La minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) suspendieron temporalmente todas sus operaciones industriales debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) en diciembre pasado, según lo afirmado en un comunicado.

La información fue divulgada la noche del martes 28 de febrero y el miércoles 1 de marzo, las empresas hicieron el anuncio indicando que por ese motivo, se ven obligadas a suspender temporalmente sus operaciones en El Estor, Izabal,

La OFAC sancionó en noviembre del 2022 al ruso Dimitry Kudryakov, quien eran gerente de la CGN, y a la bielorrusa, Iryna Litviniuk, directora de sostenibilidad de esa misma empresa, y los señaló de supuestamente dirigir múltiples esquemas de soborno durante años que alcanzan a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales guatemaltecos.

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La entidad estadounidense reveló en esa ocasión que la decisión se debió por haber “asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos”.

También revelaron que “las personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo”.

En esa ocasión también se sancionó a la empresa Mayaniquel, sobre la cual se indica que no hay relación empresarial, pero sí comercial, porque Pronico le compraba la mena que extraía, para procesarla.  Mayaníquel suspendió operaciones en diciembre del 2022.

Las tres empresas son subsidiadas por el grupo Solway Investment, que según Estados Unidos es de capital ruso. Sin embargo, dicha firma internacional refutó en anteriores ocasiones que tengan alguna relación comercial con Rusia.

Repercusiones

CGN y Pronico indicaron que desde finales del año pasado han enfrentado dificultades imprevistas causadas por las sanciones impuestas y que, a través de sus representantes legales en Estados Unidos, presentaron una solicitud a las autoridades de ese país en la OFAC para obtener una licencia temporal que les permitiera realizar ciertas transacciones y así cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, refirieron las firmas, “desafortunadamente, el plazo para obtener dicha licencia se retrasa por razones ajenas a las compañías” por lo que ya no es posible continuar con las operaciones en las circunstancias actuales.

Entre estas, que las credenciales de exportación no han sido renovadas por el Gobierno de Guatemala y están sin recibir fondos por las ventas de sus productos.

“A través de nuestros abogados, continuamos desarrollando las gestiones con las autoridades de los EE. UU. con la esperanza de que la licencia de la OFAC pueda estar disponible en un futuro cercano”, expresaron.

¿Y los trabajadores?

Ahora, CGN y Pronico ofrecen a sus colaboradores una terminación laboral de mutuo acuerdo. Este consiste en que el personal que acepte ese acuerdo, recibe sus prestaciones de ley según la legislación laboral guatemalteca, que incluye la indemnización por tiempo servido, también la compensación por vacaciones, horas extras, aguinaldo y bonificación incentivo (conocido como bono 14). También están recibiendo un bono de Q9 mil 300, equivalente a tres salarios mínimos.

De los 1 mil 700 empleados que hay en la actualidad en dichas empresas, 650 ya renunciaron y se les aplicará el acuerdo, mientras que el resto sigue en sus labores, se indicó. Entre ellos, quienes trabajan para garantizar el control efectivo de los riesgos ambientales, la seguridad y la conservación de la infraestructura existente.

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Se consultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) acerca de la suspensión de operaciones y cómo queda el panorama de la minería en Guatemala, pero no ha respondido.

Por aparte, siguen suspendidas las operaciones de la mina El Escobal a cargo de Pan American Silver (antes Minera San Rafael), en Santa Rosa; y la mina Progreso VII Derivada o el Tambor, también conocida como La Puya, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Estas suspensiones se derivan de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y tribunales porque no se llevó a cabo la consulta comunitaria a los pueblos indígenas.

Otras medidas

• Para poder cumplir con las obligaciones a todos los colaboradores y proveedores, las compañías dieron a conocer que implementaron varias medidas:
• Suspender temporalmente todas las operaciones industriales hasta que cambien las circunstancias.
• Ofrecer a los colaboradores la terminación de mutuo acuerdo mencionada.
• Los colaboradores que permanezcan en las empresas continuarán trabajando en los procesos de mantenimiento técnico, seguridad y preservación del medio ambiente.
• Los proveedores con quienes se tengan saldos pendientes serán contactados directamente para solventar a la brevedad posible las obligaciones contractuales.
• En la actualidad las actividades principales que se desarrollan en la mina y en la planta de proceso se refieren al cumplimiento de la normativa aplicable en materias ambiental, minera y de seguridad industrial para la prevención de infracciones a la ley durante la suspensión de operaciones. El fin es minimizar y controlando los riesgos ambientales, para la conservación de depósitos con bienes y materiales; entre otras tareas.

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