Señalados de haber vendido a su nieta por Q3 mil quedan ligados a proceso

Abelina Cirila López Godínez y Casimiro Vaíl Díaz quedaron ligados a proceso este lunes por trata de personas, señalados de haber vendido a su nieta de 13 años por Q3 mil en Cajolá, Quetzaltenango. 

Pareja que enfrenta a la justicia de Xela por haber vendido a su nieta. (Foto prensa Libre: María José Longo)
Pareja que enfrenta a la justicia de Xela por haber vendido a su nieta. (Foto prensa Libre: María José Longo)

Sebastiana Alonzo y Juan Velásquez, quienes habrían comprado a la menor, también deberán enfrentar a la justicia.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), cuando la víctima tenía 3 años quedó al cuidado de sus abuelos paternos debido a que sus padres migraron a Estados Unidos.

Se dio a conocer que López y Vaíl agredían a la víctima y no le entregaban el dinero de las remesas que sus padres enviaban.

Marvin Sánchez, agente fiscal del Ministerio Público, indicó que en enero de 2013, cuando la menor de edad estudiaba el ciclo básico conoció a un Juan Carlos Velásquez, hijo de la pareja sindicada de ser los compradores, a quienes los abuelos de la niña les pedirían Q6 mil para entregarles a la menor.

Según la fiscalía, pagaron Q3 mil a cambio de la menor. Agregó que cuando la menor vivía con ellos, tuvo relaciones sexuales con su hijo y resultó embarazada, por lo que el 9 de mayo de 2014 dio a luz a una niña.

López Godínez dijo que ella no vendió a su nieta y aseguró que la cuidó desde que su hijo viajó a Estados Unidos.

Añadió que mensualmente los padres de la menor les enviaban Q1 mil, de los cuales Q100 entregaban a la niña. 

La víctima, quien ahora es madre de una menor de 1 año y 10 meses, relató a la fiscalía lo que sucedió desde que sus padres la dejaron al cuidado de sus abuelos.

Además de esta declaración, el MP cuenta con las de testigos y exámenes psicológicos efectuados a la menor.

Argedi Morales, delegada de la Procuraduría General de la Nación (PGN), indicó que como la menor se encuentra desprotegida, ya que los padres están en otro país, la institución actuaró en el proceso como responsable de la víctima.

Morales determinó que no se puede otorgar medida sustitutiva a los sindicados, porque podían obstaculizar la investigación, ya que son familiares de la agredida.