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Sacerdote es enviado a juicio por desobediencia y falta contra el Patrimonio

Ricardo Sáenz Cóbar, sacerdote y representante legal de Caleruega, S.A., fue enviado a juicio por desobediencia y falta contra el Patrimonio Cultural de la Nación, por el juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez.

El sacerdote Ricardo Sáenz Cóbar fue enviado a juicio por el delito de desobediencia y falta contra el Patrimonio Cultural de la Nación. (Foto Prensa Libre: Julio Sicán)

El sacerdote Ricardo Sáenz Cóbar fue enviado a juicio por el delito de desobediencia y falta contra el Patrimonio Cultural de la Nación. (Foto Prensa Libre: Julio Sicán)

Según la denuncia, la empresa Caleruega S.A. no acató una orden del Juzgado Municipal para suspender los trabajos de construcción de un puente en la finca La Chacra, Santa Inés del Monte Pulciano, Antigua Guatemala, propiedad de Sáenz Cobar, ya que la licencia municipal se encontraba vencida desde el 13 de abril de 2013 sin que haya sido renovada.

Además, la municipalidad impuso una multa de Q500 mil a la entidad sin que a la fecha haya sido pagada.

El 13 de mayo del 2016 los concejales María Eugenia Contreras, Roberto Orozco y Julio Roldán, interpusieron la demanda en contra de dicha entidad, a la que se sumaron días después el resto del concejo.

En la audiencia de este jueves, la alcaldesa Susana Asencio, Carlos Azurdia, síndico primero y Juan Francisco Reyes, representante de la Procuraduría General de la Nación ratificaron la denuncia contra Caleruega, S.A. pero el sindicado, representante legal, rechazó los señalamientos.

Oswaldo Díaz, abogado del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, aseguró que la entidad denunciada pudo haber cometido una falta contra el Patrimonio de la Cultural de la Nación, de acuerdo con el artículo 23 de la ley protectora Decreto 60-69, que establece que toda nueva construcción o alteración dentro del área de conservación o influencia deberá contar con previa licencia y sujetarse a las disposiciones del plan regulador y reglamento correspondiente.

“Esa construcción que no contaba con licencia de parte del Consejo de Protección, encuadra en la comisión de un delito”, indicó Díaz al juez Óscar Ajsac.

La próxima audiencia será el 8 de diciembre a las 10 horas, en la cual deberán presentarse los medios de prueba para que el juez determine si existen indicios suficientes de haber cometido los supuestos delitos y envié al imputado a un tribunal de sentencia para que determine su culpabilidad o inocencia.

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