Felipe Alejos debe conservar su inmunidad, recomienda pesquisidor

Wed, 07 Nov 2018 20:44:29 +0000

Ahora el proceso de antejuicio en contra del legislador está en manos del pleno de Magistrados. El antejuicio será analizado por la CSJ, no obstante, en el informe de Valladares se señala que no hay indicios de actividades ilegales, por tanto, recomendó que no pierda su inmunidad.

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En este sentido, la Corte Suprema de Justicia aún no confirma que todos los Magistrados hayan sido notificados formalmente de la entrega del informe, lo que no garantiza que el proceso se conozca la presente semana.

La CSJ debe conocer el informe pesquisidor, sin embargo, no está obligada a atender la recomendación del juez, es decir, si los magistrados consideran que existen suficientes indicios que ameriten despojar al diputado de su inmunidad, podrían votar de esa manera.

El informe pesquisidor protege la inmunidad del vicepresidente del Congreso, pese a que el congresista intentó, sin éxito, en 15 ocasiones separar a Valladares del proceso y fue multado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por promover recusaciones “malintencionadas y frívolas”.

El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades. Finalmente presentó sus pruebas de descargo por escrito, a pesar de ser citado bajo apercibimiento.

La investigación

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP acusa al diputado de Todos y primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

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