Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), manifestó que incluso ya fueron activadas las órdenes de captura contra las 20 personas, por las acciones presentadas por el MP para revocar la libertad humanitaria.
Arévalo recordó que el caso más reciente es el de un hombre que padece mal de Parkinson. “Eso significa que él y 19 personas más deberán regresar a la prisión, pero a una cama y morir, porque ellos tienen los días contados”, aseveró la directora del IDPP.

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William Ottoniel Lima, coordinador del área de ejecución del IDPP, hizo referencia a dos expedientes que agrupan dos y cuatro condenados por plagio o secuestro que podrían regresar a prisión luego de que se les otorgara la libertad por humanidad.

Explicó que esas personas padecen de enfermedades degenerativas —colon irritable, lumbalgia, hipertensión— no terminales, pero que pidieron la libertad porque son personas de la tercera edad, de escasos recursos y que también ya son aptas para  redención de penas.  

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“La petición se hizo con base en la normativa anterior del Régimen Penitenciario, porque se consideró que les aplica por haber ingresado a prisión cuando la ley estaba vigente, porque fue modificado en el 2006”, aseguró. 
 
Agregó: “Este año se nos notificó que la Sala de Apelaciones resolvió a favor del MP, pues ellos no estuvieron de acuerdo con que la petición fuera con base en la normativa que no está modificado.  Nosotros ya presentamos los amparos a la Corte Suprema de Justicia”, agregó.

Reincidencia

El Estado de Guatemala ya fue sancionado, en noviembre del 2016, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la privada de libertad María Inés Chinchilla muriera por falta de atención médica en el Centro de Orientación Femenina en el 2004.

Esa es la principal preocupación del IDPP ahora, que alguno de los 20 reos muera por falta de atención o la interrupción de su tratamiento.

Por ejemplo, Luis Alberto Osorio Ávila, que cumple una condena en la Granja Penal Pavón, recién concluyó el cuarto ciclo de quimioterapia por  cáncer gástrico avanzado, en el Hospital Roosevelt. Según el director del nosocomio, Marco Antonio Barrientos, es un privado de libertad que solicita la liberación por humanidad.

“Tribunales nos solicitó que se atendiera de inmediato, por lo delicado que se encontraba, pues en la prisión no existen las condiciones para que se le brinde tratamiento”, reconoció Barrientos. La solicitud de libertad de Osorio Ávila está en trámite.

No hay beneficios

Para el Ministerio Público (MP), no existe la libertad por razones humanitarias en la legislatura guatemalteca, por lo que no se puede contemplar esa consideración para los privados de libertad.

Julia Barrera, vocera del MP, reconoció que la Fiscalía impugnó  20 órdenes de libertad emitidas por juzgados, porque no se contempla ese beneficio penitenciario.

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“En las solicitudes de la defensa no se adjuntaron los medios de prueba para considerar el beneficio”, explicó Barrera.
Barrera, sin embargo, dijo que el MP respetará las peticiones y siempre se considera la vida de los privados de libertad cuando representa un riesgo. Sin embargo, se deben cumplir los procesos legales.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo desconocer la situación de los 20 reos que el IDPP pide sean liberados, pero se involucrará para verificar la situación.

IDPP Analiza 40 casos más 

En un monitoreo en las cárceles del país que efectuó el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se identificó a  40 privados de libertad que fueron condenados por plagio o secuestro,  asesinato o  femicidio, entre otros delitos, que tienen alguna enfermedad  terminal. 

El IDPP detalló  que 12 reos tienen  cáncer, ya sea de garganta,  estómago,  abdominal, cervical,  de matriz,  mama o   leucemia, y  28 problemas  crónicos, como insuficiencia renal, sida o mal de  Parkinson.

William Ottoniel  Lima, coordinador del área de ejecución del IDPP, comunicó que solicitará libertad humanitaria, y para ello pedirán un informe al área de Salud de las cárceles. Luego, se pedirá la autorización a un juez para que un perito del  Instituto Nacional de Ciencias Forenses  haga  una evaluación y, con estos documentos, como medios de prueba, tramitar la referida medida.

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