Dos empresarios son los primeros ligados por financiamiento electoral no registrado

Wed, 21 Nov 2018 23:27:41 +0000

Los abogados habían pedido que a Guerra Villeda y González-Campo se les declarara la falta de mérito con el argumento de la entrada en vigor de las reformas al artículo 407 N del Código Penal, que regulan el delito de financiamiento electoral ilícito, con lo cual señalaban que ya era improcedente la imputación del MP.

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No obstante, en su argumentación, la jueza Erika Aifán consideró, en base a los indicios presentados por el MP, que las actitudes en las que pudieron incurrir los dos empresarios en ningún momento dejaron de ser punibles por las leyes. Resolvió ligarlos a proceso penal por el delito regulado en el recién creado inciso 407 O, financiamiento electoral no registrado.

González-Campo Hinojosa fue señalado de haber otorgado un aporte de Q558 mil destinados a financiar la campaña electoral del prófugo Alejandro Sinibaldi.

Por su parte, Guerra Villeda habría aportado Q143 mil 200 a la empresa Impresos Urbanos, S. A., de Sinibaldi.

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Otros ligados

Otras 11 personas, empresarios, abogados y particulares fueron ligados a proceso penal por su presunta participación en una estructura dirigida por el exministro de Comunicaciones del extinto Partido Patriota.

Aifán resolvió que existen indicios suficientes para que el Ministerio Público investigue la participación de ellos en una supuesta red que habría participado en actividades de lavado de dinero, sobornos, financiamiento electoral, plazas fantasmas y la manipulación de testigos.

De esta cuenta, Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero. Es acusado de haber blanqueado para Sinibaldi US$6 millones 116 mil 986 por medio de una off shore en Panamá.

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María José Pepió Pensabene y Erick Armando Soto Herrera serán investigados por el delito de peculado por sustracción. La mujer es señalada de haber cobrado entre 2013 a 2015 un salario de Q18 mil mensuales en la Dirección General de Correos y Telégrafos y no presentarse a trabajar, mientras que Soto Herrera fue acusado de otorgar el contrato irregular a Pepió.

Claudia Carolina Ruano López de Vásquez fue ligada a proceso penal por lavado de dinero. La fiscalía la señala de haber ocultado US$1 millón 150 mil.

Jorge Rodolfo Ortiz Asturias será investigado por asociación ilícita, lavado de dinero y peculado, señalado de haber recibido US$2 millones 600 mil que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht.

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Carlos René Micheo Fernández, Otto Emilio Santano Cintora y Lindsay Sabrina Rivadeneyra también enfrentarán proceso penal por lavado de dinero.

Finalmente, William René Méndez, Mario Roberto Méndez Álvarez y Gustavo Adolfo Estrada Ramírez fueron ligados a proceso penal por el delito de obstaculización a la acción penal. Los tres habrían conspirado para intentado influir en varios testigos del caso, incluyendo la exasistente de Sinibaldi, Aneliese Herrera, con el fin de que brindara una declaración distinta, sin señalalar a Sinibaldi.

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