El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, solo promovió a juicio a Kestler por ese delito y sobreseyó el cargo de asociación ilícita.
Kestler fue capturado y ligado a proceso en noviembre de 2017.
Según el Ministerio Público, el excongresista utilizó su influencia como diputado y presidente de la Comisión de Salud para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adjudicara servicios de salud a empresas vinculadas.
Hechos
La investigación del MP determinó que una estructura criminal convirtió la salud pública en un negocio, “sin interesarle el bienestar de los afiliados” del Seguro Social. Concertaron de manera organizada proveedores de medicamentos, empleados públicos y directivos del IGSS, quienes incrementaron su patrimonio en detrimento de las finanzas del instituto.
La estructura controlaba los procedimientos para asegurar que sus empresas y las de sus copartícipes obtuvieran la mayor cantidad de adjudicaciones del IGSS.
Para lograr su objetivo, los sindicados coordinaban, se reunían periódicamente y acordaban los acercamientos con los funcionarios claves del IGSS, entre estos los médicos Walter Omar Linares Pacheco, entonces director de la Unidad de Consulta Externa, y Byron Humberto Arana González, subgerente de Prestaciones en Salud, así como Érick Noé Estrada García y Patricia Lizethe Juárez Fernández.
Kestler formaba parte de la organización, ejercía tráfico de influencias entre los funcionarios del IGSS para que sus intereses fueran favorecidos a través de la adjudicación de contratos, ya sea en compra directa, en cotizaciones o licitaciones.
