El martes 25 de enero se registró un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil (PNC) y manifestantes en Suchitepéquez, donde transportistas bloquearon la ruta en rechazo al pago de un seguro.

Los incidentes fueron en el cruce conocido como El Aguacatal, donde de acuerdo con videos en redes sociales, los descontentos volcaron y dañaron autopatrullas de la PNC.

Estos enfrentamientos entre transportistas y autoridades dejaron agentes heridos, personas capturadas y agentes de policía secuestrados, así como a un comisario.

Supuestos vecinos de la costa de Sololá bajaron a Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, y secuestraron primero a la agente de la PNC.

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Mientras se desarrollaba el diálogo para la liberación, el grupo de pobladores retuvo a un comisario y a otro agente.

Luis Recinos, Comunicación Social de la PNC, informó que los manifestantes que tenían retenidos a los uniformados, solicitaban que se les entregara a las personas que las autoridades habían capturado preventivamente a cambio de liberar al comisario y a los dos agentes.

“Entonces se vio en la necesidad de hacer el canje, ya que eran las exigencias que tenían los manifestantes”, manifestó.

En la noche del martes se logró la liberación de los agentes retenidos y luego fueron evaluados en el IGSS de Mazatenango.

El comisario Franco Suchité fue llevado a la Subestación de Santo Tomás La Unión donde fue liberado a las 20 horas.

Mientras que los agentes Ana Paola Argueta Pastor y Edwin Roberto Robles Mejía fueron liberados a las 21.15 en la aldea Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

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El Ministerio Público informó que trabaja en la identificación de las personas que participaron en el secuestro de los agentes y buscan individualizar a los implicados.

Abogado explica situación

Prensa Libre y Guatevisión consultaron al abogado Deyvin Carrillo, quien explicó la parte legal respecto del caso de los agente de la PNC que fueron retenidos contra su voluntad en Suchitepéquez.

Añadió que los manifestantes tomaron la acción de retener a algunos agentes a efecto de poder exigir que se les cumplan sus exigencias.

Indicó que de inicio se pudiera decir que esta acción o esa conducta por parte del grupo de personas, puede tipificarse en un delito de una detención ilegal.

Explicó que la detención ilegal es cuando a una persona se le retiene y se le restringe su libertad sin ningún motivo. Dijo que en este caso de los uniformados, en primera instancia pudiera considerarse una detención ilegal; sin embargo, de las investigaciones que haga el MP se podrá ir determinado los medios de convicción para presentarle a un juez.

Resaltó que al existir una exigencia o un canje a cambio de entregar a los agentes, sí pudiese en algún momento encuadrarse en un delito como lo es el secuestro.

Añadió que la investigación del MP debe recabar la información que sea necesaria para luego deducir responsabilidad penal, es decir, el inicio de un proceso penal.

Penas por delitos

Dijo que el delito de detención ilegal contempla una pena de uno a tres años conmutables, pero la pena se vuelve agravante y se le agrega una tercera parte cuando el delito es cometido por más de dos personas, con amenaza y violencia en contra de funcionarios.

Agregó que si lo anterior en algún momento encuadra en el delito de secuestro, la pena es mayor con pena máxima de 50 años.

Indicó que en este caso en Suchitepéquez se exigió algo a cambio de la libertad de los agentes, se exige un canje, para resolver alguna petición de las personas.

Carrillo explicó que el cuerpo legal de la PNC tenía que haber interpuesto una exhibición personal para que un juez llegara  a donde estaban las personas retenidas y luego de verificar la retira del lugar la libera inmediatamente.

La agente Paola Argueta, de la Subestación de @PNCdeGuatemala de #SantoTomásLaUnión está retenida por vecinos de la bocacosta de Sololá.@RBCNoticiasGT@AntonioIxcot_PL @prensa_libre

Cortesía pic.twitter.com/qxYaJDEWUe

— Marvin Túnchez (@MTunchez_19) January 26, 2022