Este proceso tiene un antes y un después y para Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal que coordinó la investigación en el Ministerio Público y luego como exjefe de la SAT, logró evidenciar la escala de corrupción en el Estado, no solo en el servicio aduanero, sino en todo el sistema tributario.  

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“Se logró frenar a tiempo porque La Línea se estaba ampliando para tomar el control de  otras aduanas terrestres”, dijo.

¿Sigue operando La Línea?

Como estructura  criminal ya no opera, porque estaban  involucrados  todas las máximas autoridades, mandos medios con un apoyo de afuera.

Sabemos que siguen operando, pero son casos individuales y que son personas que estaban allí desde cuando operó bajo el mandato de La Línea y que de alguna u otra forma no dio tiempo para depurarlos a todos.

No dudo, en lo personal, que sigan realizando actos ilícitos.

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¿Qué actores, según usted, siguen generando los focos de corrupción en las aduanas?

Están los puertos marítimos y los aeropuertos. Existen demasiadas contrapartes con las cuales hay que hablar y eso lo que provoca es que no se pueda llegar a acuerdos integrales y se debe de trabajar uno por uno.

De ellos depende la operación de  qué tan eficiente se puede ser y qué tanto se puedan disminuir los nichos de corrupción.  Siguen existiendo puertas no autorizadas, siguen teniendo el control de quién entra y quién sale del recinto sin que se reporte a la SAT y contenedores fly —fantasmas— que la SAT  nunca sabe que se bajaron o subieron del barco.

Estos casos siguen con complicidad de otros actores y de otros lados.  

¿Cuál es su lectura respecto de la discrecionalidad?

Hay que disminuir las áreas de discrecionalidad por parte del personal. Hay parámetros que no son claros, pueden haber hechos de corrupción.

¿Cuál sería el modelo para eliminar la corrupción en las aduanas?

Nunca se elimina completamente, pero la tecnología es fundamental como revisiones no intrusivas, revisiones automatizadas, perfil y análisis de riesgo con base en información que generen los sistemas, básculas, cámaras.

El problema es que cada quién instala lo que quiere, en donde quiere, como quiere, como puede y si es que quiere.Debe existir una superintendencia de puertos y aeropuertos y ya se planteó que sea una autoridad central que aglutine la regulación de esas instalaciones, con reglas claras, tarifarios únicos, tecnología y procedimientos unificados para que  la SAT tenga una única contraparte.

¿Hay riesgos de que pueda reactivarse una estructura similar como La Línea?

Siempre hay un riesgo, pero se minimiza en la medida que se mantengan a profesionales probos e  independientes, se fortalezca la carrera de la SAT y haya meritocracia. Eso lleva tiempo construirlo, pero ya se empezó y se dieron los primeros pasos.

¿A qué  escala operan estas personas, según su experiencia?

Son actuaciones individuales de malos funcionarios que sigue habiendo. Siempre donde hay procesos discrecionales y que están en manos estrictamente de uno o varios funcionarios al mando va a ser un tema delicado y con problemas de una propensión a corrupción.

¿Cómo se puede garantizar que estas estructuras no van a regresar?

Se trabajó en tres áreas de las cuales dos son competencia de la SAT.

La primera es un proceso de depuración constante, capacitación y formación del área de asuntos internos para que tengan la capacidad de hacer las investigaciones a lo interno. Esto implica involucrarse antes de la contratación del personal y que asuntos internos ya tenga un perfil. El objetivo es controlar al personal que va a ingresar.

La segunda área, ¿en qué consiste?

Pasa por el cambio de procedimientos, normativas y tiene que ver con reformas  al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y su reglamento para un proceso de modernización. Son procesos muy complejos que surgen en el marco de la Unión Centroamericana.

Además hay procesos internos de la SAT que son necesarios mejorar, como  el sistema informático.  

¿Y cuál es la tercera?

Es un tema de coordinación de puertos y aeropuertos. Se denunció el poco apoyo de algunas portuarias y que seguían operando algunos focos de corrupción en esos lugares que no dependen de la SAT.

Si esos temas no se arreglan seguirán las deficiencias en el tema aduanero.  Hay actores externos que se deben fiscalizar.
Sabiendo y conociendo los antecedentes, ¿qué procedió?

Se tenía que hacer una depuración y eso fue lo que yo fui a hacer, porque básicamente en los primeros cinco meses se cambió a todo el comité gerencial de la SAT.

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¿Cuál  fue el principal  cambio?

Por primera vez al personal se le brindó independencia, porque no importaba quién fuera la empresa o persona, siempre, apegado a derecho, se iba a fiscalizar.  Eso se trasladó desde  abajo y los funcionarios actuaron más por un tema técnico y se cambió la dinámica.

 ¿Era un ente recaudador cooptado?

La SAT debe ser independiente, ya que por el contrario no puede operar y por mandato tiene que verificar a las personas más influyentes económicamente y políticamente hablando. El tema de impuestos es general.

¿Cómo ve hoy el caso La Línea?

La verdad se cumplen cuatro años de la investigación, porque se empezó a trabajar en abril del 2014.  

En ese momento se conformó un equipo muy pequeño, junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía contra la Corrupción (Feci).

El objetivo era encontrar una estructura que se sabía que cometía defraudación tributaria, defraudación aduanera y que hacía contrabando de algunos productos.  

El objetivo era la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, porque es la terminal marítima más grande y por donde  ingresa la mayor cantidad de mercancías.   

¿Qué actores jugaron un rol fuerte en la investigación?

Se comenzó con la interceptación de teléfonos y escuchas a comerciantes que eran importadores y que utilizaban la estructura de La Línea para poder sacar sus contenedores más rápido, y para defraudar al Estado en declaraciones aduaneras con varias modalidades y pagar menos impuestos.

¿Cómo cuáles?

Lo más común era que   declaraban producto distinto al que importaban, los subvaluaban con valores mínimos a los que se habían adquirido y en ocasiones decían que eran productos genéricos cuando eran piezas originales.

¿Se sabe cuánto fue el monto defraudado?

Hasta la fecha no se tiene el cómputo. Se hizo un cálculo estadístico, basado en la evidencia real de las declaraciones aduaneras que ellos utilizaron.

¿Cuál es el “después” del caso?

Que del caso La Línea se desprendieron más procesos.

El  caso que más golpeó fue  Aceros de Guatemala (AG), porque todo el mundo decía que la  corrupción solo estaba en aduanas.

El caso AG evidenció que la corrupción estaba en todas las intendencias y en todas las dependencias del administrador tributario. Cayeron presos el ex intendente de recaudación, el jurídico, el de fiscalización, gerentes,  jefes de grandes contribuyentes y personas de todas las dependencias.

Eso hizo ver que la corrupción en la SAT no era solo focalizada en aduanas, sino  en todas las áreas.

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