El plan estratégico del Ministerio Público (MP) para finalizar el año incluye la inauguración de 25 fiscalías municipales, de las cuales cinco estarán en áreas clasificadas como de alto riesgo en el departamento de Guatemala.

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Porras recordó que uno de sus objetivos es llevar más fiscalías a la provincia. “La pretensión es dejar, por lo menos, 80 por ciento cubierto los municipios del país con fiscalías, a manera de tener esa presencia tan importante”, dijo la funcionaria.

Cuando asumió Porras, en mayo pasado, la mora fiscal sobrepasaba más de un millón de denuncias.

Fiscalías móviles

Porras adelantó que “está por operativizar” cinco fiscalías móviles en los puntos rojos del departamento de Guatemala, aunque el plan está en la última fase y evitó brindar más detalles como en qué zonas y municipios estarán las fiscalías.

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“La implementación de cinco fiscalías móviles en las zonas rojas del país para contribuir con la Policía Nacional Civil (PNC) y evitar hechos delictivos y comenzar las investigaciones inmediatas. Son operaciones que están por operativizar”, dijo Porras.

La PNC informó que en la ciudad están las zonas 5, 6 y 18 donde tienen reportes de hechos violentos. En cuanto a los municipios son San Miguel Petapa, Villa Canales, Villa Nueva y Amatitlán donde existe mayor atención policial.

“Sin impunidad”

Después de un mes que el Congreso reformó el delito de financiamiento electoral ilícito, el MP aseguró que “ningún hecho quedará impune”.

“Nosotros hicimos el análisis y sobre esa base por parte del Ministerio Público es que no se queda impune ningún hecho cometido. No hay impunidad en cuanto a la reforma de ley”, explicó Porras.

El caso que ya fue judicializado fue contra los empresarios Óscar Augusto Guerra Villeda y José René González-Campo quienes fueron los primeros en ser ligados a proceso penal por el delito de financiamiento electoral no registrado el pasado 21 de noviembre en la fase 2 del caso Construcción y Corrupción.

Porras aseguró que lo primero fue pedir el criterio de oportunidad. “Para la Fiscalía la consideración a primer lugar era a meritorio pedir el criterio de oportunidad, sin embargo, el MP tiene que acatar las decisiones judiciales. En el primer caso una juzgadora -Erika Aifán- no aceptó y ordenó que se presentara acusación y eso se hizo”.

La fiscal General se refirió a la nueva acusación en contra de Luis Rodrigo Arenas Echeverría y José Andrés Botrán Briz, por financiamiento electoral no registrado.

La discusión de la nueva acusación se hará el 17 de diciembre próximo.

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