Durante una citación en el Congreso de la República, el interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Augusto Ponce, dijo desconocer el contenido del contrato firmado entre la empresa Remed S.A., y Ferrovías, para echar a andar el proyecto Ferrocarril Bicentenario, que tiene como objetivo la rehabilitación de 235 kilómetros de vía férrea en el sur del país; más 30 kilómetros hacia Champerico, que fueron agregados en el documento legal.

Pese a que la celebración de la firma del contrato se llevó a cabo en las instalaciones de Fegua el pasado 14 de enero del presente año, y que fue el mismo Ponce quien agradeció a los empresarios por la inversión en Guatemala al calificarla de “trascendental”, afirmó ayer ante los diputados no tener más información al respecto. “Es un tema (el contrato) que se trató entre la iniciativa privada y no fue algo estatal”, dijo el interventor de Fegua.

Incluso, afirmó no haber participado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de enero, a pesar de que hay evidencias de lo contrario, pues asistió a la misma. “No tenemos más información y no nos tomaron en cuenta para este tipo de asamblea”, aseguró Ponce.

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“Conocer exactamente el contenido de todos los compromisos que se celebraron en un contrato reciente, no es de nuestro conocimiento, pero como representante de Fegua existe la mejor disposición de seguir con la protección de la vía férrea y de los bienes del Estado otorgados en el Contrato 402 a Ferrovías”, expresó el interventor.

Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición citaron también al ministro de Economía, Antonio Malouf, y José Ulloa Rosemberg, administrador de Ferrovías, para que brindaran detalles del contrato de arrendamiento. Sin embargo, no acudieron a la citación y tampoco presentaron excusa. Únicamente participaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Ponce.

“No conozco el contrato y Fegua aún no lo tiene, pero voy a pedir al departamento jurídico que lo solicite a Ferrovías, porque lo único que hemos venido desarrollando desde el 2019 es la protección de la línea férrea”, recalcó Ponce.

Usufructo disfrazado de arrendamiento

Los diputados cuestionaron que, a su criterio, el contrato se firmó por un arrendamiento, pero en realidad es un usufructo.

“A todas luces es un contrato ilegal en el que se utiliza la figura de arrendamiento, porque no hay otra; lo están disfrazando. La actitud del gobierno de Guatemala es preocupante, porque el Estado es propietario del 81% de las acciones de Ferrovías y desde el año pasado se nombró a Ulloa como representante legal. El anterior no había querido firmar porque había ilegalidades en el mismo”, expresó el diputado Orlando Blanco.

Además, señalaron que se agregaron 30 kilómetros de Retalhuleu a Champerico a los 235 kilómetros originales para el proyecto para un total de 265 kilómetros, aparte de que Ferrovías asumió responsabilidades en nombre de Fegua, porque según la cláusula cinco del contrato firmado con Remed S.A., se les obliga a desalojar las vías por donde pasará el tren.

“Si hay funciones asignadas a Fegua en el contrato desconozco cuáles son, porque las que cumplimos nosotros son las funciones establecidas en el Contrato 402”, reafirmó Ponce.

Por lo anterior, Blanco enfatizó que a Fegua se le obliga a solucionar el problema de los inmuebles y la usufructuaria no será parte de los desalojos.

La cláusula cinco que se refiere a las obligaciones de Ferrovías, obliga a ejecutar en favor de Remed S.A., las acciones siguientes: permitir que la empresa haga uso para su explotación comercial los bienes inmuebles, garantizar dentro de sus facultades uso y goce del arrendamiento que por este acto se otorga; cumplir con todas las obligaciones frente a Fegua, derivadas del Contrato 402; permitir la continuidad del arrendamiento; y otorgar la prórroga del usufructo, por tener más de 10 años.

Según Ponce, han estado informando a las personas que están invadiendo algunos tramos de los 800 kilómetros de la vía férrea, pero aseguró que tener un inventario de personas. Sin embargo, indicó que ya han entregado 478 notificaciones de Tecún Umán a Puerto Barrios, aunque no son precisamente por donde pasará el Tren Bicentenario y no sabe cuántas se han concretado ni los plazos para liberarlas.

“Cuando hay focos de asentamientos, el compromiso es informar sobre la propiedad y pertenencia de la tierra que corresponde al Estado de Guatemala”, destacó. Blanco también preguntó a Ponce si el ministro Malouf o Ulloa le habían hablado sobre esas obligaciones y dijo que “no le hablaron al respecto”.

Obviaron Ley de Contrataciones

Blanco reiteró que el Estado de Guatemala es el accionista mayoritario Ferrovías, por lo que al celebrar este contrato, obviaron la Ley de Contrataciones, que en su primer artículo establece que tiene como objetivo normar las ventas, compras, arrendamientos, contrataciones y cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen los organismos del Estado, las descentralizadas y autónomas, las entidades y empresas cuyo capital mayoritario este formado por aportaciones del Estado.

En ese sentido, los representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos coincidieron en que no se efectuó un proceso que permitiera una competencia justa para los mejores intereses de  Guatemala y no se cumplió con un proceso de selección, como los establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

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Exfuncionarios involucrados

Por su lado, el diputado Orlando Blanco afirmó tener pruebas que involucran a exfuncionarios del gobierno actual.

Por ejemplo, el exsecretario privado de la presidencia, Giorgio Bruni, habría viajado a México con Ulloa durante la última semana de noviembre del 2021, según los registros de movimientos migratorios entregados a los legisladores.

Por lo tanto, no se descarta que el ministro Malouf sea interpelado en el Legislativo, de no volver a presentarse en una nueva citación que convocará el Grupo Parlamentario de Oposición para hablar sobre el tema, dado que “siempre aparece en este tipo de negocios”, puntualizó Blanco.

El contrato 402

Ferrovías es la única usufructuaria de los bienes de utilidad ferroviaria del país y cuenta con los derechos de explotación de más de 800 kilómetros de corredores ferroviarios en el país, según la escritura pública 402, autorizada el 25 de noviembre de 1997.

Según ese documento, el Estado de Guatemala, por medio de licitación pública internacional, dio en usufructo oneroso por 50 años el manejo de los activos ferroviarios propiedad de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) a la empresa Railroad Development Corporation (RDC) y su filial Ferrovías Guatemala, según su página oficial.

En la cláusula cuarta del contrato establece que las actividades que desarrollará serán “por su cuenta”. Además, se imponen obligaciones y prohibiciones, que están detallados en la cláusula decimoséptima, como dar otro destino o no aplicar correctamente los recursos comprometidos en los programas de rehabilitación, reconstrucción y renovación de la vía, así como el equipo ferroviario durante el periodo del contrato.

También se le imposibilita dar otro giro a la actividad empresarial ferroviaria e incorporar otras actividades mercantiles, sin que previamente haya sido autorizado por Fegua, aparte de utilizar el contrato de usufructo oneroso otorgado, en otras actividades que afecten los intereses de Guatemala como nación, a sus sistemas productivos y a sus ciudadanos.