Familiares de opositores presos en Nicaragua denunciaron desconocer la situación de los detenidos, calificados de “criminales” por el presidente Daniel Ortega, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió este jueves la “liberación inmediata” de cuatro de ellos.

Cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones, se cuentan 19 detenidos por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.

“Ya han pasado varios días y aún no logramos ver a nuestros familiares. No sabemos exactamente dónde están ni como están. A pesar de llegar diario y varias veces a preguntar por ellos, la Policía no brinda información”, dijeron en un comunicado que fue leído durante una conferencia de prensa por videollamada.

Al menos 18 personas murieron y 16 resultaron heridas en un incendio ocurrido la mañana de este viernes en una escuela de artes marciales en el centro de China, informó el gobierno local en un comunicado.

La prensa local informó que la mayoría de las víctimas son estudiantes con edades de 7 a 16 años. El incendio fue apagado y las autoridades investigan las causas del suceso, agregó el comunicado del gobierno del distrito de Zhecheng.

Había 34 estudiantes en el sitio cuando estallaron las llamas, según personal del gobierno local citado por el servicio noticioso Beijing Toutiao News.

Autoridades hondureñas informaron este jueves que incautaron 22 negocios y bienes a Geovanny Fuentes Ramírez, sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos y quien señaló al presidente Juan Orlando Hernández de recibir sobornos a cambio de protección para traficar drogas.

“La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) asestan un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico que operan en el país, esta vez con el aseguramiento (decomiso) de 22 sociedades mercantiles y cinco inmuebles ligados al ciudadano Geovanny Fuentes Ramírez”, dijo un comunicado del Ministerio Público. Entre las propiedades de Fuentes, capturado en marzo de 2020 en el aeropuerto de Miami, están empresas “arroceras, transporte, granjas avícolas, entre otras”.

Fuentes fue declarado culpable de narcotráfico por una corte de Nueva York. En el juicio, la agencia antidrogas estadounidense (DEA) aseguró que el capo era “un traficante de cocaína despiadado, poderoso y asesino en Honduras”.

Chile prorrogará por 90 días más, hasta el próximo 30 de septiembre, el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública que actualmente rige en el país como marco restrictivo para combatir la pandemia, que deja ya en el país 1.52 millones de infectados y 31 mil 797 muertos.

El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron este jueves la solicitud que había hecho el presidente del país, Sebastián Piñera, “en atención a las nuevas cepas del virus” y “a que el contexto epidemiológico actual se da en época invernal”, según argumentó en un oficio.

Precisamente este jueves se confirmó la presencia en Chile del primer caso de la contagiosa variante Delta del coronavirus en una mujer de 43 años que llegó procedente de Estados Unidos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió el jueves la liberación inmediata y la protección de la vida e integridad de cuatro opositores presos en Nicaragua, a quienes el presidente Daniel Ortega ha tildado de “criminales”.

En su resolución, el tribunal con sede en San José, Costa Rica, determinó “requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata” de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como del empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera. En esta decisión conocida como medida provisional de la Corte IDH, se pide al Estado de Nicaragua que informe “a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”.

Esta decisión ocurre después de un pedido ante la OEA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó la intervención de la Corte por la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.

Las horas pasan en el centro de reunificación de familias de víctimas del derrumbe este jueves de un edificio en Miami-Dade, y, aunque eso casi siempre son malas noticias en estos casos, los allegados del centenar de desaparecidos mantienen una actitud positiva y no pierden la esperanza. No todavía.

Entre las 99 personas de las que no se tienen noticias hay argentinos, uruguayos, colombianos, puertorriqueños, venezolanos y paraguayos, incluida la hermana, cuñado y sobrinos de la primera dama paraguaya, Silvana López Moreira.

Este centro también es punto de reunión e información por los vecinos damnificados, que han sido trasladados a hoteles cercanos por la Cruz Roja, quedando solo los familiares de los desaparecidos.

El Consejo Directivo de la Universidad Da Vinci emitió un comunicado en el que pide que el caso de supuestos certificados falsificados otorgados por esa casa de estudios a magistrados sea investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), al considerar que la emisión de esos documentos “no estaba en las facultades legales de quien las habría firmado”.

El Ministerio Público (MP), informó a principios de junio que comenzó una investigación de oficio contra Juan Carlos Rodil Quintana, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y vocal I del Consejo Directivo de la Universidad Da Vinci, por los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documentos privados. Las certificaciones acreditaba a Ranulfo Rojas Cetina como doctor en Derecho Constitucional y a Marco Antonio Cornejo Marroquín, como magister en Derecho Penal.

COMUNICADO IMPORTANTE
“Universidad Da Vinci se constituye como agraviada en caso de presuntas certificaciones emitidas por Rodil Quintana” pic.twitter.com/UyxHpouGZi

— Universidad Da Vinci (@udvgt) June 24, 2021

El Gobierno de la República Dominicana anunció este jueves que aplicará una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 como refuerzo.

La tercera dosis será inoculada como “mínimo” al mes de haber aplicado la segunda dosis y deberá ser una vacuna distinta de las dos primeras, según anunció la vicepresidenta Raquel Peña, coordinadora del gabinete de Salud del Ejecutivo, en declaraciones a periodistas en el Palacio Nacional.

Peña afirmó que la decisión de aplicar la tercera vacuna se tomó “previendo y adelantando” medidas, al tener en cuenta la situación en otros países con la llegada de variantes más infecciosas del coronavirus aún no presentes en República Dominicana.

República Dominicana ha recibido hasta el momento cerca de 11,5 millones de vacunas, de las cuales ha aplicado 7,4 millones de dosis, y tiene contratadas al menos otras 14 millones de Pfizer y Sinovac.