El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) ha tenido una ejecución presupuestaria irregular, incluyendo las unidades ejecutoras a las que el Congreso les aprobó el pasado 15 de marzo una ampliación por Q3 mil 191 millones.

La Dirección General de Caminos (DGC), el Fondo Social de Solidaridad (FSS), y las unidades, Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), han tenido en los últimos cuatro años un presupuesto disponible de Q21 mil 747 millones, pero su ejecución ha sido errante.

La DGC finalizó con números aceptables los años 2018, 2019 y 2021 —arriba del 90%—, mientras que en 2020 la ejecución llegó solo al 72.87%. Covial ha tenido un comportamiento similar, aunque también registro poco porcentaje de gasto, no solo en 2020 —72.46%, sino en 2019 —76.93%—.

La UCEE ha sido la que más problemas ha tenido para ejecutar gasto, puesto que solo en 2018 superó el 90% y en los otros años bajo tanto como al 29.4%, en 2020, y 66.76%, en 2019. En tanto que el FSS no llegó ni al 80% de ejecución el año pasado —78.38— ni en el 2020 —68.76%—.

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Este año, el CIV presenta una baja ejecución presupuestaria en Covial y el FSS al término del primer cuatrimestre.

Los Q3 mil 191 millones aprobados por el Congreso para el CIV para la ejecución de una serie de proyectos que fueron escogidos por los diputados sin que muchos de ellos tuvieran un respaldo técnico, ya fueron incluidos en los sistemas contables de las unidades ejecutoras lo que hace que la ejecución se contraiga más.

El FSS era una de las dependencias que menos ejecución reflejaba al 30 de abril, puesto que llegaba apenas al 12.63 por ciento. Esta unidad recibió una ampliación de Q35.7 millones que al ser añadidos al techo presupuestario hace que la ejecución baje a 11.99%.

Covial, a quien se le amplió el presupuesto en Q1 mil 748, mostraba un porcentaje de gasto del 22.7% que ahora baja a 9.66% con los nuevos recursos. Mientras que la DGC —Q1 mil 286 millones—, cuya ejecución era del 36.23% ha quedado al 30 de abril en 22.79%.

En cuanto a la UCEE, cuyo presupuesto fue ampliado en Q120 millones, su ejecución avanza en 32.62%; antes de su nuevo techo esta llegaba a 41.45%.

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¿Podrá ejecutar?

La gran cantidad de recursos que recibirá el CIV hace dudar de la capacidad que existe para ejecutar los recursos en este año. Algunos puentes no cuentan ni siquiera con estudios de factibilidad o de impacto ambiental, que son el requisito primario para echar a andar una obra, sin tomar en cuenta aspectos como los derechos de vía.

El titular del CIV, Javier Maldonado, aseguró en entrevista con Prensa Libre que en varios de estos proyectos se utilizaría el modelo de licitar el diseño y la construcción de la obra en un solo proceso para que las empresas adjudicadas sean las encargadas de efectuar todos los estudios de factibilidad.

Este modelo permitiría agilizar las obras, puesto que se ahorrarían varios meses de licitación de los estudios. Pero en casos como en la construcción del Puente Belice 2, al que la ampliación de este año asigna Q204.4 millones, tampoco se sabe si hay planes para reubicar a las familias que viven bajo esa estructura si es que finalmente se ejecutará el proyecto.

Esto podría evidenciar errores de planificación; sin embargo, Maldonado explicó que esta obra ya se trabaja con la comuna capitalina y que esta proporcionará los estudios de factibilidad.

Otras necesidades

La ley aprobada por el Congreso incluye la ejecución de 119 proyectos, entre recapeos, rehabilitaciones y mejoramientos de carreteras. También construcción y rehabilitación de puentes, escuelas y calles municipales.

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Del total, 65 proyectos se desarrollarían en rutas centroamericanas, 22 en nacionales y 25 en departamentales. Sin embargo, llama la atención que en el listado de obras no se incluyeron algunas que han sido exigidas por distintas comunidades.

Por ejemplo, para Quiché solo hay dos proyectos que son, la construcción de un puente en Nebaj por Q25 millones, en la aldea Salquil, y otro en San Bartolomé Jocotenango por Q10 millones, caserío La Hacienda.

El mal estado de las carreteras en ese departamento ha llevado a pobladores en años pasados a protagonizar protestas y la paralización del transporte, hoy en día hay tramos que necesitan atención inmediata pero que no fueron tomados en cuenta en la ampliación, como el que conduce de Playa Grande a Chicamán y las carreteras que van de Joyabaj a San Martín Jilotepeque y a Pachalúm.

En tanto, sobre la ruta CA1 oriente, donde hay destinados Q153.1 millones para recapeos menores y mayores, así como para la rehabilitación de la ruta en tramos donde no se nota tanta urgencia. No se sabe si se continuarán con los trabajos en la cuesta de la Conora, entre El Molino, Cuilapa, Santa Rosa, y San José Acatempa.

Enrique Juárez, un usuario frecuente de esta vía, dijo que se hizo el recapeo, pero está pendiente la señalización, por lo cual transitarla de noche es muy peligroso. Asimismo, está pendiente de que se termine la reparación de un carril de ascenso.

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Además, también están pendientes varios tramos que pasan por el municipio de Asunción Mita, próximos a llegar a la frontera con El Salvador y que están en muy malas condiciones. En 2020 y 2021 pobladores protagonizaron varias protestas y bloqueos de ruta para exigir la reparación.

Leily Linares, vecina de dicho municipio y que participó en dichas manifestaciones, señaló que antes de la Semana Santa hicieron trabajos de bacheo en la ruta, pero que estos quedaron en suspenso ya que uno de los encargados les dijo que estaban “esperando decisiones para echarle otra capa de asfalto”.

Otras partes de la ruta estaban en pésimas condiciones hasta mediados de marzo, al extremo que los pobladoras la llaman la “carretera de la vergüenza”.