La denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público (MP) por la alcaldesa Susana Asencio, el  mandatario judicial de la Municipalidad Rafael Ruiz, y el representante de la Asociación de Copropietarios del Condominio Jacarandas Luis Felipe Valdez.

Los denunciantes aseguran que en ese caso hubo incumplimiento de deberes, pues los funcionarios conocieron el trámite de licencia de construcción de un proyecto urbanístico en la finca La Chacra, Santa Inés del Monte Pulciano, cuyo representante legal, el sacerdote Ricardo Sáenz Cóbar, acumula siete denuncias.

Extraña resolución

La auxiliar fiscal Lisi Chavarría fue quien ordenó la desestimación de la denuncia, según consta en el expediente MP001-2016-92358, con el argumento de que ambos concejos, directivos del Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala (CNPAG) y Caleruega, S.A., propietaria del proyecto, tenían conocimiento de las irregularidades al aprobar la licencia de construcción.

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La Fiscalía anexó la denuncia de Valdez, referente a que el 17 de febrero del 2011 ingresó al despacho municipal el expediente de solicitud de licencia de cambio de uso de suelo del proyecto La Chacra, para desarrollar 253 lotes, pero se incumplieron las normativas y regulaciones vigentes.

Daniel Gallardo, jefe del Departamento Jurídico de la comuna, explicó que no aceptan el argumento de la fiscal, porque consideran que hay suficientes elementos que demuestran que los sindicados pudieron haber cometido algún ilícito, por lo que están a la espera de la fecha de una audiencia de oposición.

En tanto, Valdez, solicitó a la Fiscalía que se lleve a cabo el debido proceso, pues su denuncia no fue en contra de los miembros de los concejos, sino contra el actual, presidido por Susana Asencio, el CNPAG, Ministerio de Ambiente, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y Gobernación Departamental.

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Además, denunció que el proyecto sigue en curso, sin contar con las licencias respectivas.

Integrantes de la Asociación de Copropietarios del Condominio Jacarandas están preocupados porque los compradores se arriesgan a ser defraudados al no obtener licencias de cambio de uso de suelo y de construcción.