Ricardo Rapallo, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés), habla de los rezagos que tiene Guatemala para garantizar la seguridad alimentaria en su población y de cómo la pandemia y los últimos efectos del cambio climático han contribuido a profundizar la crisis y a deteriorar los indicadores que miden el problema.

A su juicio, la COP26 es una oportunidad para que los países que más sufren los impactos del deterioro del medioambiente puedan organizarse políticamente para solicitar que las naciones más contaminantes financien proyectos de desarrollo sostenible.

—¿Cuál es el panorama actual respecto de la seguridad alimentaria y nutricional?

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—No es un secreto para nadie que hay cifras relacionadas con la inseguridad alimentaria que son estructurales y que por décadas van señalando a Guatemala como un país que tiene grandes desafíos en el tema. Esto se expresa de manera más obvia con los altos índices de desnutrición crónica infantil que son superiores al promedio, no solo en América Latina sino en el mundo.

Hay otras manifestaciones, otros indicadores que explican la seguridad alimentaria. Hablo de, por ejemplo, la subalimentación —baja de consumo en nutrientes de la población— moderada y grave. Vemos que en determinados territorios la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica tienen promedios muy altos. El problema es que Guatemala no ha sido capaz de disminuir estas cifras al ritmo de otros países.

—¿Qué implicaciones tienen factores como la pandemia y el cambio climático?

—Hay indicadores relacionados con la pandemia y las condiciones de los últimos impactos climáticos, que tienen una vinculación con el proceso de recuperación económica. Vemos cifras que se presentan de una forma alarmante, como la desnutrición crónica aguda. Esto nos sirve para confirmar que la situación se está deteriorando.

—¿Cuántas personas están en riesgo alimentario por estos temas coyunturales?

—Tenemos cifras de aumento desnutrición aguda. Este es el dato más alarmante porque habla de un deterioro muy rápido del peso de los niños. Estamos hablando de familias que no pueden garantizar el alimento a sus hijos. Hasta septiembre tenemos registrados unos 30 mil casos. En 2020, durante todo el año fueron 30 mil e históricamente en los últimos cinco o seis años hemos hablado de entre 14 y 15 mil niños con desnutrición aguda. Entonces, si estamos en septiembre con 30 mil casos esto representa una profundización del problema. El otro indicador que medimos es el de la subalimentación, que se basa en la disponibilidad de alimentos y se traduce en calorías. De acuerdo con nuestro último informe, vemos un aumento de 100 mil personas que sufren subalimentación. Entonces vemos que todos los indicadores muestran un deterioro de la situación alimentaria del país.

—¿Cuáles son las principales implicaciones de la seguridad alimentaria atribuidas al cambio climático?

—Desafortunadamente, vemos que los eventos son cada vez más frecuentes, no solo en términos de inundaciones, como lo vivido en año pasado, sino con las sequías. Durante la segunda quincena de septiembre y los primeros días de octubre hemos visto una carencia de lluvias. Esto ha afectado el 80% de la producción del frijol, lo que muestra un claro síntoma de deterioro.

—¿Qué afecta más, el exceso de lluvias o su falta?

—Depende de cómo y cuándo caiga la lluvia. El año pasado hablamos de pérdidas de US$115 mil millones por los impactos de las tormentas Eta y Iota. Hubo 204 mil familias afectadas. Entonces no sé decir qué afecta más o menos, pero lo que más impacta es la variabilidad creciente del número de eventos, lo que genera mucha incertidumbre.

—¿Qué se espera de la COP26 en cuanto a la seguridad alimentaria?

—Como cualquier cumbre de estas características los efectos y beneficios no se ven en el corto plazo sino en el mediano. Unas cumbres son más exitosas que otras. En la de París, por ejemplo, se llegó a importantes acuerdos y compromisos.

Centroamérica, y en particular Guatemala, siendo temporalmente presidente del Sica, ha llevado una postura que, si bien no es nueva, es interesante por su fortaleza política. Se vuelve a llamar la atención de que somos una región que emite pocos gases de efecto invernadero, en términos comparativos, pero que recibe los impactos de manera muy directa y marcada.

—¿Cuáles son los proyectos que se impulsan desde la FAO?

—Como FAO tenemos un par de proyectos financiados por el Fondo Verde del Clima. Intentamos evitar, por ejemplo, que la frontera del Corredor Seco se siga expandiendo. Estos fondos se derivan de la Cumbre de París. Claro que los compromisos y acuerdos que se discuten en las cumbres pueden tomar tres o cuatro años para canalizarse en fondos. Guatemala tiene alrededor de seis proyectos asignados. De estos, la FAO implementa uno en el sur de Petén, en las Verapaces y en la parte norte del área Chortí.

—¿Qué implicaciones tiene el cambio climático en la agricultura?

—La agricultura es parte del problema y parte de la solución, pues alrededor del 23% de los gases de efecto invernadero se producen de actividades derivadas de la agricultura y ganadería, asociadas a la pérdida de suelos y de biodiversidad. Necesitamos mejores prácticas en la forma en que producimos alimentos. Si la agricultura empieza a adoptar las políticas necesarias podremos hacer que la producción sea más sostenible.

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—¿Qué se debe hacer para mejorar estas prácticas?

—Mejorar los modelos de producción. Debemos apoyar con mejores tecnologías a los productores, grandes, familiares y de cooperativas, con el uso de menos fertilizantes, mejor aprovechamiento del agua y mejores prácticas para propiciar la conservación de los suelos.

—¿Cómo podemos mejorar nuestros mecanismos de mitigación ante la vulnerabilidad climática?

—Con una mejor preparación desde las políticas públicas, implementar de forma inmediata un protocolo que permita accionar no sólo ante la emergencia sino en las fases de recuperación. Hablo de recuperación de agua potable, semillas, gallinas, terrenos, pero eso no lo podremos hacer sino lo sistematizamos y lo incluimos en los diferentes protocolos. También es fundamental garantizar la protección social, es decir tener un piso mínimo para que los efectos sean menos. Desde las políticas públicas hay diferentes momentos para implementar acciones. Recientemente se ha favorecido un debate del poder del consumidor pues este tiene una mayor preocupación de la huella ambiental y social de los alimentos, se preocupa porque la producción sea sostenible ambiental y socialmente y en ver aspectos como por ejemplo que haya menos perdidas y desperdicios en la producción.