Este 18 de mayo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un comunicado en el que se pronunció ante la reciente denuncia por parte de la hija de Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del medio El Periódico, calificando las acciones como “censura previa que atenta contra los principios constitucionales del país“.

El director de El Periódico, José Rubén Zamora, el jefe de Redacción, Gerson Ortiz, y el reportero Cristian Véliz recibieron el 11 de mayo una denuncia de “violencia contra la mujer” por parte de Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada, luego de que publicaran una nota el 22 de abril que mencionaba la renovación de su contrato como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibiendo un salario de Q20 mil mensuales.

La SIP denominó como “uso inapropiado la aplicación de la Ley del Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para bloquear información de interés público“.

Jorge Canahuati, presidente del SIP y presidente ejecutivo del Grupo Opsa de Honduras, afirmó que “la orden de la jueza en contra del diario no es otra cosa que censura previa“.

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“Una ley de este tipo siempre será beneficiosa para neutralizar la discriminación, prevenir femicidios e incentivar la igualdad de género; sin embargo, se debe examinar cómo su uso inapropiado puede ser un instrumento para amordazar a la prensa“, indicó.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz Interior de Argentina, complementó que “la utilización de demandas arbitrarias a partir de esta ley, sin el necesario fundamento, representa un abuso y sirve para acosar judicialmente a los medios“.

Jornet indicó que la decisión por parte de la hija de la magistrada afecta “varios preceptos de libertad de prensa expresados en la jurisprudencia interamericana, entre los que está el hecho de que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a las críticas y a las informaciones incómodas que los involucran”.

El lunes 16 de mayo, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa también se pronunciaron ante los hechos.

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“Dichas medidas no solo afectan la libertad de expresión del medio y sus integrantes, sino el derecho de la ciudadanía a obtener información de carácter público sobre actos irregulares en la administración pública, como los denunciados por elPeriódico”, indicó el comunicado emitido por la asociación.

Índice de Libertad

El comunicado del SIP también afirmó que Guatemala se encuentra en el puesto 17 de 22 en el denominado “índice Chapultepec”, que mide los niveles de libertad de expresión y de prensa y si no se encuentran restringidos y es catalogado como un país con “parcial restricción”.

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“La violencia ejercida en contra de los trabajadores de la prensa puede ser directa mediante desacreditación, amenazas y coacción, prohibición para acceder a las fuentes o a la información o por medio de la criminalización utilizando el aparato de justicia”, indica el comunicado.