Los abogados defensores de Toribio Acevedo, señalado en el caso Diario Militar, este lunes 22 de agosto plantearon un recurso de actividad procesal defectuosa por la inclusión del psicólogo Jorge de La Peña Martí, porque él ha participado en peritajes de otros procesados en el mismo caso y ha emitido opinión.

“Todo está dicho por mis abogados; sin embargo, quiero ratificar que, en ningún momento me voy a oponer que me hagan esos peritajes, pero quiero que lo hagan con personal que vayan a actuar objetivamente, nadie va a permitir que alguien que ya externó opinión como el señor De La Peña me haga examen, porque estoy seguro de que se va a parcializar”, criticó Acevedo.

El 17 de agosto último, De La Peña Martí se presentó al penal de Mariscal Zavala con aval del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para practicar un análisis psicológico a Acevedo, pero este se negó a salir de su celda.

En la audiencia el juez rechazó el recurso de la defensa de Acevedo, pero la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aceptó la participación del psicólogo que fue propuesto por querellantes y justificó su inclusión en el proceso “porque para el Ministerio Público es útil, pertinente, no era abundante ni ilegal”.

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Gálvez resolvió que había discrepancia entre las partes procesales por la participación de De La Peña Martí y que se cambiara al psicólogo que analizará a Acevedo, ese peritaje es propuesto por querellantes y recabar una prueba científica de la actitud e ideas del sindicado.

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El Ministerio Público (MP) informó que el 23 de mayo pasado fue ligado a proceso Acevedo Ramírez por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, dice el MP.

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El documento registra a 195 personas, entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

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Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.