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Los empresarios afirmaron que a pesar que la sentencia favoreció al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS ), la entidad apeló el fallo. Por lo tanto, “el único interés de la entidad es suspender definitivamente operaciones de la mina”, señaló Antonio Malouf, presidente del Cacif.

Para los empresarios la postura de CALAS de querer suspender definitivamente operaciones de Minera San Rafael no tiene fundamento legal.

Malouf afirmó que este retraso genera impacto en el clima de negocios, reducción de proyección del Producto Interno Bruto y baja en calificación de entidades internacionales de riesgo.

Los miembros del Cacif apelan a que los magistrados de la CC emitan su fallo, luego de la vista pública el 25 de octubre y aunque debía emitirse cinco días después de celebrada la vista, el plazo se venció el lunes pasado y está tomando más tiempo de lo previsto, “cuando los magistrados ya han trazado la ruta en casos anteriores”.

Juan Carlos Tefel indicó que a los Q1.1 millones que se dejan de percibir diarios por impuestos y regalías, se debe sumar los sueldos caídos, pérdida de proveedores, por lo tanto, la cifra aumenta a Q5.1 millones diarios que deja de percibir el país.

Malouf aseguró que “no están presionando a las cortes, sino sencillamente pedimos que se cumplan los plazos”.