El distribuidor ha presentado unas dos mil denuncias ante las autoridades competentes, por el tema del hurto de energía.
Mynor Amézquita, portavoz de la entidad, recientemente informó que hay 99 órdenes de capturas, de las cuales se han ejecutado 25. En el tema de condenas se registran 62 a la fecha por el tema de hurto.

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Según datos del distribuidor, las conexiones ilegales les generan unos Q370 millones de pérdidas anualmente.   
Respecto de Coatepeque, el portavoz dijo recientemente que en ese municipio les suspendieron el servicio a dos mil 300 clientes, porque han intentado reconectarse y afectaron el sistema de distribución para otras nueve comunidades.

Mejorar procesos

Amézquita informó que a las municipalidades les han pedido incentivar los procesos de eficiencia energética, como sustituir las lámparas tradicionales por lámparas led, lo que podría reducir el consumo hasta en un 70 por ciento.  

Añadió que debe haber un cambio del modelo del traslado del costo hacia los usuarios, es decir, ser proporcional al consumo. Además, hacer un estudio para colocar lámparas donde hay necesidad.

Resaltó que al poner en práctica los tres aspectos anteriores ayudará a los municipios en la reducción de la deuda por servicio de energía y sería como un punto de partida para reducir la conflictividad.

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Amézquita explicó que en los últimos años han visto cómo se ha relacionado el tema del alumbrado público con el de conflictividad, que tiene relación cuando las autoridades correspondientes aprobaron un aumento a la tarifa del alumbrado público, lo que obligó al aumento del aporte que daba cada vecino.

Según el distribuidor, en algunas áreas solo el 30 por ciento paga por el servicio de energía, lo que estimula una cultura de impago; sumado el robo de electricidad que se ha convertido en un negocio en algunas comunidades.

“El tema de conflictividad no es un movimiento espontaneo, es toda una estructura y metodología, patrón que se repite”, manifestó Amézquita.

Descontento de pobladores 

La conflictividad por energía eléctrica ha generado protestas y bloqueos de carreteras en el país, como ocurre en algunas comunidades de Coatepeque, Quetzaltenango, donde pobladores se niegan a pagar por el servicio o piden que este se nacionalice; además, mantienen retenido al alcalde Alfonso García-Juncos, como medida de presión. 

El 28 de junio último, pobladores de 17 comunidades del referido municipio bloquearon el paso en el km 212 de la ruta al suroccidente en protesta por la falta de energía.

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La suspensión del servicio fue porque muchos de los vecinos tienen conexiones ilegales y se niegan a pagar las facturas por el consumo de electricidad.

Situación similar ocurrió en mayo recién pasado, cuando pobladores de Los Amates, Izabal, bloquearon por varias horas el paso en el kilómetro 201 de la ruta al Atlántico, para manifestar su descontento por los cortes de energía.  

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