Doris Elubia González Salazar, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañón Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez son acusadas del delito de fraude con el agravante de que se trata de operaciones asistencialistas y de apoyo social.

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Pero hoy llegó el tiempo para que el abogado Denis Herrera diera sus conclusiones del juicio. Dijo que las enfermeras se vieron envueltas en el caso sin buscarlo y son víctimas del proceso, del cual no hay pruebas en su contra los delitos por los que se les acusa.

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“El MP y la Cicig las acusa de fraude, pero para que exista fraude debió existir un resultado favorable para las cinco y en realidad ellas no se beneficiaron económicamente de la transacción”, aseguró el abogado.

Además, señaló que ellas fueron elegidas aleatoriamente para conformar la junta de licitación, como lo establece la ley.

En este sentido, Herrera dijo que la investigación nunca pudo acreditar que ellas se hubieran coordinado con ningún otro miembro de la estructura o empleado de la droguería Pisa.  
 
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Luego de casi un año de juicio, finalmente el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal escucha las conclusiones de todos los involucrados para determinar si emite sentencia condenatoria o absolutoria a los 21 acusado del caso Igss-Pisa.

Según la acusación, en 2015 le empresa mexicana Pisa accedió a dar un 16 por ciento de un contrato, por Q116 millones, en concepto de sobornos para que los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social (Igss) a cambio de que se les concediera el contrato servicios de diálisis peritoneal de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico del IGSS.

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Asimismo, la Fiscalía acusa a varios de los implicados de adjudicar de forma anómala contratos de arrendamiento y reacondicionamiento del servicio de consulta externa y caja departamental del Igss de Chiquimula, por un monto de Q.2 millones, en un edificio vinculado a exparlamentario prófugo de la justicia, Baudilio Hichos López.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) solicitó al Tribunal que condene a los 21 implicados a penas de entre cinco y 28 años.

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