Jorge Eduardo Flores Contreras, es el director del Sistema Penitenciario (SP) designado por el presidente electo Alejandro Giammattei. Afirmó a Prensa Libre, que una de las soluciones para reducir la corrupción e ingreso de celulares, equipos tecnológicos, drogas, licor y otros ilícitos a las prisiones, es el cambio de todos los directores y subdirectores de los centros carcelarios, acción que llevará a cabo cuando tome posesión del cargo, en enero próximo.

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Flores explicó que sus estudios académicos son civiles, especializados en criminología y rechazó tener estudios militares en su formación. Añadió que desde hace más de 35 años se dedica a la seguridad preventiva de empresas, industrias, hoteles y comercios. Además, ha realizado outsourcing -servicio externo- de seguridad para el Estado.

El funcionario designado también reconoció que, durante las administraciones anteriores, las cárceles siempre han sido vistas como el “patito feo” del Estado. “Nosotros tenemos un gran reto, porque el presidente electo –Alejandro Giammattei– ya pasó por ahí, entonces cuenta con una amplía experiencia y conocimiento de que se dio y se sigue dando en las prisiones. Nosotros no venimos a inventar el agua azucarada, sino lo que venimos a hacer es que se hagan bien las cosas”, aseguró.

“Yo quisiera entrar con un equipo nuevo a nivel departamental, quiero gente nueva. Ya tenemos a 44 personas filtradas con quienes vamos a iniciar con nuestro proceso. Son 44 personas, 22 subdirectores y 22 directores, he trabajado con datos de 22 cárceles” indicó Flores Contreras.

Añadió que, por la constante rotación del personal administrativo en las cárceles, la corrupción y la poca dignificación laboral y financiera para los agentes penitenciarios, aumentó los índices extorsión desde las prisiones.

Sobre este tema, Prensa Libre publicó la última semana que, hasta finales de octubre de este año, se registraron 13 mil 203 denuncias por extorsión. Estas cifras superaron en un 32 por ciento las denuncias de 9 mil 939 casos que fueron presentadas el año pasado.

Según las investigaciones de la división antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), siete de cada 10 denuncias se originaron por llamadas que realizaron los extorsionistas desde las prisiones. El principal centro carcelario de donde salieron estas llamadas fue de la Granja de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango.

Los investigadores de la PNC y la Fiscalía también reconocen que uno de los problemas más grandes que existen para combatir las extorsiones es que desde las cárceles salen las llamadas para extorsionar a la ciudadanía.

Para Flores, una de las soluciones viables para evitar más ingresos de ilícitos y que los reos sigan cometiendo delitos mientras están recluidos en las prisiones es “limpiar la casa”. “Por primera vez entrará al Sistema Penitenciario,un equipo alineado de seguridad que contrarrestará el hacinamiento, las extorsiones y la corrupción”, aseguró el próximo director.