En un año y medio, la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando del Ministerio Público (MP) ha recibido desde su creación 365 denuncias, de las cuales ha llegado a resolver 74 mediante consensos con los acusados, quienes accedieron a pagar multas e intereses.

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Según directivos de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) y del Observatorio contra el Contrabando (OCC), esos delitos requieren de más recursos para investigar y elaborar los expedientes que luego se conducen a los tribunales.

Enrique Lacs, director ejecutivo de la CGAB, dijo que el presupuesto de la fiscalía es de aproximadamente Q1 millón, y 15 fiscales asignados; pero consideró que el presupuesto de esa unidad del MP debe ser de al menos Q5 millones y duplicar el personal actual.

“Tenemos instituciones con poca capacidad de atacar estructuras poderosas y que pueden cometer los ilícitos sin un castigo oportuno”, expresó Lacs.

Para Luis Mazariegos, del OCC, no se trata únicamente del resarcimiento al Estado por los impuestos que se dejan de pagar, sino que va de la mano de otros delitos conexos, como la contravención de medidas sanitarias, y que no han tenido la inspección de las autoridades nacionales de su procedencia y registro, y hace que ingresen productos como huevos en estado de descomposición, medicamentos alterados o falsificados y alimentos a punto de caducar.

Los productos que más ingresan de contrabando al país son las bebidas alcohólicas, abarrotes, yogures, maíz, cigarrillos, galletas, cereales y gasolina, según datos del OCC.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a julio del 2020, calculó que ha incautado en productos de contrabando Q110 millones, y en ajustes de aduanas, Q198 millones.

A mediados del 2020 se dejaron de percibir Q2 mil 500 millones, según la SAT, por concepto de impuestos por defraudación aduanera y contrabando, indicó.

Incremento constante

Para Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la pandemia incrementó el contrabando en algunos sectores, especialmente el de medicinas y aceites; por lo tanto, ha venido a complicar la situación, “pero eso no quiere decir que no se estén haciendo los esfuerzos por combatirlo”.

En septiembre pasado, el Ministerio de Gobernación reveló que han incautado Q4.3 millones en mercancía ilegal, y aunque son cifras bajas, señaló Zepeda, se mantienen optimistas respecto de que con la reactivación económica y los puestos de control se logre un mayor control y mejoren los resultados.

Zepeda agregó que el impacto de ese ilícito representa el 30 por ciento de las ventas totales industriales del país, y enfatizó que todo esfuerzo por detener el contrabando se traduce en bienestar para la población y beneficio económico para el país.

Mazariegos enfatizó que la SAT implementa una serie de acciones, como los puestos de control cerca de las fronteras, y la meta es terminar seis este año, y el próximo año, otros seis.

“A finales de mayo, se estableció el de Pajapita, San Marcos, pero necesita el apoyo de las instituciones, y está también el MP, porque cada acción debe generar resultados para procesar el delito, verificar el transporte y hacer los peritajes en cada uno de los casos”, resaltó el ejecutivo.

Otras fronteras

Las autoridades han confirmado que la mayor cantidad de producto ilegal ingresa por México, especialmente por los pasos ciegos de las fronteras.

Lacs enfatizó la importancia de vigilar otros puntos y fronteras, por ejemplo, con Honduras y El Salvador, porque han observado incremento de mercancías ilícitas, que en su mayoría son lácteos.

El directivo señaló falta de control en algunos de los puertos, y por eso es el llamado, porque se observa relajamiento a favor de los contrabandistas.