La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa emitieron un comunicado de prensa el pasado lunes en el que rechazan “la censura que un tribunal de femicidio, con la presión del Ministerio Público (MP), impuso a José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico”.

El comunicado también menciona que la censura alcanza también a Gerson Ortiz, jefe de redacción, y el reportero Cristian Veliz, a raíz de una publicación sobre nepotismo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que involucra a la hija de Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El documento menciona que Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada y empleada del TSE, denunció a los tres periodistas por supuesta “violencia contra la mujer en el ámbito público”, luego que el medio publicara la renovación de su contrato como asesora en esa institución, con un sueldo de Q20 mil mensuales.

“La orden de restricción contra elPeriódico, que son extensivas a la familia de la empleada pública. por ende, a la magistrada de la CC, fue suscrita por la jueza de femicidio Anaelsee Ramirez Pérez”, se leen en dicho comunicado.

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Señala que aunque en un inicio por el juzgado de femicidio, el MP accionó para que se decretaran las medidas de restricción. Estas acciones ocurren cinco meses después que “otro juzgado, manipulando la Ley de Femicidio, censuró a directivos de La Hora por una denuncia que hizo Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Victima”.

“Dichas medidas no solo afectan la libertad de expresión del medio y sus integrantes, sino el derecho de la ciudadanía a obtener información de carácter público sobre actos irregulares en la administración pública, como los denunciados por elPeriódico”, se lee en el documento.

Según la APG, los funcionarios y empleados públicos están sujetos a un mayor escrutinio de los medios y la ciudadanía, y no pueden escudarse en su condición de género, preferencias sexuales u origen étnico para evitar esta fiscalización.

Alega que los jueces y magistrados que apoyan estas prácticas son igualmente responsables de mancillar la libertad de expresión y merecen la condena pública.

“Vemos con preocupación que estas acciones de criminalización se agraven, ante la cooptación del Organismo Judicial y el MP por actores estatales que buscan generar impunidad, y que puedan existir casos graves de prisión prolongada para periodistas, sentencias de cárcel, la imposición de multas exorbitantes o la intervención de medios, como en una dictadura”, se menciona.

“Para la APG esta orden de censura forma parte de las acciones para amordazar y criminalizar a las voces críticas, acciones que no tienen cabida en un régimen democrático sino son propias de Estados autoritarios. Alertamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional del continuo interés del gobierno por socavar la libertad de expresión, censurar la criticas y publicaciones por posibles actos irregulares y de corrupción, e imponer una única versión de las noticias”, concluye el comunicado.