La mano política que presionó en el caso de la intervención del CHN

Fri, 12 Aug 2016 12:45:52 +0000

Dicho reclamo motivó que por orden de una jueza de Coatepeque, Quezaltenango, Gustavo Adolfo Barrientos Laparra se presentara en calidad de interventor en las oficinas del CHN, y con apoyo de fuerza policial, reclamara por la vía jurídica la deuda, en lo que se calificó como una intervención judicial.

Según Velázquez, si bien en su mandato no ha recibido presiones políticas, en administraciones pasadas sí las hubo para que se pagara la demanda de la citada familia.

Lea también: La historia de cómo un juicio privado generó la intervención al CHN

“Habría que ver si los integrantes de la Junta Directiva (CHN) tienen las funciones para poder llegar a un acuerdo para el pago de esa obligación”. Manuel Pérez-Lara, analista financiero.

El ejecutivo afirmó que los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti presionaron en su momento, tanto desde el Ejecutivo como cuando la segunda era diputada.

También señaló que varias personas, a las que llamó “comisionistas”, entre las que se encontrarían las abogadas Maritza Ruiz de Vielmann y Alma Quiñonez —ya fallecida—, ejercieron presión para el pago de comisiones y honorarios profesionales por aproximadamente Q25 millones.

Velásquez agregó que algunos diputados también ejercieron presión, aunque no mencionó nombres.

Seguridad

Velásquez reiteró la seguridad con que trabaja el CHN.

millones de quetzales es el monto de la demanda.

Agregó que es el único banco del país que no puede quebrar, pues dispone del respaldo ilimitado del Estado, según señala el artículo 49 de su Ley Orgánica.

“Las obligaciones que contraiga el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, provenientes de la aceptación de depósitos y de la emisión de sus propios bonos, letras, notas, certificados fiduciarios, cédulas hipotecarias y otros títulos y documentos de crédito, gozan de la incondicional e ilimitada garantía del Estado por solo el hecho de su emisión”, indica el citado artículo.

Ignacio Lejárraga, gerente general de Financiera Suma, dijo, en relación al caso, que no se trata de una intervención al CHN, pues se puede intervenir una caja o cuenta, pero no a la institución como tal.

Lejárraga explicó que el caso es antiguo —data de 1957— y que, además, al haberse generado por una responsabilidad de algo que se actuó en un fideicomiso, no es sujeto de una intervención.

“No se ha experimentado en esta administración ninguna presión política. Sin embargo, en administraciones anteriores, sí las hubo”. Luis Velásquez, presidente del CHN.

En opinión del analista, “si al final un juez determina que sí es responsabilidad del CHN pagar, que pague, pero impresiona que una jueza en Coatepeque dicte sobre un banco en Guatemala”.

Para el analista Manuel Pérez-Lara, el CHN “no debería haber esperado hasta la última instancia, puesto que, en lo privado, un banco que perdió ante un tribunal, paga”.

Agregó que más que el riesgo financiero, que es nulo, se debe cuidar la reputación, pero en este caso no afecta, al ser estatal.