Este miércoles 2 de febrero comenzó el juicio por el caso La Línea, en el que están vinculados el expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, quienes son señalados de liderar una estructura criminal que se habrían beneficiado de millones de dólares en sobornos por la defraudación aduanera y que fue descubierta por la desaparecida Cicig y el Ministerio Público con base en escuchas telefónicas. 

En el Tribunal de Mayor Riesgo B comenzó el juicio por el caso La Línea y el penúltimo en declarar fue el expresidente Pérez Molina, quien es señalado como cabecilla de esa estructura criminal. 

El exmandatario expuso que el caso que se montó en su contra fue armado intencionalmente para prolongar la permanencia de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y para impulsar la carrera política de Thelma Aldana, quien en ese momento era la jefa del Ministerio Público (MP). 

Pérez Molina explicó que en su caso hay 100 mil llamadas y escuchas telefónicas y que todas esas solamente hay una en donde él habla.  

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Expresó que esa escucha telefónica es ilegal, puesto que en ese momento él era presidente de Guatemala y gozaba de inmunidad.  

“Ellos -la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)- no pueden decir que fue un hallazgo inevitable, porque a mí me llamó el superintendente y me dijeron, permítame lo vamos a localizar, o sea el que estaba escuchando oyó que el presidente iba a hablar, y yo tenía inmunidad y él ahí debió haber colgado el teléfono, pero no le importó, violando la ley se quedó escuchando al presidente”, dijo Pérez Molina en referencia a la llamada. 

Afirmó que además, en esa llamada no dio nada ilegal y que solo estaba hablando con el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, en relación al cambio del jefe de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  

Recalcó que el jefe de la SAT no era su subordinado y que lo que hablaron fue de cambiar al jefe de Recursos Humanos, y Franco le comentó que quería poner a alguien de su confianza y por eso el mandatario le respondió que, si era así, que colocara a esa persona.  

“Allí no hay nada, nada ilegal. Aparte es que yo le hubiera impuesto y le hubiera dicho usted me pone a esa persona a como dé lugar, ahí sí hubiera estado infringiendo la ley, porque la SAT es autónoma”, comentó Pérez Molina.  

El dueño de la finca 

El exmandatario dijo que en el proceso del Caso La Línea hay 100 mil llamadas, una en donde se escucha su voz y 23 en dónde se supone que están hablando él. 

“Hablan del 1, hablan del dueño de la finca, hablan del mero mero en 23 de 100 mil llamadas y nunca dicen mi nombre”, afirma Pérez Molina.  

También hizo referencia a que en la acusación que tiene se menciona que hay 500 mil correos electrónicos y no aparece él en ninguno de ellos y que van a demostrar en el momento oportuno que no aparece su nombre en ningún correo, ni comunicación ni documentos, a excepción de un documento que nunca llegó y que se dice que estaba en una computadora de uno de los colaboradores eficaces del MP, que consistía en un memorándum de cuatro hojas. 

Quiso intervenir en las aduanas 

Pérez Molina también refirió que cuando quiso intervenir las aduanas no pudo hacerlo desde adentro, porque el directorio no lo permitió y él respetó la ley porque eran autónomos y por eso tuvo que hacer la intervención por afuera con entidades e instituciones que él involucró en 2013 y 2014. 

“Si yo hubiera hablado con Iván Velásquez -exjefe de la extinta Cicig- que uno de los objetivos a los que se iban a dedicar era ver lo de las aduanas, si yo hice esos operativos cómo iba por otro lado yo tener gente organizado una gran banda, como una organización o estructura criminal como lo quiere hacer creer el MP y en ese tiempo la Cicig y todas esas gentes que venían de otros países con tal de involucrar al presidente”, dijo al Tribunal el expresidente Pérez.  

Añadió que tenía un convenio verbal con Velásquez y que si él hizo esos operativos, cómo es posible que él hubiera podido estar liderando la estructura criminal. 

Refirió que el MP no va a poder sostener la acusación en su contra, pero no van a poder, porque no es así.  

Afirmó que en el proceso hay 1 mil 571 duas (documentos aduaneros) y él le imputaron 631 en la acusación, pero dudó de la forma y los criterios que tuvieron para asignarle esa cifra.  

“Esos querían quedar bien con quienes en ese momento se creía que eran los buenos del país, que tenían todo el poder como Thelma Aldana y –Juan Francisco- Sandoval. ¿Meter 631 duas en mi acusación? ¿Cómo lo van a demostrar a usted? No van a poder demostrárselo”, le dijo a los jueces.  

Habla del cambio en la SAT 

Pérez Molina también se refirió a por qué, en su momento, nombró a Omar Franco como jefe de la SAT.  

Dijo que Carlos Muñoz durante dos años no cumplió con las mestas de recaudación y por eso, cumpliendo la ley, lo removió. 

Dijo que Franco había sido seleccionado en tres ternas anteriores para ser jefe de la SAT, fue el que obtuvo mejores puntajes y el que conocía más el funcionamiento de la entidad, por eso lo seleccionó.  

Recordó que la llamada, que quedó en la escucha telefónica del caso La Línea, era cuando hablaba con Franco para contarle que había recibido denuncias del jefe de recursos humanos de la SAT y fue allí que Franco le dijo que quería poner allí a alguien de su confianza.  

“Removió al de recursos humanos y puso a Sebastián Herrera, a quien tampoco nunca conocí, hasta que lo conocí estando detenido. Tanto Franco como Herrera estuvieron tres meses uno y dos meses y poco el otro y siguen ligados a proceso. Estuvieron cuatro o cinco años detenidos, Omar Franco sigue detenido, yo sigo detenido por seis años y medio casi, por un señalamiento y acusación que en verdad no tiene sentido”, finalizó Pérez.