El exdiputado Baudilio Hichos fue sobreseído, es decir que no enfrentará juicio, por el caso IGSS-Chiquimula, donde fue sindicado de tráfico de influencias en la primera fase del caso.

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Fredy Orellana, el juez Séptimo Penal, resolvió que no hay indicios que vinculen al excongresista con el entramado de una adjudicación para remodelar un edificio donde funcionaría el Seguro Social de Chiquimula.

Hace un año, el 4 de octubre de 2019, Orellana ligó a Hichos por tráfico de influencias y dictó falta de mérito por los delitos de fraude y asociación ilícita. Le dio fianza de Q35 mil y arresto domiciliario.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), cuestionó el fallo de Orellana porque existe una sentencia judicial donde el dominio del edificio en mención ya fue extinguido y pasó a favor del Estado de Guatemala.

También consideró que hay escuchas que comprueban la participación de Hichos, pero Orellana solo acopió argumentos de la defensa, ante lo cual apelará la resolución.

Hechos

La Feci sostiene que Hichos dirigió una red integrada por personal del IGSS y particulares en la que negociaron el arrendamiento de manera discrecional del edificio en el centro de Chiquimula.

Según la Feci, el exdiputado “tenía el control administrativo y económico” del inmueble a nombre de la sociedad Comercial & Constructora Siboney, S. A.; además, cuando se negociaba el arrendamiento era el presidente del consejo de administración del edificio.

El contrato de arrendamiento del IGSS lo obtuvo Hichos “pese a su condición de diputado” y ese procedimiento “contraviene la Ley de Probidad y la Ley de Contrataciones del Estado”, según la fiscalía.

Según los indicios de la Feci, Hichos mantuvo comunicación de negociaciones con Francisco Cortéz Bocaletti, jefe del departamento de Servicios Contratados del IGSS, antes de obtener el arrendamiento.

La Feci expuso que Hichos, Cortéz Bocaletti y otros empelados del IGSS lograron “coordinarse para el reconocimiento del edifico, previo a que se iniciara a ofertar” e “impidieron la participación de otras empresas” en el proceso de cotización. En estas acciones y otras la fiscalía imputó asociación ilícita.

Además, señaló que el edificio que se otorgó en arrendamiento al Seguro Social no tenía condiciones adecuadas de infraestructura y se tenían que efectuar aún algunas remodelaciones, hechos por lo que imputó fraude.