De acuerdo con la acusación, Abelina Cirila López Godínez y Casimiro Vail Díaz recibieron Q3 mil de Sebastiana Alonzo y Juan Velásquez a cambio de su nieta de 13 años.

La menor convivió en Cajolá, Quetzaltenango, con el hijo de 17 años de Alonzo y Velasquez; además;  procreó  a una niña que nació en 2014.

Leonel Gómez, juez del Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, resolvió este jueves a favor del MP al clausurar por dos meses el proceso y ordenar  que se efectúe un nuevo peritaje cultural, entrevistar a autoridades indígenas y a vecinos para tener mejor información.

Marvin Orellana, agente fiscal del MP, indicó que este es el primer caso que se conoce en la fiscalía de Trata de Personas y es por el caso de matrimonio forzado.

“Es complejo, y para culminar la investigación adecuadamente solicitamos la clausura provisional, ya que el peritaje antropológico proporcionó información que aún no se ha investigado”, afirmó el fiscal.

Orellana agregó que la antropóloga entregó el estudio el último día del plazo de investigación y por esa razón no se pudo verificar algunos aspectos importantes. “Necesitamos más tiempo para verificar algunos contendidos que establece la antropóloga”, aseguró.

Según la investigación, cuando la víctima tenía 3 años, quedó al cuidado de sus abuelos paternos López y Vail, ya que sus padres se fueron a Estados Unidos.

En enero de 2013, cuando la menor estudiaba básicos, conoció a un joven de 17 años, hijo de Alonzo y Velásquez, con quien tuvo una relación sentimental y a cuyos padres fue entregada posteriormente. Los cuatro adultos son sindicados de trata de personas.

Pide clausura del caso

Hasen Andrade, abogado defensor, solicitó el sobrecedimiento en el caso, es decir que se clausurara definitivamente, ya que se trata de un hecho cultural y no de una venta. “De acuerdo al peritaje cultural, esto es parte de la cultura de los pueblos indígenas y es una manifestación de respeto entre las familias y no una venta”, expresó el profesional.

Actualmente, la menor está bajo el cuidado de su abuela materna, quien denunció el hecho; mientras que, el joven con el que convivió, también migró a  Estados Unidos, pero existe un proceso en su contra por violación.

El matrimonio de los menores nunca se efectuó legalmente como establecen las leyes del país, pero de acuerdo con la defensa se llevó a cabo un matrimonio maya.

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