El presidente de la Anam, Edwin Escobar, advirtió que al quitar la inmunidad a los alcaldes los expone a ser atacados de forma política y con carencias de garantías para ejercer la función pública.

Escobar dijo estar de acuerdo con la renovación al sector justicia del país, pero calificó de “error” tratar de retirarles el derecho de antejuicio.

“Si le van a quitar el derecho de antejuicio a los alcaldes, que se la quiten al presidente, a los diputados y a los ministros. Pero eso no va a ser así, se lo garantizo. Este país deja de funcionar el día que cualquiera judicialice la política”, enfatizó Escobar.

Quienes no han fijado postura y esperan analizar la propuesta en mesas de diálogo son los directivos de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes Indígenas.

Proyecto viable

Oliverio García Rodas,  congresista de la bancada Movimiento Reformador, refirió: “Me parece buena la propuesta. Creo que después del trámite de consultas, será prudente que el Congreso la apruebe”.

El jefe de la bancada Visión con Valores, Juan José Porras, afirmó que coincide con fortalecer el sector justicia; pero señaló que pueden surgir inconvenientes. “Habrá que ver qué documento viene al Congreso en agosto. Y la preocupación es qué cantidad de aportes se harán y en qué sentido, porque puede venir una reforma constitucional ampliada, y se debe enfocar en justicia”, expresó.

Los cambios también   implican retirarle el derecho de antejuicio a los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén).

Prensa Libre intentó obtener la postura de la vicepresidenta y diputada de la bancada Guatemala en el Parlacén, Celia de León Maldonado, pero no respondió a las llamadas.

Reformas

• La propuesta  pretende reformar el derecho de antejuicio para alcaldes.
• Gobernadores y diputados al Parlamento Centroamericano también podrían perder la inmunidad, según el proyecto.
• El artículo 258 constitucional determina el derecho de antejuicio a los jefes ediles.
• La inmunidad  para los gobernadores se establece en el artículo 227 de la Constitución.
• Se  busca normar la carrera judicial.
• Magistrados elegirán al presidente de la CSJ por un período de cuatro años.
• Cada magistrado deberá ser electo por mayoría absoluta en el Congreso.
• Los magistrados de la CSJ serán mayores de 50 años, contempla la propuesta.