permitan garantizar el bienestar común.   

Este tema será abordado por la catedrática en Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Usac, Geidy de Mata; y el politólogo Jahir Dabroy, este viernes a partir de las 15:30 horas en el programa Dialólogo Libre a través de prensalibre.com.


¿Pero quién es Serrano Elías? Es un político e ingeniero industrial que tomó posesión como presidente de Guatemala el 14 de enero de 1991, jurando lealtad a la Constitución de la República, pero dos años más tarde todo esto se revertía.

Al conocerse las medidas adoptadas por Serrano, la condena fue unánime en todos los sectores del país, y el 31 de mayo de ese año, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el golpe de Estado, y Serrano Elías huyó hacia Panamá, en donde se encuentra hasta la fecha.

Serrano quien en esa ocasión intentó sensurar este matutino, encabeza este movimiento que propone crear un consejo de Estado, abolir la Corte Contitucionalidad y crear un puesto de primer ministro.

Este movimiento es llamado “Frente Amplio Refundación” el cual estaría integrado por políticos, militares y exguerrilleros, entre ellos; Juan Guillermo Gutiérrez, Otto Rottmann, Cesar Montes, Pablo Monsanto, Óscar Platero Trabanino y el coronel Otto Bernal.

Durante el programa Diálogo Libre, a través de PrensaLibre.com, el profesional habló sobre los efectos de vivir en una sociedad donde el pan de cada día es la violencia.

¿Qué pasa por la mente de las personas que agreden a otras por situaciones de tránsito?

Cuando hablamos de la salud mental se habla de una armonía con uno mismo y con los demás.

Lo que estamos viendo acá es que las personas han ido perdiendo el mismo valor de la vida o se ha ido perdiendo esa parte del derecho a la vida. El hecho de pensar que mi vida depende de la otra persona porque me da o no la vía, porque me mira bien o me mira mal, va causando carga de estrés    hacia nuestro lugar de trabajo.

Cotidianamente vivimos en una Guatemala donde el nivel de vehículos ya sobrepasó la capacidad que las carreteras tienen.

¿Cuál es el perfil de las personas que se alteran y agreden a otras por el simple hecho de bocinar?

El fin es demostrar poder sobre la otra persona. La forma inadecuada que le da un arma a un ser humano es ese hecho de creer tener el poder sobre el otro, de intimidarlo, de hacerlo de menos, incluso de quitarle la vida.

En esta cotidianidad no podemos hablar de un perfil psicológico directamente, sino que es el entorno; el hecho es el mal manejo de las emociones y de nuestro carácter.

¿Qué recomienda hacer para mantener la calma?

Hay gente que sugiere escuchar música, ir relajado o subir los vidrios; pero el problema es más de fondo, y ese fondo es el respeto.

No por escuchar buena música o porque voy con mi familia me van a dejar de hacer algo. El punto es que la otra persona no tiene el derecho a agredirme ni a violentarme por el hecho de que él va tarde o que no le quise dar la vía.

¿Cómo se puede interpretar este fenómeno de violencia en el país?

Podemos comenzar a hablar de los diferentes tipos de violencia; en este caso hay violencia política y violencia instrumental. Esta última es la que busca sentar precedentes o enviar una información hacia las personas que están alrededor de la víctima.

Regularmente es la más común, porque tiene un objetivo: intimidación, represión e incluso silenciar. Lo que causa es que vivamos inseguros, con temor, nos encerremos en colonias con garitas porque llegamos a decir: “Ya ni en mi casa estoy seguro”.

¿Cómo afecta psicológicamente a la niñez la inseguridad?

Es bastante lamentable, porque los niños, incluso la misma juventud, están creciendo sin oportunidades de poder desarrollarse.

Como seres humanos necesitamos del otro para podernos desarrollar. En este caso, los amigos de los niños están en el colegio o se convierten en sus mejores amigos, que no es malo, el hermano, los papás o la abuelita, porque se están encerrando en ellos mismos.

Eso va a ir afectando en el desarrollo de ellos cuando sean adultos, el no poder tener una buena relación con las personas, no poder solucionar problemas, incluso de vivir intimidado.

¿Deben los centros escolares aportar apoyo psicológico adecuado a los niños, inclusive contra el acoso?

El acoso escolar o el bullying es una manifestación más de la violencia que ha logrado implementarse en las escuelas y los colegios, no importando el estrato social. Claro que los centros estudiantiles tienen la responsabilidad también de prevenir o de hacer campañas de prevención ante la violencia, tanto familiar como escolar.

¿Han llegado a la Liga de Higiene Mental personas por auxilio porque no pueden controlar emociones violentas?

Llegan muchas personas con esta problemática. Regularmente desde que se aborda a estas personas comenzamos a buscar estrategias para ayudar a calmar los detonantes de violencia que manifiesten; si no, se corre el riesgo de que la persona actúe en cualquier lugar de forma violenta y dañando a los demás.

Hay personas que salen de casa buscando con quien pelear, y a veces se topan con personas más violentas, y el daño es para ellas.

Lo que buscamos es un espacio de desahogo por medio de la terapia, que busca equilibrar la parte personal, social, ambiental y en la parte espiritual para poder convivir de forma de bienestar.

¿Hay una campaña de sensibilización para conductores para evitar tragedias en el tránsito?

El hecho es el manejo del estrés; no podemos llegar a todos, pero sí hacernos más responsables de nuestros actos.

Algo muy importante es el hecho de que las personas sepan que alguien los espera en casa y de que alguien espera en casa a la otra persona.

El ser humano tiene que reencontrarse con él mismo y con la sociedad, con esa sociedad que le da la oportunidad de vivir, de desarrollarse, de ser feliz, amar, sentir y sorprenderse también.

¿Cómo orientar a los pilotos con el uso de bicicletas o motocicletas?

El problema no es tanto el transporte, es la actitud; los propios valores que como seres humanos podamos ir cultivando y transmitiendo a los demás.

El hecho de ser un transporte de dos personas o de una, no quiere decir que sea bueno o malo porque los motoristas fueron estigmatizados de ser unos delincuentes.

¿Cuál es la recomendación para los que portan armas de fuego y las usan para agredir, y no en defensa propia?

Tendría que haber una regularización con respecto a eso.

Personas civiles creo que no deberían andar armadas, porque si uno carga un arma es para matar. Si tenemos armas de fuego es porque nos sentimos amenazados y porque vamos a tener la necesidad de dañar a las otras personas. El que cargue un arma de fuego tiene que hacerse responsable.

En el área, el viento y la desolación recorren cualquier recodo de las casas abandonadas que tienen los techos destruídos.

La mayoía de las casas sin puertas y ventanas, señal que invita a recorrerlas. Hace siete meses eran el hogar de cientos de familias.

En medio de la desolación y destruccion, flores de Cardo Santo cobran vida. La zona fue inhabilitada por parte de las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, a pesar del riesgo de permancer en el lugar, dos familias se niegan a abandonar su hogar.

A escasos cien metros de donde ocurrió la tragedia, vive la familia de Jorge Vaque Carrera, él asegura que no dejará su patrimonio.  “Yo voy a salir de aquí, sé que es un área de peligro pero lo haré hasta que las autoridades me den una respuesta”.

“Yo vivo aquí tan cómodo y tranquilo, no voy a ir a pagar toda mi vida Q1200 de alquiler”. Vaque aseguró que no tiene miedo de morir, e insiste que no abandonará el lugar a menos de que las autoridades los incluyan en un proyecto de vivienda.

“No tengo miedo”

La otra familia se ubica a unos 400 metros de la zona del desastre, se trata de Rubelia Yumán quien vive con su esposo Juan Ramón Polanc, 44.  Yumán ha vivido 26 años en El Cambray 2, explica que no piensa abandonar el área, la razón, no tiene a dónde ir.
 
“Al principio tenía miedo de salir, sentía que en la oscuridad los difundos me iban a aparecer, le pedí a Dios que me diera fortaleza”. cuenta Rubelia.

Cada día, la pareja trata de regresar a su hogar antes de las 18:30 horas porque no hay energía eléctrica en la zona.
 
Rubelia trabaja cuidando y alimentando cerdos por Q200 a la semana; su esposo es agricultor, pero no tiene un trabajo estable.

¿Cuánto estrés puede acumular en el día? o ¿Hasta dónde llega la ira en un momento de tensión?

Estas dudas serán resueltas por Estuardo Del Águila, psicólogo y psiquiatra del Liga de la Higiene Mental, en el programa Diálogo Libre a través de prensalibre.com, este viernes a partir de las 15.30 horas.

No ceder la vía a otro piloto originó una mortal agresión a balazos contra  Jorge Mario Molina Ramos, de 50 años, el martes último, en el kilómetro 6.5 de la carretera a El Salvador, en el carril de ingreso a la capital.
 
Dina Lisbeth Osorio, sobrina del piloto, en medio de una crisis nerviosa  relató que  de la zona 18 se dirigían a la zona 10, en donde él trabajaba como vendedor de una empresa comercializadora de productos eléctricos.
 
Osorio detalló que minutos antes del ataque, su tío no le había cedido  la vía a otro conductor y que ello pudo haber originado el ataque armado, ya que después del incidente les dispararon desde una camioneta tipo agrícola   gris que los rebasó.
 
A este caso le antecede otro ataque ocurrido el 28 de enero pasado, cuando un conductor de un auto deportivo baleó a dos mujeres que no le dieron la vía en el Bulevar Los Próceres de la zona 10 capitalina.
 

Alrededor de unas 20 mil llamadas son atendidas en el 122, de las cuales sólo unas 250 son emergencias reales.  
La jornada extensa para las cuatro personas que atienden las llamadas se vuelve caótica cuando dejan de atender una emergencia por falsa alarma.
Según los telefonistas, en una ocasión recibieron varias llamadas que indicaban que una persona se encontraba herida de bala en la 10a.  avenida final de la colonia San Rafael 3, zona 18.  Con sirena encendida y luego de unos minutos de travesía en el tránsito los socorristas llegaron al lugar, luego de un rastreo por el área constataron que se trataba de una broma.  
El pasado miércoles 27 de abril, los bomberos recibieron una llamada que alertó de un deslave en el relleno sanitario de la zona 3, los socorristas acudieron de inmediato. En ese momento por no contar con la unidad que fue enviada a zona 18, solicitaron el apoyo a otra estación.  La tragedia dejó cuatro personas muertas y unas 26 desaparecidas.

Consecuencias de una llamada falsa

 Acudir a atender una llamada falsa no sólo implica el gasto de combustible y el deterioro del vehículo; sino también se pone en riesgo la vida de los socorristas,  quienes en su mayoría manejan a una velocidad extrema para poder llegar de inmediato y salvar una vida.
Como lo sucedido el martes 5 de abril, en el kilómetro 33 de la ruta a El Salvador, en la vuelta  del Chilero, donde murieron el galonista, René Sánchez, de 45 años, y el mayor, José Antonio Porras, 65, cuando se dirigían a apagar un incendio que no exístia.  la institución señaló en esa ocasión que sí se produjo un siniestro, pero en el kilómetro 52.
Otro aspecto a tomar en consideración es la delincuencia. William González, vocero de la institución refiere que han sido asaltados cuando están en cumplimiento de su labor.

Lucía Soto, directora ejecutiva del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), reitera que el funcionamiento de esa terminal traería muchos beneficios para la economía del país, así como la creación de empleos. Ambos especialistas fueron invitados al programa Diálogo Libre.

¿Cuál es su opinión sobre  Terminal de Contenedores Quetzal?

Soto: Todo lo que tenga que ver con el tema legal deben  solventarlo las autoridades. Es necesario buscar una solución siempre en el marco legal,  pero necesitamos esa infraestructura, que se aproveche lo que ya está, la inversión que ya se hizo.
   
Balsells: Esto llora sangre. Se aprovechó una necesidad apremiante del país para hacer una serie de  quebrantos legales muy evidentes, que se denunciaron desde el inicio.

¿Cuál es el siguiente paso, luego de que el presidente diera instrucciones para que comience la nulidad del contrato?

Balsells: Es difícil responder a la pregunta, porque primero ya hay una demanda de nulidad promovida por Encuentro por Guatemala; entonces, una nueva demanda habría que ver en qué términos va eso, para iniciar una nueva discusión.  Por otra parte, recordemos que la PGN —Procuraduría General de la Nación— ha sido muy ambivalente institucionalmente con sus criterios, y eso lo que menos genera es certeza  jurídica.

Soto:  No queremos que pase mucho tiempo; porque si dejamos la maquinaria olvidada, lo que va a pasar es que dentro de poco vamos a tener que comprar nueva o gastar en reparaciones.

¿Cuál es el camino  inmediato para solucionar este problema de TCQ?

Soto: Si lo que se menciona de hacer nulo el contrato y la intervención es la solución, esa debería de ser la utilizada.  La terminal como tal iba a traer ciertos beneficios en cuanto al manejo más
rápido de la carga, o eso era al menos lo que se ofrecía.

Balsells: Sea cual sea la decisión, esto va a llevar fácil de uno a dos años. Tiene que existir la ejecución de las medidas cautelares; o sea, lo que se le pide a un tribunal para que no se haga más grande el peligro. Eso tiene que ser intervenido y el juez tiene que fijar las reglas de esa intervención. 

¿Esa intervención daría  las facilidades para operar?

Soto: Si eso es lo que dictamina la autoridad competente, entonces hay que hacer provecho de eso y buscar la manera de utilizarlo.

Balsells: Generaría una solución. Pero uno de los temas es  no  repetir el mismo esquema de Puerto Quetzal, eso tiene que servir para una dinamización de lo que está ocurriendo ahí.   

¿Qué reglas podría establecer el juez sobre la intervención de   TCQ?

Balsells: La medida es judicial, y va a fijar las reglas de cómo funcionará esa intervención. Lo primero  es ver qué capital tiene y, segundo,  lo que eventualmente se llegue a cobrar y  empiecen a entrar gastos operativos, y pueda entonces empezar una dinámica portuaria nueva en esa área.

Para analizar el tema fueron invitados al programa Diálogo Libre, el abogado, Alejandro Balsells y la Directora ejectiva del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), Lucía Soto.  Enrique Godoy,  Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano también había sido invitado pero en último momento adujo que tenía otros compromisos personales. 

Aunque sin saber cuál será el camino a seguir, el presidente Jimmy Morales aseguró que la nulidad de este contrato es un hecho.  
 
Ayer jueves el mandatario Morales envió un oficio a la Procuradora General de la Nación, María Eugenía Villagrán, para que lleve a cabo la nulidad de dicho contrato,  institución que coincide en anular la firma de dicho usufructo. 
 
Villagrán, dijo en el Congreso de la República que se busca el “embargo con carácter de intervención” de la la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ),  lo que permitiría el nombramiento de un interventor que se haga cargo de la caja, sin afectar las operaciones de la terminal. Pagar cuentas, pero guardar el remanente. 

¿Cuáles han sido las denuncias e inconsistencias encontradas?

Montenegro: Nos encontramos con que el negocio que se estaba pretendiendo y que al final se consumó era bastante anómalo. Primero, porque desde el 2011 se había intervenido esta portuaria por parte de Álvaro Colom, y  además de intervenir creó la figura del subinterventor, dándole facultades de gerente.  En el 2012, los interventores estaban arrogándose funciones que le competían a la Junta Directiva, y empezaron a crear un contrato de usufructo oneroso.  

Marroquín: Había tantas irregularidades e ilegalidades abiertas que se dijeron en su momento. Un ejemplo muy sencillo: una concesión tiene que ser licitada, primero porque es una obra grande, es el principal puerto de entradas y salidas de mercancías de Guatemala.  Segundo, cómo pueden pretender hacer una obra tan grande sin un plan de desarrollo territorial de toda la zona.    

¿Cuál fue su impresión al salir a  luz el caso?

Montenegro: Ratificamos ahí el porqué se había subvaluado el terreno.   Lo concesionaron con una simulación de contrato de usufructo de US$0.20, en lugar de  US$8, porque de ahí iba a salir la  coima. Lo hicieron así  quienes ya estaban recibiendo  mordida, según se dice ahora, de millones de dólares.

Aquí, además de los grandes responsables en este negocio, los primeros que  pudieron haber detenido esto fueron  los procuradores generales que estuvieron desde el 2012. Ninguno actuó para parar este proceso; habría que deducirles alguna responsabilidad.

¿Considera que se creó una estructura dentro del Gobierno?

Montenegro: Yo diría que sí, se creó toda una estructura criminal para saquear al Estado.

¿Hay más usufructos similares al de TCQ?

Montenegro: Hay muchos contratos que sí deberían ser declarados lesivos.  Por ejemplo, en el aeropuerto,  una serie de empresas del Estado en donde nunca se ha querido pronunciar la Procuraduría General de la Nación.    

¿Cuál es el estatus del caso TCQ?

Montenegro: Luego de lo dicho por la Cicig, el caso va a avanzar; pero avanza a paso muy lento, y pareciera que hay intención de que todo quede como está.  Lo que pedimos es la nulidad total.

¿Considera que se cae en el discurso de robar poco, pero con un proyecto de beneficio?

Montenegro: Nadie está en contra de que el Estado avance y de que la Portuaria Quetzal se convierta en una terminal internacional competitiva, siempre y cuando las cosas se hagan en forma legal, y no bajo mordidas y subvaluando, engañando y simulando.  Bajo esas circunstancias, es inaceptable decir “bueno aunque sea así sigamos”.

Marroquín: Son mensajes decepcionantes el hecho de que directivos empresariales estén como quien dice borrón y cuenta nueva. Por esa forma de pensar en los negocios es que Guatemala está cundida de corrupción.    

¿Cuánto puede llevar el proceso contencioso administrativo?

Montenegro: Depende de la voluntad de los juzgadores. Después de tres años y medio,  el usufructo de TCQ deberá ser anulado por completo  y restablecer todo a como estaba antes.   

¿Cómo debe tomarse la inversión del Banco Mundial en el caso TCQ?

Montenegro: Es lamentable. Acción Ciudadana les  había alertado de las anomalías que habían en este proceso. Ellos tendrán a nivel internacional que dilucidar esa problemática y ver cómo entre los particulares se resarce económicamente.

Marroquín: Le escribimos al Banco Mundial, haciéndole un recuento de las irregularidades para que no le diera un préstamo a algo tan anómalo, y aun así siguió adelante con el negocio. Ahora tiene grandes repercusiones.

¿Habría que investigar a los exministros?

Montenegro: Sí, pero insisto en el papel de los procuradores generales, porque hubieran rescindido el contrato, declarado lesivo o anularlo.   

Marroquín:  Si llegas a una posición de ministro y no te das cuenta de semejante ilegalidad es porque te haces de la vista gorda o eres parte, o no estabas en capacidad de ser un funcionario público.   

¿Sorprende que llevaran dinero en efectivo a la Casa Presidencial?

Montenegro: Indigna, pero ya no nos sorprende nada. Con tanta podredumbre y corrupción, era obvio que ellos no querían dejar evidencia, y por eso era el dinero en efectivo.
Marroquín:  El tema es de dónde salieron esos dólares, ¿de un banco local?, ¿por aviones privados? ¿comerciales? La segunda fase de la investigación es muy importante.

¿Los tres casos que implican al exbinomio  terminan con la poca credibilidad de políticos?

Marroquín: En este caso eran bandas constituidas, disfrazadas de partido político, pero cuyo fin era el saqueo del Estado.  Se frenó, se hizo un alto a todas las bandas que estaban organizadas para actuar políticamente para ir a saquear el Estado.

Montenegro: Lo que se destapó es positivo.  Esto nos va ayudar a que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más.

El 15 de abril último salió a la luz un nuevo caso de corrupción en el país; está vez en la Empresa Portuaria Quetzal y el usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en la que figuran los ex mandatarios, entre otros altos funcionarios.

El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), capturó a nueve personas implicadas en este caso, además giró órdenes internacionales de captura en contra de otras cinco personas.


Para abordar este tema fueron invitados al programa Diálogo Libre, la diputada Nineth Montenegro de la bancada Encuentro por Guatemala y Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.

Esta estructura habría negociado sobornos  por US$24.4 millones para dejar operar a la compañía, aunque al final solo recibió US$12 millones. Otros US$5.5 millones fueron entregados a otros grupos, para un total de US$30 millones, según detalla la fiscalía.  Pérez Molina y Baldetti habrían recibido sobornos por US$4.2 millones cada uno.
 
Este es el tercer caso por el que se les señala a Baldetti y Pérez Molina como presuntos cabecillas.  El primero fue el caso La Línea y el segundo el del Lago de Amatitlán por un contrato de Q137.8 millones para sanear el lago; en el cual no figura Pérez Molina. 

Los manifestantes acudieron con banderas, silbatos, tambores, mantas y carteles para recordar que el 16 de abril de 2015 comenzó el declive del gobierno de Otto Pérez Molina, quien está en prisión por dicho caso.

Durante la actividad los participantes mencionaron que seguirán luchando por un mejor país. Asimismo, aprovecharon para exigir mejoras en el sistema de salud, la depuración del Congreso y rechazaron la impunidad. 

“No te confíes de los diputados, ellos serán encarcelados”, fue una de la consignas lanzadas. “Aquí están los doctores del San Juan, los que piden presupuesto y nunca se los dan”, fue otra de ellas.

Los ciudadanos portaron pancartas con las cuales expresaron su descontento con diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), agrupación que llevó a la presidencia a Jimmy Morales.

“Renuncia Giordano, fuera del Congreso”, decía un cartel dedicado al legislador Juan Manuel Giordano. “Fuera ya Dipu Rata Laura Franco”, se leía en otra pancarta.

Preocupación

Integrantes de #JusticiaYA no estuvieron presentes debido a que realizaron una reunión de colectivos en La Casa Cervante, zona 1, donde plantearon los temas que más preocupan a la ciudadanía.

Asimismo, organizan en conjunto una manifestación que se efectuará el sábado 23 de abril  en la Plaza de la Constitución para conmemorar la lucha del pueblo contra la corrupción. 

El caso La Línea provocó la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en mayo del año pasado. Cuatro meses después también ocasionó la dimisión de Pérez Molina. Ambos están en prisión preventiva.

Gabriell Duarte, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), afirma que se necesitan partidos políticos democráticamente funcionales y que los candidatos que los integren respondan a los intereses ciudadanos. Los analistas fueron invitados al programa Diálogo Libre.

¿Cuál es la visión de lo que pasa en el Congreso?

Duarte: Únicamente es el reflejo de lo poco institucionalizados que se encuentran los partidos políticos. Vemos que más de 70 diputados han cambiado de bloque y esto refleja la falta de identidad a la ideología del partido. Con las reformas a la Ley Orgánica se trata de elevar los costos, ya que a la hora de que un diputado decida cambiarse, va a perder todo.

Ruano: Hay causas mucho más profundas. Una de ellas es la ideología, que hoy se dice que es mucho más fuerte, es lo que permite que uno tenga una visión de sociedad de largo plazo. Por ejemplo, los partidos políticos no tienen una visión ideológica. Otro aspecto es un divorcio entre el ejercicio de la política, de los políticos y de lo que la sociedad quiere.

¿Cómo fortalecer la ideología y rechazar el mercantilismo dentro del Congreso?

Ruano: Es un mercado. El diputado compra su ingreso, pertenezca o no a un partido. Un día antes puede entrar, pero en otras sociedades se requiere certificar varios años.

¿Ha habido un cambio en el sistema político?

Duarte: No ha habido un cambio. Es hasta este año que se empiezan a discutir las reformas a la Ley Electoral y se aprueban las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

En esencia lo que buscaban en la iniciativa de la Ley Electoral era democratizar los partidos a lo interno, poder dar más instrumentos al Tribunal Supremo Electoral para fiscalizar a los partidos y sancionarlos en caso no cumplan con lo establecido. No hay un cambio.

Es de rescatar que aún no se ha discutido el artículo que estipula que se cree una comisión al terminar cada proceso electoral; con esto le abre la puerta a toda la sociedad civil, a los centros de pensamiento y al TSE.

Ruano: El año pasado la sociedad hizo una manifestación muy importante y los cambios tampoco son de un día para otro, pero tarde o temprano habrá muchas más sorpresas.

¿La denuncia de diputados oficialistas deja la puerta abierta para que se dé una depuración?

Ruano: Hay una conciencia elevada en el sistema; lo otro es que hay más conciencia crítica en la sociedad y los medios de comunicación han contribuido. Para mí no es un proceso rápido de depuración, porque la gran ficción o ilusión que tenemos es que realmente votamos, pero no elegimos; nunca decidimos a quién queremos que esté ahí, sino que hay un sistema que nos pone a gente para votar.

Duarte: Una depuración en sí, por el momento no, porque en el caso de que se salieran o se sacara a estos ocho diputados únicamente van a asumir los que venían detrás de las listas. Que se haga una nueva elección creo que sería romper con estos períodos constitucionales.

¿Cuál sería el camino de los ciudadanos para exigir sus derechos al sistema político?

Ruano: La depuración ya ha comenzado. La expresión ciudadana del 2015 provocó que muchas instituciones, principalmente el TSE, impidiera que algunos que se sabía que iban al Congreso no entraran. Hoy vemos que nada está oculto, ni puede estar oculto. Entonces la ciudadanía se pronuncia y a partir de ahí hay presión y muchas posibilidades de avanzar, de depurar el sistema.

¿A quién le afecta más el transfuguismo?

Duarte: Son costos compartidos, porque por una parte afecta tanto al partido que dejan por el hecho de que pierde cierto peso dentro del hemiciclo, para tomar decisiones o impulsar ciertos acuerdos. Pero podemos ver que a la bancada mayoritaria FCN-Nación le está afectando en cierta manera. Está llevando un desgaste al ver las figuras con las que engrosaron su bancada. Al final únicamente desgastan las instituciones públicas y la credibilidad.

¿Con el transfuguismo, dejó el Congreso de atender otras prioridades?

Ruano: Estamos conscientes de quién vaa pagar y quién paga el precio. Es el sistema político, cada día desprestigiándose más, y también está pagando el precio la población. El partido oficial tiene recursos, entonces los diputados lo que hacen es acercarse a donde está el presupuesto.

Duarte: El año pasado se evidenció que mucha de la institucionalidad está desgastada y no está logrando atender a toda la ciudadanía. En estos primeros tres meses, el Congreso lo que ha hecho es impulsar ciertas reformas políticas para que estas instituciones realmente funcionen y puedan brindar todos los servicios a los ciudadanos.

¿Por qué FCN-Nación aceptó diputados tránsfugas?

Duarte: Buscaron engrosar su bancada y aceptaban a cualquier tránsfuga porque buscaban hacer un contrapeso a la bancada mayoritaria, que era la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), para impulsar ciertas agendas y la agenda del Ejecutivo, lo cual tiene mucha lógica, pero no se dieron cuenta de qué tipo de diputados eran los que estaban admitiendo.

¿La población debería presionar más al Congreso?

Ruano: Generalmente damos un beneficio de la duda y a veces damos un compás de espera. Yo creo que todavía estamos viviendo ese momento. Las condiciones y el contexto es diferente de hace tres años.

Duarte: Creo que la presión ciudadana fue muy importante el año pasado y habrá que ver de acuerdo a todos los casos que se presenten. Si bien se han visto cambios mínimos, el avance de los procesos judiciales contra los implicados en estos casos va a implicar en que la sociedad se sienta incentivada o no a salir.

Morales creció con su abuela materna quien no tenía los recursos económicos para comprarle el loro que tanto quería, con ingenio empezó a crear figuras de barro. A los 13 años llegó al taller de Enrique España, quien ahora es su suegro y con quien aprendió lo que sabe.
 
Ahí conoció a su esposa con la que lleva casado 22 años, procreó cuatro hijos, que ahora tienen, 22, 19, 14 y 12 años. Con el trabajo de alfarero, Morales ha logrado darle educación y bienestar a su familia.

La técnica del barro 

El barro es llevado de Chimaltenango en terrón, este es triturado y luego mezclado con agua para lograr una textura similar a la plastilina. 
Todos los diseños son moldeados a mano, luego de darle figura se le pasa una navaja de madera para afinar la pieza. Luego pasa al secado alrededor de 15 días, a temperatura ambiente. 
El siguiente paso, las piezas se meten a un horno para terminar el proceso se sanar el barro. Morales no cuenta con un horno especial lo hace al natural con leña y fuego; entre cuatro y seis horas. 
¡Listo para la pintura!, la primera capa de pintura debe ser blanca, es el fondo. Luego, la pieza se pule con lija, y se pinta con los colores representativos de cada ave. Este proceso lleva a Morales entre 2 y 3 horas por pieza.
A Carlos Morales se le puede encontrar en El Tenedor del Cerro, Antigua Guatemala; de martes a domingo de 9 a 16 horas.

¿Cuáles son las consecuencias que ha generado en el país el caso Panama Papers? Barreda: La situación en Panamá y el escándalo lo que abre es la discusión sobre cómo se ha abusado de las off shore, una figura que es legal, que puede ser noble para la promoción de inversiones, pero que algunas empresas o personas individuales o jurídicas  han utilizado no solo para  evadir el pago de impuestos, sino también para lavar dinero, producto de la corrupción o el narcotráfico; tal es el caso de Marllory Chacón. 

Chile: El problema es que las personas que aparecen ahí con empresas de las denominadas offshore no necesariamente a todas se les puede calificar que hayan realizado actividades ilícitas; el problema es  una cuestión de imagen de cualquier persona que tenga una empresa offshore dentro del listado encontrado.    

¿Que las offshore no sean normadas permite este tipo de ilícitos?

Chile: Por lo regular, cuando se habla de una offshore, esta no realiza  ninguna operación en el país en la que está constituida. Desde ese punto de vista, queda fuera de la regulación y principalmente porque  en el país existe o ausencia total de carga tributaria, o una mínima carga tributaria, y obviamente la facilidad de mantener el anonimato del manejo de las cuentas bancarias.  

¿Es beneficioso para un país estar en un listado de paraíso fiscal, como está Guatemala?

Barreda: Definitivamente no. La coyuntura  abre  la necesidad de que la administración tributaria tenga acceso a las cuentas bancarias de los contribuyentes con fines fiscales.   El tema  de Panamá hace  que pongamos sobre la mesa  una reforma de la Ley de  Bancos y  Grupos Financieros donde, en su artículo 63, se permita que la SAT tenga acceso a las cuentas bancarias con fines fiscales, que pueda hacer los cruces de información y pueda, coordinadamente con la Superintendencia de Bancos (SIB), tener una mayor fiscalización de todo este tipo de entidades. Eso sí, bajo condiciones de confidencialidad y mediando orden de juez.  

¿Cómo pretenden llevar a cabo la discusión sobre  la liberación del secreto bancario?

Barreda: Hay una serie de reformas que vienen desde hace muchos años; tal vez los últimos intentos fueron en el año 2012. Las  iniciativas presentadas buscaban garantizar de alguna manera  que el país pudiera tener ciertos convenios de intercambio de información, los cuales no han podido ser aprobados por el Congreso porque no existe un mecanismo en el cual la SAT pueda acceder a esa información y realizar ese intercambio con otros países. De aprobarse, esto sería un avance al combate de la evasión fiscal.    

Chile: Tenemos que estar conscientes los guatemaltecos de que no hay vuelta atrás. Considero que esta vez sí se va a aprobar la proporción de información bancaria a la administración tributaria, porque se está buscando el camino del proceso legal.  Lo que habría que evaluar es si realmente la información bancaria se le estará requiriendo a los contribuyentes inscritos; habría que pensar en las personas que no están inscritas, pues el  efecto en la recaudación no sería positivo.    

¿Cómo evitar que una persona con poder, como un funcionario público,  no utilice mal los datos que tendrá de toda la población?

Barreda: En las reformas a la Ley Orgánica de la SAT se están contemplando varios elementos. Entre ellos  una unidad de investigación de asuntos internos; la información bancaria se solicitaría mediante orden de juez, quien estaría informando qué funcionarios públicos son los que van a tener acceso a esa información. Va a haber una unidad específica que resguarde esa información y, posteriormente al proceso de investigación, tendrá que notificar al contribuyente sobre la investigación que se le realizó.

¿Qué otros elementos se podrían incluir en esta  iniciativa?

Chile: Algo que me llamó la atención es que hay una información post investigación; pero si realmente se está haciendo de una manera transparente, sería conveniente y razonable que al contribuyente que se le investiga también se le notifique. También definir que si  se detecta que hay fuga de información de cualquier funcionario, debe ser destituido en el momento.    

¿Qué cambiaría si se logra aprobar la ley?

Barreda: El tema fundamental es que la SAT tiene acceso a la información en las mismas condiciones que la SIB. Es una herramienta que le permitirá tomar acciones con personas que no están registradas como contribuyentes formales.  Ahora la SAT tendrá la potestad de pedir todas las cuentas bancarias, y ojalá que con eso permita elevar el nivel de cumplimiento de los ingresos tributarios.        

¿Cuánto podría mejorar la recaudación tributaria al aplicar el levantamiento bancario?

Chile: No puedo determinar cifras o porcentajes, pero lo que sí es importante mencionar es que con la información que se le pueda solicitar a los bancos por parte de la SAT definitivamente sí va a tener un impacto positivo en la recaudación.
Barreda:  Es difícil medir el porcentaje, pero definitivamente que lo va a tener. Además, es un mensaje que va a generar un efecto de disuasión; es decir, las empresas que estén eludiendo el pago de impuestos, protegiéndose en el secreto bancario, pues que comiencen a aclarar sus cuentas, porque es cuestión de días.

Para discutir este tema están invitados al programa Diálogo Libre, Carlos Barrera, diputado de la UNE, y el auditor Óscar Chile Monroy; a partir de las 15:30 horas.
 
La  propuesta planteada por la Comisión Técnica integrada para llevar a cabo una reingeniería en la SAT  incluye en su planteamiento la liberación del secreto para perseguir, fiscalizar y controlar aquellos procesos relacionados a la evasión fiscal.  
Para hacerse efectivo, el levantamiento de los datos deben de ser justificados por la SAT ante un juez competente.
El proyecto reformaría el artículo 63 de la ley de Bancos y Grupos Financieros, además  del artículo 30 del Código Tributario para que la SAT pueda obtener información en poder de terceros.
La SAT deberá de crear una unidad para la administración y resguardo de la información bancaria recibida. 
Este proyecto sería conocido por el pleno del Congreso el próximo martes.
 

Guerra señala, además, que se debe garantizar la vida de los usuarios por medio de un buen servicio, unidades en buen estado y, sobre todo, responsabilidad de los pilotos.

¿Cuáles son los factores que inciden en los accidentes de tránsito en el transporte extraurbano?

La CA-1 Occidente, la carretera de la muerte como se le ha bautizado, se ha convertido en el dolor de cabeza para los usuarios que han pagado con dolor y luto

Ante las recientes tragedias, ¿cuáles son las medidas que ha tomado la DGT?

Olmedo: Nosotros hemos implementado operativos. Lamentablemente, se siguen dando estas situaciones. Hemos verificado un factor determinante en esto y es la poca experiencia que tienen algunos pilotos.

¿Cuáles son los factores de descontrol que hay sobre la prestación de este servicio?

Guerra: En primer lugar existe conflicto entre políticos y el tema del transporte. Vemos políticos que son transportistas y transportistas que son políticos, y desde ahí viene la descomposición, el porqué en instituciones como la Dirección General de Transporte (DGT) no pasa nada.

¿Esto incide en la efectividad de las sanciones?

Guerra: Por ejemplo, el reglamento al transporte extraurbano por carretera en donde un funcionario público del gobierno anterior se atrevió a perjudicar al pueblo, poniendo una nueva norma, incluyó que ahora los autobuses podían tener 25 años de antigüedad y no 10 como estaba antes.

¿Tiene la Procuraduría de Derechos Humanos una estimación de factores de riesgo que inciden en los accidentes?

Guerra: La imprudencia, conductores ebrios, exceso de velocidad por competir por pasaje, desperfectos mecánicos, arreglos mecánicos deficientes a las unidades, pilotos hablando por celular, jornadas laborales extenuantes…

¿Qué papel juega la corrupción como factor de riesgo?

Guerra: Hay tratos entre grupos de transportistas. No digo que todos, pero algunos acuerdan con los gobiernos de turno, previendo los acarreos electorales.

La poca capacidad de los pilotos es otro riesgo

Guerra: Hay transportistas que aducen o se justifican de mala forma, y argumentan que habrán tenido que contratar a pilotos con calidades menores debido al clima de violencia por las extorsiones.

¿Hay un descontrol en el tema tributario?

Guerra: Hay cálculos estimados, de acuerdo con la cantidad de demandas, que el transporte público está dejando de tributar Q600 millones al año, que van a la bolsa de los transportistas. La falta de facturación genera descontrol.

Olmedo: Estamos haciendo coordinaciones con la SAT. Hay una evasión para obligar a que entreguen una factura.

¿Se han contemplado programas de capacitación para pilotos?

Olmedo: Sí. Tenemos contemplada la capacitación por medio del Intecap.

¿Cómo pretenden bloquear la corrupción luego de aplicado el reglamento?

Olmedo: La corrupción es difícil de controlar; sin embargo, sí tenemos las medidas previstas.

¿Se puede decir que la impunidad es otro factor de riesgo en el transporte?

Guerra: Lamentablemente la impunidad y la corrupción terminan cobrando vidas. Eso se debe terminar pero solo pasa si se aplican las leyes.

Se aduce falta de supervisores de la DGT ¿puede la población colaborar con esa función?

Olmedo: Sí, de hecho en Semana Santa habilitamos un número de Whatsapp, por el cual nos enviaron denuncias con fotografías y videos, con base en las cuales se ha procedido a sancionar a pilotos y empresas.

Fue educado por su abuelo, Eliseo Morales, con quien aprendió nuevas técnicas de decoración en las que ya se utilizaba madera, papel maché, y papel molido; material que con el paso del tiempo cambió.

Don Eliseo siempre llevó de la mano al pequeño Isaac a varios talleres en la ciudad colonial donde realizaban este tipo de adornos; fue allí donde despertó su interés por este arte.  Isaac,  que ahora tiene 36 años, recuerda que junto a su abuelo participó en la decoración de andas procesionales de las iglesias, Jocotenango, Santa Catarina,  San Felipe de Jesús, San Bartolomé Becerra y Escuela de Cristo.

En el 2001, abrió su taller y desde entonces ha construido más de cien andas completas para diferentes hermandades. También trabaja piezas específicas para otras andas, como los adornos de rezados para la Virgen de Concepción de Ciudad Vieja, entre otros; su trabajo ha llegado a otros departamentos, como Quetzaltenango, Cobán, Escuintla, Guatemala y Belice.

Construcción

La mayoría de los diseños trabajados por Isaac cuando participa en convocatorias han sido respetados.  Luego de firmar un contrato comienza con la compra de materiales.  Los más utilizados son duroport, fibra de vidrio, aluminio, tubo cuadrado, pintura de laca, agua y de aceite.

Cada proyecto arranca con estructuras de aluminio tallas y molduras, proceso que les lleva alrededor de mes y medio.  La fibra de vidrio sirve para elaborar las manos, pies y rostros de las esculturas o para elaborar piezas como columnas o jarrones.

El duroport es resanado, sirve para darle textura lisa, tipo martelinado o troquelado, proceso que logra la simulación de madera, y piezas de oro.

La parte final, es la colocación de cada pieza en el anda, esto se hace con total cuidado para no dañar las piezas de duroport.

Finos detalles

Las flores naturales o artesanales no faltan en la Cuaresma y Semana Santa, estas últimas se elaboran con dos meses de anticipación. Las más utilizadas en los cortejos procesionales son las azucenas, bara de San José, lirios, rosas y orquídeas.
Valor de la alegoría

La elaboración de un anda procesional es calculada por metro cuadrado, diseño y materiales a utilizar,  los proyectos van desde Q40 mil a Q150 mil.

Alegorias de esta Cuaresma y Semana Santa:

• Jueves Santo:

Iglesia de San Francisco, Antigua Guatemala (tercer año)
Tema: Los discípulos de Emaús.
Título: “Te conocimos Señor al partir el pan”.

• Parroquia Nuestra Señora de Candelaria.

Tema: El padre nuestro.
Título: “perdónanos como nosotros perdonamos”.
 

• Viernes Santo

Iglesia, Escuela de Cristo.
Tema: La parábola del hijo pródigo.
Título: “Misericordia Señor, he pecado contra ti”.

• Cuarto Domingo de cuaresma

• Parroquia Santa Ana, Antigua Guatemala.

Tema: Las bienaventuranzas.
Título: “Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan”.
 

• Domingo de Ramos

• Iglesia de La Merced, Antigua Guatemala.

Tema: La caída del imperio romano
Título: “Y su reino no tendrá fin”.

Como cada año, cientos de personas acudieron para ver el “clásico teatral de la Semana Santa”, que en este 2016 cumplió 21 años de transmitir el mensaje de salvación.

Ante un lleno total, el reparto, formado por más de 70 actores y 30 bailarinas, cautivó a los expectadores.

Durante dos horas, los actores transmitieron el mensaje de Jesucristo, con el apoyo de 500 voluntarios que se encargaron del montaje, maquillaje y otros detalles.

Los efectos visuales y sonoros, y la escenografía, hicieron que los asistentes se trasladaran a Israel. Gracias a ello pudieron conmemorar los tiempos en que vivió Jesús.

Los protagonistas utilizaron trajes y accesorios especiales. Algunas escenas fueron ambientadas con rap y hip hop, lo cual le dio un toque diferente a la historia.

Última presentación

Pantallas gigantes, juegos de luces y zapatos fluorescentes usados por los actores también impactaron a los asistentes.

La primera presentación de este año se llevó a cabo el viernes por la noche; la segunda, anoche y la tercera será hoy, a las 19 horas.

La entrada para ver la obra La Vía Dolorosa no tiene costo y se presenta en el auditorio de la Mega Frater, ubicada en Ciudad San Cristóbal.

La obra se presentó por primera vez en marzo de 1994, como una inspiración del pastor Jorge H. López, quien sigue al frente del montaje.

Según los organizadores, la han visto más de 263 mil personas. El año pasado, 45 mil asistentes disfrutaron de las tres presentaciones.

El caso de esta familia es un ejemplo de la realidad que viven miles de guatemaltecos, pues son parte del 52.5 por ciento de la población que vive en pobreza y pobreza extrema, según datos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Por la falta de dinero los esposos racionan la comida a sus diez hijos, incluso, hay días que no tienen qué comer. Ellos vivien en una covacha construída con vigas de madera y forrada con láminas deterioradas y nailon, en un campo cercano a la colonia Prados de San José, Escuintla.

Para sostener a la familia Vicente Morales ya vendió su bicicleta, un azadón, la piocha y parte de la ropa de la familia para poder comprar alimentos.

La comida es una necesidad, sin embargo es no la prioridad para la familia Morales, pues necesitan cada semana Q42 para llevar a Vilma al Hospital General al tratamiento contra la leucemia, además de los medicamentos que le recetan.

“Cada día tenemos que ver qué vamos a comer, gracias a Dios hay gente que a veces nos regala víveres. Cuando no hay y se acaba el dinero tengo que mandar a mis hijos con unos familiares para que les den de comer”, explica Alicia García, madre de los niños.

“Mi esposo trabajó de mecánico en un taller, vendió sus herramientas para poder comprar medicinas para Vilma y darnos de comer”, agrega la madre.

Alicia y Vicente tienen dos sueños: tener dinero para darles de comer a sus hijos, y tener la noticia que la niña venció el cáncer.

“Mi esposo tiene miedo que el Gobierno nos quite a Vilma, por eso cada vez que se queda sin dinero procura vender algo para poder controlar su enfermedad”, dice con al voz cortada la madre.

Desnutridos

Tres de los niños están al resguardo de una asociación que se los llevó para alimentarlos y cuidar de ellos; los esposos esperan ver a sus hijos en mayo, según el acuerdo que efectuaron con la entidad humanitaria.

Una úlcera gástrica afecta a la pareja, y no es para menos, comen una vez al día en el mejor de los casos, otras veces pasan días sin probar alimentos.

Alicia también está enferma, sin embargo los esfuerzos se centran en Vilma y el tratamiento para la leucemia. Cada semana el padre sale con la menor hacia el Hospital San Juan de Dios para el tratamiento, aunque cada vez se hace más difícil conseguir los Q42 para el traslado.

“Un día quiero escuchar al médico que me diga: su hija está sana. Ese día quiero morir”, dice Vicente. 

Ayuda para la familia

La historia de la familia Morales García es solo una de las muchas similares en el país, sin embargo si usted desea ayudar comuníquese directamente con ellos al 5598-8127, o haga un donativo en la cuenta de ahorro 40-1133172-6 del Banco Agromercantil a nombre de Vicente Morales.

¿Consideran que se ha generado psicosis  luego del atentado en San José Pinula?

Guerra: Realmente hay un ambiente de miedo, de temor   dentro de los usuarios del transporte público; no solamente de los usuarios, de la población en general.

Ojalá no se cree psicosis. Hemos estado entrevistando a algunos usuarios en los autobuses o en las paradas. Ellos indican que sienten temor al ingresar en un autobús, y ahora más con ese tipo de situaciones conexas, podría decirse bromas de mal gusto, en que las consecuencias en la psicología de los guatemaltecos ha sido muy profunda.  

Velasco: Definitivamente todo acto terrorista por naturaleza lleva circunscrito generar un efecto multiplicador de terror. Para poder medir esos niveles de psicosis criminal que pudiera existir habría que hacer un censo bastante completo. Sin embargo también va a la par la reacción que pueda tener en política criminal el Estado al contrarrestar estos escenarios.

¿Se ha determinado si podría tratarse de un mismo grupo delictivo?

Velasco: Hasta el momento tenemos dos casos asociados. Por ejemplo, el de Amatitlán y el de la ruta 70, probablemente pueden tener alguna vinculación, según los entes de Inteligencia Civil e información policial. La investigación continúa, pero sí están inmersos en el tema de la extorsión.  

¿Han analizado si el sistema prepago detendría estos ataques?

Guerra: Hablando de una manera muy objetiva, aquí no hay que tener ningún tipo de pasión, ni de interés, ni  económico de ningún tipo. El sistema prepago puede ser un elemento que contribuya al control de cierto tipo de extorsiones, a transportistas, pilotos y ayudantes. La implementación de tecnología con el prepago no solo entraría ese tipo de consecuencia positiva, sino también se evitaría el cobro exagerado   de tarifas del pasaje.  
 

Pilotos de Mixco están de acuerdo con el sistema. ¿Qué falta para su implementación?

Guerra: En este caso, más que todo la voluntad de los transportistas y de pilotos para implementar estos equipos.
Yo creo que los sistemas tecnológicos ya están; eso lo pagó el pueblo de Guatemala con sus impuestos hace más de seis años y medio con el tema del prepago Transurbano.

¿Han determinado qué asesoría reciben quienes fabrican  bombas como la activada en San José Pinula?

Velasco: Lo que localizamos en el Centro Criminalístico fueron cinco elementos que nos orientan a saber que lo que allí se activó fue un dispositivo llamado de explosión improvisado.

Esto quiere decir que fue elaborado de forma artesanal. Sin embargo, la experiencia nos dice que se necesita, además de la construcción de ese artefacto, experiencia en su manipulación y sobre todo en su expansión de daño.

Toda hipótesis está abierta por el momento; no descartamos que el conocimiento pueda venir de cualquier agente que haya estado en un organismo de seguridad anteriormente, o por instrucción de terceros.

¿Ha incrementado la violencia en el transporte público?

Guerra: En 2014, 418 muertes; en 2015, 250; y este año llevamos 48. Se ve una disminución, producto de algunas acciones que tuvo el Estado el año pasado, pero que fueron insuficientes, y algunos dueños de buses prefirieron pagar extorsión por eso se ven números más bajos.

Debido a la protesta, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) cerró el acceso de buses a la Centrasur, lo cual provocó que cientos de personas no tengan transporte para dirigirse a Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Amatitlán y otros destinos.

El grupo de pilotos y ayudantes de los buses atacados rompieron botellas de vidrio sobre la vía para impedir el paso de vehículos.

En los accesos a la Centrasur quemaron llantas para exigir que las fuerzas de seguridad y el gobierno les ayuden para frenar el acoso de las pandillas, que les piden pagar extorsión.

Al grupo de pilotos se unieron vecinos, quienes exigen a la Municipalidad de Guatemala reestablecer el servicio de autobuses alimentadores, que dejaron de trabajar esta tarde, según indicaron los manifestantes.

Por seguridad

El vocero de la Municipalidad capitalina, Carlos Sandoval, dijo que desde este martes por la tarde se tomó la decisión de suspender el servicio de al menos 35 buses alimentadores que cubren las colonias, Villa Lobos 1 y 2, Castañas, El Bucaro y el Mezquital, debido a un ataque hacia una de esas unidades que se dio el fin de semana.

Sandoval, aseguró que este miércoles se reanudará el servicio, debido a que el ministerio de Gobernación ofreció seguridad de la Policía Nacional Civil.

Ataques contra buses

El 3 de marzo recién pasado, dos pasajeros de un bus alimentador del Transmetro murieron baleados en las cercanías de la Central de Mayoreo (Cenma), zona 12, informaron los Bomberos Municipales.

Negocios cerrados y caos en #Cenma por falta de autobuses de todas las rutas. Vía @GLopez_PL #traficogt pic.twitter.com/UX9L86yDW1

— Prensa Libre (@prensa_libre) March 9, 2016

Joshua Daniel Mancio Aquino murió en el autobús. Se supone que el ataque era contra él.

Al menos tres balas alcanzaron a Irma Yolanda Canil, de 15 años, quien fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Dos días después, una pasajera y el piloto fueron baleados mientras se transportaban dentro de un bus alimentador del Transmetro en la zona 12 de Villa Nueva.

Bremedyn Elizabeth Figueroa Aldana, de 38 años, y Marvin Armando García, de la misma edad, resultaron heridos en el ataque, indicaron las autoridades.

Desde los 12 años, Paniagua Ávila padece anorexia y bulimia. Recuerda que era una excelente estudiante de sexto primaria, y pesaba 140 libras.

La nutricionista Kcrysta Rossal opina que para una niña de esa edad, con una estatura de un metro con 50 centímetros, existe riesgo de obesidad; pero aclara que no se pueden establecer estándares de peso en adolescentes, porque están en  crecimiento.

Paniagua Ávila ahora tiene 20 años, y reconoce que comenzó a comer menos y a hacer ejercicio hasta que se obsesionó.
“Uno nunca está consciente, cuando empieza,  de lo que puede llegar a ser”, expresa.

Pesarse todos los días era su martirio, y meses después  vomitaba todo lo que comía.

La joven fue hospitalizada por primera vez a los 13 años, por una severa deshidratación. En ese momento le diagnosticaron anorexia.

Una obsesión

La visita a una nutricionista le causó más obsesión por comer sano. Aunque había llegado a su peso ideal, quería perder más libras.

Paniagua Ávila veía lejos la anorexia. “Yo nunca voy a estar así”, pensaba. Su fascinación por  ver  mujeres anoréxicas en internet y querer ser como ellas la llevó a vomitar hasta 60 veces al día, y a pesar de ello se mentalizaba de que no estaba tan mal como otras mujeres. La debilidad la llevó al punto de caerse cuando intentaba pararse.

Asegura que cuando se padece anorexia, al pasar frente al espejo, “te ves gorda”.

Agrega: “Sientes culpa después de comer, sientes miedo a engordar”.

Se pierde todo

Dejó los estudios y cayó en depresión, la relación con su familia se complicaba; ellos querían que comiera, por salud, pero ella solo quería adelgazar más.

“Pensaba que no tenía ningún sentido vivir. Mucho tiempo pasé pensando en suicidarme”, comenta.

Recuerda que a los 16 años sus padres la internaron en una clínica especializada en tratamientos alimenticios, en México.
Estar lejos de su familia, sin contacto por  cuatro meses, la hizo tocar fondo y querer recuperarse.

Durante tres años estuvo bien con un peso de cien libras, se graduó del colegio y comenzó la universidad, donde inició sus estudios de Psicología, pero hace un año su salud empeoró. El deseo más grande de Paniagua es escapar de la enfermedad, que describe como “una locura”, y poder ayudar a otras personas.

Actualmente pesa 90 libras y debe recibir un tratamiento intensivo en México, ya que en Guatemala no hay una clínica especializada en anorexia, pero su familia no cuenta con recursos suficientes.

El tratamiento cuesta US$6 mil 500 mensuales, y lo requiere por seis meses.

¿Cómo ayudar?

Alejandra Paniagua, hermana mayor de Karli, como cariñosamente le llama, creó una fundación para salvar la vida de su hermana y la de otras personas que padecen anorexia.  

Hasta el momento han recaudado el costo de un mes de terapia.

Si desea ser parte de su recuperación, puede contactarla en Facebook como Todos con Karli – Karli’s Recovery.

Además, aceptan donativos en la cuenta monetaria 014-1006121-2, del banco G&T Continental, a nombre de Karla Paniagua.

¿Qué es la anorexia?

No existe una cifra oficial que confirme la cantidad de casos. Hernán Ortiz, psiquiatra especialista en adicciones, indica que la anorexia es un trastorno alimenticio que consiste en la obsesión por perder peso y tener una imagen corporal distorsionada.

La persona anoréxica restringe su alimentación y la bulímica come con exageración y luego vomita. La combinación de ambas se llama bulimarexia.

Recomendaciones

• Expertos sugieren atender alertas de la enfermedad.
• Reconocer que se tiene un desorden alimenticio y buscar ayuda.
• Buscar a profesionales, como psicólogos, psiquiatras y nutricionistas.
• Cumplir al pie de la letra con el tratamiento que se le asigne.
• Se debe  trabajar no solo en la alimentación, sino también en un tratamiento psicoterapéutico.

Edy Cifuentes, consultor y especialista en poder local, aseguró en el programa Diálogo Libre que la prolongada incertidumbre afecta la credibilidad en el proceso de selección de los cargos, pese a que se somete a escrutinio la hoja de vida de los candidatos.

En todo caso, el experto considera que los esfuerzos de los gobernadores designados deberán centrarse en buscar mecanismos que fortalezcan e impulsen el desarrollo económico de sus comunidades.

¿Por qué este proceso de selección de gobernadores ha generado tanta expectativa?

Efectivamente, este ha sido un proceso sui géneris. La verdad es que causó mucha expectativa en la población y generó mucha confianza y credibilidad la convocatoria misma. De hecho, jamás en la historia, según los registros de las entidades públicas, se habían postulado tantas personas para el cargo de gobernador titular: esta vez fueron 343 personas, y de esas, 47 son mujeres.

Este proceso y en estos momentos habría que verlo en fases: primero, la convocatoria; lo otro fue el tiempo o el hermetismo causado cuando ya el presidente de la República anuncia y da fechas propuestas para anunciar a quiénes eran los elegidos.

En casos anteriores ¿ cuántas personas se habían postulado?

Tal vez la particularidad es la conformación de este gobierno. Para nada es un secreto la ausencia de algunos liderazgos locales de estructuras partidarias. En épocas anteriores era cosa juzgada que fueran los candidatos perdedores del partido de gobierno quienes habrían tenido ganada ya la posición de gobernadores. Como consecuencia, a lo sumo, eran dos o tres propuestas las que se hacían por departamento.

Si es seleccionado alguien afuera de la parte estatal, de la sociedad civil, ¿podría considerarse que es una elección “a dedo”?

Yo diría que sí. Pero difícilmente va a poder impugnarse. La verdad es que el presidente de la República salva su responsabilidad al momento que somete al escrutinio de entidades como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas, la hoja de vida de los candidatos, pero tampoco es una garantía.

Ya hay antecedentes que se dieron con la ministra de Comunicaciones —Sherry Ordóñez— y en ese sentido sí causa un poco de duda en cuanto a que efectivamente se tenga esa voluntad de respetar las propuestas, en este caso, del Consejo de Desarrollo, a través de las oenegés.

¿Se podría decir que FCN-Nación está en desventaja en comparación con otros partidos como Líder, PP y UNE?

Efectivamente, así es. En el listado que se publica vemos a personas y exfuncionarios pertenecientes a esos partidos políticos. Entonces sí creo que está en franca desventaja el partido de gobierno.

¿Transparenta el proceso el hecho de que el presidente sometió a escrutinio las hojas de vida de los candidatos?

Pues yo creo que fue una acción audaz del presidente de la República para salvar esa responsabilidad, pero yo, sin el ánimo realmente de afectar su posición, diría que fueron otros actores, otros protagonistas, quienes realmente están incidiendo en la elección de estos funcionarios.

Según la Ley, ¿cuáles son las funciones principales de un gobernador departamental?

Esencialmente, representar al presidente de la República en los departamentos, darle seguimiento y ejecutar de forma coordinada las políticas de gobierno, los planes y programas. El gobernador debe ser agente de cambio. Pero sí difiere un poquito en los departamentos del país. Yo creo que más ocupa el tiempo el trabajo que generan los consejos Departamentales de Desarrollo.

¿Por qué es bastante codiciado el puesto?

En estas circunstancias y en estos tiempos, quien se haya postulado pensando que con ser gobernador se iba a sacar la lotería a través de esquilmar los fondos públicos se equivocó de camino. El recurso que maneja el Codede, naturalmente para algunos, no para todos, sigue siendo un atractivo.

Pero creo que más que legitimar el cargo de gobernador, como pretenden algunos que sea a través del voto, yo diría que hay que honrarlos a través de mecanismos más severos de control en el manejo del dinero.

¿Cómo podría ejercerse este mayor control financiero a nivel de gobernaciones?

El reglamento plantea que para la apertura de cuentas es válida la firma del gobernador departamental y la del director administrativo financiero, y es ahí donde puede generarse un malsano interés. Entonces deberían detenerse ahí las autoridades, para tratar de fiscalizar de mejor manera este proceso. Pero, insisto, habría que poner énfasis en el manejo del recurso, para tener la certeza de que realmente lleguen a las obras para las cuales fueron solicitadas y programadas.

¿Los gobernadores podrían influenciar en las contrataciones de obras que pudieran beneficiar a cierta empresas?

Sí, la historia está llena de ejemplos. Afortunadamente no son todos, pero sí existe esa perversión    y esa posibilidad de que así pueda darse. No nos explicamos; la gente, el pueblo no se explica cómo hay obras abandonadas por más de mil millones de quetzales, pero es por esa irresponsabilidad en el manejo de ejecución en los Codedes.

Para analizar el tema ha sido invitado al programa Diálogo Libre, Eddy Cifuentes, consultor y especialista en poder local. El programa se transmite por PrensaLibre.com a partir de las 15:30 horas.

El pasado lunes por la noche el Organismo Ejecutivo publicó tres cartas dirigidas a la Contraloría General de Cuentas, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y a la Fiscal General, Thelma Aldana, instancias a las que hizo solicitudes distintas para verificar información de los aspirantes. 
 
Entre las principales atribuciones de los gobernadores departamentales, de acuerdo con la ley del Organismo Ejecutivo, es representar en su departamento, por delegación expresa, al presidente de la República.
 
Hasta el momento se desconoce cuando el mandatario guatemalteco hará el nombramiento oficial de los representantes departamentales.
 
 

La emoción por participar en el tradicional recorrido de las antorchas de Independencia, invadía a Juan.
 
“Todo era diversión”, recuerda de aquel domingo 14 de septiembre de 1997, cuando junto a su familia y amigos viajaron a Santiago Atitlán, Sololá, a traer la antorcha.

Cuando regresaban del viaje, en un lugar muy cercano a San Lucas Sacatepéquez, se encontraron con tráfico en la ruta. Un camión y unos carros bloqueaban la carretera. Todos imaginaron que se trataba de un accidente.

Cuando detuvieron la marcha, se percataron que un grupo de hombres armados con pasamontañas asaltaba en el lugar.

“Cuando empezaron los tiros, me asusté”, en ese momento el miedo paralizó a Juan, quien comenzó a correr entre los carros, y en su intentó de huir, una bala penetró su espalda.

“Tuve una sensación de agua fría por la espalda; luego caí”, afirma. Recuerda que uno de los delincuentes intentó dispararle de nuevo, pero él le suplicó que no lo matara. 

 
UN NUEVO GOLPE
 
A tres días del incidente recuperó la memoria, y fue cuando le dieron la noticia que tendría que vivir por el resto de su vida en una silla de ruedas.

A cuatro meses de lo ocurrido, nuevamente Juan tocaba fondo. Su mamá perdió una batalla contra una enfermedad que la aquejaba.  

Gracias a una amiga encontró ayuda y empezó su proceso de recuperación.

“Mi abuelito me decía: Si ya empezaste a escalar la montaña y estás en lo más difícil, ten cuidado con ver atrás. Cuando vayas llegando al cráter del volcán, allí puedes ver atrás, antes no”, destaca.

En la actualidad, Juan es encargado del departamento de producción de una fábrica de sillas de ruedas en Fundación Transiciones, en Antigua Guatemala.

Con una gran sonrisa, asegura que trabajar en esa fundación le cambió la vida. “Pasé momentos muy difíciles, pero le doy gracias a Dios que nunca se me pasó por la mente quitarme la vida”, subraya.

Los cambios están entrampados en el Congreso, y serán retomados el martes próximo. Sin embargo, los invitados concuerdan en que el hecho de que ya se hayan aprobado los artículos “más importantes” de esa ley todavía no es garantía, pues la bancada oficialista ha impulsado modificaciones polémicas, como la autorización de juez para que el MP solicite información.

¿Cuál es la relevancia de haber planteado reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Véliz: Creo que tiene varias áreas de importancia. La primera es la estabilidad del Fiscal General cuando hay cambio de gobierno, porque históricamente en el Ministerio Público se ha dado que cuando hay un cambio de gobierno central hay destitución del Fiscal.

En este momento, a los 22 años que va a cumplir institucionalmente el MP, la Fiscal General debiera ser la número seis, y es la 10; eso nos da la idea de cómo la institución ha sido dañada por la subjetividad del presidente de turno al remover. A la par de eso, de no dotarle del poder absoluto al Fiscal General, está el tema de la remoción, pero con criterios objetivos que no había. También está la garantía a los trabajadores para un proceso disciplinario bajo normas, principios y procedimientos establecidos con la finalidad de que el trabajador sepa qué actitudes corresponden a determinada falta que hoy no las tenemos, y cuál es el procedimiento, sus derechos y cómo va a llegar a una sanción.

¿Hay ciertos artículos de estos cambios que quedan un tanto ambiguos?

Castillo: Lo que hemos visto en las últimas tres legislaturas es que los políticos siempre dejan una válvula de escape o una puerta trasera por la cual darle vuelta a la ley, o no reconocerla, o no respetarla, o inclusive trastocarla.

Hemos identificado que es sumamente importante que el MP ha venido ganando independencia desde las últimas administraciones, pero no se debe olvidar que el mismo Congreso no nombraba a su representante ante el Consejo del MP entre el 2010 y el 2014: mantuvieron a la institución  congelada.

¿Qué lectura se le puede dar a FCN-Nación y su alianza con otros partidos de oponerse a algunos artículos?

Castillo: La bancada de FCN-Nación está pasando por un momento complicado. Hemos identificado qué hacía el partido oficialista con todo este movimiento de transfuguismo. Han estado llegando personajes vinculados con estructuras históricas en el país que corren el riesgo de continuar siendo señalados precisamente por las vinculaciones con la estructura y la jerarquía de la institución militar, que hay un caso en particular que es el que está generando mucha controversia, y es Creompaz.

Han emigrado a FCN-Nación también algunos de esos diputados que tienen señalamientos complejos y que podrían en algún momento quedar al descubierto en una posible investigación futura.

Esto me parece que aglutina fuerzas y busca aún dejarle al presidente la discrecionalidad de remover al Fiscal General.

¿Cuál es la expectativa de la agilización de sanciones de fiscales que se encuentren involucrados en un delito?

Véliz: Se crea un ente que se llama Junta de Disciplina, integrada por seis fiscales y como un elemento de transparencia dentro de la misma institución que investiga. Como un tema de transparencia se hace una convocatoria y va a haber un concurso por oposición, y luego de eso los fiscales que apliquen van a integrar la Junta de Disciplina, para que objetivamente puedan investigar a todo el personal de fiscales.

¿Qué inconvenientes podría generar el que exista una orden de juez para solicitar información?

Castillo: Estamos en una etapa en la que los hechos criminales tienden a dejar huella en diferentes instancias; entonces, el cambio de información es fundamental.

En este momento, con el desarrollo tecnológico, con los métodos especiales de investigación, es importante establecer relaciones interinstitucionales para fundamentar los procesos. Detener eso es detener el flujo de información que puede  respaldar las investigaciones.

En ese caso consideramos que es algo negativo, porque esto estaría haciendo lentos los procesos judiciales y de investigación.

Véliz: Nosotros analizamos el artículo que existe actualmente y el que ya aprobaron. Al analizarlo, los párrafos que se incluyeron realmente no tienen una afectación, ni abuso de poder por parte de los fiscales. Sin embargo, la parte que se pretende aumentar afectaría al MP. Requerir de una autorización de juez para obtener información paralizaría al MP

¿Cómo afectaría el nombramiento del próximo Fiscal General si se mantiene el mecanismo de las postuladoras como hasta ahora?

Castillo: Si no se logra una reforma al mecanismo de nombramientos, vamos a tener una mayor vigilancia y acompañamiento a la siguiente comisión de postulación para ver no solamente su integración.

Aunque ha habido un excelente cambio en cuanto a los señalamientos que hubo en su momento respecto de la fiscal general Thelma Aldana, y que lo ha dejado muy en claro y que ha rebasado con creces la expectativa que se tenía, nada nos garantiza que en el futuro podamos tener fiscales que no sean idóneos para el cargo o que puedan llegar a acciones que ameriten separarlos del cargo. Se debe aclarar y cumplir el mecanismo de postulación.

Para abordar el tema están invitados al programa Diálogo Libre, el analista Christians Castillo; y Mayra Véliz, secretaria general del Ministerio Público.  A partir de las 15:30 horas. 

Hasta ahora han sido aprobados 35 artículos de 63 que contiene la iniciativa.  Entre ellos se impuso la autorización de un juez para requerir infomación, se eliminó el Consejo del MP y en su lugar se le otorgan a la figura de fiscal general varias funciones que tenía este cuerpo colegiado. El fiscal general podrá ser removido sólo si comete un delito doloso, a lo cual recibiría sentencia condenatoria y se decreta auto de prisión.  En caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva se establecieron mecanismo para sustituir al fiscal general.  También fue eliminada la figura de antejuicio para los fiscales de distrito y de sección.
 
Durante la discusión de las reformas a esta ley  se evidenció que FCN-Nación  tiene soporte de congresistas  de los partidos Libertad Democrática Renovada, LIDER, Unión del Cambio Nacional (UCN) y de Alianza ciudadana (AC). 
 
Esta discusión será retomada el martes 23 de febrero. 

El 14 de enero del 2014, Girón, quien tenía entonces 25 años, recibió una descarga de 13 mil 800 voltios que le causó quemaduras de tercer y cuarto grado, y como consecuencia sus manos tuvieron que ser amputadas.

Recuerda que ese día  se encontraba en Quetzaltenango, finalizando el proyecto de demolición y reconstrucción de viviendas para las personas afectadas por el terremoto de noviembre de 2012.

A punto de morir

Él  movía una talanquera que representaba peligro para las personas que allí se encontraban, pero esta se quebró y cayó sobre cables de alta tensión, que lo lanzaron inmediatamente al suelo, inconsciente. Fue trasladado vía aérea al Centro Médico Militar, en donde paso ocho días en coma. Le amputaron las manos.

En cuatro meses de recuperación, Girón aprendió a escribir, dibujar, hacer los quehaceres de su casa, comer y hasta conducir su vehículo; indicó que su fe, familia y amigos le dieron la fuerza para continuar.

Diez meses después  se casó con su novia de tres años y fruto de ese amor nació su pequeña hija, Briana Yarely.   
“Yo no sabía qué era ser padre y ahora que lo soy, tengo alguien que va seguir mis pasos; entonces yo nunca espero rendirme”.

Los sueños de Girón van más allá de superar una discapacidad, pues  “los límites están en la mente”.    Con la sonrisa que lo caracteriza aseguró que  su trabajo es lo que más le gusta,  y seguirá al frente del pelotón porque servir a la población es su mayor satisfacción.

Girón  es parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que construye casas para afectados de El Cambray 2.

Para abordar el tema fueron invitados Juan Manuel Medina, vicepresidente de la Alianza Evangélica; María Luisa Méndez, presidenta de la Asociación Paz Joven Guatemala; y Pablo Ortega, delegado de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

¿Cuál es la importancia de que el Congreso apruebe la Ley de Juventud?

Méndez: Hay mucha desinformación en el ambiente, hay temas que no se abordan en la iniciativa de ley que es importante aclarar. Somos mayoría de población joven en el país y actualmente no existe un marco jurídico de reconocimiento como sujetos del Derecho. Creemos importante que este marco va a garantizar el tema de los derechos específicos de este sector. La ley se caracteriza precisamente porque es sectorial, en ningún momento es una ley temática, tal y como se ha dado en el ambiente. No solo es el tema de derechos sexuales, aborda muchos más temas y va en función del desarrollo.

¿Cuál es la postura de la Alianza Evangélica?

Medina: La Alianza no se opone a que el Gobierno regule y mejore las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de la juventud. Nos oponemos, sí, a que la dignidad del ser humano sea denigrada mediante actitudes y leyes que vengan a causar una deformación.

De por sí la población guatemalteca sufre ya una terrible deformación social. Necesitamos encauzar a esa sociedad, encauzar a los jóvenes, pero no con leyes que los deformen, sino con leyes que de manera sustanciosa eleven la calidad del ser humano.

¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica respecto de las enmiendas?

Ortega: La Conferencia Episcopal actúa cuando se conocen en tercera lectura enmiendas que no se habían conocido durante ocho años, porque antes que eso sencillamente no estaba pasando nada.

La Iglesia Católica acciona y saca el comunicado donde claramente se opone a dos enmiendas que dañan la dignidad de las personas, que dañan a los jóvenes porque sencillamente los están viendo como incapaces de poder dominarse, de poder tomar control de sus decisiones; y por otro lado, la ley solo habla de derechos, pero no de obligaciones para los jóvenes, cuando ellos tienen que aprender a tomar responsabilidades.

¿Contraviene la integridad o la moral la enmienda al artículo 11?

Méndez: Efectivamente hubo dos artículos, por así decirlo, controversiales. Uno fue el tema de los métodos, que no aparece como una enmienda aprobada. El otro artículo va en la línea de la prevención y la información. Como organizaciones estamos preocupadas por la realidad nacional; en ningún momento estamos imponiendo, sino que estamos dando los elementos para que los jóvenes tomen la mejor decisión.

¿Cómo atender la problemática de cifras alarmantes de niñas y adolescentes embarazadas?

Medina: En primer lugar, hay que entender que las cifras son alarmantes, pero no son atinentes a la juventud en sí. Está considerado que la mayoría de embarazos en adolescentes no es causado por adolescentes. Hay violación, hay padres irresponsables violadores de sus hijas, casi siempre hay parientes involucrados. Entonces, si hablamos de educar, no dejemos de pensar necesariamente en eso. A la juventud no hay que darle libertad de medios anticonceptivos solo por el hecho de que hay mucho embarazo en adolescentes. Hay que analizar claramente que la ley debe regular otros aspectos de la vida cotidiana de ese adolescente. Por ejemplo, la protección hacia el menor, castigar de manera más fuerte a aquellos que la infringen; es decir, si vamos por el castigo y la prevención, estaríamos bien.

Como Iglesia Católica, ¿creen que se debe abordar la educación social y castigar a quienes violenten los derechos de los jóvenes?

Ortega: El enfoque de que el Estado sea el que provea la educación contraviene completamente la Constitución de la República en el artículo 73, en donde los padres tienen la potestad de escoger la mejor educación para ellos; entonces la educación es en la familia. Entonces , lo que yo quiero enseñar a mis hijos en el tema de educación sexual es una educación en el amor, en la que ellos puedan entregarse a su pareja completamente en cuerpo y en alma, no una cosa pasajera, genital, en la que, por promovido anticonceptivos, vayan a utilizar a mis hijos o hijas.

¿Es el camino correcto dotar de fondos a una institución estatal dedicada a la juventud?

Méndez: Para nadie es un secreto que el Conjuve actualmente tiene siete millones —de quetzales— para ejecutar, y el 80% se va a gastos administrativos, por lo tanto tenemos pocos recursos destinados para los jóvenes. Actualmente de cada Q100 se destinan Q2.73 en los jóvenes y eso no significa desarrollo; y hablamos de derechos, no de moral. Y si creemos en el tema de los valores, uno de ellos es la libertad. Creemos necesario que la secretaría daría estos elementos para que el Estado garantice toda la gama de derechos.

Medina: En Guatemala hay una no adecuada distribución de los recursos en todas las áreas, hay que analizarlos, hacer cambios radicales. No extraña que la juventud tenga problemas. Dárselo a una institución no creo que sea lo adecuado.

Ortega: Los jóvenes son muy importantes para la Iglesia, como parte de la familia, de la sociedad. Asignar recursos a una secretaría específica para la juventud con estos temas definitivamente no es prioridad para el país.

¿Cómo calificaría la situación del zika en Guatemala y cuántos casos hay registrados?

García: Nosotros, como Ministerio, venimos haciendo la vigilancia desde el año pasado. De hecho empezamos a hacer los protocolos desde junio, los distribuimos para que todos pudieran estar alertas.  Nosotros, al momento, ya llevamos 105 casos confirmados de 200   sospechosos, de los cuales 68 son de 2015.
Esto es importante. Vamos a pensar que por cada paciente que sale positivo confirmado podríamos tener tres pacientes más que no hayan llegado o que pueden ser asintomáticos. Entonces podríamos estar hablando de un promedio de entre 800 a mil casos sospechosos  en Guatemala, hablando solo del área de atención estatal.  

¿Cómo ha sido el monitoreo del zika en el IGSS?

Ortiz: De momento estamos evaluando la notificación de casos sospechosos, no confirmados. No tenemos una confirmación por parte del Ministerio todavía. De la misma manera, nosotros, a través de las consultas externas, nos alimentamos de la notificación que hacen los médicos.

¿En qué consiste el zika?

Ortiz: Pertenece a la familia de los flavivirus, que abarca varios padecimientos: la fiebre amarilla, el dengue, el zika y el chikungunya, virus que tienen sus particularidades sobre su severidad. De los tres que más prevalecen en Guatemala, el más peligroso sigue siendo el dengue. Le seguirá en severidad el chikungunya, y el zika que es menos severo pero menos estudiado todavía.

¿Cada una de estas enfermedades es causada por un virus distinto?

García: Así es, para cada una de estas enfermedades el virus es diferente, pero  el vector que lo transmite es el mismo: el mosquito, por lo que el combate se concentra éste insecto.

 ¿Por qué no se logra erradicar el zancudo transmisor?

Ortiz: Los programas de control del vector no han sido constantes en toda la región. Si nosotros tenemos un control vectorial muy pobre que no logra tener la cobertura durante todo el año, el vector regresa.

Se dijo en algún momento que las regiones costeras eran las más afectadas ¿A qué se atribuye la extensión de la enfermedad a otras áreas?

García: El clima templado húmedo de Guatemala es bastante favorable, sobre todo con el cambio climático que ha elevado la temperatura.

• El mosquito Aedes Aegypty es el responsable de la trasmisión, el mismo vector del #Dengue y #Chikungunya pic.twitter.com/3QOXkpuJp4

— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) November 24, 2015

¿Cómo distinguir los padecimientos de la enfermedad del Zika de los de dengue y chikungunya?

Ortiz: Clínicamente va a ser difícil diferenciar entre las tres. El único diagnóstico certero se hace por laboratorio. En lo que sí podemos hacer énfasis es en los síntomas agudos, que son bastante notables. El dengue, por lo regular, da un dolor retroorbital (alrededor de los ojos), cefalea, fiebre alta arriba de 39  y puede producir disminución de las plaquetas, por lo que  eventualmente se torna hemorrágico. En el chikungunya lo más característico es el dolor articular: tobillos, rodillas;  pero no se acompaña de conjuntivitis seca. En cambio en el zika sí la hay. Sobre los efectos en embarazadas aún se monitorea la relación y se recomienda tomar precauciones.  

¿Se puede curar el zika?

Ortiz: De momento el tratamiento es médico, no hay vacuna. Solo para el dengue se está desarrollando una vacuna que está en su fase tres. Para el chikungunya se suele administrar analgésicos.  

¿Qué tan real es el riesgo del zika para las mujeres embarazadas?

García: Lo que sucede es que esta enfermedad ha estado en diferentes países, y en Brasil es donde se ha documentado esa asociación entre madres que les ha dado la enfermedad y niños que han nacido con microcefalia. Sin embargo, llama un poco la atención  que en otros países  que han tenido el zika antes no hay documentación. Entonces, al momento, solo es una asociación pero no tenemos comprobado que realmente esto suceda. De todos modos, la advertencia de la Organización Mundial de la Salud nos obliga a estar alerta, pues en epidemiología no hace falta un estudio concluyente para actuar preventivamente.  
Ortiz: Años atrás se ha documentado también un brote de nacimientos con problemas de zika asociados a microcefalia, pero no se ha establecido una asociación directa.   

¿Cómo asegurarse de prevenir el zika?

Ortiz: El vector, es decir el mosquito, debe ser erradicado: aplicarse repelentes, eliminar criaderos y fumigación son medidas necesarias. No todo mosquito es portador, pero en áreas donde hay casos reportados se debe redoblar el esfuerzo.  

Antecedentes

El virus se transmite a través de mosquitos del género ‘Aedes’ en zonas tropicales de África, Asia y América. Suele pasar desapercibida y, cuando hay síntomas, son leves y se resuelven sin secuelas.

Los síntomas de la infección del Zika incluyen fiebre, dolores de cabeza, erupciones cutáneas, dolor muscular y articular y conjuntivitis, síntomas que duran entre dos y siete días.

La prevención se basa en la reducción de la cría de mosquitos mediante la eliminación y modificación de los lugares de cría, así como evitando el contacto entre los mosquitos y las personas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus se extenderá en todo el continente, a excepción de regiones poco pobladas y alejadas de Canadá y Chile.

Los mayores temores de las oficinas de salud pública en el continente apuntan a los vínculos que puede tener el virus con malformaciones congénitas y el síndrome Guillain-Barré, que produce parálisis y es potencialmente letal.

El Salvador y Colombia alertaron a las mujeres a evitar los embarazos hasta por dos o tres años a causa del riesgo de malformaciones congénitas, algo sobre lo cual Guatemala no se ha pronunciado ni ha dictado recomendaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=Ixhct_JLn1U

Para conocer detalles de este tema nos acompañaran los médicos especialistas Judith García, y  José Fernando Ortíz, epidemiólogo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en nuestras emisión de Diálogo Libre, este viernes 29 de enero a las 15:30 horas.

Este virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, específicamente en los bosques de Zika. Se descubrió en un mono Rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en esa selva.

La Organización Mundial de la Salud  (OMS),  asegura que este virus se “expande de manera explosiva” en Latinoamérica, que ya afecta a 23 de los 55 países y territorios de las Américas.
 
En Guatemala el primer caso confirmado de zika fue el 24 de noviembre del 2015, en un joven de 21 años originario de Zacapa.  Hasta el 22 de enero de este año,  el Ministerio de Salud Pública reportó 68 personas contagiadas con ese virus, entre ellas una mujer en estado de gestación.
 
Entre los peligros para el feto figura la microcefalia; esto quiere decir que el recién nacido podría nacer con un cráneo anormalmente pequeño.

La sospecha de un posible vínculo entre el zika y la microcefalia surgió tras observarse en Brasil un aumento dramático de los casos de esta enfermedad congénita.  Científicos brasileños confirmaron que el zika se contagia de madre a hijo a través de la placenta, pero aún no han podido comprobar ese extremo.  La OMS emitió una alerta epidemiológica contra el virus del zika por su posible relación con la microcefalia en recién nacidos y otras enfermedades congénitas. 
 
Mientras tanto, países como Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica y Brasil han aconsejado a las mujeres que eviten quedarse embarazadas, aunque la advertencia oficial es protegerse del mosquito. 

Los analistas Jorge Gabriel Jiménez, del comité ejecutivo de Congreso Transparente, y José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), ven con optimismo los primeros días de la nueva legislatura. Consideran que se abre la puerta para discutir leyes como la Orgánica del Legislativo, Electoral y de Partidos Políticos y la de Servicio Civil.

Este es el resumen de lo conversado durante el programa Diálogo Libre.

• ¿Cómo analizan la presidencia de Mario Taracena y la nómina de salarios?

Jiménez: Nadie se imaginaba que Mario Taracena iba a ser electo presidente del Congreso, especialmente porque es una persona que polariza allí mismo. Sin embargo, es un diputado que sin duda alguna tiene la experiencia necesaria para ser presidente. Se conoce a lo interno cuáles son todas las formas de corrupción, y sí veo positivos sus primeros pasos al dar a conocer la nómina de salarios, lo cual es básicamente cumplir con la ley.

Sanabria: Evidentemente es una acción positiva, aunque no es suficiente, porque creo que debe acompañarse de otras. Pensamos que el objetivo en este caso es tener un Congreso más abierto, más transparente y eficiente. Esto, en alguna medida, lo que busca es poner sobre la mesa la discusión de lo que se ha visto un poco; es decir, esto era un secreto a voces que se tenía en función de tener claro cuáles son los procedimientos y los criterios que se utilizan para la contratación de empleados.

• ¿Fue una sorpresa o ya lo esperaban?

Jiménez: Sí nos pareció una sorpresa, en especial porque nosotros venimos peleando por años ese tipo de información. Durante los últimos dos años hemos solicitado mediante la Ley de Acceso a la Información Pública esta información específica. De hecho, en una ocasión, tanto la Junta Directiva como el Sindicato de Trabajadores del Congreso se negaron a que la información nos fuera dada. Entonces, sí nos sorprendió que Mario Taracena lo hiciera, y aplaudimos su acción, pero reconocemos que hace falta por hacer.

• ¿Cómo manejar esta información en medio de un país tan polarizado?

Jiménez: Esta información es pública, no solamente aquí, sino que en muchas partes del mundo. No necesariamente tienen que revelar los nombres de las personas que están ganando esa cantidad, pero sí, por ejemplo, el puesto que tienen.

Nos saltará a la vista si un salario es desproporcionado respecto de los demás que hay en el Estado, como el de los conserjes o de las secretarias que ganan muchísimo más que un médico con una especialización, como un cardiólogo en el Ministerio de Salud.

• ¿Hay suspicacia en cuanto a qué podría haber detrás de dar a conocer las plazas?

Sanabria: Indudablemente hay una discusión de forma, y creo que otro mecanismo o en otro momento hubiera sido bastante difícil; es decir, si el presidente del Congreso hubiera dejado un tiempo prudencial y se hubieran acomodado de alguna forma las fuerzas políticas hubiera sido muy difícil.

Mario Taracena asume la presidencia, y en su discurso manda algunos mensajes y algunos lineamientos que uno podría empezar a prever por dónde iba la situación.

• ¿Cómo ven al Congreso con el partido oficialista fuera de la directiva y de las comisiones?

Jiménez: Es una muestra de la inexperiencia que tienen los diputados de FCN dentro del Congreso de lograr el diálogo y de lograr las comisiones más importantes, como la de Finanzas que tanto querían, porque es tan importante para la aprobación de préstamos o del próximo presupuesto.

Esperemos que se dé ese balance de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo cual no se daba en los últimos años.

Sanabria: En este caso es importante si lo comparamos con los primeros años de los últimos gobiernos.

Es el primer gobierno de la historia democrática que no tiene un partido en el Congreso con un papel importante.

No estar en la Junta Directiva y no presidir comisiones lo único que refleja es inexperiencia, pero por otro lado falta de capacidad para articular una estrategia política para posicionarse dentro de la dinámica legislativa.

• ¿Cómo se perfila en los próximos días la búsqueda de acuerdos?

Jiménez: El que no exista ninguna bancada mayoritaria lo que genera es que los partidos tienen que llegar a consensos con más partidos o bancadas para aprobar una ley.

Sanabria: Esto responde, en alguna medida, a los resultados electorales a nivel presidencial. Evidencia que los partidos políticos giran alrededor de figuras protagonistas, y en este caso la derrota electoral de Manuel Baldizón hace que el partido Líder deje de tener un capital político electoral para muchos de los diputados y el proyecto político deja de tener sentido. El desafío en congresos fragmentados y multipartidarios como el que tenemos, principalmente, es establecer agendas y acuerdos, y hasta el momento creo que la habilidad política que ha tenido no solo Taracena sino la UNE es ir construyendo sobre la marcha temas fundamentales y temas de agenda.

• ¿De quién va a ser la agenda?

Sanabria: Ese papel lo debería tener un partido de oposición. La UNE por sí sola no va a poder desarrollar una agenda legislativa, y va a necesitar el apoyo de otras bancadas.

Jiménez: El Congreso se tiene que trazar una agenda de las reformas importantes que quedaron planteadas y que quedaron pendientes el año pasado.

Esta situación generó rápidamente indignación a cientos de usuarios en las redes sociales, pues el listado reveló que en ese organismo un encargado de archivo gana Q35 mil,  secretarias con un sueldo de Q30 mil y conserjes Q25 mil, entre otros, manifestando así una notoria desigualdad y falta de clasificación de los puestos y especialidades.  
 

La orden de sacar a la luz esta información fue del recién electo presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, quien afirmó que hacer público este listado era una acción en apego y cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.
  
Luego de la revelación de la lista de empleados y sueldos que perciben los trabajadores del Congreso y surgieron exigencias de reformas a la Ley Orgánica de ese organismo y la renegociación del pacto colectivo. 

En medio de críticas por la abultada nómina, el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor) y las autoridades de ese organismo reconocieron que hay exceso de empleados y pidieron cambios. 

Ayer jueves la Junta Directiva del Congreso decidió congelar las plazas 011 y cualquier incremento salarial, también se decidió prevenir contrataciones de familiares de diputados y trabajadores del Congreso.

El primer secretario de este organismo afirmó que por el momento solo será contratado el personal que establece la ley, es decir, 474 personas en el renglón 029, de las cuales corresponden tres por cada uno de los 158 parlamentarios.

Para abordar este tema fueron invitados este viernes al programa Diálogo Libre, José Carlos Zanabria, analista de Asíes; y Jorge Gabriel Jiménez del Comité Técnico de Congreso Transparente, el cual se transmite a las 15:30 horas. 

La directora del plantel María Cecilia de Castillo, señala que los maestros dan sus clases de matemáticas y ciencias naturales por medio de estos aparatos, desde hace año y medio. El aula virtual cuenta con 30 tablets como parte de una donación, y asegura que con el uso de ellas los niños han tenido un desarrollo en compresión y rendimiento. 

Evelin Ortíz, directora de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, señala que la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tics), en el Currículo Nacional Base, se ofrecen posibilidades didácticas y pedagógicas de gran alcance para los estudiantes; reconoce que falta mucho por hacer, pues esta herramienta solo llega a un determinado sector, por la falta de acceso a internet y computadoras. Una tarea pendiente para las autoridades educativas. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el efecto de las Tics en el aprendizaje de los estudiantes, no se encuentra asociado únicamente a disponibilidad de computadoras, tablets u otro tipo de dispositivos. Para que estas tengan efecto se debe tomar en consideración el tipo de uso, frecuencia y lugar de uso de estos aparatos.

Falta una formación adecuada de docentes para una adaptación de estos aparatos en las aulas. Y lo más importante es que los programas educativos sean complementarios y no sustitutos de los educadores, señala Lucía Verdugo de la Unesco.
 

Con la resolución provisional de la CC, se deja en suspenso la autorización del Ejecutivo que pretendía otorgar un salario mínimo de Q1 mil 954.95 al mes para trabajadores de industria ligera de Masagua, Escuintla; Estanzuela, Zacapa; San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso.

El Ejecutivo autorizó este monto el 31 de diciembre pasado, con el argumento de transformar a esas localidades en polos de desarrollo para la industria de manufactura.
Las reacciones de entidades internacionales, académicos y movimientos sindicales, fue en rechazo a la medida que fue calificada de desigual y violatoria de Derechos Humanos.

Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, calificó la propuesta de “una medida regresiva”, que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores.

En tanto Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, enfatizó: “Me sorprende la insistencia en aprobar los salarios diferenciados. Nos oponemos porque no genera desarrollo el abaratar la mano de obra”.

El presidente Maldonado dijo que lo dispuesto por la CC es la última palabra, pero se debe esperar una resolución definitiva.  Afirmó que primará el criterio de las nuevas autoridades del Gobierno, ya que la Corte da un período de 15 días para presentar pruebas, y él ya no estará al mando, mientras que la acción es contra el Ejecutivo.

Para hablar del tema fueron invitados este 08 de enero al programa Diálogo Libre Adolfo Lacs Palomo, dirigente sindical y secretario general de Fesebs, y Julio Girón, alcalde de Estanzuela, Zacapa, a partir de las 15:30 horas. 

Aunque todo parece estar listo, hay niños y adolescentes del albergue que han perdido el interés en asistir. Tal es el caso de Diego Sen, quien perdió a su papá, dos hermanos, sus tíos y sus cuatro abuelos.

Bryan Ramírez, de 11 años, recuerda a sus amigos que murieron en el derrumbe, reconoce que no es buen estudiante, pero su meta es ser perito contador.

En respuesta a la emergencia suscitada el jueves 1 de octubre, en El Cambray 2, el Ministerio de Desarrollo Social ofreció entregar subsidios a las familias afectadas, sin embargo a la fecha no ha sido efectivo, según informó Luisiño Sánchez,  director de comunicación social de la municipalidad de Santa Catarina Pinula. 

La familia Ramírez Vásquez no ha tenido buena fortuna en los últimos años, sin embargo, tratan de conservar el amor y la unión entre ellos.

Benjamín Salvador Ramírez y Angelina Vásquez viven en una casa de lámina y madera junto a sus hijos Melissa, 16, y Marcos, 10, en Anexo a Lomas, Villa Lobos 2.

Ana Lisette Padilla Quiñónez de Vettorazzi, de 39 años, conoció de la historia de la familia y quiso llevarles un momento de alegría.

A sus amigos en las redes sociales pidió ropa, juguetes y víveres. Ella preparó una cena especial de Navidad.

Sorpresa

El humilde hogar se llenó de alegría.

Una oración, gestos de cariño, risas y hasta lágrimas de agradecimiento fueron la recompensa por este acto de bondad.

“Un error grande es no hacer algo por alguien por pensar que es muy  poco. Guatemala está llena de gente buena, pero a veces la maldad hace más ruido. Todos  a nuestro alrededor tienen batallas, por eso tenemos que ser amables. Una buena acción es un multiplicador de felicidad”, reflexiona De Vettorazzi.

Cervantes tiene 61 años y es jubilado. A diario viaja de San Miguel Petapa hacia el Centro Histórico capitalino para llevar a su esposa al trabajo.

En el trayecto observa las paradas de buses a tope. Las camionetas con personas  colgadas hasta en las ventanas, imprudencia de pilotos y el desorden en el transporte.

¿Qué pasa si quienes tenemos automóvil cedemos uno o dos asientos a personas que lo necesitan?, se preguntó.

Día de jalón

Cervantes suele detenerse en las paradas de buses y ofrecer jalón.

Su familia cree que hacer esto es una locura, pero  Cervantes opina que el estrés diario sería menor si  entre los guatemaltecos se dan la mano. “Los buses irían menos atascados, ayudaríamos a madres con sus hijos, personas mayores, a quienes llevan prisa y  los conductores viajaríamos menos tiempo solos”, explica.

Dorcas Elizabeth Mejía Simón, tiene 33 años y es madre soltera. Para sobrevivir y mantener a sus dos hijos vende papas fritas y bananos en el mercado de Chimaltenango.

Se levanta a las 4 de la mañana. Prepara su pequeño puesto y a las 7 horas comienza la venta. Termina a las 19 horas, todos los días del año.

“Mejía Simón ejemplifica a la mujer trabajadora y luchadora”, explicó William Ávila, de 41 años, quien junto a su familia le llevaron un momento de alegría a la mujer y sus hijos.

La vendedora descansó sus manos quemadas por el vapor del aceite y fue la familia Ávila quien se hizo cargo del pequeño negocio.

Josué, de 9 años y Gerson, 7, jugaron con los hijos de la familia Ávila y ayudaron a embellecer la carreta.

“Una acción de bondad nos puede dar lecciones importantes. A los adultos, nos enseña a agradecer y compartir; a los niños, aprender valores para ser mejores personas”, dice Ávila.  

Shaky y Bety, dos hermanas de 8 y 13 años que venden dulces en las calles de la zona 10, visitaron por primera vez al Irtra Mundo Petapa.

Quizá para muchas personas, esta no sea una gran novedad; sin embargo para estas niñas fue “el mejor día de sus vidas”, según explica  Paulina Villela, la autora de esta acción de bondad.

Villela, de 38 años, suele recorrer las calles de la zona 10 y conoció a estas hermanas que venden golosinas, al igual que su madre.

“Al principio, con miedo y desconfianza, la mamá dio permiso para que me acompañaran al parque. No es común que alguien haga algo de manera desinteresada”, dice Villela.

Compartir a diario

Villela disfruta de hacer voluntariado. También hace trabajo social con niños de la calle y en esta ocasión, rompió un poco su rutina para regalarle alegría a Shaky y Bety.

“Ver sus rostros encendidos con una sonrisa paga cualquier cosa”, finaliza.

Yeymi Elizabeth Pérez Gómez, de 27 años, regaló frazadas a las madres del hospital San Juan de Dios.
Esta acción de bondad fue inspiración de su hija, Vanessa Pérez, de 6.

Hace un tiempo escuchó que en un hospital público las madres sacaban a sus recién nacidos envueltos en papel periódico.

Vanessa preguntó: “mamá, ¿por qué ellos no tienen ropa”. Eso la conmovió y pensó en la fortuna que tuvo en tener todo lo que necesitaba cuando nació su hija.

La idea 

Pérez Gómez reunió las  frazadas y su hija la ayudó a doblar, separar y prepararlas para visitar a un grupo de mujeres que serían dadas de alta en la Maternidad del hospital San Juan de Dios.

Lección

“Una de las mejores formas de enseñar a nuestros hijos a agradecer las bendiciones de la vida, es compartir con los demás”, explica esta joven que además de las frazadas dijo palabras de apoyo y solidaridad a las madres. 

Vera Abril Colaj  Morales considera que el mundo cabe en la mirada de un niño, y, lo que un adulto tiene que hacer, es ayudar a descubrirlo.

Esta estudiante de Trabajo Social de 23 años llevó a un niño de escasos recursos a “ver un mundo distinto” del que está acostumbrado.

Cristian Josué  Urias Pineda, de 10 años, visitó el Museo del Niño y su horizonte cambió.

Cristian  estudia y trabaja. Tiene siete hermanos. A su corta edad, ayuda a su hermana mayor en el campo y contribuye así con la economía de su hogar.

Antes de ir al Museo del Niño, Vera le preguntó sobre qué le gustaría ser de grande: agricultor, dijo.

Un día distinto

Cristian aprendió cómo trabajan los médicos, cómo funciona la electricidad, cómo se forman las burbujas, el funcionamiento de los músculos y los huesos, sobre los volcanes y los terremotos, etcétera.

Aprendió, se divirtió  y quedó dentro de él la inquietud de aspirar por una vida mejor para él y su familia.

Quezada tiene 37 años y quiso que un niño viviera esa ilusión de compartir un domingo en un estadio de futbol. “Quería que alguien pudiera conocer estos recintos, donde amigos, familiares admiran el deporte, más allá de pintarse los colores de algún equipo”.

Quezada conoció a Elmer, de 12 años, quién había quedado huérfano pues su madre murió hace un año. Sabía que Elmer gustaba del futbol, pero no había tenido la oportunidad de visitar el estadio Mateo Flores.

Elmer aceptó la invitación de Milton Quezada de acompañarlo al estadio y ver, casualmente, un clásico en la liga nacional. Elmer solo puso como condición de que su mejor amigo, Álex, de 8 años, lo acompañara.

“Uno suele condenar al futbol, por la mala administración que ha tenido en Guatemala. Sin embargo, la esencia del deporte, lo sano y divertido, no se la transmitimos a las otras generaciones”, dice Quezada.

Elmer y Álex, no solo descubrieron con admiración cómo es un día en el estadio, también tuvieron la oportunidad de saludar a los jugadores de su equipo favorito. Incluyendo a Juan Carlos “el Pin” Plata.

“Son pequeñas cosas que hacen feliz a alguien. Y, cuando se es niño o adolescente, todavía hay cosas que son transparentes. Aún hay inocencia. Yo descubrí aquella mañana de hace 30 años lo que es compartir un día alegre con mi papá, y ese mágico momento es el que quería que estos niños lo vivieran. La vida no es como se vive sino como la recuerda para contarla”, asegura.

De lo contrario, amenazan con un paro inminente, según expresó el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Víctor Hugo Figueroa, en el programa Diálogo Libre.

Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público, también estaba invitado al programa, pero no asistió.

Como asociación, ¿cuál es su opinión respecto del subsidio y la posibilidad de un alza al pasaje?

El transporte urbano ha venido con problemas de toda la vida; primero porque no se toman las medidas correctivas apegadas a la realidad, dos porque se politiza el servicio, y tres porque el Estado no ha cumplido con ciertas cuestiones que debe cumplir.

El país económicamente no está bien… nosotros prestamos un servicio de orden público y necesitamos la atención que merecemos como prestadoras de este servicio, tal como lo garantiza la Constitución.

Pero este último año ha sido el de mayor crisis en el transporte, porque a la fecha el Gobierno solo ha erogado el subsidio correspondiente a enero.

Hemos estado en diálogo con la Municipalidad de Guatemala desde hace muchos meses viendo la posibilidad de que haya un reajuste tarifario.

¿Hicieron ustedes una solicitud al Congreso de ampliar el subsidio de Q35 millones?

De todos es conocida la problemática del país de mayo a la fecha. Entonces se dieron los problemas con el Ejecutivo y entró el nuevo gobierno. Nosotros le hemos pedido varias audiencias al señor presidente —Alejandro Maldonado—, pero hasta la fecha no hemos podido hablar con él.

En el Transurbano se trabaja a través de una tarjeta electrónica; pero en el caso de los buses que no usan este sistema, ¿es por falta de coordinación?

Si quisiéramos controlar esta situación y pusiéramos los equipos de prepago a estas unidades, lo podemos hacer, pero el servicio de rojas con sistema de prepago a Q1.10 duraría tres días, porque allí estaríamos cobrando el Q1.10 que dice la ley, pero los ingresos no rebasarían los Q600 —de la operación diaria—. Son Q400 de diésel y Q200 de pago a pilotos, sin poner las prestaciones laborales.

La Municipalidad afirmó que no habrá un incremento a la tarifa…

Nosotros lamentamos mucho esa actitud de la Municipalidad de no querer afrontar la verdadera situación del transporte. Ellos probablemente no tienen necesidad de ajustar sus tarifas, pero si vamos a hacerles cuentas, ellos están operando con números rojos, a pesar de que en estos dos últimos años el Gobierno les ha otorgado Q150 millones al año. Eso les permite operar sin necesidad de tener un reajuste.

¿Van a dejar de operar si no tienen eco sus peticiones?

Derivado de esta situación se pusieron las mantas para que el pueblo se entere, para que el alcalde Álvaro Arzú reaccione y nos permita dialogar. Nosotros no estamos diciendo que quiten el subsidio, que lo den, pero directamente al usuario o que lo maneje cualquier otra instancia.

No podemos operar con Q35 millones, el Transurbano es muestra de un esfuerzo que se ha hecho por parte de los transportistas. Estos buses son negocios netamente privados; el Gobierno no ha invertido ni un solo centavo en estos buses.

¿Por qué seguir en un negocio que les ha representado pérdidas?

Nosotros, de hecho, desde junio para esta fecha tenemos más de mil unidades fuera; nuestra flota era de tres mil 150 unidades, hoy no hay más de dos mil circulando en las calles, o sea la gente se está retirando porque ya no tiene medios como seguir.

El mes pasado los mil 300 transportistas que conforman dicha asociación acordaron renunciar al subsidio de Q35 millones que el Gobierno le entrega cada mes y buscarían una reunión con la Municipalidad capitalina para analizar un aumento a la tarifa del transporte. Sin embargo, el portavoz de la comuna, Carlos Sandoval, respondió que el Concejo no accederá al alza.

También explicó que por haber incumplido con la implementación de buses nuevos en 109 rutas,  a 40 les fueron retirados los derechos de circulación.  

Para abordar este tema nos acompañaran en la emisión de Dialógo Libre, este miércoles a partir de las 15:30horas; Édgar Guerra, Defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y Sergio Vásquez, vocero de Transurbano.  

La procuradora adjunta de los Derechos Humanos, Gilda Morales; Verónica Simán, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, (Unfpa, en inglés); y Christian Skoog, del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), expusieron sus puntos de vista sobre este tema en el programa Diálogo Libre, de Prensalibre.com.

¿Qué importancia tienen para Guatemala y para el futuro del país estas reformas?

Morales: El cambio que tiene para el país es el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas. Evitar que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad en cuanto a asumir responsabilidades de amas de casa y en la preparación que se tiene desde el punto de vista de género de existir exclusivamente para el matrimonio. Esto repercute en la economía de las niñas, en el cumplimiento de un plan de vida, en el derecho de disfrutar de las diferentes etapas de su vida.

Simán: Nosotros coincidimos: creemos que la clave aquí es que las niñas puedan ejercer sus derechos humanos. El derecho a la educación, a la salud, es vital. Aunque consideramos que el cambio no es suficiente porque tiene que ir acompañado de otras acciones, es necesario para que no se estén dando situaciones como las que estamos viendo, incluso menores de 14 años que están teniendo bebés, y los matrimonios forzados.

¿Qué acciones consideran que deben acompañar a las reformas al Código Civil?

Skoog: Lo que necesitamos ahora es una sensibilización a toda la población sobre los cambios, y sobre todo a los jueces y juezas para restringir las excepciones —en la Ley— a los casos realmente válidos. La Ley no especifica detalles sobre qué excepciones son válidas y es importante detallar eso, para que no sea discrecional a los jueces.

¿Qué parámetros deberían existir para que un juez pueda determinar una excepción?

Skoog: Creo que dos criterios mínimos deberían ser escuchar la voz y la opinión de la niña o el niño, pero normalmente hablamos de las niñas.

Ellos tienen derecho de ser escuchados y opinar sobre lo que afecta su vida. El otro es el principio del interés superior del niño o la niña, y no el interés del adulto que quiere casarse con esta niña.

¿Hacia dónde deben encaminarse los esfuerzos por parte del Estado?

Skoog: Son varias instituciones que tienen un rol por jugar y no quiero priorizar una. En general, vemos un Estado muy débil, con poco financiamiento, pero no significa que no puede actuar. Yo creo que si hablamos del Mineduc, por ejemplo, es sumamente importante; hay una política que es buena, pero no está implementada en cuanto a la educación sexual y reproductiva, y esto debe ser en todas las escuelas privadas como públicas. Dentro de la familia y la comunidad hay que hablar de estos temas para empoderar a las niñas, para que sigan con sus sueños y oportunidades.

¿Cuál debe ser el reto en las familias de diversas culturas que tienen como costumbre matrimonios en menores?

Morales: Indudablemente los cambios estructurales son muy difíciles. No podemos decir que porque ha sido una costumbre no se puede cambiar, se puede cambiar y tenemos obligación quienes somos defensoras y defensores de derechos humanos de incidir para que esto cambie.

Simán: Las costumbres nunca están sobre los Derechos Humanos. El que venga un ministro o una ministra de Educación con ciertas creencias religiosas no es justificación para que no se imparta una educación integral de la sexualidad.

¿Cómo romper estereotipos de usar anticonceptivos, de ser más coqueta o de la violencia intrafamiliar?

Skoog: Todas las mujeres tienen el derecho de decidir cuántos niños y cuándo quieren tenerlos. No podemos aceptar que los padres decidan por las niñas, y si usan anticonceptivos es su derecho y deben tener la información sobre eso. Tenemos que romper con ello —estereotipos— por medio de campañas a todos niveles.

Simán: A través de la educación puede hacerse a nivel formal e informal.

Morales: Toda la información, sensibilización y divulgación también tiene que tomar en cuenta la pertinencia cultural. Deben divulgarse no solo el contenido de la Ley, sino también de los derechos en su propio idioma.

La alarmante cifra de embarazos en menores de edad, aumentó la tasa de mortalidad materna infantil, y con ello la vulnerabilidad al contagio de enfermedades de transmisión sexual, dice un informe de la red de Observatorios en Salud Reproductiva.

Sectores a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia solicitaron al Congreso aprobar una ley para elevar la edad legal del matrimonio a los 18 años, la cual fue avalada por los parlamentarios el jueves 5 de noviembre.

También aumentó de 16 a 18 años la edad para los varones.

En Guatemala más de 80 mil matrimonios de niñas y adolescentes menores de 18 años se llevaron a cabo del año 2009 al 2013.

De enero a septiembre de este año se reportan cuatro mil 700 embarazos en niñas entre de 10 y 14 años, y 76 mil en adolescentes entre 15 y 19 años.

Para abordar este tema nos acompañaran en la emisión de Dialógo Libre, este miércoles a partir de las 15:30horas; Verónica Simán, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Chistian Skoog, del Fondo  de las Naciones unidas para la Infancia (Unicef), y Gilda Morales de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). 

Los menores de edad encuentran fascinante que un suceso así este pasando en su colonia, porqué lo ven importante para comentar con sus amigos, vecinos o en la escuela.  

El presenciar diversos escenarios de estos motivan el cambio de comportamiento de los pequeños y como consecuencia caen en las garras de las pandillas, pues su capacidad de raciocinio desaparece. 

Sin embargo, la experta señala que no todo esta perdido, un pequeño porcentaje de estos niños tienen resiliencia y en lugar de involucrarse en un ambiente noscivo, se pueden convertir en agentes de la justicia

Según el Informe de la Situación de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el país es la nación centroamericana que menos invierte en su niñez y adolescencia. Mientras Honduras, Costa Rica y Nicaragua destinan más del 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la infancia, el Estado de Guatemala invierte únicamente el 3.1 por ciento.

Juan Pablo Romero, fundador de la Asociación Los Patojos, que apoya a jóvenes de escasos recursos, asegura que el sistema educativo aún no responde a las necesidades de quienes cuentan con oportunidades para estudiar, pues en otros casos, la falta de oportunidades y la necesidad de trabajar les tiene vedado este derecho.

Según el Informe Nacional del Desarrollo Humano 2011-2012, Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la juventud?, refirió que en aquel momento había 800 mil jóvenes de 13 a 18 años, fuera del sistema educativo: la mayoría mujeres.

Además, la Unicef identificó un vínculo entre el alto número de deserción escolar entre los 12 y 14 años y la inseguridad en los países de Centroamérica.

En el IDH 2013-2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, los jóvenes constituyen el grupo más afectado por la criminalidad y la violencia, como hechores o víctimas.

En el 2013, 504 de las víctimas de homicidios con arma de fuego fueron menores, y de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil, en los primeros seis meses del 2014 fueron detenidos un mil 254 menores por delitos, 27 de ellos por lesiones con arma de fuego y 23 por homicidio con arma de fuego.

“Desde el punto de vista estructural, la falta de acceso a la educación, a la salud, a vivienda decente y espacios para la recreación también orilla a que muchos jóvenes sean captados por el crimen organizado e incurran en delitos”, expuso Zoel Franco, del Programa de Adolescentes en Conflicto con la Ley, del Instituto de Estudios Comparados, quien considera que la anunciada Política Nacional para la Prevención del Delito y la Violencia aún no se implementa a cabalidad, lo cual prolonga las causas del problema.

El 02 de abril de 2013, Juan de Dios Rodríguez asumió la presidencia de la Junta Directiva de la entidad, en sustitución de Luis Alberto Reyes Mayén, luego que este último se viera involucrado en un escándalo sexual con una empleada.

Luego de una investigación  de la Cicig y el Ministerio Público, el 20 de mayo 2015 fueron capturadas 17 personas, entre ellas, Juan de Dios Rodríguez; implicados en un contrato anómalo a favor de la farmacéutica Pisa. 

El último caso de corrupción en esa entidad salió a la luz pública el 27 de octubre, en donde fueron capturadas 11 personas vinculados a la red denominada ¨Negociantes de Salud¨,  dirigida por el exsecretario de la Presidencia de Álvaro Colom, Gustavo Alejos, y proveedores de medicinas, quienes junto a funcionarios y particulares se dedicaban a la compra irregular de medicamentos en el Seguro Social.   Alejos, se encuentra prófugo de la justicia. 

Historia 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue fundado el 30 de octubre de 1946, durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, con el fin de garantizar el derecho a la atención médica de los trabajadores del país, mediante el aporte de éstos, los patronos y el Estado. 

Por medio del artículo 63 de la Constitución de la República de 1985  se estableció que el seguro social era obligatorio. 

Actualmente el número de afiliados superan el 1,2 millones de personas, y entre los servicios que presta están: Protección Materno Infantil, programa de accidentes laborales,  el programa de invalidez, vejez y sobreviviencia, entre otros.

Lo anterior fue externado por Enrique Maldonado, economista y encargado de gestión pública del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Rolando del Cid Pinillos, exministro de Finanzas, durante el Diálogo Libre realizado ayer por PrensaLibre.com

¿Está a tiempo el Congreso para hacer una reestructuración en el proyecto del presupuesto a 25 días de vencer el plazo?

Del Cid: Desde la perspectiva de la experiencia que yo tuve de la transición que hubo del gobierno del Partido de la UNE al del Patriota si es factible. El nuevo gobierno con su equipo de transición debería estar trabajando desde ya con los técnicos de Finanzas cuáles deberían ser las perspectivas de transformación de un presupuesto que le permita dar respuesta a sus planes.

¿Considera que la discusión del presupuesto obedece más a lineamientos políticos que técnicos?

Maldonado: El presupuesto es un instrumento técnico, no debería de ser un instrumento político, por ejemplo: la Secretaría General de Planificación identifica cuáles son los proyectos que deben financiarse en el listado geográfico de obras, que no deben ser modificados por el Congreso y si lo hicieran esas reuniones deberían de ser de acceso público a toda la ciudadanía para poder conocer los criterios bajo los cuáles los diputados cambiaran este listado, que es uno de los rubros muy importantes que integra el proyecto de presupuesto.

Es ilógico que el presidente electo se haya comprometido a luchar contra la desnutrición cuándo el pide que el techo presupuestario se reduzca, eso le va impedir cumplir con sus metas de gobierno.

¿Por qué Icefi no se incluyó en la Comisión de Finanzas pese a ser invitados?

Maldonado: Cuándo recibimos la invitación, aceptamos bajo cinco condiciones, la primera de ellas es que todos los diputados señalados con caso de antejuicio se retiraran de la comisión y que esta fuera reconformada según lo manda la Ley del Organismo Legislativo.

Hay un tema muy importante y es el hecho de que no se trata de parchar el presupuesto con pequeñas soluciones. Pero debe haber una agenda de política fiscal para el país a largo plazo.

En ese sentido es muy importante traer a colación el tema de que el país en este momento no esta para más privilegios fiscales cómo los que presentó el Ministerio de Economía, cuando este jamás en toda su historia ha evaluado el impacto de esas prebendas: ni siquiera saben cuántos empleos genera cada una de las empresas que están adscritas a las zonas francas y registradas bajo el régimen de maquila.

¿Qué resultados se podrían tener a corto plazo de las reuniones de transición?

Del Cid: Considero de que si se reorienta el esquema de estrategia de transición es factible llegar a buenos entendidos y es factible llegar a establecer un presupuesto balanceado.

Todos están muy enfocados en la conformación del presupuesto, pero en Guatemala el gran problema es la caja del Estado, el tema del flujo, es un problema bastante serio. La carga tributaria lejos de ir avanzando en función de lo que se ha previsto en la consolidación fiscal que la Junta Monetaria establece en cada uno de sus dictámenes, incluyendo en el de la aprobación de la emisión de bonos para el presupuesto 2016 es que hay que consolidar fiscalmente el país.

¿Qué tan difícil es manejar un presupuesto con varias normas presupuestarias?

Del Cid: El presupuesto debe ser una herramienta flexible porque por eso es un presupuesto, es un supuesto previo a lo que va suceder: son proyecciones, son acciones.

En el presupuesto que a mí me tocó negociar en 2011, fue donde se utilizaron las primeras acciones de control, yo le llamo de control y no candados, en donde se estableció certificados con medida presupuestaria, resultados de disponibilidad financiera en donde no se permitían trasladar de los ministerios importantes en materia social recursos a otros, sino al contrario lo que se buscaba era ordenar el gasto en un período que estaba finalizando.

¿Qué mensaje da Jimmy Morales con el hecho de proponer una rebaja en el presupuesto a Q69 mil millones?

Maldonado: Creo que al presidente electo habría que recordarle que ya el presupuesto con un techo de Q72 mil millones sería el más pequeño de la historia reciente del país —con relación al PIB— Guatemala ha tenido un gasto público cercano al 14.5% y se está llevando al 12.9%.

Debería de revisar quiénes son sus asesores, porque Q65 millones se le reducen a la mortalidad materna, 61 al programa de VIH-sida, 91 millones a la infraestructura en salud, es absurdo decir de que voy a tener un presupuesto más pequeño y alcanzar mis metas.

¿En conclusión cuál es el panorama del presupuesto?

Del Cid: Lo que esperaría es que el Congreso que fue elegido por la ciudadanía responda positivamente a esas demandas.

Maldonado: Nosotros consideramos que la presión ciudadana debe dirigirse al Congreso por una sencilla razón: si el proyecto de presupuesto es aprobado es imperativo que el Congreso tiene que aprobar la Ley de Compras y Contrataciones tal cual fue entregada al pleno.

En tanto, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre y los integrantes de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) solicitaron al Congreso aprobar el plan de gastos sugerido por el ejecutivo para no poner en aprietos financieros a las nuevas autoridades. 

Como establece la ley, el 30 de noviembre es la fecha límite que tiene el Congreso para aprobar el proyecto,  de no ser así cobraría vigencia el  plan de gasto actual por Q70 mil 600 millones.

Sobre este tema expertos opinarán en el programa Diálogo Libre a través de prensalibre.com este miércoles a las 15:30 horas. 
 

Balsells hizo un análisis sobre los recientes hechos de corrupción develados en el Seguro Social.

¿Es el IGSS una entidad propicia para cometer actos de corrupción?

Los casos detectados hasta hoy tienen tanta trascendencia en términos de políticas públicas que no debiéramos solo de pensar en el tema IGSS, sino cómo están los diversos sistemas de la administración pública.

Creo que esto aún no ha sido encarado por la Junta Directiva, pues hay cuadros medios y directores de hospitales hasta donde ha llegado esto.

No me explico por qué el Ejecutivo no ha tomado cartas en el asunto. Pareciera que estuviéramos en un mar de corrupción, y no se atacan problemas de fondo.

¿Qué es lo que hace débil al Seguro Social para permitir que estas cosas ocurran?

A veces la autonomía de ciertas instituciones se usa de acuerdo a intereses.

Sumemos municipalidades, IGSS, SAT, que son órganos autónomos que tienen una serie de cordones umbilicales, porque los más altos responsables son quienes nombran a estas autoridades.

Estamos luchando para actuar contra los sistemas que permiten maniobras y manipulaciones de la política pública… puros intereses privados.

¿Será necesaria una nueva intervención al Seguro Social?

No. Lo que es importante es que la Junta Directiva empiece a reconformarse. De las 28 personas que se indican que están en juicios, seis son directos de la institución. La Junta Directiva está actuando a media agua.

No creo que sea necesaria una intervención porque ahora hay una plena conciencia ciudadana, hay también una serie de elementos que permiten la rendición de cuentas y ejecución de controles, e iniciativas en términos de los partidos políticos.

Recordemos que quien anda prófugo —al referirse a Gustavo Alejos—, al que yo llamaría el Capo de Todos los Capos.

El IGSS debería tener un esquema de servicio civil con mucha disciplina y mucha sanción.

¿Debería haber una acción para evitar que el Ejecutivo siga nombrando estos puestos?

No soy de la creencia de mayores autonomías.

En términos de la reforma del Estado, lo que yo digo es que el Ejecutivo debe tener una injerencia bien importante, porque dicen los Acuerdos de Paz que el IGSS es parte del sistema de salud.

No entiendo cómo la Junta Directiva del Seguro Social tiene un esquema de “necedad”.

No hay que confundir autonomía con privatización. La gente que tiene intereses con farmacéuticas    o bancos no debería estar ahí metida.

La corrupción afecta a la población, ¿cómo se puede cambiar eso?

Para eso es que se pagan buenos sueldos a los gerentes.

El IGSS es una entidad que tiene un presupuesto de    Q15 mil millones anualmente, y tiene un conjunto de inversión de Q25 mil millones. Lo que se necesita es una adecuada gerencia.

Mire cuántas escuelas de gerencia hay en Guatemala y en Centroamérica. Ser gerente de un hospital como el Juan José Arévalo, en la zona 6, requiere técnica, no solo ser un buen médico o un buen oncólogo, sino que tiene que estudiar y profesionalizarse.

Hay que fortalecer las gerencias y gerencias medias, eso diría cualquier experto en consultoría organizacional.

Tiene que basarse en un presupuesto por resultados, que es lo que se está trabajando mucho. Son los mismos requisitos que se ponen a las empresas privadas. Los mismos hospitales privados están renovando constantemente sus servicios, y esto no solo es una cuestión hospitalaria.

Acá otro tema es el de pensiones, y tiene que haber un adecuado esquema administrativo.

Después del amparo otorgado para que tome posesión en la Junta Directiva, ¿cuáles serían las primeras acciones?

El amparo provisional tiene un efecto inmediato. Me tienen que dar posesión les guste o no a dos o tres por ahí.

En una democracia a lo que debemos estar acostumbrados es a la “argumentación”, y por eso es muy sabia la Ley Orgánica del IGSS de poner a gente del Cacif, la Usac, sindicatos y todos los sectores para discutir. No es cuestión de caer bien o caer mal.

La idea es llegar con una cultura de toma de decisiones, apoyo a la gerencia moderna y cultura de propuestas.

Yo no soy tanto del ánimo de fiscalización o auditoría, porque no pertenezco a esa escuela.

Inicialmente haré un diagnóstico y luego haré consultas con los mejores profesionales, como el doctor —Rafael— Espada o —José— Barnoya, y así consolidaré el observatorio del Seguro Social.

Una serie de señalamientos contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social empezó a surgir el 17 diciembre de 2014,  luego que saliera a la luz el contrato millonario firmado con la droguería Pisa.

En octubre de ese año, el subgerente del IGSS, Álvaro Dubón, suscribió el contrato con esta farmacéutica para que proveyera tratamiento de diálisis peritonial para enfermos renales.

Luego de una investigación  de la Cicig y el Ministerio Público, el 20 de mayo 2015 fueron capturadas 17 personas, entre ellas, Juan de Dios Rodríguez, presidente del IGSS y exsecretario privado del entonces presidente Otto Pérez Molina; implicados en el contrato anómalo a favor de la empresa Pisa, que hasta el momento ha dejado 37 pacientes muertos.

El segundo caso de corrupción en esa entidad salió a la luz pública el martes último. Fueron capturadas 11 personas vinculados a la red denominada ¨Negociantes de Salud¨,  dirigida por el exsecretario de la Presidencia de Álvaro Colom, Gustavo Alejos, y proveedores de medicinas, quienes junto a funcionarios y particulares ajustaban compras en el IGSS según sus intereses económicos.

Alejos, quien es buscado por la justicia,  fue declarado hoy en rebeldía al no presentarse ante el Juzgado Sexto Penal, que conoce el caso.

Esta semana Morales del partido FCN-Nación presentó al equipo de trabajo que dirigirá el proceso de transición con el Gobierno de Maldonado Aguirre. 

Según analistas el próximo gobierno enfrentará en el tema de seguridad un Sistema Penitenciario colapsado y una Policía Nacional Civil desordenada.   En el lado económico el área fiscal carece de recursos, en el tema político baja legitimidad y poca participación en el Congreso.   

Confiamos que nuestras acciones sean acertadas. Todo por cumplir con los guatemaltecos que demostraron solidaridad. ¡Que Dios nos inspire!

— Alejandro Maldonado (@amaldonadopdte) October 15, 2015

Maldonado Aguirre anunció que la comisión que se encargará de la transición estará encabezada por el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria e integrada por los ministros de Finanzas, Dorval Carias; Gobernación, Eunice Mendizábal;  Desarrollo Social, Norma Quixtán y Ambiente, Andreas Lehnhoff Temme. 

Todo el proceso será coordinado por la Secretaría General de Planificación, dirigida por Ekaterina Parrilla. 

Los ex vicepresidentes, Eduardo Stein y Rafael Espada, serían los consejeros de la transición.

En El cambray 2 se tejen decenas de historias de héroes anónimos. 

En el caso de integrantes de cuerpos de socorro como Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales o Cruz Roja. Algunos tuvieron que pedir permiso en el lugar de trabajo para acudir a las tareas de rescate.

Sería imposible mencionar a cientos de personas particulares que desinteresadamente acudieron al lugar de la tragedia para dar desde palabras de consuelo, ayudar a trasladar pertenencias de los afectados, distribuir alimentos o bien, cavar con alguna herramienta en el árido terreno.

Los familiares de las víctimas llegaron a la improvisada morgue para que les entreguen los cadáveres. Sus rostros mostraban desconsuelo y tristeza. Algunos fueron consolados por vecinos, otros que no sabían nada de sus familiares llegaban para ver si entre los muertos esta su padre o su hermano.

Una mujer con los ojos hinchados, presa de la desolación, solo dijo que sus padres viven en El Cambray 2. “Vengo a llevarme a mis papás”, la mujer al ver que los bomberos sacan un cadáver tuvo una crisis nerviosa, fue auxiliada por paramédicos.

Ana María Escobar dijo que varios de sus familiares están desaparecidos: “Los llamé al celular, nadie me responde”. Al pasar la cinta de seguridad que el Ejército colocó para dividir el área de peligro, Escobar gritó el nombre de sus familiares: “Ellos ahí están, por favor sáquenlos”, dijo.

“Mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada”, relató confundida, mientras recordó que son un total de 21 familiares de los que no tiene noticias: “Nadie ha aparecido”.

Dos de los sobrevivientes, Félix Torres, de 48 años, y a su hijo Félix Alexander, 12, fueron rescatados por bomberos y trasladados a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. El hombre, golpeado por las rocas y el concreto de su casa, dijo que escuchó un gran golpe, las luces de la casa se apagaron y de pronto su casa quedó  aplastada.

Un hospital que carece de lo básico como algodón, gasas, guantes y que ha llegado al punto de reciclar jeringas, obligó a médicos a entrar en paro permanente. 

Se trata del Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa, que atiende a un aproximado de 800 personas diariamente,  entre consulta externa, emergencia y demás especialidades. 

Una de las afectadas con esta situación es Florinda García, quién había cumplido con el tiempo estipulado para su recuperación de fractura en una pierna,  y deberá esperar un mes más para que el yeso en su extremidad sea retirado. 

Otro ejemplo es el de Fernando Sánchez, un bebé de siete meses que padece de ano imperforado – ausencia de una abertura anal normal- y debido a la falta de bolsas de colostomía drenable su progenitora utiliza paños en remplazo de las mismas. 

La mayoría de entrevistados dijeron ser de escasos recursos y que aparte de no ser atendidos, el viaje hasta el lugar les representaba entre Q15 y Q50 de pasaje. 

Situación insostenible

El cuerpo médico del hospital expuso que el paro de labores corresponde a la situación insostenible en que se encuentra el nosocomio por la falta de 68 insumos que son vitales para atender a diario la demanda.

Emilio Velásquez, director del hospital indicó que es la primera vez que atraviesan está crisis y que todo depende de que el presupuesto sea liberado al Ministerio de Salud.