La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, por segunda vez, conozca y resuelva la solicitud de retiro de inmunidad de Felipe Alejos, diputado al Congreso señalado en Traficantes de Influencias, informó una fuente relacionada con el caso y que posteriormente confirmó el Ministerio Público (MP).

No deje de leer

Crisis en comisiones de postulación provoca que magistrados de Sala y CSJ blinden sus fallos

La resolución es en respuesta a un amparo planteado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo el jefe de esa unidad, Juan Francisco Sandoval.

Ese fallo, el cual está firmado por los cinco magistrados titulares, da tres días a la CSJ para que resuelva -será la tercera ocasión- en torno a Alejos.

En un primer fallo, el 21 de noviembre de 2018, la CSJ, por unanimidad, rechazó retirar el antejuicio a Alejos, algo que ya había recomendado el juez pesquisidor Jorge Valladares.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) apeló esa resolución ante la CC, que ordenó a la Suprema conocer de nuevo el expediente y resolver. Así lo hizo la CSJ el 20 de mayo de 2019, y nuevamente favoreció a Alejos, pero esta vez con una votación 9-3.

En la nueva legislatura que se instaló el 14 de enero último, Alejos fue elegido primer secretario de la junta directiva del organismo.

El caso

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de inmunidad de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se resistió en 15 ocasiones a comparecer ante el juez pesquisidor. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.