La polémica comenzó cuando María Eugenia Tabush Pascual, presidenta de la Comisión de Economía, en un tono defensivo quiso que el pleno conociera la iniciativa, pero fue rechazada con el argumento de que el proyecto 5157 beneficiará al sector bancario.

Lectura de interés

14 respuestas sobre el secreto bancario

La propuesta plantea que el rescate de bancos y que la capitalización de estos sea tarea del Banco de Guatemala, de manera obligatoria, con fondos públicos —impuestos— provenientes del Ministerio de Finanzas.

“No se trata de una ley de salvataje como algunas personas han dejado ver o creen que es; por el contrario, es una ley que quita el banco al dueño; es decir que ellos pierden el cien por ciento de su capital”, expuso la legisladora ponente.

El diputado Orlando Blanco le respondió a Tabush Pascual: “Es una vergüenza que los banqueros eludan el secreto bancario y que ahora, previo a enfrentar verdaderos procesos de transparencia, opten por declararse en quiebra. Es un riesgo grave”.

Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, afirmó que la iniciativa requiere de más discusión, y enfatizó que si el proyecto surgió de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala, se le debe prestar atención a la propuesta.

Mal enfocado

Roberto Ortega Herrera, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que no es “que las pérdidas de los bancos se vayan a trasladar al pueblo”.

“Se está interpretando volver públicas las pérdidas privadas, pero no se trata de eso. La iniciativa no pretende determinar si una institución tiene un problema, sino cómo se logra rescatar; un tema donde puede haber muchos bancos”, explicó.

El directivo afirmó que la iniciativa tiene como propósito llenar un vacío legal.

Recordó que cuando se dio el caso del desaparecido Bancafé, en 2006, tres entidades entraron a rescatarlo porque no había capacidad para que una sola absorbiera la institución.

“El objetivo es tratar de rescatar a la institución, no liquidar el banco y que vuelva a ser rentable”, aseguró.

Sergio Recinos, presidente en funciones del Banguat, ha dicho que la idea de la reforma es que la entidad sea viable, y lo que se pretende es mantener su funcionamiento.

Señaló que la ley actual solo da la opción de que si un banco afronta problemas se instale una junta de Exclusión de Activos y Pasivos, lo que implica su liquidación.

Las reformas son parte de los Acuerdos de Basilea III (supervisión bancaria).

La reunión se habría efectuado al concluir un acto de entrega de títulos, en Izabal, para graduandos del Programa Académico de Desarrollo Profesional (Paped). En ese acto también estuvieron presentes los funcionarios y el sindicalista.

Durante el encuentro, los tres acordaron un incremento salarial que sería de un 11 por ciento.

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“Porque no está presupuestado y hay que viabilizarlo. Está en proyecto, como solicitud, y no está presupuestado, por lo que hay que buscar los recursos”, indicó Hiemann.

De la reunión entre Morales y Acevedo, el vocero afirmó: “El Ministerio de Educación va a redactar un comunicado explicando los detalles de la reunión”.

El gobernante se habría comprometido con Acevedo a hacer público hoy el incremento a los maestros, durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención del Ministerio de Gobernación, que se llevará a cabo a las 10 horas, en el Palacio Nacional.

Reacciona molesto

Como es su costumbre, Acevedo reaccionó molesto al ser consultado sobre la reunión que sostuvo con Morales.

“Disculpe, pero nosotros tuvimos hoy una actividad de entrega de títulos, nuestra intención es solo mejorar las condiciones del Magisterio”, manifestó el dirigente.

Acevedo se negó a responder si se habló sobre el incremento salarial a los maestros, pero insistió enfadado: “Tengan un poquito de respeto, se inventan tantas cosas. Les pido que no inventen cosas que no han sucedido”.

Contexto

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Más presupuesto

Durante la presentación del Presupuesto Abierto, el mes pasado, al Mineduc se le asignó un techo de Q14 mil 834.7 millones para el ejercicio 2018, lo que representa un incremento de Q1 mil millones al gasto vigente, que es de Q13 mil 937.2 millones.

La cartera educativa deberá definir el destino de esa ampliación de recursos que se le asignaron para el siguiente año.

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A finales del 2012, en el primer año de gestión del Partido Patriota, se firmó el pacto colectivo con el Magisterio que venció en abril del 2016. En este se establecieron privilegios como aumento del 30 por ciento al salario, de manera escalonada, a maestros y trabajadores, y seguro de vida para los empleados equivalente a 15 sueldos.

Luego de que maestros bloquearan las carreteras y fronteras el 11 de agosto de ese año, Morales le autorizó al ministro López instalar una mesa de negociación del Pacto con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), liderado por Acevedo.

Al menos tres de los ocho gobernadores que fueron recién designados por el presidente Jimmy Morales tienen señalamientos de la sociedad civil, que los considera no idóneos para ocupar el cargo.

En el Congreso se considera que esas designaciones responden a pago de favores por parte de la Presidencia de la República.

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Denuncias

La juramentación de Julio René Calderón, gobernador de Huehuetenango, en sustitución de Mauselio Hiram Martínez Galindo, causó malestar entre sectores de ese departamento, ya que sobre el recién nombrado funcionario pesa una sentencia por estafa mediante cheque, cuya resolución circula en redes sociales.

Agregó que Calderón utilizó una plataforma que él nunca tuvo para llegar a la gobernación, y espera “que sepan dirigir al departamento con transparencia”.

Respecto del proceso en su contra, Calderón dijo que no tiene nada pendiente con la justicia. Entregó su finiquito, antecedentes penales y policíacos, pero no pudo negar que hubo un proceso del cual, argumentó, fue víctima de personas que se aprovecharon.

Los 48 Cantones de Totonicapán exigieron, mediante un comunicado, que se explique por qué se destituyó a Juan Yax y que se suspenda el nombramiento de Marvin Alvarado, porque consideran que no llena el perfil y lo señalan de ser contratista del Estado, con base en un  acta de la Municipalidad de Momostenango del 2009, que evidencia que Alvarado era representante legal de la empresa Cicsa, a la que se le adjudicó un proyecto de mejoramiento de camino rural a San Vicente Buenabaj.

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Los 48 Cantones piden a la Presidencia que se forme un jurado opositor con  participación para elegir al nuevo gobernador.

En El Progreso también hay dudas por el cambio del gobernador Otto Moreno.

“No me voy por lo que dijo el vocero presidencial —baja ejecución—. Tengo pruebas y documentos que contradicen lo que indicaron. No quiero entrar en confrontación, pero aclaro que no me destituyeron por eso, desconozco por qué”, aseveró Moreno.

Gustavo Adolfo Sosa, nuevo gobernador, se limitó a indicar que el presidente puede disponer de esos cargos cuando lo  considere necesario.

El lunes, diputados del partido oficialista indicaron que la designación de los gobernadores se hizo para pagar favores políticos a los legisladores que se pasaron a las filas de FCN-Nación.

Se intentó obtener la versión del presidente Jimmy Morales durante una conferencia de prensa, y su respuesta fue: “Con mucho gusto le doy información. Hoy estamos en un tema sumamente importante. Le vamos a dar información en otra ocasión”.

La iniciativa está compuesta por 25 artículos, y resalta la manera de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC). Se establece la carrera judicial, desaparecen las comisiones de postulación y sube el período de permanencia de los funcionarios.
Aunque se mantiene el derecho de antejuicio para diputados, alcaldes y otros cargos como el de Fiscal General, se permite investigarlos. Además, establece que las autoridades indígenas ancestrales podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus normas, procedimientos y costumbres.
 Estos últimos dos puntos generaron recelo entre los congresistas, quienes deberán conocer y discutir esa propuesta, aunque advierten de que harán cambios.
La propuesta, amparada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la CSJ, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), tendrá que ser ratificada en consulta popular.

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Discrepancias

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que la propuesta de mantener el antejuicio es viable, “solo hay que ver quiénes ordenarán la investigación y que esta en verdad sea justificada”.
Marvin Orellana, subjefe de Alianza Ciudadana, indicó: Muchas veces la solicitud de retirar el antejuicio “se plantea por cualquier cosa… No cabe duda de que se debe analizar la propuesta de manera detenida, y si se puede hacer un aporte para mejorarla, sin duda alguna se hará, pues debemos ser prudentes”.
Para Fernando Linares, jefe del Partido de Avanzada Nacional, establecer el Derecho Indígena es un retroceso a los avances de los derechos individuales. “Nadie controlará quién será el juez; este puede ser a compadre hablado”, advirtió.
En cuanto al derecho de inmunidad, Linares aseguró: “El antejuicio es un filtro para protegerse de la prepotencia del Estado. Al investigar se está violando a quien goza de ese beneficio. ¿Acaso se puede hacer una investigación a Iván Velásquez? Es lo mismo. Yo no puedo solicitar información de las cuentas bancarias del comisionado de la Cicig”.
La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que la propuesta obedece a un trabajo de más de siete meses, en donde se consultó a muchos sectores del país, de tal manera que “lo ideal es que se apruebe en los términos en que se está presentando, pero los diputados pueden hacer cambios como lo consideren pertinente”. Pidió conocer y analizar la propuesta.
La magistrada de la CSJ María Eugenia Morales manifestó que las reformas se hicieron para impulsar un cambio y se busca luchar contra la corrupción. Acerca del antejuicio, consideró que “ha quedado muy bien en la propuesta constitucional”.

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Presentación

Luego de haberse entregado la iniciativa de reformas constitucionales en el Legislativo, se hizo un acto de presentación de las propuestas en el Palacio Nacional de la Cultura, adonde acudieron representantes de los grupos que participaron en las mesas de diálogo.
En total, para elaborar la propuesta, trabajaron mil 500 personas de diferentes sectores en 148 mesas de trabajo, que unificaron 247 propuestas.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig, afirmó que su recomendación para los congresistas es: “Simplemente el estudio sereno, objetivo, que lo que está de por medio es la modernización del sistema de justicia en el país”.
“Eso demanda de todos los diputados una actitud realmente altruista, de examinar de acuerdo con los más altos intereses este proyecto y que con ese análisis lleve a la adopción del texto como ha sido presentado”, aseveró Velásquez.

• Descargue aquí la propuesta de reforma

Distintas visiones

Pese a las posturas de distintos parlamentarios, el presidente Jimmy Morales aseguró: Se debe evitar la confrontación y “aceptar que podemos tener distintas visiones, ideas y propuestas”.
“Exhorto a todos los guatemaltecos a que nos concentremos en los esfuerzos que hemos logrado y no en nuestras diferencias”, precisó.

Legislativo

Mario Taracena, presidente del Congreso, señaló que la propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia contó con el apoyo de 52 legisladores, quienes firmaron la iniciativa de ley que fue presentada ayer.
Taracena reiteró su apoyo en la discusión del tema.

“Hoy es un día especial. Es  buena señal. Estaban representadas todas las bancadas del Congreso. El proceso hay que diferenciarlo de las sesiones ordinarias; este es un caso”, dijo.

Ejecutivo

Como un hecho histórico calificó el presidente Jimmy Morales la propuesta de cambios a la Constitución.
El mandatario destacó que se trata de un proyecto presentado por los presidentes de los tres organismos de Estado, el cual goza del aval de diversos sectores de la población.

“Los cambios grandes se logran con pequeños pasos, cada día. Y los invito a seguir demostrando que Guatemala, realmente, cuando se une logra grandes cambios”, enfatizó el dignatario.

Judicial

El presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas, destacó la participación de los pueblos indígenas en la discusión de la propuesta para la reforma constitucional.

Rojas destacó el trabajo hecho por diversos sectores en las mesas de discusión de  temas  propuestos.

“Está contenida en este trabajo la participación ciudadana, para fortalecer al sistema de justicia y, principalmente, facilitar el acceso al mismo. ¿Cómo se logra este objetivo? con la participación de los pueblos indígenas”, dijo Rojas.

• Cambios incluidos

Las reformas constitucionales modifican al sector justicia.

• Los diputados, entre otros, mantienen la inmunidad, pero podrán ser investigados.
• Las autoridades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales de conformidad con sus costumbres.
• Desaparecen las comisiones de postulación en las elecciones a las autoridades de justicia.
• El Consejo Nacional de Justicia se encargará de la formulación, gestión y ejecución de las políticas judiciales.
• La CSJ será integrada por nueve magistrados de Apelaciones y cuatro abogados.
• Se incrementa los períodos de los magistrados de la CC y de la CSJ a nueve años, el del Fiscal General a seis, y podrán reelegirse.

Taracena argumentó que es el presidente Jimmy Morales quien debe indicar cuáles serán los cambios que se van a plantear y sobre qué tributos.

“Es una propuesta del presidente Morales. Dejen que el presidente la presente. No les voy a decir nada más, solo que viene. Es para que ustedes se interesen en esos temas. No quiero anticipar, pero se ven las señales de humo del edificio de Finanzas y no tarda en venir aquí”, dijo el congresista.

La semana pasada se le preguntó a Taracena sobre esa propuesta y  la negó. Lo que respondió fue: “Niña, por favor, puedo hablar 10 veces de 40 temas. Esto que les estoy contando fue hace un ratito”.

Autoridades del Ejecutivo niegan que en este momento se estén contemplando nuevos tributos y que solo se ha hablado de plantear una mesa de diálogo fiscal  para buscar consensos.

Diálogo fiscal

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, reconoció que se ha conversado con el Ministerio de Finanzas y el sector privado acerca de la necesidad   de proveer de más recursos al país para cumplir con las prioridades nacionales, aunque descartó la existencia de alguna propuesta concreta.

Resaltó que una de las premisas es el “uso adecuado” de los recursos actuales, y que antes de una iniciativa de ley para aumentar impuestos se debe comenzar  un proceso de diálogo con el empresariado, que está “anuente” a un análisis de reforma fiscal.

“Es interesante que el diputado Taracena se anticipe a algo que tenga que llegar del Ejecutivo y que a priori dé este tipo de información o comentarios antes de tener una debida propuesta presentada.

No se descarta que no se vaya a dar el tema, pero sí estar de acuerdo en que es una hoja de ruta con el diálogo del sector privado”, explicó el vocero.

Reacciones

Antonio Malouf vicepresidente de Agexport, dijo que como sector empresarial, se encuentran en la disposición de evaluar cómo mejorar los ingresos para el Estado.

“La invitación está hecha para discutir con los centros de pensamiento, universidades y  con  el acompañamiento del G-4 para discutir y lograr consensos en temas fiscales”, afirmó.

Édgar Pape, ex integrante del Directorio de la SAT, dijo que sí se van a discutir tasas impositivas, tanto aquellas dirigidas al patrimonio o  a las personas o empresas que reportan ganancias anuales.

“El llamado del sector privado pareciera que es solo para poder incrementar la tasa del IVA, que va a impactar a todos los contribuyentes”, dijo.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, dijo ayer que realizarán consultas con el presidente Jimmy Morales y con otros sectores del Gobierno, para evaluar la posibilidad de hacer una convocatoria a  un pacto fiscal.

“Lo que pretendemos es evaluar si es el momento adecuado para el pacto fiscal y diseñar una hoja de ruta”, afirmó.

El 17 de noviembre del 2015, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Contrataciones, las cuales entraron en vigencia el 9 de enero de este año.

Representantes de varias instituciones se han quejado y señalan que hay muchos obstáculos que no permiten efectuar compras comunes.

“Hoy las municipalidades tienen dinero, pero no porque se les asignaron recursos, sino porque no los podemos gastar”, lamentó Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.

Entre los cambios propuestos está elevar el mínimo de compra directa de Q10 mil, como se permite ahora, a Q150 mil, o bien regresar a la ley anterior cuando eran Q90 mil. Los alcaldes señalan que no pueden pagar servicios básicos como extracción de basura o energía eléctrica.

Esta propuesta se suma a otra que ya presentó el presidente del Congreso, Mario Taracena.

Nuevo reglamento

Cinco meses después de que entró en vigencia la Ley, el Ministerio de Finanzas Públicas publicó ayer en el Diario de Centro América el reglamento que regirá la Ley de Contrataciones.

El documento publicado regula desde precios de referencia hasta las compras directas. Contiene 84 artículos y cobrará vigencia a partir del próximo 24 de junio.

Según los alcaldes que llegaron al Congreso, el reglamento es insuficiente porque no resuelve el problema de compras que han afrontado desde que entró en vigencia la Ley de Contrataciones, lo que les ha impedido atender las necesidades de la población.

Esa opinión la comparte el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien comenta que no resuelve todos los problemas, aunque sí en el caso de Salud.

Recordó que el contrato abierto de gases, como oxígeno para los hospitales, vence en julio, por lo que el Gobierno quería aplicar la subasta inversa. Sin embargo, no puede utilizarse porque, según el nuevo reglamento, para esa modalidad debe haber tres o más postores habilitados.

“Las modificaciones no son extensas ni de mucho fondo. Queremos utilizar la subasta inversa, pero se requieren tres proveedores. Está pendiente hacer más modificaciones a la Ley”, opina el vicemandatario.

Ejemplificó que para adquirir oxígeno recurrirán a la modalidad de “compra por alerta” en el área de Salud, la cual exige a la compañía proveedora que no aumente el precio del producto.

“La Secretaría General de la Presidencia busca la figura para aplicarla y emitir el acuerdo gubernativo”, indicó el vicegobernante.

Cabrera manifestó que, con el contrato abierto, cuesta Q0.70 el milímetro cúbico del gas, mientras que en el mercado general el valor es de Q1.70.

Nuevas reglas de compra

El Ministerio de Finanzas publicó el nuevo reglamento.

La Dirección General de Adquisiciones del Estado será la encargada de emitir y actualizar las normas de uso del sistema de Guatecompras.

El INE deberá publicar de manera mensual en su página web y en Guatecompras el índice de precios de referencia de todos los productos que adquiere el Estado.

Los organismos del Estado reconocerán y pagarán o deducirán al contratista el monto de las fluctuaciones de precios sobre la base de los que figuren en la oferta.

Se regulan las transferencias de posesión o de propiedad de bienes inmuebles, en la que se requiere  autorización por acuerdo gubernativo mediante la escritura pública suscrita ante el escribano de cámara del Gobierno.

La compra directa se regula en el artículo 27, que determina: “Si cumplido el procedimiento, no concurren interesados, la autoridad competente deberá prorrogar el plazo como mínimo un día hábil para recibir ofertas, y de no presentarse ninguna, deberá declarar concurso desierto”.

Se podrá realizar subasta inversa solo si se cuenta con tres o más postores habilitados.

La jueza Anabella Acevedo Estévez decidió arraigar a Kappes, presidente del consejo administrativo de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., (Exmigua) y Vaides Medina, gerente general de esa compañía, luego de ser denunciados por los delitos de Desobediencia y Explotación Ilegal de Recursos Naturales.

Kappes y Vaides Medina no pueden salir del país mientras se mantiene vigente la orden de arraigo. 

La querella que promovió el arraigo de los representantes legales de la empresa minera fue planteada por el diputado Juan Ramón Lau porque pobladores de la Puya denunciaron que Exmigua continuó operando en San José del Golfo, pese a que fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia en febrero, y se reafirmó el cese de actividades por la Corte de Constitucionalidad el 6 de mayo último. 

Exmigua administra el proyecto Progreso VII Derivada, y desde el comienzo ha tenido oposición de los pbladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Por por varios años se mantuvo un plantón que evitaba que se activaran las operaciones libremente en el área.

Clausuran inmuebles 

Las instalaciones del proyecto minero Progreso Derivada VII,  ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y la finca Soprana fueron allanadas el pasado lunes; el Ministerio Público (MP) los clausuró luego de efectuar las diligencias. 

Los fiscales localizaron más de 74 sacos con mineral en polvo, además se localizó lo que se cree son piezas arqueológicas que habrían sido encontradas durante la excavación.

La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares.

A las 21.45 horas de este lunes el MP informó que en la Finca Soprana se localizaron otros 100 sacos de productos, además de otra pieza arqueológica.

Resalta el hecho que en los inmuebles también fue localizada una guacamaya roja, dos loros y plantas que se creen son marihuana.

“La indagación continuó, y se hizo la primera operación para que las personas no siguieran con la explotación en el área, en virtud de que se estableció que incumplieron con la orden de las cortes de suspender los trabajos”, explicó Mayra Véliz, secretaria general del MP.

Los presidentes de los tres poderes del Estado concentraron sus discursos en las reformas a la Carta Magna que se evalúan actualmente.

Desde mediados de abril, la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el acompañamiento del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se han dado a la tarea de socializar a escala nacional varias reformas a la Constitución, específicamente en el sector justicia.

En su discurso el presidente Jimmy Morales lanzó mensajes y críticas veladas, sin mencionar nombres, apellidos o instituciones.

Primero elogió la Constitución  vigente, y poco a poco empezó a reconocer que siempre son buenas las reformas y hasta instó al Congreso a analizar la viabilidad de una “reforma profunda” del Estado.

“He hablado con el Ministro de Educación de que la Constitución Política deberá convertirse en un texto que todos aprendan, desde el primer año de estudio hasta la Universidad”, expresó el jefe del Ejecutivo.

El gobernante agregó que dicha reforma y modernización en la administración pública es importante, pero que otra cosa es “tratar de tapar el sol con un dedo”.

Morales aludió a personas que hablan de refundar el Estado, y estimó que ellas deben cumplir la ley. “Es vergonzoso que personas que no cumplen la ley y que hasta han querido romper el orden constitucional ahora quieran darse baños de pureza, hablando de lo que debe hacerse, si cuando pudieron hacerlo  no lo hicieron”, dijo después.

Aunque el mandatario elogió las reformas, varios diputados consideraron que al final de su discurso  mostró su rechazo a estas, pues indicó que los actores sociales debían concentrarse en cumplir la ley y que las modificaciones las hagan otros.

Resalta dificultades

El presidente del Congreso, Mario Taracena, se mostró optimista con las reformas a la Constitución y reconoció que ha habido rechazo a que los alcaldes pierdan su derecho de antejuicio, así como lo relacionado con el derecho consuetudinario, pero considera que con diálogo puede solucionarse.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas, hay que actualizar y transparentar la labor del sector justicia.

La CC festeja

En la Corte de Constitucionalidad (CC) se celebró una actividad, ayer por la tarde, para conmemorar los 31 años de la Constitución. Durante la ceremonia, el presidente de ese máximo tribunal recalcó su compromiso de proteger la Carta Magna.

A la ceremonia también acudieron  Morales  y el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, entre otros diplomáticos y funcionarios. Para concluir la actividad, se entregó una copia en miniatura de la Constitución al mandatario, así como a los funcionarios y diplomáticos asistentes.

Se trata, explicó el titular de la Cicig, Iván Velásquez, de crear un diálogo “amplio” , “plural”  y “participativo”

Señaló que las mesas de trabajo se instalarán a partir de marzo las cuales terminarán en julio donde se conocerán propuestas para el fortalecimiento del sector justicia.

“Entendemos, como lo mencionaba un diputado, que no puede haber segmentación en el Organismo Judicial, que no puede haber segmentación en Corte Suprema de Justicia como para decir que la Corte anterior o la nueva, sino que se requiere diseñar un mecanismo que genere, que proporcione una continuidad real efectiva en la Corte Suprema de Justicia y eso solo podrá hacer en virtud de una reforma constitucional”, aseveró.

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— CICIG Guatemala (@CICIGgt) February 2, 2016

El comisionado habló durante una reunión con los jefes de bancadas en el Congreso para revisar la agenda legislativa en temas de seguridad y justicia. En la actividad participaron la secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Paz; el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y representantes de Naciones Unidas, Alberto Brunori y Valerie Julliand.

“Es necesario fortalecer todos los mecanismos de selección de los más idóneos capaces y de reconocida honorabilidad (…) para todos los servidores de Estado”, precisó Velásquez.

Además, se tratará también la integración de los sistemas indígenas de justicia y el restablecimiento de las leyes de carrera, una de las prioridades para garantizar que en “todos los niveles del Estado”  se incorporen los profesionales “más idóneos”  y de reconocida honorabilidad, destacó Velásquez.

El responsable de la CICIG ve con “mucho optimismo”  la actividad reformista emprendida por el nuevo Congreso, una oportunidad histórica para lograr una reforma de la Justicia que garantice su “independencia” .

Velásquez insistió en que es “urgente”  completar estas reformas, aunque tampoco deben apresurarse para no precipitarse.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, señaló que es importante que el país tenga una agenda urgente en reformas al sector justicia. Agregó que harán “un esfuerzo titánico” que comienza hoy con la reforma a la Ley orgánica.

Aunque las fechas para la convocatoria de las mesas todavía no están definidas, las primeras propuestas para las reformas constitucionales podrían estar listas en el próximo mes de marzo.

En esta misma línea se ha manifestado el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quien destacó la importancia de incluir a “todos los sectores”  de la sociedad guatemalteca en este proceso.https://twitter.com/justiciayagt/status/694561150093033473

Aunque ayer se había hablado de una nueva reunión, esta no se llevó a cabo. El secretario de la Comisión, Juan José Porras, dijo que desconoce las razones por las que no se citó, mientras que el presidente, Leonardo Camey, no respondió las llamadas.

Según Porras, depende de Camey realizar la convocatoria, y el no hacerlo retrasa la discusión de la reestructuración del proyecto.

Desde que se inició el análisis quedó implícito que reducirían el techo del proyecto de presupuesto, de Q72 mil 450 millones a Q70 mil millones, aproximadamente. Las reuniones se han concentrado en escuchar propuestas de los centros de análisis.

La semana pasada Camey dijo que ayer se escucharía la propuesta de los operadores del nuevo gobierno, pero no se convocó, por lo que se desconoce en qué consiste esta iniciativa.

Además, pese a los señalamientos de plagio contra Ramón Lam, la Comisión no ha recibido aviso de sustitución.

Avanzan solos

Álvaro González, vicepresidente de la Comisión, aseguró que, junto con su asesora, ya empezó a revisar cada partida para adelantar en una propuesta.

La semana pasada, en confusas declaraciones, Camey afirmó que los asesores elaboraron también una propuesta, y luego dijo que esperaría los resultados de las reuniones con los “tanques de pensamiento”.

Como era de esperarse, los diputados se mostraron ofendidos ante el planteamiento que hiciera el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Felipe Bosch, el jueves en el Encuentro Nacional de Empresarios, de depurar ese organismo, por considerar que se mueve “de forma dudosa”.

Ovidio Monzón, diputado del partido Todos, afirmó: “Si se cree que hay que depurar sectores, también habría que depurar empresarios que evaden pagar sus impuestos, que evaden pagar buenos salarios. Al sector político se le depura cada cuatro años, y en la próxima legislatura vienen 70 nuevos diputados”.

Según Juan José Porras, diputado de Visión con Valores, el presidente de Fundesa se refería a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debería dar posesión a los diputados que han sido señalados y tienen antejuicios abiertos.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, calificó de entendible que se pida al TSE no entregar credenciales a los políticos electos señalados, pero calificó de “muy arriesgado” plantear la depuración cuando la ciudadanía ya eligió a la nueva legislatura, aunque no mencionó que se hizo bajo la misma Ley Electoral que ha permitido abusos y exclusión a los partidos.

Señalados

En la actualidad se encuentran con proceso de antejuicio los diputados Pedro Muadi, señalado de sustracción de fondos del Congreso a través de plazas fantasmas, y Baudilio Hichos, por contratos anómalos lesivos para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Órganismo criticado

No es la primera vez que se habla de depuración en el Congreso. En 1994 hubo un fuerte clamor que concluyó con la renuncia de 71 legisladores. La actual discusión viene desde el 2012, cuando el diputado Gudy Rivera presidía ese organismo, debido a que Líder mantuvo secuestrada la agenda mediante varias interpelaciones.

Un año después, bajo la presidencia de Pedro Muadi se señalaba a los congresistas de escasa productividad y opacidad en la contratación de personal.

Más ruidos de depuración resonaron bajo la dirección de Arístides Crespo, cuando trascendió que las bancadas supuestamente rivales, de Líder y el Partido Patriota, habrían hecho una alianza para elegir a los magistrados de las salas de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, y para aprobar el presupuesto de este año.

Exigencia ciudadana

Analistas políticos coinciden en que la depuración del Congreso ha sido un clamor popular, pero difieren en las acciones por seguir para que eso camine.

“Es un tema delicado. No vamos a pretender resolver con ilegalidades la crisis. No se puede señalar a dedo quién debe irse y quién no”, explicó Geidy de Mata, profesora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos.

En tanto, Marielos Fuentes, de la organización Guatemala Visible, indicó que una primera forma de depuración sería que el TSE no le entregue credenciales para toma de posesión a políticos señalados.

“De todas maneras algunos de los que van a tomar posesión no llenan el perfil y con el artículo 113 de la Constitución siempre se puede apelar a que estas personas vean que la población no va a permitir que se siga abusando del ejercicio del poder”, explicó Fuentes.

La reunión, que se desarrolló a petición de Arzú, fue para discutir sobre el apoyo que las autoridades ediles pueden brindar al próximo gobierno. Además, el presidenciable recibió un pliego de propuestas por parte del jefe edil.
 
Morales afirmó que tiene “una gran aceptación” en el voto urbano, por lo que “no está preocupado”.
 
El encuentro se desarrolló a puerta cerrada, pero al final, el alcalde de la capital en conjunto con Morales, quien se hizo acompañar de su vicepresidenciable, Jafeth Cabrera, indicó que presentó un pliego de proyectos para desarrollar la ciudad, pero se negó a dar detalles de los mismos.
 
“El centro de atención es Jimmy Morales en este momento”, justificó.
 
Mientras que Morales habló sobre su visión acerca de la Guatemala próspera, y aseguró que la relación con la Municipalidad de la ciudad de Guatemala “es un hecho”.
 
De nuevo el presidenciable de FCN-Nación se negó a dar nombre sobre el gabinete, porque según él, asaltaron a la esposa de uno de sus dirigentes.
 
Arzú, por su parte, dijo que no daría consejos a Morales sobre cómo gobernar, porque los tiempos son completamente diferentes, sólo indicó que cuando fue presidente en 1996, él “no leyó su plan de gobierno,” sino que “se puso a gobernar”.

Con Sandra Torres 

El alcalde capitalino también se reunió por la tarde con la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, a quien también entregó el mismo pliego de proyectos.

Arzú reveló que se trata de entre 12 y 15 proyectos y que algunos de ellos podrían constituir un “periférico interesante” para el ingreso del transporte pesado a la capital, pero evitó dar más detalles hasta que los candidatos y sus equipos analicen la viabilidad de los proyectos.

Entre otras cifras, reveló que se requiere de muchos recursos para enfrentar la saturación de la ciudad, por ejemplo, que son 1.2 millones de vehículos que circulan en calles con capacidad para 600 mil. Además, informó que el 17 por ciento de los habitantes en la capital son migrantes de la provincia.
 
Aunque la prensa cuestionó a Arzú sobre a quién apoyaría para la segunda vuelta, el jefe edil dijo que no exteriorizará respaldo a ninguno de los dos y que ni siquiera los iba a criticar.

Torres aseguró que si “Dios y la población” decidía que ella gane la segunda vuelta, desde el Ejecutivo brindará “todo el apoyo” al alcalde capitalino.

Desde este lunes cuando comenzó la etapa intermedia, González explicó al juez Miguel Angel Gálvez que le denominaban “R1” a la recaudación de impuestos en las aduanas y “R2” al cobro que se hacía para los sobornos, el cual se ofrecía como una medida para agilizar los procesos aduaneros.

Agregó que él solo tenía conocimiento del 61 por ciento de los recursos que se manejaban, en insistió que del total de los recursos obtenidos de manera anómala, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, eran los poseedores el 50 por ciento, que a veces se entregaba cada semana o cada 15 días.

De este 61 por ciento, un 22.5% sería para Pérez Molina, otro porcentaje igual para Baldetti, un 5% para el exsecretario privado de la vicepresidencia y ahora prófugo, Juan Carlos Monzón, 2% para González, y otra parte más –no se dio detalle– para la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez, y para el superintentendente en funciones.

“My line”

González explicó que en sus teléfonos guardó el número de Roxana Baldetti utilizando el nombre de “My Line” y en otras oportunidades como “Dos”.

Por la forma en que se estructuró la red de defraudación aduanera, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP) denominaron a esta organización como “La Línea”, forma en que se le ha conocido desde entonces.

Con una especie de sonrisa, González afirmó: “Pareciera casualidad, pero en mis teléfonos guardé el número como My Line o Dos”.

En familia

Según González visitó en varias oportunidades la casa del expresidente Pérez Molina, así como la vivienda de Baldetti, donde realizaba reuniones de planificación y revisión de resultados del caso La Línea, a la que él se ha referido como El Proyecto.

Aseguró que durante varias reuniones estuvo presente la esposa de Pérez Molina Rosa María Leal de Pérez, la hija del exmandatario Lissette Pérez Leal, y la nuera de estos Luisa Issacs.

González explicó que, además de Grupo Pixel donde se hacían la mayoría de reuniones de planificación, Pérez Molina tiene una empresa que exporta plantas y otra que tenía propiedades que estaban siendo alquiladas.

Eco afirmó que habría comenzado a trabajar las empresas de Pérez Molina en enero de 2015, un año después de que le presentó el proyecto de legalización de las acciones de las compañías. Los honorarios que recibiría para ello, nunca se terminaron de pactar, aseguró el sindicado.

El Ministerio Público solicitó al Gobierno protección para el empresario Salvador Estuardo González, uno de los 24 acusados de pertenecer a la red de corrupción aduanera “La Línea”, quien durante los dos días de audiecia detalló la participación del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Ante el juez que instruye el caso, Miguel Ángel Gálvez, Eco aseguró que “el 50 por ciento de los sobornos (del grupo criminal) iban para Otto Pérez Molina y para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti”, ambos en prisión preventiva por supuestamente liderar “La Línea”.

González, quien presuntamente ocupaba un cargo medio dentro de “La Línea”, relató ante el juez Gálvez cómo conoció a Baldetti y Pérez Molina cuando ya estaban en el poder, y se convirtió en su operador dentro del ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT).

Según González Álvarez, inició su relación con los mandatarios a través de Juan Carlos Monzón a quien conocía desde años atrás.

“El 50% de los sobornos eran para el 1 y la 2 (…). Fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero”, refirió González en la etapa intermedia del caso a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

González Álvarez reconoció que los recursos eran parte del cobro que se hacía para “agilizar los trámites aduaneros”.

Eco explicó que  los cobros ilegales que se hacían para agilizar los trámites en las aduanas se le denominaba, “la cola”.

González fue detenido el pasado 16 de abril como presunto jefe de una estructura externa a las aduanas que participó en el fraude, junto a una veintena de otras personas, incluidos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Durante la audiencia, González explicó la forma en que fue organizada la estructura de defraudación y confirmó haber tenido una reunión con Pérez Molina.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), un ente adscrito a la ONU, identifican a Pérez como uno de los cabecillas de la red junto a su ex vicepresidenta Baldetti, quien dimitió en mayo. Baldetti se encuentra en el hospital del Ejército debido a padecimientos de salud.

González también admitió que tuvo acercamientos para coordinar la estrategia del fraude con el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de Baldetti y señalado como el cerebro de la estafa.

ECO: Nos reunimos con presidente de la República, Geovanni Marrroquin, Carlos Muñoz, Claudia Méndez y su servidor.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) September 28, 2015

De acuerdo con el detenido, cuando llegó Claudia Méndez como intendente de aduanas se le explicó “el proyecto de recaudación” y se le dijo que ella recibiría un cinco por ciento de las ganancias.

“Solo le entregué una vez Q50 mil en una caja de regalo, luego ella me dijo que no quería recibirlo más y que ella se arreglaría con Juan Carlos Monzón”, dice González Álvarez.

Luego de las declaraciones que confirman las acusaciones de la Cicig y el MP en contra de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, se solicitó desde la Fiscalía que se eleven las medidas de seguridad de González Álvarez durante sus traslados y en el centro de reclusión Pavoncito, en Fraijanes.

Para este martes a las 9 de la mañana, se espera que continúe la diligencia donde se someterá a González Álvarez al interrogatorio respectivo.

Distribución

Durante la segunda etapa de declaración, González Álvarez detalló que Monzón recibía un 65 por ciento “de la cola” que se cobraba para agilizar los trámites aduaneros, para que él se encargara de hacer la distribución de las ganancias.

“Un 50 por ciento era para el presidente y la vicepresidenta, un cinco por ciento para Juan Carlos Monzón y un 2 por ciento era mío. No me voy a poner a explicarle que al principio no lo tenía y que lo recibí de último”, manifestó.

Aunque afirmó que nunca le entregó dinero en efectivo a Baldetti o Pérez Molina, aseveró que le consta que el 50 por ciento era para ellos, lo cual le quedó comprobado en una de las reuniones que sostuvo con Monzón.

“Obviamente no dice el nombre de ellos, pero así esta dividido, en los documentos que están en mi computadora lo podrán ver”, aseguró.

Eco también dijo que estaba dispuesto a cualquier careo con todas las personas que mencionó durante su declaración.

¿Cómo se relacionó?

González Álvarez explicó que a la primera que conoció fue a Baldetti a quien llegó a través de Juan Carlos Monzón, prófugo de las autoridades guatemaltecas

Durante su declaración afirmó que en un principio manejó unas siete sociedades anónimas de la ex vicepresidenta, las cuales estaban sin uso desde hacía un par de años –desde su creación–.

“Se supone que yo debía hacer que volvieran a funcionar, pero luego me explicaron el proyecto y me dijeron que tenía que explicar cuánto debía facturar cada empresa para determinar cuánto era el movimiento que se tenía que hacer al mes”, manifestó.

Entre las empresas mencionó: Centro Industrial de Oriente, Gardenia (que era un área inmobiliaria en Coatepeque), y Galú, la cual se supone que adquiriría un bien inmueble que pudiera servir como hotel en Antigua Guatemala.

“Sé que lo que terminé haciendo fue dándole apariencia de legalidad a transacciones que no lo eran”, manifestó.
Eco, afirmó de a poco se involucró más y le ofrecieron la gerencia general de Corporación de Noticias, pero rechazó la oferta, luego le indicaron que el Presidente Pérez Molina quería conocerlo por recomendación de Baldetti.

“Me dijeron que el proyecto era para mejorar la recaudación y que sería directamente con el Presidente. Déjeme decirle señor juez que yo me sentí orgulloso de apoyar en el incremento de recaudación y a una persona como el Presidente”, comentó.

Alias ECO: fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) September 28, 2015

Reconoció que el proyecto abarcaba los puertos Quetzal, en Escuintla, y Santo Tomás en Izabal, y “fue allí donde se me hizo ver que además de buscar el incremento de recaudación había que hacer un cobro que se relacionaba con agilizar los trámites aduaneros. Era un pago. Yo debía llevar un control, hice una tabla y le puse una guía 1 y 2 en lugar de poner presidente y vicepresidente”, detalló.

Agregó que era muy difícil trabajar con “Claudia” –Méndez– porque era muy legalista, “todo lo quería por escrito”.

El ahora detenido, dijo que para referirse a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) utilizaban la clave: “las cinco letras”.

Según González Álvarez, la embajada americana estaba al tanto del proyecto de recaudación y del trabajo que allí realizaría Javier Ortíz, alias Comandante Jeréz.

“Soy víctima”

Al final de su declaración, González Álvarez pidió disculpas a todas las personas que mencionó durante su disertación, así como a quienes hayan salido afectadas con la estructura criminal denominada La Línea.

“Yo también soy víctima, pero de mí mismo. Soy víctima de una mala decisión. Le pido disculpas a mi familia, porque ellos no tienen que estar sufriendo nada de los efectos de lo que yo hice”, manifestó.

Agregó: “No me voy a defender, estoy contando los hechos tal y como yo los viví. Insisto en que yo terminé haciendo algo por lo que no fui contratado, pero al final lo hice”.

Accionan abogados

Mientras el fiscal del Ministerio Público, Antonio Morales, pide resguardar la vida de Eco, la mayoría de los abogados de los implicados en La Línea, ha buscado botar la declaración de González Álvarez, luego de que mencionara varios nombres de la estructura.

Morales calificó de reveladoras las declaraciones de González Álvarez, alias Eco, son reveladoras y pidió que se le otorgue medidas de seguridad por cualquier riesgo que pueda existir contra el acusado.

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó medidas de seguridad en favor de González y obliga al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario que garanticen la vida y seguridad de Eco.

Reveladoras

Morales, fiscal del MP, calificó durante la audiencia de reveladoras las declaraciones de González Álvarez, al finalizar la misma dijo a medios de comunicación que había algunos aspectos que desconocía.

“No sabíamos que él personalmente le había mandado dinero en efectivo y la forma como se hizo a Claudia Méndez –exintendente de Aduanas–”, explicó.

También dijo que desconocían que había sido González Álvarez quien nombró como 1 y 2 al expresidente Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Baldetti, “para mí eso es revelador, juzguen ustedes lo que pasó hoy”, dijo Morales entre sonrisas a los periodistas.

En un momento cuando La Línea se estaba reestructurando, González Álvarez indicó durante su declaración que se dejó de trabajar por lo que retomó la labor que realizaba para la vicepresidenta con sus siete empresas, pero también comenzó a hacer lo mismo con el presidente Pérez Molina.
 
“Comencé a ver también unas empresas del presidente Otto Pérez, y nos reuníamos los lunes, en una oficina de la 16 calle, zona 10. Participaba su hija y su nuera”, detalló.

Más adelante aseguró que “con el presidente –Pérez Molina– empezamos tarde, pero se estaba haciendo trabajos similares”, indicó González Álvarez.

* Con información de agencia AFP

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala (EG), dijo: “Me parece que la intención de Líder es validar la forma en que trabajarán el presupuesto, pero al final, como tienen mayoría, podrían manipular el proyecto para garantizar recursos a sus alcaldes o a las oenegés que les convengan”.

Por ello, EG no solicitó formar parte de la Comisión. “Mejor haremos una fiscalización desde afuera”, afirmó.

Esa misma posición mantiene la Unidad Nacional de la Esperanza. Según Carlos Barreda, se debe crear una mesa técnica que incluya a todas las bancadas y que no haya mayoría de ninguno.

“Es imposible trabajar de manera democrática en una comisión con mayorías, porque da poder; además, está integrada por varios diputados señalados de corrupción”, refirió Barreda.

Amílcar Pop, de Winaq, compartió esa visión, pero reconoció que solicitó incluirse porque quiere hacer aportes técnicos. “Si me incluyen, porque sé que los espacios ya tienen destino”, advirtió.

Roberto Alejos, del bloque de Todos, explicó que solicitaron dos espacios porque “se necesita aprobar un presupuesto real, que cubra las necesidades del país, pero sin endeudamiento irracional ni más impuestos”.

Álvaro González, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), reconoció que su bancada lo propuso para hacer aportes técnicos sin posiciones políticas ni ideológicas.

Leonardo Camey, presidente de la Comisión, subrayó que al retiro de Jaime Martínez de esa sala se sumó Baudilio Hichos, así que con la ampliación quedan ocho espacios disponibles.

Camey detalló que han solicitado integrarse Luis Pérez, del Partido Republicano Institucional; Mario Estrada, Unión del Cambio Nacional; Wálter Félix, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; Felipe Alejos y Rolando Pérez, Todos; Pop, Winaq; González, Creo; y Nery Rodas, independiente.

La recepción de solicitudes cerrará el lunes y el listado final de integrantes se conocerá el martes.

Según los datos preliminares, entre quienes tendrán un nuevo período en al Legislativo está el liderista Baudilio Hichos, quien tiene un proceso de antejuicio abierto, acusado de haber participado en un contrato anómalo entre una empresa de su propiedad con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Pese al voto de castigo que habría recibido el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), también fueron reelectos los diputados de Huehuetenango Luis Chávez y Mirza Arreaga, que fueron captados en video tratando de buscar beneficios de manera irregular y por lo cual existe un proceso de antejuicio en su contra.

Entre otros señalados de esa agrupación política que llegarán al Congreso están Jaime Martínez Lohayza y Mario Yanes.

Así también, por el Partido Patriota (PP), fueron reelectos los diputados como Gudy Rivera y Emilenne Mazariegos, ambos con procesos judiciales abiertos y que han trascendido por haber sostenido conversaciones controversiales que van desde pactar plazas hasta negociar beneficios para el figuras del extinto gobierno patriotista.

Polémicos

También repetirán algunos legisladores polémicos como Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien ha sostenido fuertes disputas con varios congresistas. En uno de sus exabruptos incluso le lanzó lapiceros a Rivera, cuando este fue presidente de ese organismo.

Otro que vuelve, a pesar de que supuestamente fue expulsado por la UNE, es Domingo Trejo, quien durante la campaña utilizó bailarinas nudistas para atraer votantes.

También logró ser reelecto Julio César López Villatoro, hermano de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del tenis.

Al Legislativo también volverán algunos de los conocidos como caciques, entre ellos Haroldo Quej Chen, de la UNE, por Alta Verapaz; Arístides Crespo, del PP, por Escuintla, quien sobresale por ser el que lleva mayor tiempo en ese organismo, e Iván Arévalo, de Totonicapán, quien no logró el acostumbrado acompañamiento de su hermano Édgar.

Prevén salida

La politóloga Carmen Ortiz prevé que los diputados que llevan un proceso de antejuicio no durarán mucho tiempo en el Legislativo, por lo que sus lugares podrían ser ocupados por suplentes.

Stephanie López, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, aseguró: “Con ellos hay que esperar que se resuelvan los procesos en su contra, y una vez resueltos, si estas personas son culpables, serán sacadas de su curul. De lo que hay que estar atentos es ver quiénes son los suplentes; hay que empezar a ver quiénes llenarían esos vacíos”.

Nuevos rostros

El Congreso recibirá a nuevos diputados, entre ellos los militares Javier Hernández Ovalle y Alsider Antonio Arias Rodríguez, que llegarán con Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

De igual forma recibirá a Adolfo Velásquez, Sandra Morán y Leocadio Juracán, activistas de izquierda, de la Asamblea Social y Popular.

Según datos preliminares, habrá en el Congreso unas 17 mujeres, distribuidas en varias bancadas.

Líder

UNE

PP

TODOS

FCN

EG

UCN

CREO/PU

VIVA

CONVERGENCIA

PAN

FUERZA

El amparo de la Sala  solicita en este caso al Tribunal B de Mayor Riesgo, designe un nuevo hospital que cuente con equipo médico y personal calificado para que a Ríos Montt le practiquen los exámenes clínicos.

Los magistrados argumentan que lo hacen para resguardar la vida del exmilitar, esto porque el Hospital Federico Mora según los jueces, “no reúne los estándares necesarios de conformidad con investigación y documentos elaborados por entidades nacionales e internacionales  en defensa de los Derechos Humanos de los pacientes recluidos en dicho centro”.

Previo a resolver, la Sala solicitó un informe al Tribunal que pidió el traslado de Ríos Montt para que explicara las razones que motivaron esa decisión.

El sábado 25, los abogados del exmilitar frenaron la orden de traslado al hospital mental mediante un amparo que les otorgó la Sala de Apelaciones deFemicidio.

El amparo explicó que habría violación a las garantías procesales del militar, la medida fue rechazada, lo que reactivó el traslado.

Ríos Montt está señalado de delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, por la muerte de mil 771 indígenas de la etnia Ixil, durante el desarrollo de planes militares que buscaban eliminar grupos guerrilleros durante el marzo de 1982 y agosto de 1983, período en el que gobernó el procesado.

Ríos Montt y la justicia

Hace una semana el Tribunal B de Mayor Riesgo, ordenó que a Ríos Montt se le practique una evaluación psiquiátrica para conocer en definitiva si padece demencia senil, enfermedad que le impediría comparecer ante los jueces.

Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) declaró a Ríos Montt “mentalmente incompetente”

“No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales, y no es capaz de contribuir en su propia defensa”, precisa el informe del instituto forense.

Efraín Ríos Montt  fue condenado a 80 años de prisión, el 10 de mayo de 2013, semanas después la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el fallo y ordenó la repetir el juicio por considerar que se incurrió en errores procesales y ordenó.

Mientras diplomáticos de la Unión Europea solicitaban ayer a jefes de bloques que avancen en los consensos para aprobar las iniciativas de reformas al Estado, en la reunión de la mesa que analiza cambios al sector justicia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Sistema de Naciones Unidas presentaron varios planteamientos.

La comitiva que acudió al Congreso estuvo integrada por los embajadores de la Unión Europea, Stella Zervoudaki; de Alemania, Mathias Sonn; y de España, Manuel Lejarreta, además de representantes de Suecia y de Gran Bretaña.

Diplomática sacudida

Durante cerca de media hora, los diplomáticos insistieron a los diputados en la necesidad de reformar las leyes Electoral y de Partidos Políticos, la de Contrataciones del Estado, la de Servicio Civil y las que impliquen mejorar el sector justicia.

“Para el Congreso, este momento de crisis debe convertirse en una oportunidad. La solución no es una solución revolucionaria. El Legislativo tiene en su mesa propuestas discutidas por años y años… Lo que se necesita es voluntad política y una medida de coraje”, manifestó Sonn.

Lejarreta les recordó a los diputados que en los últimos tres meses se han producido demandas sociales importantes, la mayoría de ellas dirigidas al Congreso, tal como ocurre en otras naciones, ya que los legislativos son “instancias fundamentales para atender a la población”.

El diplomático español añadió: “Queridos amigos diputados, da la sensación de que el traje político legislativo que tiene Guatemala se ha quedado pequeño para lo que demanda la sociedad. Da la sensación de que Guatemala necesita un traje nuevo que le siente mejor para el futuro inmediato”.

Zervoudaki expuso que Guatemala atraviesa por un momento histórico que ha colocado al Congreso en el centro de la reestructuración del Estado, por lo que ofreció continuar con el apoyo y acompañamiento que Europa ha brindado.

“El diálogo no siempre es fácil, muchas veces es complejo; pero solo a través del diálogo se puede ir adelante”, manifestó Zervoudaki.

Los diplomáticos europeos también solicitaron a los jefes de bloques que tomen en consideración aprobar antes del 25 de julio el protocolo especial firmado entre Guatemala con Belice que permitiría efectuar la consulta popular durante la segunda vuelta de las elecciones, para conseguir que el añejo referendo pueda ser trasladado a la Corte Internacional de Justicia.

Esta no es la primera vez que el Congreso recibe la visita de funcionarios internacionales para impulsar reformas a las leyes del Estado; el lunes último, el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, acudió a la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde manifestó su apoyo a los cambios al rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado.

Sobre la mesa

A la reunión de la mesa que analiza reformas al sector justicia asistió por segunda vez el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, quien presentó de nuevo una lista de modificaciones a la Ley de la Carrera Judicial.

A la sesión también acudió Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las propuestas fueron trabajadas por ambos organismos internacionales.

En opinión del jefe de la Cicig, las modificaciones que plantearon son necesarias para el sistema judicial, porque garantizan la independencia de los jueces y mejoran la jurisprudencia.

El diputado Oliverio García Rodas, presidente de la mesa coordinadora, explicó que la próxima semana convocará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para iniciar con el trabajo de discusión y lograr dar un dictamen favorable y que el pleno las conozca.

Velásquez aseguró que hay consenso sobre las propuestas presentadas y que es necesario que se aprueben para que exista mejor aplicación de la justicia.

“Es conveniente que el Consejo de la Carrera Judicial se dedique permanentemente a tomar decisiones que le corresponden respecto de los aspectos ordinarios y que dé directrices y políticas generales”, afirmó el comisionado.

De brazos cruzados

Pareciera que los diputados no terminan de entender el mensaje, pues en la instancia de jefes de bloques la discusión sobre el mecanismo que se usará para conocer los resultados de las cuatro mesas formadas el 28 de mayo fue breve y sin conclusiones.

La única propuesta concreta fue la de Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que coordinó la mesa de reformas a la Ley Electoral, quien planteó que la iniciativa presentada por esa instancia fuera dispensada de dictamen y así conocerla junto con los 31 artículos que ya fueron aprobados por la Corte de Constitucionalidad.

Para esa propuesta no hubo respaldo de los congresistas, y ni siquiera se entró a votar por la iniciativa de Barreda.

Contrario a ello, el diputado Pablo Duarte, jefe del bloque del Partido Unionista, dijo que el Tribunal Supremo Electoral había sugerido a través de un comunicado que las reformas las debía conocer la legislatura del 2016, lo que fue rechazado por otros diputados.

La aprobación de las leyes ha causado división. La semana pasada, sindicalistas allegados al oficialismo acudieron al Congreso con amenazas de que tomarían medidas si se aprobaban las normativas que se discuten en las mesas, pues exigen apoyo a otras propuestas de demanda social, como la de Desarrollo Rural Integral o la nacionalización de la energía eléctrica.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron en la Corte Suprema de Justicia sus solicitudes de antejuicio contra cuatro diputados y un alcalde.

Los legisladores del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) Luis Chávez Pérez, Mirza Arreaga Meza de Cardona y Mario Yanes Guerra son sindicados de tráfico de influencias y abuso de autoridad, mientras que Mario Rivera Cabrera es acusado de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.

Además, el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es acusado de haber cometido fraude, concusión, asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.

Según explicó la fiscal general, Thelma Aldana, la investigación inicial contra los diputados comenzó por una denuncia del ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez.

El funcionario presentó su señalamiento acompañado de audios y videos de las conversaciones sostenidas con esos diputados.

Piden favores

Las investigaciones determinaron que los diputados Chávez y Arreaga solicitaron la contratación de determinadas empresas de construcción para obra gris en Huehuetenango, a cambio de no atacarlo políticamente.

El diputado Yanes solicitó al ministro de Desarrollo Social la asignación de cinco plazas fantasmas en esa cartera, y a cambio le ofreció otorgarle dos de esas.

Entre las características de las plazas, el diputado expresó la necesidad de que en los puestos para “sus operadores” deban presentar un informe a final de mes, pues no irían a trabajar.

Yanes ofreció, además, “buenos contactos” en la Contraloría General de Cuentas, en caso los llegara a necesitar.

Se defienden

Diputados de Líder consideran que las acciones presentadas son “puro chantaje político del MP para que no se le quite el antejuicio a Pérez Molina”, según detalló Roberto Villate, secretario general de ese partido.

El portavoz de Líder, Fridel de León, manifestó que ni la agrupación ni los diputados han sido notificados de las denuncias. “Se nos hace muy sospechoso que entre las investigaciones no hay un solo señalamiento de los funcionarios del partido de la UNE, quienes tuvieron grandes señalamientos de corrupción”, expresó.

Lavado de dinero

Thelma Aldana detalló también que el diputado Mario Rivera fue investigado por lavado de dinero, pues al evaluar sus ingresos, se determinó que los bienes que posee no fueron adquiridos de manera lícita, al no poseer sueldo acorde a sus gastos.

Cinco vehículos de lujo, cinco viviendas también lujosas y una cuenta bancaria de Q9 millones 194 mil son propiedad del legislador Rivera.
“Con el salario que pudo haber percibido durante nueve años como diputado no llegaría a dicha cantidad”, explicó la jefa del MP.

Nuevo antejuicio

En el caso del alcalde de Chinautla, Medrano, la investigación surgió por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por transacciones sospechosas.

La investigación previa determinó que en el 2008 fueron formadas cinco empresas comerciales: Constructora Lagunilla, S. A.; Multitel, S. A.; Santa Cruz Construcciones, S. A.; Constructora Escala, S. A.; y Constructora Equité, S. A., con la finalidad de prestar servicios a la Municipalidad de Chinautla.

Luego, en el 2009 y el 2011, se estableció la existencia de otras sociedades mercantiles: Constructora El Campo, Dinámica Constructiva, S.A., y Constructora Aguirre Hermanos, S. A., con las cuales tenía vínculos Medrano, y que fueron beneficiadas con la adjudicación de obras pagadas mediante el fideicomiso de la comuna.

Esas sociedades trasladaron fondos a las cuentas bancarias de las compañías creadas en el 2008, y posteriormente constituyeron certificados a plazo fijo a favor de la familia Medrano Osorio.

Los cheques que llegó a cobrar la familia Medrano Osorio tenían valor total de Q24 millones 905 mil, de los cuales Q56 mil fueron otorgados a Brenda Elizabeth del Cid Medrano, quien pretende competir por la Alcaldía de Chinautla, postulada también por Líder.

Iván Velásquez, jefe de la comisión de las Naciones Unidas, manifestó: “Consideramos que hay un entramado de corrupción que es necesario develar y, en esa medida, de manera conjunta con el Ministerio Público, podemos contribuir al fortalecimiento institucional”.

El diputado independientes Rolando Pérez Bethancourt a través de una moción privilegiada solicitó que se conociera y votara a favor de colocar como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad a Manuel Duarte, en sustitución de Alejandro Maldonado.

La estrategia legislativa tomó por sorpresa a varias bancadas que razonaron por más de una hora su voto, criticando que la elección es producto de una alianza de interéses entre el Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder), por beneficios particulares.

Duarte, nuevo magistrado titular de la CC, hasta ahora era el Director del Departamento Jurídico del Congreso de la República.

La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), voto en contra y sus argumentos se basaron en que el Congreso se estaba prestando para que la CC tenga un balance de fuerzas que en algún momento puedan favorecer acciones en beneficio de Otto Pérez Molina y el proceso de antejuicio que enfrenta.

Mario Taracena, de la UNE, señaló que con interrumpir el orden del día se estaba retrasando la integración de la pesquisidora del Presidente, mientras que Orlando Blanco pidió al “Presidente -del Congreso- que no se preste a cochinadas”.

Con 88 votos el Congreso aprobó conocer la moción y someterla a votación para poder elegir y nombrar al nuevo magistrado.

Pesquisidora

En una actividad que se extendió por más de una hora, con 84 votos a favor, el Congreso aprobó como precedente que luego de aceptar la salida de Baudilio Hichos de la comisión pesquisidora de Pérez Molina, se corrieran los lugares y el nuevo integrante llegue a ocupar una vocalía.

Comisión Pesquisidora se reunirá mañana a las 10AM para analizar informe de #AntejuicioOPM. @prensa_libre pic.twitter.com/9yRO28dPou

— Joel Suncar (@jsuncarpaz) July 3, 2015

El precedente permite que Fernando García Gudiel, secretario de la Comisión, asuma la presidencia de esa instancia. El diputado Roberto Villate, jefe del bloque Líder, al razonar su voto sentenció que sin importar quien asuma el puesto vacante en la comisión, ya existe un informe y se insistirá en que se firme. El informe recomienda que se retire la inmunidad a Pérez Molina.

Salvador Baldizón, diputado de Líder y hermano del presidenciable de esa agrupación política, fue el elegido a través de sorteo para integrar la comisión y pueda, estando completa, presentar de nuevo el informe pesquisidor al pleno.

La jornada

En una espera larga y ante la ausencia notoria de los diputados de Libertad Democrática Renovada (Líder), por más de 60 minutos, la sesión inició con la presencia de 121 diputados.

La agenda legislativa contempla el conocer la renuncia del diputado y presidente de la Comisión Pesquisidora Baudilio Hichos, que se excusa de integrarla y sobre quien pesa una solicitud de antejuicio.

El inicio de sesión también incluyó una supuesta amenaza de bomba en el Palacio Legislativo, sin embargo esta fue descartada y la sesión fue abierta por el presidente del Legislativo Luis Rabbé, a las 16.30 horas.

Las lectura de actas anteriores, la acción de amparo presentado por karen Fischer a la Corte de Constitucionalidad  y la renuncia de Hichos a la presidencia de la pesquisidora, que fue apoyada por 122 parlamentarios.

Agenda del día

• Lectura y aprobación de las actas anteriores.
• Auto de la CC por medio del cual se revoca el amparo provisional otorgado a Karen Fischer que frenaba el trabajo de la comisión pesquisidora de Otto Pérez Molina.
• Renuncia del diputado Baudilio Hichos como presidente de la comisión pesquisidora de Otto Pérez Molina.
• Conocimiento del pleno de 1 iniciativas de ley.
• Informe de las auditorías de la CGC a la Liquidación del Presupuesto del Congreso en 2014.
• Informe de integración de las Comisiones Lesgislativas de Trabajo.
• Elección de los integrantes de la comisión de Derechos Humanos del Congreso.
• Discusión en primer debate del dictamen de proyecto  para aprobar el Convenio de Cooperación Financiera entre el Gobierno de Guatemala y la República de Taiwán.
• Convocatoria para participar a los aspirantes a integrar el directorio del Registro Nacional de Personas.
• Elección del Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal.
• Mociones y Proposiciones.

No se conoció en el pleno el informe de la comisión Pesquisidora que recomedaría retirar el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina.

En la denuncia se incluye al alcalde de Mazatenango, Suchitepéquez, Roberto Lemus, aunque se   determina  con el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  si ya está inscrito como candidato para iniciar las diligencias, señaló el MP en un comunicado.

El documento refiere que ambos procesos se iniciaron luego de que, el 18 de mayo, circuló en ese municipio  un supuesto vale canjeable por materiales de construcción, el cual cobraría  vigencia en el 2016.

Según el fiscal  de Delitos Electorales del MP, Carlos López Aquino, la solicitud del antejuicio en contra de Baldizón   se hizo porque su imagen aparece junto a la de Roberto Lemus, en un vale   aparentemente canjeable por   materiales de construcción en el primer trimestre del 2016.

“Nosotros necesitamos investigar a las dos personas que aparecen en el vale, para establecer si es cierto o no, pero obviamente a ambos se les tiene que iniciar acciones legales. El problema es que un candidato inscrito ya tiene inmunidad, y para poder comenzar la averiguación respectiva  se debe solicitar el antejuicio”, explicó el fiscal.

El origen

Blanco, ponente de la acusación, indicó que la UNE amplió la denuncia que puso el 20 de mayo en la delegación del TSE de Mazatenango, por campaña difamatoria en contra de esa agrupación política, y porque el candidato de Líder estaba distribuyendo  vales en los que prometía materiales de construcción a cambio del voto.

“Fue esta denuncia que provocó que Líder hiciera una campaña contra nosotros, con un volante similar al que ellos habían hecho, solo que firmado por la UNE, y fue la que tomó en cuenta la Fiscalía para solicitar antejuicio contra Sandra Torres”, detalló, molesto, el diputado.

Guerra de denuncias

Blanco considera que hay una judicialización de la política electoral por parte de Líder, que ha interpuesto recursos a través de fundaciones.

“Lo único que esto va a llevar es que si quieren guerra de denuncias, pues denunciémonos y que se judicialice la política”, manifestó el congresista.

La apreciación de la UNE es que el MP está parcializado y que le está dando trámite solo a las denuncias de Líder, por lo que Blanco anunció que “accionará contra la Fiscal General, Thelma Aldana, por incumplimiento de deberes, debido a que se procesan solo los alegatos de otras agrupaciones políticas”.

Antejuicio contra Torres

En menos de una semana, los dos candidatos presidenciales que según las encuestas están a la cabeza, con   mayores posibilidades de ganar las elecciones, fueron procesados, ambos por denuncias similares.

El miércoles recién pasado, la fiscal general anunció que se había dado trámite a un antejuicio contra Torres, presidenciable de la UNE, ante la posibilidad de que hubiera incurrido en   delito electoral.

La denuncia contra Torres también se originó en Mazatenango, Suchitepéquez, en donde se señaló a Julio Recinos, candidato a alcalde por ese municipio, de haber entregado vales canjeables por materiales de construcción, para un día después de las elecciones, el 7 de septiembre del 2015.

Hichos está vinculado a gestiones irregulares para la construcción de una clíncia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) en la cabecera de Chiquimula, como lo había documentado Prensa Libre el 1 de junio recién pasado.

En conferencia de Prensa ofrecida este miércoles, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, confirmó que la investigación de esa entidad encontró irregularidades en el arrendamiento de las referidas instalaciones

“Hichos brindó un contrato de arrendamiento que serviría para el IGSS fue hecho por más de Q2 millones“, dijo Velásquez.

La investigación determinó que por medio de algunas operaciones se quizo dar legalidad al contrato, subiendo a Guatecompras supuestos terminos con los que pretendía dar apariencia de transparencia.

Según el comisionado Velásquez, se determinó que los detenidos hoy Francisco Cortez, Lester Otto Daniel Ortíz Lima, Alma Méndez Blanco, Salvador Álvarez, Jorge Mario López Pellecer, y el diputado Baudilio Hichos “se asociaron para realizar y ejecutar el acondicionamiento del edificio, previo a que se invitara a ofertar, se asociaron para que se ocultaran las obras realizadas, para que se irrespetara la Ley de Compras y Contrataciones, que se recuperara la inversión financiada por Hichos, que se impidiera la participación de otras empresas y se engañara a otros oferentes con datos falsos“.

Estos hechos ocurrieron con bastante certeza y por eso se ha presentado la petición para retirar del derecho de antejuicio por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude, dijo Velásquez.

El 1 de junio último, Prensa Libre publicó una investigación que reveló la red que maneja el legislador, así como las anomalías en el arrendamiento del edificio al Seguro Social.

Aunque el diputado Hichos no ha respondido a las llamadas que se han hecho a su teléfono celular, en diferentes oportunidades ha insistido a Prensa Libre que no tiene ninguna vinculación con el edificio que arrenda el IGSS en Chiquimula. “Cuando llegue el momento lo voy a demostrar”, ha manifestado.

Días después, Hichos atacó a este periódico afirmando que se había pagado Q250 mil a periodistas de este diario para atacarlo y desprestigiarlo.

Según Guatecompras, en un proceso por excepción, el Seguro Social arrendó por dos años y tres meses el inmueble de la empresa Comercial & Constructora Siboney.

“Es una ocasión importante para destacar de qué manera uno de los elementos importantes de este proceso de corrupción, siempre existen unas redes que logran obtener favores, ventajas y privilegios de las autoridades o de funcionarios en sus actividades particulares”, agregó el comisionado.

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El convenio se firmó el 16 de octubre del 2014 entre Álvaro Dubón González, subgerente administrativo del IGSS, y el representante legal de Comercial Siboney, Ricardo Martínez Hernández, quienes acordaron un pago de Q90 mil mensuales por tres pisos de ese edificio.

Con el cambio, el IGSS en Chiquimula dejó el inmueble donde tenía más de 15 años de funcionar y por el que pagaba Q24 mil mensuales, según consta en el contrato 433-DSC del 2013, al que Prensa Libre tuvo acceso.

Vínculo con Hichos

Aunque Martínez Hernández figura como representante legal de Comercial Siboney, Prensa Libre tuvo acceso al contrato de constitución de la sociedad anónima, en la que consta que Baudilio Elinohet Hichos López tiene 80 por ciento de las acciones de esa entidad.

El 20 por ciento restante se divide en 10 de Maritza del Rosario Montes Gómez, esposa del congresista; cinco para Mario Arturo Hichos López, hermano del diputado; y otros cinco para José Rolando Díaz Hernández, quien del 2008 al 2012 fungió como concejal quinto en la Municipalidad de Chiquimula, por el Frente Republicano Guatemalteco.

Además de albergar al IGSS, en el edificio funciona un banco, el Colegio de Abogados, una cafetería, una oficina privada, el Instituto de la Defensa Pública Penal, un spa y un salón de usos múltiples.

Reacciones 

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, ese es el primero de una serie de casos que seguramente se dará a conocer en los próximos días, tanto producto de las investigaciones de la Cicig como el retiro de Visas de la embajada.

Carlos Fión, jefe de la Compromiso, Renovación y Orden (Creo), dijo: “Nadie es superior a la ley, los diputados, alcaldes o cualquier otra actividad que se desempeñe en el sector público estamos expuestos a la opinión pública y a la demanda del cumplimiento de la Ley”.

Agregó: “La Cicig tiene las facultades de iniciar el proceso, pero el diputado Hichos también tendrá el derecho a defenderse y a probar su inocencia, la Constitución tiene como principio fundamental la presunción de inocencia”.

Ambos congresistas están conscientes de que esta es la primer acción de la Cicig y que se espera y prevé que más diputados puedan estar vinculados a procesos legales por hechos anómalos.
                                                       

Defienden a diputado

Según Blanco, existe un problema en cuanto a retirar a Hichos de la presidencia de la Comisión Pesquisidora que analiza el antejuicio contra el Pérez Molina, ya que la Ley de Antejuicios prohíbe excusarse, además, argumentó: “No se le eligió por idóneo, fue por sorteo”, manifestó.

“Se podrá cuestionar la legitimidad de los resultados de la Pesquisidora, pero hay un impedimento para que él pueda renunciar, así que se tendrá que lo que nos queda es estar atentos del actuar de los miembros de la Comisión”, argumentó el diputado de la UNE.

Carlos Fión, jefe de la Compromiso, Renovación y Orden, afirmó que la Pesquisidora no sufre ninguna alteración, “porque es la promoción de un incidente por la vía legal que aún no tiene resultados, es decir mientras que Hichos no pierda su calidad de diputado, él sigue siendo el presidente de la Comisión”.

Roberto Alejos, diputado del Partido Todos, afirmó: “La acusación pone en aprietos al diputado, porque es el presidente de la Pesquisidora, definitivamente tiene que retirarse de la Comisión, con la denuncia tiene la disculpa perfecta para excusarse, y como decía que lo estaban amenazando, es mejor para él”.

Alejos explicó que sería imprudente que Hichos continuara en la investigación, porque “el proceso contra el Presidente tiene relación con el IGSS, entonces podría convertirse en juez y parte y eso no sería prudente”.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, solicitó a la Comisión Permanente que convoque de urgencia a una extraordinaria para elegir por sorteo al diputado que deberá suplir a Hichos, ya que a criterio de la congresista su colega debe de abandonar la mesa que analiza el antejuicio contra el mandatario.

“Cualquier resultado que den, tendrá un tacha y habrá muchas dudas, por lo que es mejor que se abstenga él y el diputado del Partido Patriota, Mario Linares, por tener intereses a favor del presidente Pérez Molina”, dijo Montenegro.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, también consideró prudente que Hichos salga de la Comisión Pesquisidora, “si antes ya había expectativas porque varios integrantes eran señalados, ahora ya hay un cuestionamiento directo a nivel del MP y de la Cicig, entidad encargada de investigar estructuras clandestinas y aparatos ilegales”.

Ibarra hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que tome en cuenta “los hechos públicos y notorios que se están conociendo, no son chismes, es una causa administrativa, que deberían de analizar y evitar que sean inscritos para participar.

En conferencia de prensa el secretario general del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Roberto Villate, anunció que se decidió devolver los Q6.9 millones a financistas ligados al Estado.

Integrantes del comité ejecutivo de Líder hicieron pública la decisión y explicaron que los financistas de suministros médicos se les está devolviendo los aportes al partido porque podrían tener relación con la Droguería Pisa y los contratos con el Seguro Social.

RT @jgramajo_pl: Estos serían los cheques que @Lider_Guatemala habría devuelto a empresa vinculada con droguería Pisa pic.twitter.com/Unqwjw6oOA

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 31, 2015

El pasado 25 de mayo, Prensa Libre reveló que Surtidora Médica aportó a Líder Q2.3 millones solo en el primer semestre de 2014.

José Domingo Fuentes Laylle y Carlos Rafael Morán Dávila figuran en la página de Guatecompras como representantes legales de las empresas Medicina Corporativa S.A. y Surtidora Médica S.A. Esta última, sin señalamientos, es la que donó Q2.3 millones a Líder en 2014.

En Medicina Corporativa, Fuentes Laylle y Morán Dávila son los representantes tres y siete, respectivamente. Esta empresa fue subcontratada por Droguería Pisa para dar el servicio de diálisis a afiliados del IGSS y ganó el otro concurso para el tratamiento de hemodiálisis en el Seguro Social, pero ello gracias a que, según los señalamientos del Ministerio Público, pagó un soborno mayor al que ofrecía otra para que se le adjudicara ese contrato.

De hecho, el contrato con Pisa fue rescindido debido a las denuncias de mal servicio, infecciones a un centenar de personas y la muerte de 13 pacientes renales.

El 20 de mayo fueron capturadas por este caso 17 personas —señaladas de fraude—, entre ellas la Junta Directiva del IGSS, incluyendo a su presidente, Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado del presidente Otto Pérez Molina, así como el director de Pisa en Guatemala, Ramiro Lorenzana.

Lisardo Soza y Mario García Lara, fueron nominados como presidenciables de Todos, durante la actividad partidista realizada este sábado a puerta cerrada en un hotel capitalino.

El binomio presidencial de Todos, está integrado por dos economistas, mientras que el ex presidente Alfonso Portillo encabezará el Listado Nacional de diputados al Congreso de la República, mientras que Felipe Alejos le seguirá en el listado.

En la asamblea celebrada en la capital guatemlateca, Portillo estuvo acompañado por la exprimera dama y su exesposa, Evelyn Morataya, con quien ocupará la primera y tercera casilla de candidatos a diputados del listado nacional respectivamente.
 
El diputado Roberto Alejos, nombrado coordinador de la campaña electoral, aseguró que llevarán más mujeres candidatas que buscarán un puesto en el Congreso de la República, y que se asegurarán mayor participación a la mujer indígena.
 
Por su parte, Portillo reconoció que, de alguna manera, todos son responsables de la actual situación que vive el país, tras el descubrimiento de sendos escándalos de corrupción que involucran a funcionarios del Estado.
 
“Hoy estamos aquí para corregir errores. La política actual es de sobornos, compras y rifas”, expresó el exmandatario, y agregó: “Me pongo al veredicto del pueblo. Si no me votan, lo respetaré”.
 

RT @jgramajo_pl: "El pueblo me recibe haciendo a un lado mis pecados" afirma @alfonsoportiyo candidato de @TODOSXGT pic.twitter.com/ITheZvoSb7

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 30, 2015

Guatemala celebrará los comicios generales el próximo seis de septiembre, donde más de 7,5 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a su presidente y vicepresidente para el período 2016-2020, además de 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales.
 
Ningún partido político ha podido repetir un período presidencial en Guatemala desde que fue establecida la democracia en 1986.

Los presidentes del Organismo Ejecutivo y Legislativo, Otto Pérez Molina y Luis Rabbé, se reunieron ayer para hablar sobre modificaciones a varias normativas, mientras el gobernante nuevamente descartó su renuncia.

La primera en la fila es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuya iniciativa 4783 ya fue revisada y comentada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Rabbé recordó que la Corte emitió opinión favorable para 31 artículos de los 60 enviados por el Congreso; 15 con opinión favorable, pero condicionada; tres también favorables, con sugerencias; siete desfavorables y cuatro artículos sin opinión.

Después se buscarán cambios a las leyes del Servicio Civil y de Compras del Estado.

En tanto, Pérez Molina reiteró que no dejará el cargo, aunque respeta el “derecho de petición” de varios sectores que se han pronunciado.

Paso adelante

Se conoció que la discusión de las enmiendas a la Ley Electoral se inició desde el fin de semana último, como parte de una estrategia para enfocar las exigencias sociales en los cambios a esta y otras normativas de transparencia.

En esas reuniones han participado diputados de diferentes bancadas, incluso ayer, después de la conferencia concedida por Rabbé en la Casa Presidencial, legisladores de los bloques Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido Patriota (PP), Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y Todos se habrían reunido con miembros de la Junta Directiva del Congreso, para estudiar una estrategia.

De acuerdo con Rabbé, hoy convocarían a una reunión de jefes de bloques, para buscar consenso, pero hasta ayer en la tarde la Dirección Legislativa no había hecho ningún llamado a los congresistas.

Piden discusión

Aunque el mismo Gudy Rivera, jefe del PP, reconoció que las reformas a la Ley Electoral llevan más de nueve años en discusión, diputados de varias bancadas insisten en que se instale una mesa de diálogo para buscar consensos e incluir otros temas que habrían quedado pendientes.

Carlos Barreda, diputado de la UNE, dijo que han tenido acercamiento con parlamentarios y organizaciones sociales con las cuales buscan abrir la discusión.

Según Barreda, algunos aspectos pendientes son el transfuguismo, las escasas capacidades de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral y la reelección de alcaldes y legisladores.

Según Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, el compromiso de los presidentes del Ejecutivo y del Legis-lativo es un avance político importante, y espera que no se vuelva un distractor, aunque comparte la idea de que se organicen foros de discusión para escuchar la propuesta de la sociedad.

Aseguró que no debe quedarse solo en lo electoral. “Esa es solo la punta del iceberg; hay que modificar también las leyes de Servicio Civil, de la Contraloría General de Cuentas y la de Postulación, para evitar la forma espuria en que son electos los magistrados de las cortes”, indicó.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Transparencia, José Alejandro de León Maldonado, dice que el Ministerio de Cultura usa el naranja en artículos deportivos.

Machón indicó que desconoce que si los productos incautados en marzo último corresponden a los del contrato con la empresa Importaciones y Distribuciones Comerciales de Guatemala S.A., por le que solicitaron un informe para determinar si estos pertenecen a dicha cartera.

El 22 de marzo último fueron capturados dos hombres en el kilómetro 265 de la ruta entre Malacatán y la cabecera de San Marcos, donde en el furgón SD29916 transportaban 345 bultos que contenían mochilas escolares y pelotas del Ministerio de Educación (Mineduc) con el logotipo de Educación Física.

Las autoridades informaron que los capturados son Boris Enrique Campos Barrios e Iram Saúl Fajardo, quienes no pudieron explicar la procedencia de la mercadería.

Anabella Espinoza, del Ministerio Público, informó que lo incautado es material deportivo del Mineduc, y que son tres mil 300 pelotas de basquetbol y 34 mil 500 mochilas escolares.

En la citación Carlos Lainfiesta, interventor de la EPQ, negó haber realizado las compras y afirmó que han utilizado la Ley de Contrataciones para todos los procesos de compra y contrataciones.

Roberto Alejos, diputado de Todos, dijo que han recibido varias denuncias sobre el uso indebido de los estados de calamidad para las compras.

Empero Lainfiesta respondió que ambos acuerdos están delimitados geográficamente por lo que no era imposible que esa instancia pudiera utilizarlos como mecanismo para compras.

Paralelamente se lleva a cabo en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, la audiencia de primera declaración de los 22 capturados por defraudación aduanera y contrabando.

Mientras tanto el MNR pide investigar a Baldetti por fraude aduanero, ante su posible implicación en el caso denominado La Línea, en donde aparece señalado su exsecretario privado Juan Carlos Monzón.

Fija plazo a Fiscal General

Aníbal García, secretario general del MNR, dijo “le damos 48 horas a la Fiscal General Thelma Aldana para que promueva el antejuicio” quien considera que el antejuicio puede ayudar a consolidar la democracia.

Por otro lado Mario Estrada, secretario general y precandidato presidencial de la UCN, mencionó que el partido se encuentra complacido con la investigación que llevó a cabo la Cicig y el Ministerio Público para desarticular una banda de defraudadores fiscales y contrabandistas en la SAT.

Al mismo tiempo solicitó que las investigaciones se profundicen y se deduzcan responsabilidades penales a los que resulten involucrados.

“No puede ser que los mandatarios teniendo inteligencia –civil y militar- a su disposición no hayan detectado que había corrupción en la SAT”, afirmó Estrada.

Roberto Villate, jefe de bancada y secretario general de Líder, puso condición para asistir al pleno del Congreso que se conforme una comisión en el Legislativo para investigar a profundidad el caso de la red de corrupción en la SAT.

Mientras que Manuel Baldizón, a través de un video publicado en la cuenta del Partido Líder, apela por el razonamiento del voto en los próximos comicios. 

https://www.youtube.com/embed/L6KsQe0O4NM

Orlando Blanco, de la UNE, exigió al presidente Otto Pérez Molina que se pronuncie para la continuidad de la Cicig y que su partido apoyará la ratificación de la ampliación del mandato.

El inspector general del TSE, Óscar Sagastume, dijo que nadie ha interpuesto denuncias por lo ocurrido el jueves recién pasado, pero por las imágenes de los medios de comunicación se optó por investigar. Los resultados los presentarán al Registro de Ciudadanos, para que determine si corresponde alguna sanción.

El contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, indicó que investigarán si el Ministerio de Desarrollo Social cumplió con la ley, pero lo relacionado al PP le corresponde al TSE.

El secretario general del PP, Valentín Gramajo, esquivó las críticas. “En el lugar no estaba Sinibaldi, él estaba en El Progreso y no en Huehuetenango; tampoco se dieron en la actividad donde estaba el presidente y la vicepresidenta. Tengo entendido que fue en otros municipios, pero investigaremos para ver quién nos quiere culpar”, resaltó.

Sinibaldi negó en la redes sociales estar ligado a la entrega de alimentos con calendarios con su foto, y pidió “a las organizaciones locales que no caigan en la tentación”.

La viceministra de Protección Social, Regina Rivera, dudó que los productos entregados fueran de esa dependencia, porque “no había ninguna actividad programada en Huehuetenango”.

En un evento en ese departamento, Mazariegos fue cuestionada y respondió: “Desconocemos en qué momento llegaron bolsas con propaganda. El Mides tiene conocimiento de lo que se liquidó, pero obviamente lo que nosotros hagamos con nuestros recursos es cosa del partido y no debe importar”.

Restricciones a la prensa

Ayer, los periodistas locales y de la capital no tuvieron acceso a entrevistar al presidente Otto Pérez. Aunque medios de la capital fueron convocados a participar en la entrega de la bolsa segura en cinco municipios de Huehuetenango, se informó que la actividad estaba cancelada, sin embargo, no fue así.

Agentes la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia impidieron entrevistar al mandatario en Santa Cruz Barillas.

Agentes de la PNC fueron alertados anoche por un individuo que no se identificó sobre la posible transacción anómala de varios hombres en torno a un camión estacionado en la 15 calle y 14 avenida, barrio Gerona.

Al llegar al lugar los agentes se encontraron con el camión blanco placas C-207BNT el cual tenía la puerta del piloto abierta y en el furgón varias tablas tiradas, tres paquetes de dólares y varios billetes sueltos tirados en el piso del automotor.

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, apoyados por la División de Coordinación con las Oficinas de Criminalística de la Dirección de Criminalística realizaron un análisis con escáner del vehículo para determinar la procedencia del dinero, hecho que aún se encuentra en investigación.

El vehículo localizado es un camión Nissan, color Blanco, modelo 1993, hasta el momento no ha sido reclamado ni reportado. Tampoco se desarrolló ninguna captura.

“Es increíble cómo en un país con altos índices de pobreza haya un mandatario que devengue Q150 mil mensuales, más casa, vehículos y cualquier cosa que él y su familia quieran comer. Hay que modificar la Ley de Servicio Civil, empezando por el salario del presidente”, manifestó Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala.

Felipe Alejos, del bloque Todos, dijo que los cambios a la normativa deben estar orientados a crear un perfil del funcionario y a establecer una tabla de ingresos, donde se establezcan dietas, viáticos, servicio de representación y otras cosas que pueden percibir, ya que a veces se convierten en sobresueldo.

Para Carlos Mejía, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, “ningún funcionario público, de entidad autónoma o semiautónoma debería ganar más que los diputados. Todos deberían ganar igual o menos, ya que los congresistas son electos y los otros son nombrados”.

Justifica sueldos

Pérez Molina reconoció ayer que en asuntos de puestos y sueldos debe efectuarse una reforma a la Ley del Servicio Civil, la cual dependerá del Congreso.

Además, defendió que los sueldos de los ministros  son menores a los de ejecutivos de “grandes empresas” guatemaltecas y a los de jefes de entidades que no son del Ejecutivo, como la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y la Superintendencia de Administración Tributaria.

También comentó que el Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional del Servicio Civil analizan la clasificación de puestos y sueldos, pero no dio fecha para la conclusión.

El gobernante hizo ver que buscan mejorar los ingresos de los agentes de la Policía Nacional Civil, y recordó el aumento salarial a los maestros en los últimos años, pero evitó responder de por qué los primeros afectados, cuando hay crisis económica, son los trabajadores operativos y no la burocracia de élite.

“Para tener a la mejor gente en el Gobierno, obviamente se necesita  que haya un buen salario, y eso me estoy refiriendo en el caso de los ministros y viceministros”, agregó el mandatario.

Sin pago

Carlos Ruiz, secretario general del Ministerio Público, informó que Finanzas les debe Q307 millones  a noviembre. De no concretarse el pago, la deuda llegará a Q417 millones en diciembre.

“Se va a pagar el sueldo de noviembre, pero de continuar el problema tendremos problemas para el aguinaldo”, expresó Ruiz.

“Los procesos de selección para los magistrados de sala y de la CSJ han sido cuestionados. Creo que la solución no está en volver a repetir el proceso que ya se dio; yo creo que la solución para que no se vuelvan a repetir estas cosas es entrarle a conocer a fondo las reformas constitucionales que sean necesarias”, aseguró el gobernante, en conferencia de prensa después de haber concluido un acto público en el Palacio Nacional de la Cultura.

Agregó que reformar la Constitución no debería ser motivo de “miedo” para la población ni para “sectores” que creen que se va a comenzar con el tema de justicia pero que después podrían tratarse otros asuntos.

Reacciones

El analista político Álvaro Pop coincidió con el mandatario en la necesidad de las reformas, y que varios sectores han entregado propuestas en ese sentido. “Podría llevar esa reforma a una crisis, pero crisis necesaria en el país. No podemos ordenar en este momento sin desordenar un poco”, explicó.

El abogado constitucionalista Gabriel Orellana señaló que le llama la atención que la propuesta de reforma la quiera retomar el gobernante cuando “ya va de salida” —de su mandato presidencial—, y porque en este momento el Partido Patriota no tiene la mayoría de diputados en el Congreso.

“Me preocupa que se limite a la necesidad de reformar la Constitución, y que no hace una propuesta de cómo va a garantizar que esas reformas van a concentrarse únicamente en el tema judicial”, añadió el jurista.

El presidente del Congreso, el diputado oficialista Arístides Crespo, compartió la necesidad de reformar la Constitución, porque a su criterio es la raíz del problema, y dijo que el Legislativo está dispuesto a trabajar en ello, si es necesario.

“No hay manera de resolver los problemas de las comisiones de postulación si no se tocan los temas constitucionales, porque al final la elección llega al Congreso, y las decisiones en el Congreso son políticas por excelencia, y así se elegirá: de manera política”, manifestó Crespo.

Agregó  que el momento es ahora, porque de lo contrario, en cinco años, volverá a suceder el mismo problema con la selección de magistrados.

ABOGADO

Ya hubo intento

“En 1999, la reforma del Organismo Judicial se vino abajo por la irresponsabilidad de los partidos, que quisieron aprovecharse e introducir otras reformas que en ese momento no eran propias” del proyecto, recordó el abogado Gabriel Orellana.

CONGRESO

Discusión seria

De acuerdo con el presidente del Congreso, Arístides Crespo, “cuando se habla de reformar la Constitución, muchos lo ven mal porque los políticos tenemos poca credibilidad y piensan que saber qué  vamos a hablar de reelección, pero la discusión debe ser seria”.

De los 15 miembros de la Sala firmaron ocho, siete de ellos del Partido Patriota, pero Rivera se negó a dar los nombres de los que apoyaron la propuesta presentada por el Ejecutivo.

El presidente de esa instancia afirmó que en la propuesta se incluyó la ampliación por Q550 millones para el Ministerio de Comunicaciones, que fue derogada con la  Ley de Protección de Obtenciones Vegetales.

Roberto López, de la Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de esa comisión, aseguró que su bancada no apoyará la propuesta y anunció que esta podría ser presentada hoy en el pleno.

Magistrados consultados indicaron que  la discusión se reanudará hoy, ya que ayer se suspendió  porque dos de los integrantes del TSE debían asistir a una reunión en el Directorio del Registro Nacional de las Personas.

Con anterioridad, el vocero del TSE, Julio Ochoa,  había informado que el inspector general de ese alto organismo, Hugo Rivera, tendría en ocho o 10  días un informe sobre la actividad de nominación de Sinibaldi en la Plaza de la Constitución, y que el Registro de Ciudadanos determinaría si hubo  propaganda electoral anticipada.

Sigue cancelación

Mario Guerra Roldán, expresidente del TSE, refirió que la actividad del PP demuestra insolencia hacia este organismo, la ciudadanía,  la Ley Electoral y la Constitución.

“Para mí ha sido una cosa inaudita, donde se mostró una desfachatez, un descaro, y que no les importó violar la Ley, y si los magistrados del TSE no aplican la sanción que conforme a la Ley merece esa trasgresión, eso apunta a un fraude electoral. Luego de ser suspendidos, sigue la cancelación. ¿Se atreverían a hacerlo?”, dijo Guerra Roldán.

Afirmó que llama la atención que el TSE haya levantado la suspensión en una rara coincidencia con la aparición, a los pocos días, de Sinibaldi como precandidato presidencial.

Malentendido

El presidente Otto Pérez Molina no quiso pronunciarse sobre la actividad en sí, con el argumento de que la Ley lo obliga a no tener participación política partidaria.

Sin embargo, en relación con la frase de Sinibaldi: “Nuestro presidente está comprometido con la victoria y está trabajando para que ganemos con mucha fuerza”, el mandatario explicó: “Yo la única forma como puedo colaborar y cooperar es haciendo bien mi trabajo como presidente, trabajando muy duro como lo hemos hecho más de 18 horas diarias y creo que a eso se estaba refiriendo, porque después de eso a mí  no me van a ver vestido de naranja ni haciendo proselitismo”.
 
Diputados de  diferentes bancadas exigieron al TSE que actúe de manera contundente, o de lo contrario ese organismo será vinculado con el PP.
Carlos Fión, de Compromiso, Renovación y Orden, expuso: “El PP desafió al TSE. Ahora ellos tienen un problema porque tienen que actuar, ya que ese acto político violenta la Ley Electoral”.

Según Mauro Guzmán, de la Unidad Nacional de la Esperanza, “a todas luces fue un evento proselitista cargado de propaganda política. Incluso llamaron al voto y presentaron a un candidato”.

Ovidio Monzón, del partido Todos, dijo que el TSE debe investigar con qué fondos pagó el PP la difusión del evento en la televisión, y lo calificó de mal gusto, porque se organizó 15 días después de que el órgano electoral levantó la suspensión a 11 partidos.

Juan José Porras, jefe del PP, restó importancia a esos señalamientos y dijo que si es o no campaña anticipada lo deberá definir el TSE.

Transgreden norma  

Disposición legal para los comicios en el país:

Artículo 193  de la Ley Electoral establece que el proceso electoral se inicia con la convocatoria a votaciones.

Artículo 62 bis del reglamento de esa norma establece como  propaganda electoral toda actividad organizada y llevada a cabo por los partidos políticos, encaminada a la promoción del candidato, difusión y explicación de sus programas de gobierno. El proselitismo es  el derecho de esas  organizaciones políticas  a dar a conocer su nombre, emblema y afiliación.

Artículo 69.  La propaganda y encuestas electorales  serán permitidas desde el día siguiente a la convocatoria a elecciones y hasta 36 horas antes de celebrarse los comicios.

??Así quedó? ?la Plaza de la Constitución luego del mitin realizado por el Partido Patriota para presentar a su precandidato. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Suspensión previa

El pasado 4 de septiembre el TSE levantó la suspensión que impuso a inicios de julio a 11 partidos políticos por incurrir en campaña anticipada, entre ellos se encontraba el Partido Patriota.

La suspensión se levantó cinco días después de que Sinibaldi anunciara su renuncia como ministro de Comunicaciones.

Propaganda y proselitismo

Del 1 de enero al 3 de julio de este año, nueve partidos políticos han contratados espacios para propaganda y proselitismo por Q5.3 millones, detalla un informe presentado por la organización Acción Ciudadana.

Durante agosto pasado se constató que el presidente Otto Pérez Molina aprovecha sus discursos en la provincia para mencionar lo bueno que ha sido el alcalde o la alcaldesa del municipio que visita, por lo que les pide  a los asistentes “apoyarlo” por el trabajo que ha hecho.

Esta técnica fue utilizada para promover la figura del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien durante la inauguración de obras solicitaba a la población cuatro años más para el partido oficial.

*Con información de Manuel Hernández

CIUDAD DE GUATEMALA-  El PP perdió la mayoría en el Congreso,

¿Qué posición van a tomar ahora?

Porras: El PP mantuvo la bancada mayoritaria durante dos años y medio. Los movimientos son normales, los compañeros diputados buscan un vehículo para relegirse, pero en el trabajo legislativo es más importante buscar consensos.

¿El PP puede seguir teniendo el control?

Porras: En la instancia de jefes de bloques se busca consensos para trabajar. Hay mucha madurez de los políticos en el Congreso.

¿Cómo van a lograr aprobar el presupuesto del 2015 y el préstamo de US$340 millones que necesita el Ejecutivo?

Porras: Con 105 votos se podían pasar de urgencia nacional los temas, pero no es la única fórmula legislativa para aprobar iniciativas de ley; también se pueden manejar los 80 votos a través de los consensos.

¿Líder va a apoyar el presupuesto del 2015?

Villate: Si presentan un presupuesto nuevamente hecho con los pies no se va a apoyar, pero si vemos uno con gasto racional, podemos platicar. Si hay más endeudamiento no se puede.

¿En qué temas apoyan una agenda común?

Villate: Si existe un consenso porque el tema es de beneficio social, lo haremos. Si quieren romper los 105 y empezar a usar temas de 80 votos, dejan precedentes para que en gobiernos futuros no exista oposición.

¿Quiénes van a ser sus bancadas aliadas?

Porras: Vamos a hablar con todas las bancadas opositoras, es nuestra obligación, debemos trabajar en esos consensos y en una agenda de desarrollo.
 

¿Se cumplen los consensos?

Villate: En bloque se hace una cosa, y en el pleno, otra, esa es la generalidad, pero se puede llegar a consensos. En los próximos días presentaré una iniciativa para prohibir o establecer procedimientos para dejar fuera el financiamiento de los partidos políticos a través de aportes del narco y del crimen organizado. Cuando lo presente, pediré el apoyo del PP.

¿Líder dejará la oposición intransigente, según analistas?

Villate: Los analistas nos llamaron intransigentes con la reforma fiscal y hoy deberían pedirnos perdón.

¿Y con las interpelaciones?

Villate: Ya no hay bloqueo, como algunos han querido decir. Nosotros estamos abiertos a avanzar, existen mecanismos.

La CC obliga a que el estado de Excepción sea conocido en la próxima sesión.

Porras: Desconocemos la resolución, pero si es así, habría que estudiarla; el Congreso ya la conoció. Aparte sería entrar a sesión a aprobarlo, modificarlo o improbarlo.

Pero la ley dice en los tres días siguientes…

Porras: Y ya se hizo, desde que llegó al Congreso se puso en conocimiento el estado de Calamidad, se remitió a comisión y allí está.

Antes estos temas se votaban, ahora se leen y se mandan a comisión.

Porras: No es así, si se revisan las prácticas legislativas desde el presidente —Álvaro— Arzú a la fecha se pueden encontrar precedentes de que se conocía en el pleno y se remitía a comisión y no había problema.

Villate: Pareciera que es legal, pero no es justo. En tiempos de la UNE el partido de oposición reclamaba cosas como falta de transparencia. Si las bancadas llamadas aliadas junto a nosotros quisieran lograr los 105 votos para reformar este tema, sería lo mejor para el país. Dejemos a la Corte de Constitucionalidad tranquila, entrémosle nosotros a arreglar los problemas del Congreso.

¿Es válido convertirse en bancada mayoritaria con tránsfugas?

Villate: En algún momento surge de —los diputados— la decisión de irse a otro partido. El transfuguismo es una cuestión relativa.

Porras: El diputado es electo por un partido que obedece a sus principios y valores, pero puedo entender que las ventanas de oportunidad se van cerrando de cara a una elección. Platiquemos de cómo evitamos el transfuguismo.

¿Por qué no modificamos la Ley de Régimen Interior delCongreso y nos ponemos a trabajar?

Villate: No es en la Ley del Organismo (Legislativo), es en la Ley Electoral.
Porras: Trabajemos las dos.
¿Apoyarán el préstamo de US$340 millones?
Villate: No. No hemos considerado apoyarlo, vemos que el gasto es excesivo.

¿Qué hará el Congreso en el tema de niños migrantes?

Porras: Hay una propuesta para penalizar a la figura del coyote. Hay otra propuesta más agresiva de una reforma completa a la Ley de Migración, hay que encontrar un consenso, pero tenemos que generar condiciones para que haya inversión.

¿Se refiere a la ley de inversión y empleo, a pesar de las críticas?

Porras: Existen temores gremiales, pero no es la verdad absoluta. Necesitamos tener un marco atractivo que permita generar espacios para desarrollo e inversión en la provincia. La ley está diseñada para generar empleo.
 

¿Por qué se retractaron de apoyarla?

Villate: Las cámaras gremiales que forman el Cacif tienen posiciones que queremos estudiar. Durante esta semana se tomará la decisión.

¿Qué nos espera en el inicio del período de sesiones?

Porras: Ha sido un año de madurez política para los partidos, vamos a ponernos de acuerdo, buscaremos consensos con Líder, ellos tienen su propia agenda política, nosotros seguiremos empujando por una agenda de país.

Villate: La agenda puede ser propia, pero es de beneficio colectivo.

Usted dijo que no apoyará una ley que venga de Líder.

Porras: Si me plantea el indulto presidencial a la pena de muerte, ya lo han planteado como cuatro veces.

Villate: Pero el presidente Otto Pérez lo planteó y lo ofreció. Nosotros queremos ayudarle a él.

Porras: Tal vez habría que hacer la propuesta, que no lleve ilegalidad.

Villate: Hagámosla juntos.

Porras: Propóngamela y la vemos, mientras no sea ilegal. Llevan cuatro iniciativas presentadas en los mismos términos y ha sido dictaminada.

COMENTARIOS

“Ya evitemos lo rajatabla del 2012 que se dio entre el Patriota y Líder. Sentémonos para llegar a un consenso y avancemos en el compromiso”.
Roberto Villate, jefe de bancada de Líder.

“La campaña electoral es en la calle, en el Congreso lo importante es encontrar una agenda que nos permita llevar el país a donde queremos”. Juan José Porras, jefe de bloque del PP.

“Era una bolsa de harina la que llevaban. Pudo haber estado en la ropa interior de las damas, y no pudimos detectarlo; pero los procedimientos que hicimos estuvieron bien”, comentó Zepeda.

Una de las dos jóvenes detenidas refirió que cuando les preguntaron al ingreso, ellas respondieron que eran talcos, y las dejaron pasar.

Según Zepeda, los agentes tenían detectores de armas, escáneres y manuales, pero según el protocolo del Congreso, dos personas pueden acompañar a cada funcionario.

“No se tiene que limitar a control de metales. La SAAS debe revisar sus protocolos”, dijo Carlos Vega, consultor en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Pérez Molina descartó ayer, en El Progreso, algún cambio en la SAAS. “No vamos a buscar responsables. Aquí está claro que es gente a la que le pagaron”, expresó.

Se lava las manos

El subjefe de Seguridad del Congreso, William Gutiérrez, reconoció que al teatro fueron acreditados 30 guardias parlamentarios, pero, aclaró: “La seguridad del recinto fue coordinada por la SAAS. Incluso nuestra gente no estuvo armada”.

Según Gutiérrez, el personal del Ejecutivo y del Legislativo y los invitados, fueron revisados por la SAAS. “La guardia parlamentaria se dedicó a atender a los diputados”, manifestó.

Agregó que al salir Pérez Molina y Baldetti hubo movimiento de sus escoltas a distancia prudencial.

El jefe de Protocolo del Legislativo, Yari Albúrez, indicó que se extendieron dos mil 54 invitaciones identificadas. “Escuché en los medios de comunicación que la detenida dijo que ingresó con la invitación número 12. Esa pertenece a un alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia que sí estuvo presente en el acto”, detalló.

Albúrez admitió que el incidente ocurrió en el pasillo destinado a altos funcionarios, pero “habrá que ver si estaba sentada allí o llegó después”.

Según el presidente del Congreso, Arístides Crespo, hubo fallas, y pidió que todo se aclare con las investigaciones.

“Teníamos que haberle dado más herramientas al TSE, más dientes a esa ley, para que el Tribunal pudiera haber hecho un poco más. Todavía están a tiempo, faltan dos lecturas. De cualquier manera, es mejor esta ley que no tener nada”, indicó Baldetti.

Destacó que se haya fijado en 160 el número de diputados, y una vez aprobada la ley, se procederá el próximo año a efectuar el censo de población por parte del Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto al 30 por ciento de participación de mujeres, afirmó: “Las mujeres queríamos 50-50 y además queríamos zíper, un hombre y una mujer, uno y uno, pero yo entiendo que en un país donde en el Congreso solo hay 19 mujeres —de 158 diputados— es muy difícil que los hombres voten por lo que nosotras hubiéramos querido”.

TSE buscaba más

Villagrán afirmó: “Algunas de las propuestas del Tribunal fueron acogidas, pero otras no. Algunos de los cambios no fortalecen al TSE, como las sanciones, porque no hay medios coercitivos para que cumplan los partidos, porque seguirá habiendo amparos ante las cortes. Es decir, se seguirán atrasando los procesos, y los partidos al final no pagan”.

Villagrán criticó que no se planteara que en segunda instancia los amparos fueran conocidos por la Corte de Constitucionalidad y no por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual el TSE ya no es “supremo”. Agregó que eso demuestra que no querían fortalecer al TSE.

“Está bien que se haya autorizado un incremento, pero a mayor financiamiento debe haber más control, y nosotros propusimos mayores controles para fiscalizar el origen y destino del dinero que reciben, tanto estatales como privados”, indicó la funcionaria.

Insistirán en lectura

El presidente del Legislativo, Pedro Muadi, dijo que el martes próximo buscarán darle segunda lectura a las reformas.

“El Congreso es soberano”, indicó al responder a críticas de Libertad Democrática Renovada sobre la ilegalidad por haber levantado la sesión permanente.

Prensa Libre dio a conocer ayer el fallo de la CC, en el cual se ordena a la Sala Primera del ramo Penal que emita una nueva resolución, ya que la que emitió carece de fundamentación, debido a que no señala por qué no se acogió la apelación presentada por la defensa de Ríos Montt, con base en el Decreto Ley 8-86, y en su lugar se aplicó la Ley de Reconciliación Nacional.

Además señala que la Sala ordene al Juzgado Primero de Mayor Riesgo A que emita una nueva resolución y que de igual manera fundamente por qué resolvió conforme a una norma que no fue la solicitada por el militar, debido a que él pidió que se le aplicara el Decreto Ley 8-86, por considerar que este mantiene vigencia.

El decreto en mención otorgó una amnistía general a los militares y guerrilleros que cometieron diferentes hechos durante el período del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986.

Ríos Montt enfrentó juicio y el 10 de mayo último fue condenado a 80 años de prisión por el Tribunal A de Mayor Riesgo por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Sin embargo la CC, anuló el veredicto.

Respetará

El presidente Otto Pérez Molina, al pronunciarse respecto del fallo, indicó que no lo conocía, pero que lo respetará.

“Vamos a ser respetuosos de los tribunales, como siempre lo hemos sido. En este caso vamos a respetar la resolución de la CC”, dijo ayer el mandatario, después de haber participado en un acto en El Progreso.

Querellantes

Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), querellante en el proceso contra Ríos Montt, refirió que existe contradicción porque en una sentencia del máximo tribunal, del 13 de agosto último, se indica que “como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las citadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso y para el castigo de los responsables…”. Reyes leyó otra sentencia de la CC, en la cual el general Héctor Mario López Fuentes solicitó el mismo beneficio.

DESCARGA – Vea los argumentos de cada voto PDF

DESCARGA – La resolución de la CC sobre este caso

Aseguró que la jueza primera de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, ya se ha pronunciado respecto del Decreto Ley 8-86, en una solicitud similar que hizo el general López Fuentes, sindicado de los mismos delitos que Ríos Montt.

La defensa

Francisco Palomo, abogado del militar, expresó que efectivamente la resolución del juez primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, tenía una carga ideológica.

“Aquí nadie se confunde, los jueces actuaron ideológicamente y sabían perfectamente qué querían aplicar y qué no aplicar. Lo que pasa es que no nos quisieron entender el planteamiento y ellos insistían en que nosotros estábamos invocando la Ley de Reconciliación Nacional, cuando en realidad invocamos desde el principio el Decreto Ley 8-86, que es una legislación anterior, en donde se amnistió a militares y guerrilleros”.

El Ministerio Público, por medio de la Oficina de Prensa, dio a conocer que no se pronunciaría, debido a que no había recibido notificación.

Ruta de impunidad

El legislador Amílcar Pop, del partido Winaq, se mostró molesto por el fallo y dijo que no es más que la ruta de la impunidad.

“La resolución es uno de los pasos a la ruta de la impunidad, con ella Guatemala está retrocediendo 60 años en la lucha por los derechos humanos. Se había dado un paso importante con los juicios que se han llevado a cabo en el marco de los crímenes cometidos durante la guerra, pero ahora se está sentando un precedente nefasto”, expuso Pop.

Ronald Arango, diputado de Todos, dijo: “La resolución de la CC deja un mal sabor de boca porque la población necesita que se esclarezcan los hechos que se dieron durante el conflicto armado interno, y para nadie es un secreto que hubo varias poblaciones arrasadas y los familiares están pidiendo justicia”.

La diputada Nineth Montenegro, jefa del bloque de Encuentro por Guatemala, refirió que la CSJ es independiente y la CC no puede interferir en las decisiones que allí se tomen, por lo que esperaría que se analice la opinión, pero “sin presiones de ningún tipo”.

Aseguró que teme que este tipo de decisiones se puedan tomar también en otras resoluciones, incluso en las que ya tienen sentencia. “Podría haber un efecto en cascada y eso no conviene para la justicia del país”, subrayó.

Valentín Gramajo, diputado del Partido Patriota, indicó que de alguna manera la decisión de la Corte afecta. “Si es sí, afecta para una cosa, y si es no, para otra. Lo que se puede entender es que sí—debe aplicarse la amnistía—, porque es retroactiva y debe de dársele a Ríos Montt”, aseveró.

Alfredo Rabbé, diputado independiente, expuso que la ley es la que debe dictar el camino a seguir, y “si en este caso la CC ordena que se revise, entonces las cortes son las que lo tienen que decidir y aceptar lo que ellos digan”.

Confirma a la CSJ

Héctor Reyes, abogado de Caldh, indicó que la CC lo que hizo fue confirmar la sentencia de la CSJ.

“Que quede claro que la CC en ningún momento dice que se aplique una amnistía, sino solo está confirmando el fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

Análisis de ley

El abogado Francisco Palomo, defensor del general José Efraín Ríos Montt, indicó que lo que procede es que se analice el Decreto Ley 8-86.

“Debe analizar la ley que se le está invocando y si es aplicable la amnistía solicitada”, dijo Palomo.

Perfil del acusado

Nació en Huehuetenango, el 16 de junio de 1926.

En 1974 se postuló a la presidencia del país con la Democracia Cristiana. Ganó en votos, pero el Congreso no lo designó.

El 23 de marzo de 1982 fue llamado a dirigir un triunvirato, tras el golpe de Estado contra el general Romeo Lucas García. Fue derrocado el 8 de agosto de 1983.

En 1990 fundó el  Frente Republicano Guatemalteco, para postularse a la Presidencia. 

Del 2000 al 2003 presidió el Congreso, luego lanzó su candidatura a la primera magistratura, tras varios disturbios, pero quedó  en tercer lugar.

El MP lo acusó en el 2012 de delitos de lesa humanidad cometidos en su régimen.

El Ministerio de Gobernación, al igual que el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso, tiene un representante en el Directorio del Renap, por lo que mañana, según López Bonilla, se sostendrá una reunión de esa instancia para determinar los parámetros de la solicitud, debido a que, hasta el lunes, faltaban más de 260 mil personas por tramitar el DPI.

López Bonilla atribuyó el problema a que muchos guatemaltecos no solicitaron su DPI debido a lo accidentado de la entrega de los registros de las municipalidades al principio, y a que muchas personas dejaron a última hora el trámite.

“Por eso es que estos escenarios técnicos se van a revisar ahora esta semana —mañana—, y sobre la base de cómo se proyecta es que entonces vamos a plantear la probable solicitud al Congreso de que hubiera una extensión para lo del DPI”, dijo el ministro. Esa petición llegaría en nombre del Renap, el viernes.

Acerca de que el Congreso no avale una prórroga antes del 31 de diciembre, cuando vence la cédula, López Bonilla expresó: “Jurídicamente creemos que no hay problema, pero estas son cuestiones de emergencia nacional que hay que considerar y sobre la base de eso tendríamos que actuar”.

Piden sesión

Aunque las fiestas de fin de año han dejado casi vacío el Palacio Legislativo, la próxima caducidad de la cédula de vecindad ha generado reacciones en diferentes bancadas de oposición.

Una de ellas es la de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), la cual solicitó mediante carta que la Comisión Permanente convoque a sesión extraordinaria para el próximo jueves, 27 de diciembre, con el fin de que se conozca de urgencia nacional una iniciativa presentada por esa bancada en la que se amplía por un año la vigencia de la cédula.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, acudió con el presidente del Congreso, Gudy Rivera, para pedirle que convoque a una sesión extraordinaria para ampliar el plazo de vigencia de la cédula.

“Estamos preocupados porque muchas personas tendrán graves problemas al iniciar el año. Es urgente que el Legislativo haga algo para solucionar el problema”, dijo el Procurador.

Sin embargo, Rivera aseguró: “Aunque tuviéramos las mejores intenciones, hay en proceso dos interpelaciones de la bancada de Líder que no se pueden interrumpir, porque según la Constitución tienen preeminencia sobre cualquier tema”.

Al ser consultado sobre el señalamiento de Rivera, el secretario general de Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, afirmó que sí”es prudente contemplar la prórroga a la vigencia de la cédula”, pero afirmó que el Gobierno podría utilizar esa “excusa” para que en sesiones extraordinarias del Congreso se “pasen más préstamos”.

Además, esa bancada no ha dado señales de querer suspender las interpelaciones a los ministros de Cultura, Carlos Batzín, y Educación, Cynthia del Águila.

El Congreso no ha logrado concretar ni una sesión extraordinaria desde que entró a receso, debido a falta de quórum. El punto inmediato, en apariencia, son las interpelaciones.

El presidente Otto Pérez Molina también manifestó el lunes la misma preocupación, así como varias agrupaciones de migrantes, la Procuraduría General de la Nación y otros parlamentarios.

En las demandas también figura la renuncia del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, y la destitución del coordinador Nacional del Sistema de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel.

Una de las exigencias se presentó durante una citación de las bancadas Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Unidad Nacional de la Esperanza, con Edwin Nájera, viceministro de la Defensa, y De León.

También hizo el reclamo la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder), con la presencia de López Bonilla, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, Helmuth Casados.

Los legisladores pidieron explicaciones sobre por qué un bloqueo de carretera culminó con la muerte de ocho personas. Al no quedar satisfechos con las respuestas, los diputados consideraron necesario que se retire del cargo a los ministros, hasta que el Ministerio Público (MP) determine quiénes son los responsables de haber disparado.

Angelina Acpuac, de la Coordinadora de Organizaciones Mayas para la Reforma del Estado, en conferencia de prensa solicitó la dimisión de los funcionarios y los responsabiliza de lo que calificó como “masacre” perpetrada en Totonicapán.

También exigieron la renuncia de Balcárcel, “por ser incapaz de generar los espacios de diálogo que evitaran los decesos”.

Pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que solicite la dimisión de De León, “por su actitud pasiva y complaciente ante las violaciones de los derechos humanos”. El funcionario respondió que no participó en las negociaciones del jueves último, por decisión del Ejecutivo.

Interrogantes

Las preguntas de los legisladores fueron directas. Amílcar Pop, de Winaq, cuestionó: “Ministro, ¿pueden los soldados disparar sin recibir una orden?

“Es necesario explicar que los agentes estaban en desventaja de número y muchos se sintieron amenazados. Por ejemplo, las reservistas Ana Rosa Cervantes y Claudia Macaria Chavac fueron atacadas y por defenderse tuvieron que hacer los disparos, para preservar su propia vida”, respondió Nájera.

Al culminar la citación de Líder, López Bonilla afirmó que permanecerá en su cargo hasta que “lo decida el presidente”.

Después admitió que “hubo una responsabilidad compartida” de autoridades y manifestantes, pero aclaró: “Será el MP el que determine los hechos”.

Casados aseguró que los soldados que aceptaron haber disparado al aire están en resguardo de la fuerza militar, hasta cuando el MP los requiera.

Repudian hechos

Ayer, estudiantes de la Universidad de San Carlos bloquearon durante 30 minutos la avenida Petapa, en solidaridad con las víctimas de Totonicapán. La Asociación de Estudiantes Universitarios exigió que se investiguen los crímenes ocurridos en la protesta del jueves último.

Pop, presidente de la Comisión de Transparencia, propuso la creación de la nueva instancia para rescatar la iniciativa, al señalar que hay alrededor de 19 enmiendas que equivalen al 30 por ciento de la normativa.

También externó temor de que la ley sea engavetada y dejada en el olvido, debido a que “fuerzas oscuras y corruptoras, donde está el sector privado, quieren que no se apruebe”.

“No va a pasar una ley con dientes. Seguramente será debilitada, pero es mejor que pase de esa manera y no que se quede en el olvido por las presiones externas e internas de los corruptores”, añadió Pop.

La comisión será presidida por el diputado Manuel Barquín, de la Gran Alianza Nacional (Gana), quien informó que el próximo lunes solicitará copia de las enmiendas y luego convocarán a los jefes de bloques que deseen participar.

Al final se determinará si la norma debe regresar a la comisión donde fue dictaminada o si puede seguir su proceso en el pleno, donde pasó en tercera lectura pero quedó paralizada en el artículo 26 —de 47—, en la aprobación por artículos y redacción final.

Críticas

Luego de que se instalara el nuego grupo especial, la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder) se retiró de la sesión plenaria de ayer, en la cual solo les dieron trámite a 14 leyes para que fueran conocidas por distintas comisiones.

“Pop es un mañoso, es un transa”, gritaban los diputados de Líder mientras salían del hemiciclo. “No sé si es ingenuo o transa”, insistía el jefe de esa bancada, Roberto Villate.

Silencio en el Ejecutivo

Aunque fueron consultados sobre el proceso que lleva la ley contra la corrupción, ni el presidente Otto Pérez Molina ni la vicepresidenta Roxana Baldetti se pronunciaron.

“No estoy hablando de eso, estoy hablando de la desnutrición”, dijo Baldetti en una actividad sobre sequía; y Pérez Molina evadió el tema.

El gobernante mencionó más las iniciativas que recientemente entregó el Ejecutivo al Congreso, antes que la ley contra el enriquecimiento ilícito —que está en espera de ser aprobada desde hace 10 años— como las principales del Legislativo.

“Las prioridades se han ido juntando. Ahora viene el presupuesto, está la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el paquete de leyes en favor de la transparencia, las reformas constitucionales, unos préstamos, los bonos que también tienen que ser aprobados para que pueda pagarse la deuda”, afirmó Pérez Molina.

Agregó que la intención de haber entregado el paquete de transparencia hace más de seis meses era que a la fecha ya debería estar aprobado.

“Esperamos que la buena voluntad de los diputados pueda ser agotada para esa agenda en lo que resta del período de sesiones ordinarias, de aquí al 30 de noviembre”, añadió el mandatario.

Nueva ronda

Los jefes de bloques y secretarios generales de los partidos políticos serán convocados de nuevo por el gobernante, para explicar el contenido de la propuesta de reformas constitucionales.

Aunque todavía no se define el cronograma, la exposición a dirigentes políticos es parte de la “difusión masiva” que hará el Ejecutivo para impulsar los cambios a la Carta Magna.

Además de Pérez Molina, los asesores que elaboraron la propuesta viajarán a la provincia.

El plan del mandatario incluye convocar a los 22 gobernadores departamentales y reunirse con los 334 alcaldes, aunque eso será por grupos.

En forma simultánea, está en marcha una campaña en los medios de comunicación que comenzó la semana última, en la que se da a conocer que el presidente ya entregó las reformas al Legislativo.

Después se seguirá con la publicación de espacios en radio, televisión y medios escritos, con artículos clave que se buscan promover las reformas a la Constitución.

Ese plan costará en promedio Q1.4 millones mensuales, pero no se ha definido su duración.

Transparencia previo a gastos

Jefes y subjefes de bloques agradecieron la sugerencia de Pérez Molina, pero coinciden en que en primer lugar se deben aprobar las leyes de transparencia y la penal contra enriquecimiento ilícito, previo a aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2013.

Leonel Lira, jefe de la bancada Encuentro por Guatemala, señaló: “Desde que inició esta legislatura, la prioridad han sido las leyes de transparencia, al punto que hasta el Ejecutivo presentó con bombos y platillos 11 iniciativas para combatir la corrupción, pero nueve meses después su propia bancada —la oficial— no ha querido aprobar ni una”.

Lira agregó que con esas declaraciones el mandatario queda mal, porque “el Congreso tiene su ritmo, tiempo y su propia agenda para aprobar, y no es la que quiere o exige el presidente”.

“En el Congreso hay muchas prioridades y no son solo las que vienen del Organismo Ejecutivo”, expresó el jefe de la bancada Todos, Jorge Mario Barrios.

Para Barrios, son prioridad las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pues “si no se aprueba este año, ya no habrá voluntad”.

Además, coincidió en la necesidad de aprobar las leyes de transparencia, porque “el presupuesto sigue sin reglas que permitan a la población verificar que los gastos se hacen de manera correcta, por eso son primordiales estas iniciativas”.

Jaime Martínez, jefe del bloque de la Gran Alianza Nacional, refirió: “Estamos en sesión permanente donde hay una agenda establecida. Es bueno que el presidente dé sugerencias, pero el Congreso siempre tiene una agenda. Como bancada nos interesa que se apruebe la ley penal contra el enriquecimiento ilícito”.

Selvin García, subjefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, considera que el mandatario “daría un mejor mensaje y que tiene buenas intenciones” si impulsa la aprobación de las leyes contra la corrupción y de transparencia, en lugar de manifestar su interés por buscar más deuda y el proyecto de presupuesto, que está arriba de los Q66 mil 900 millones.

“Hay que crear un ambiente de confianza, aprobando leyes indispensables y que ya no pueden seguir siendo dilatadas en su aprobación, como a la fecha”, añadió García.

La noticia del deceso, conocida minutos después de las 6.50 horas de ayer, consternó a los guatemaltecos. Algunas personas y religiosos se presentaron a la capilla del sanatorio Hermano Pedro, zona 11, donde permanecía el cuerpo, cubierto con una manta blanca.

Distintas personalidades compartían su pesar por la desaparición física del llamado Obispo de la Paz, dado el papel protagónico que desarrolló en el inició de las conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla, que llevaron a la firma de la paz en 1996.

Dolencia

Monseñor Quezada Toruño ingresó en el sanatorio la noche del viernes último, con dolores abdominales. Se le detectó una infección generalizada, por lo que el domingo fue operado.

Según el médico Jorge Bonilla, director administrativo del sanatorio, en la cirugía se detectó una perforación intestinal que generó la infección, y posteriormente la muerte, ayer, a las 6.50 horas.

Érick Trujillo, secretario privado de la Iglesia Católica, informó que el viernes último monseñor Quezada Toruño fue evaluado en su casa por el médico de cabecera porque se quejaba de dolor estomacal.

“Es una pérdida muy grande para el país, porque además de los grandes logros eclesiásticos, impulsó la paz durante el tiempo de la guerra interna, entre el Gobierno y la guerrilla”, resaltó Trujillo, con pesar.

Allegados de quien se retiró como arzobispo metropolitano en el 2010 dijeron que su estado de salud fue estable durante toda la semana, pero comenzó a sentirse mal el viernes.

Manuel Chilín, rector de la Iglesia Santa Catalina, afirmó que el cardenal se mostraba “contento y bromista, como el estado de ánimo que siempre lo caracterizó”, después de la operación.

“Me dijo: Ponete tu bata blanca y lavame los pies, porque me apestan”, recordó Chilín.

Desde tempranas horas de ayer, la familia del prelado llegó al sanatorio, pero mostró hermetismo y evitó dar declaraciones, aunque era evidente su dolor.

En la capilla del hospital se rindieron dos honras eclesiásticas de cuerpo presente, ante religiosas y familiares.

Luego el cuerpo de quien falleció como arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala fue trasladado a Funerales Reforma, donde fue preparado para ser velado durante tres días en la Catedral Metropolitana.

Pacificador

Monseñor Quezada Toruño es recordado como el Obispo de la Paz porque participó desde 1990 en diversas actividades que buscaban poner fin al conflicto armado entre el Ejército y la guerrilla, la cual generó 36 años de muerte y destrucción.

Trujillo afirmó que la labor de monseñor Quezada Toruño fue fundamental para firmar la paz.

El cardenal nació el 8 de marzo de 1932. En 1956, los 24 años fue ordenado sacerdote. El 19 de julio del 2001 se le nombró arzobispo, mientras que el 21 de octubre del 2003 fue ordenado cardenal.

Entre sus mayores reconocimientos figura su participación en el cónclave donde Benedicto XVI fue electo papa.

Además, ocupó el cargo de asesor de la Juventud Estudiantil Católica y de la Acción Católica Universitaria, y fue rector del Seminario Conciliar de Santiago y del Seminario Nacional Mayor de la Asunción.

A pesar de sus logros, Chilín expuso que los restos de monseñor Quezada Toruño serán sepultados en un “ataúd humilde, como parte de lo que solicitó en caso de su deceso”.

Su familia pidió públicamente no manifestar sus condolencias con la publicación de esquelas, sino ofrecer un donativo al Hospital Infantil Juan Pablo II, el cual, durante su gestión arzobispal, recibió su “cuidado pastoral”.

Vuelve a la Catedral

En la tarde de ayer, el cuerpo de monseñor Quezada Toruño fue trasladado de Funerales Reforma a la Catedral, donde ejerció el arzobispado hasta que el Papa aceptó su renuncia en el 2010, al cumplir 75 años de edad.

Desde las 18 horas, distintas personalidades, entre ellas el presidente Otto Pérez Molina y cientos de feligreses, acudieron a la Catedral para despedirse del prelado.

A esa hora se ofició la primera eucaristía en la Catedral, a cargo del vicario general de la Arquidiócesis de Guatemala, Rodolfo Mendoza, en ausencia del arzobispo metropolitano Óscar Vian, quien se encuentra en Italia, en el Encuentro Mundial de las Familias.

Mendoza resaltó en conferencia de prensa que el próximo jueves se efectuará un cortejo fúnebre, en procesión, alrededor de la Plaza de la Constitución, a las 10 horas, para despedir al cardenal en un acto multitudinario.

Después, el religioso será sepultado en la Capilla de Santiago Apóstol, donde Quezada Toruño solicitó que fuera inhumado, junto a obispos como Juan José Gerardi, asesinado en 1998.

Autoridades de la Iglesia Católica informaron que, debido a que se espera el arribo de representantes del Vaticano, de Estados Unidos y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, con sede en Colombia, el cuerpo será velado durante tres días, por protocolo.

Declaran luto

El gobernante declaró tres días de duelo y se ordenó que la bandera ondee a media hasta en memoria del prelado; además ofreció sus condolencias a los familiares y amigos de monseñor, así como a la feligresía.

Añadió que se analiza crear una condecoración, con el nombre del cardenal a quien promueva la paz y reconciliación.

El prelado es velado con las insignias episcopales: el palio arzobispal, el pectoral, el solideo y sus vestimentas sacerdotales del último cardenal guatemalteco.

Larga influencia en la política

El 19 de junio del 2001, cuando monseñor Rodolfo Quezada Toruño fue elegido como   decimoctavo Arzobispo de Guatemala, ya era conocido por su trabajo en el proceso de paz y a favor de los pobres, pero captó la atención de los sectores de la sociedad civil y los medios de comunicación por sus fuertes críticas.

Quezada Toruño presidió entre 1987 y 1993 la Comisión Nacional de Reconciliación, instancia que permitió sentar las bases para las negociaciones de paz entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

 A pesar de múltiples críticas a su labor mediadora, que lo señalaban de estar a favor del oficialismo y de los insurgentes, se mantuvo al frente de la misión.

En los más de nueve años, durante sus homilías dominicales y en declaraciones posteriores a las misas, primero como arzobispo y a partir del 21 de octubre de 2003 como cardenal, opinaba sobre todo tipo de temas, económicos, políticos, ambientales,  contra la  minería y demandaba seguridad.

De manera reiterada criticaba la violencia, la corrupción y la pobreza. También resaltaba los errores de los gobernantes y  sus funcionarios, lo que lo llevó a endurecer posturas con  algunos asuntos con los presidentes Óscar Berger y Álvaro Colom.

A finales del 2009 criticó y accionó contra  la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, que ordenaba que estudiantes desde cuarto grado de primaria recibieran educación sobre sexualidad y reproducción.

Por varios años  fue parte del Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de Seguridad y Justicia, conocido como G-4, junto a la Alianza Evangélica, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos.

Monseñor Quezada criticó en agosto del 2010 que de 101 puntos acordados, solo se habían cumplido 12 en más de año y medio.

Vida de servicio

Monseñor Quezada Toruño se dedicó desde muy joven a  actividades de la Iglesia, hasta llegar a participar en la elección de un papa.

8-3-1932 – Nace el obispo de la paz en la capital

Sus padres fueron René Quezada Alejos y Clemencia Toruño Lizarralde. Fue bautizado como Rodolfo Ignacio de Jesús. Su niñez la vivió en las proximidades

del Hipódromo del Norte, zona 2.

21-9-1956 – Comienza su vida de entrega al catolicismo

Luego de haber estudiado en el Colegio de San José de los Infantes, Quezada Toruño ingresó en el seminario. Fue vicario parroquial de El Sagrario y  rector de  Beatas de Belén, entre otros ministerios.

1972 – Emigra de su tierra natal  hacia Zacapa

Fue rector del Seminario Mayor de la Asunción y  elegido  obispo auxiliar de Zacapa, y luego obispo coadjutor de esa diócesis. En 1980 fue obispo residencial y prelado de Esquipulas.

1987 – Participación contra el conflicto interno

Uno de sus papeles más recordados será el que ejerció entre 1987 y 1993, cuando presidió la Comisión Nacional de Reconciliación y  la Conferencia Episcopal, de 1988 a 1992, al comenzar las conversaciones de paz.

1990 – Electo conciliador oficial de la paz

Se le nombró  Conciliador Oficial del Proceso de Paz. En el 2001 fue electo  decimoctavo arzobispo de Guatemala, y dos años después recibió el capelo cardenalicio de manos del papa Juan Pablo II.

Debido a la confusión que generó el atasco en el interrogatorio a Centeno, por la renuncia que no le fue aceptada, al final de la tarde de ayer la mayoría de jefes de bloques exigieron a Rivera que el Departamento Jurídico del Congreso analice si la actuación de la Junta Directiva estuvo enmarcada en la Ley.

Hasta que se tenga el análisis quedaron suspendidas las sesiones plenarias.

En medio de la confusión que generó la fallida renuncia de Centeno, el partido oficial incluyó a través de una moción privilegiada el paquete de leyes de transparencia presentado por el Ejecutivo, el cual pasó a las comisiones de trabajo para su análisis.

“Los naranjas —el Partido Patriota (PP)— se saltaron la borda con esta artimaña o argucia política para salvar a su ministro —Centeno— de que se le evidencien las ilegalidades que cometió al revivir los contratos abiertos de medicina que él mismo había cancelado, y para evitar que se den a conocer aquí las transas que hicieron durante la aprobación del paquete fiscal”, manifestó el jefe de la bancada de Líder, Roberto Villate.

Los hechos

La polémica situación surgió cuando el presidente del Congreso, en lugar de iniciar la sesión plenaria con la interpelación del ministro de Finanzas, anunció que este había renunciado, y leyó en el pleno la copia de la carta enviada al gobernante.

De inmediato dio por terminada la interpelación, e ingresó una moción privilegiada de la Junta Directiva para que el pleno le diera trámite a nuevas iniciativas de ley, incluido el paquete de transparencia del Ejecutivo.

La controversia se acrecentó. Los diputados de Líder, en conferencia de prensa, informaron que la renuncia de Centeno no había sido aceptada por el presidente Otto Pérez Molina, por lo que no tenía validez, y pidieron seguir el interrogatorio.

La confusión se apoderó del Congreso, y los diputados comenzaron a dudar de la legalidad de la sesión plenaria, pues pese a que Centeno entregó una copia de su renuncia, con sello de recibido del Ejecutivo, ante el silencio del mandatario continuaba en el cargo.

Rechaza dimisión

Centeno, luego de saludar al “general Otto Pérez Molina”, refiere en su carta: “Aprovecho para informarle que he tomado la decisión de renunciar al cargo que me confirió como ministro de Finanzas Públicas”.

Agrega: “Siempre contará conmigo, como amigo y como profesional de forma incondicional”.

Pérez Molina narró ayer cómo Centeno, a quien se refiere como “Pavel”, le comunicó que renunciaría porque el Congreso y el Ministerio de Finanzas estaban paralizados.

“Hoy —ayer—, a las 9 de la mañana, me dijo que su renuncia estaba presentada. Le dije que tiene razón en ese sentido y que estoy de acuerdo con él, en que el Congreso y Finanzas no pueden estar parados, y menos tampoco que sea por motivos de chantaje”, indicó Pérez Molina, quien ayer despidió al contingente militar que viajó a la República Democrática del Congo.

“Le dije que entendía sus razones, pero ahora le digo al pueblo que no estoy dispuesto a aceptar esa renuncia. Voy a hablar con Pavel para que reconsidere y continúe en el puesto”, añadió, lo cual mantiene a Centeno en el cargo.

Consultado por Prensa Libre, el ministro respondió: “Tengo que tomar una postura respecto de la decisión del presidente. Obviamente para mí es un espaldarazo muy fuerte que el mismo presidente no me acepte la renuncia. Yo estoy en la mejor disposición de colaborar y servirle a mi país en la medida que mi trabajo técnico sea el que valga, y no cuestiones políticas”.

Centeno aseguró que no asistirá a otra sesión de interpelación, si es llamado en los próximos días. “Yo, el tema lo tengo bien claro, y es que aquí—el Gobierno— venimos a trabajar, no a perder el tiempo”, recalcó.

Molesto por la interpelación de la bancada de Líder, el mandatario reiteró los señalamientos de “chantaje” contra los diputados de ese bloque, pero ahora los llevó a otro nivel.

“Están extorsionando prácticamente a las autoridades con recursos del Estado. No extorsionan al Gobierno, sino al pueblo de Guatemala, y —de— políticos de esa clase ya estamos cansados”, expresó Pérez Molina.

El presidente aseguró que diputados de Líder han pedido plazas en el Congreso, proyectos y obras. “Esto es un secreto a voces, cómo se compran las voluntades e incluso los diputados para que se vayan a esa bancada”, resaltó.

Esta no es la primera vez que un ministro renuncia. En el gobierno de Álvaro Colom, Ana Ordóñez de Molina dejó la cartera de Educación cuando debía enfrentar un juicio político solicitado por el PP.

Acciones legales

El jefe del bloque de Líder anunció que hoy presentarán en el Ministerio Público acciones legales contra Centeno, por rebeldía, abandono del cargo, perjurio, encubrimiento propio y estafa.

Villate expresó que denunciarán al presidente del Congreso porque “cometió una güisachada política” al suspender el juicio político, “presentando una renuncia falsa del ministro de Finanzas, solo para evitar la interpelación”.

Leonel Lira y Orlando Blanco, diputados de Encuentro por Guatemala y de la Unidad Nacional de la Esperanza, esperarán el análisis jurídico del Congreso para decidir si toman acciones legales.

Según el informe “¿Cuánto costó la campaña electoral?”, las organizaciones políticas transgredieron las normas sobre “el período para hacer propaganda” y “los techos del gasto para efectuar proselitismo” político.

El informe de AC detalla que los partidos políticos gastaron Q637.4 millones, cifra que incluye la precampaña, del 1 de octubre del 2010 al 1 de mayo del 2011, y la campaña electoral, del 2 de mayo al 6 de noviembre del 2011.

El análisis distribuye en Q58.1 millones en la precampaña y Q579.3 millones en la campaña.

La última cifra revela que se registró un aumento de Q110 millones en relación con el 2007, cuando el gasto fue de Q469.1 millones, según AC.

Justo Pérez Quintana, consultor de AC, quien desarrolló el estudio, dijo que el gasto en el proceso electoral fue muy elevado, tanto que el TSE muestra detalles distintos.

“El gasto creció, es un monto alto y como primera conclusión da cuenta de que el techo de gasto establecido por el TSE no fue respetado. Además, no hay un mecanismo coactivo que ponga límite a los partidos”, explicó el experto.

Aportes privados

El informe determinó que el financiamiento privado prevalece sobre el de origen público, ya que otorgó a las organizaciones políticas el 97.6% de los ingresos recibidos, mientras que el segundo fue del 2.4%. Este rubro fue mayor en el 2011, ya que en relación con el 2007 fue de 0.28%, y en el 2003, del 2%.

Más gastones

La información arroja que el 75% de lo erogado durante la campaña electoral está concentrado en tres organizaciones políticas: el Partido Patriota (PP), con Q215 millones; Libertad Democrática Renovada (Líder), con Q141.4 millones, y la coalición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (Gana), Q83.7 millones.

El otro 25% lo integran 10 partidos y coaliciones que participaron en la contienda electoral.

El reporte señala que los partidos destinaron Q413.8 millones a medios de comunicación, de los cuales Q330 millones se utilizaron para la televisión, Q22.9 millones en radio, Q14.8 millones en prensa escrita y Q45.4 millones en publicidad de exteriores, como vallas.

Los datos presentados demuestran que el gasto de la campaña electoral en Guatemala supera el de países como España, donde el techo establecido es de €41.6 millones, unos Q444 millones.

En Latinoamérica, Guatemala supera a países como El Salvador, México, Honduras, Argentina y Chile, donde el gasto por elector no supera los US$7 —unos Q54.7—; sin embargo, en el recién pasado proceso electoral, el país erogó US$10.11 por votante —al menos Q79—.

Uno de los factores por los que el gasto de campaña resulta elevado es la duración del proceso electoral. Guatemala dispone de 133 días, mientras en México, Brasil, Honduras y Chile no sobrepasan los 90 días, de acuerdo con el informe de AC.

En otras naciones como Japón y España no superan los 15 días en el período oficial.

El voto más caro

El análisis del gasto en campaña, en relación con el voto obtenido, determina que los partidos Unionista y de Avanzada Nacional obtuvieron el sufragio más caro. El primero registra Q268.61 por elector, y el segundo, Q180.97.

El voto más barato fue obtenido por el Frente Republicano Guatemalteco, ya que gastó por cada uno Q14.53, mientras que el PP, que obtuvo la mayoría en la primera vuelta, tuvo una relación a lo invertido con el sufragio de Q89.78.

El reporte indica que el exceso de gasto en la propaganda electoral determina que no por invertir más se obtienen los mejores resultados.

El estudio cita la participación de la coalición UNE-Gana, que con Q98 millones gastados en la primera vuelta obtuvo 48 diputados y 123 corporaciones municipales; la Unión del Cambio Nacional logró con Q10.6 millones 14 diputaciones y 18 alcaldías, mientras que el PP, con Q143.4 millones en la primera vuelta, conquistó 57 diputaciones y 120 comunas.

Transparencia

De acuerdo con el informe, las normas que regulan la transparencia y el manejo financiero en las elecciones tienen como principal objetivo hacer que los partidos políticos reporten el origen de las fuentes de financiamiento y el uso que dan a esos recursos.

Agrega: “Es necesario que la población conozca de dónde provienen los fondos, ya que las organizaciones políticas se deben a la ciudadanía”.

Las agrupaciones UNE, UCN, Líder y PP no respondieron a las solicitudes hechas por AC.

Rechazo a estudio

Édgar Ajcip, secretario de Asuntos Políticos y diputado de la bancada de Líder, dijo que todos los partidos tienen un gasto normal y que la única forma de influir en los votantes es con publicidad.

“No tuvimos un gasto excesivo, ya que fuimos muy cuidadosos en no sobrepasar los estándares establecidos en la Ley”, aseguró.

Se trató de localizar a Valentín Gramajo, del PP, para conocer su opinión respecto del informe, pero explicó que se encontraba en una reunión y que no podía responder. La secretaria general de ese partido y vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, no contestó su teléfono celular.

Álvaro Ramazzini, obispo de la Diócesis de San Marcos, expresó que el Gobierno no tiene que iniciar su mandato quebrantando las leyes. “Debe haber una revisión de estas y establecer nuevos parámetros donde se respeten la vida y los recursos naturales”, dijo.

Raúl Mass, director del Observatorio Ambiental, señaló que la regalía voluntaria es un paliativo para tratar de quitarle la carga negativa a la actividad minera.

“Al final el oro se va, la empresa se va, y desconocemos cómo quedarán las áreas impactadas por la extracción, porque en el estudio de impacto ambiental todo está arreglado”, refirió.

Además, los ecologistas criticaron la ausencia de su sector en las negociaciones. “Eso solo justifica la desconfianza, porque se realiza a espaldas de la población”, afirmó Rafael Maldonado, coordinador del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas).

Roberto Villate, diputado del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), expuso que las regalías no pueden quedar “en libre albedrío”, sino que por ley se debe determinar cuánto se debe pagar.

Afirmó que su bancada presentará una iniciativa de ley para incrementar las regalías del 1% actual a 20%, lo que se distribuiría en 1% para las municipalidades de los territorios utilizados, 9% para prevenir el cambio climático, 5% para atender daños generados por los desastres naturales y otro 5% para el mantenimiento de la red vial.

El director ejecutivo de Gold Corp Guatemala, Mario Marroquín, aseguró que el incremento de las regalías se abordó de manera técnica, al considerar lo que se paga en otros países.

Criticó que las organizaciones sociales estén en contra y aseguró que se convinieron regalías más altas que las establecidas por la comisión de alto nivel, en donde se acordó 1% por la extracción de cobre, 2% por la plata y 3% por el oro.

“Nosotros acordamos dar regalías al Estado de 3% por cobre, 4% por plata y 5% en el oro”, dijo Marroquín.

El ministro de Energía y Minas, Érick Archila, afirmó: “Si lo quieren cambiar, que modifiquen la ley, y nosotros como ente estatal lo cumpliremos”.

Obispo pide moratoria

Ramazzini expuso que el Estado debe establecer una moratoria de 20 años en las concesiones de exploración y explotación minera, para medir el impacto ambiental que se ha generado.

“El presidente —Otto Pérez— debe escuchar a las comunidades y a los ambientalistas y parar la explotación minera… no se tiene que dejar apantallar por el brillo del oro”, expresó.

Ramazzini agregó: “El presidente, con la inteligencia que tiene, debe escuchar a las comunidades y hacer un diálogo efectivo en torno a la explotación minera, y no rebajarse a una negociación con una empresa transnacional”.

Desde las primeras horas de ayer, el Centro Histórico capitalino se vio colmado de buses llenos de simpatizantes de la UNE-Gana, provenientes de varios puntos del país, que llegaron a la capital a fin de exigirle a los magistrados de la Corte Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inscriban a la exesposa del presidente Álvaro Colom, Torres, a quien le fue denegada su participación en las elecciones generales, por considerar que su divorcio fue un fraude de ley.

“No estamos presionando a nadie”, aseguró Torres, en su discurso frente a la multitud. Sin embargo, amenazó con “llegar hasta las últimas consecuencias” para lograr su inscripción como candidata de la coalición UNE-Gana, y para convertirse en la próxima presidenta de la Nación.

Caminata pacífica

La caminata, que se inició a eso de las 9 horas, tuvo tres puntos de partida, la Plaza Italia y los parques Colón y Jocotenango, a este se unió Torres, quien acompañó a sus simpatizantes desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacia la Plaza de la Constitución, donde culminó la marcha, después de los discursos de los secretarios generales de la coalición.

Cada vez que podían, los directivos de la UNE y de la Gana insistían en que no se está ejerciendo presión para que los magistrados resuelvan a favor de Torres, pero los manifestantes pasaron —sin ocasionar daños ni problemas— frente a las instalaciones de la CC, la CSJ y el TSE, donde permanecieron pocos minutos y gritaban varias consignas para exigir la inscripción de su candidata.

Los organizadores

Las caminatas fueron encabezadas por líderes y candidatos de la coalición. La marcha que partió de la Plaza Italia fue dirigida por el diputado Julio César López Villatoro.

Jairo Flores, secretario general de la UNE, dijo: “Esta caminata es una muestra de que nuestros partidos son de paz, porque a pesar de que vaticinaban disturbios, eso no ha sucedido”.

Agregó que la manifestación no era “para pedir un favor, sino que se hacía para exigir justicia”.

Emilio Coboj, de Quiché, comentó que salieron muy temprano, para apoyar. “Venimos porque nos dijeron que si ella no queda, no vamos a tener la bolsa solidaria”, expresó.

Este aspecto fue remarcado por artistas teatrales, así como en el discurso de Torres, quien afirmó: “No me quieren inscribir, porque he ayudado a los pobres. Si yo no gano, se acabará la ayuda solidaria, pero yo les digo a esas personas que no nos vamos a rajar y que seguiremos hasta las últimas consecuencias, para que yo sea inscrita”.