Rosa López, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, incluyó en su agenda el debate donde se determinará el futuro legal de la lujosa propiedad que habitó el expresidente Otto Fernando Pérez Molina. Se trata de la finca de Zaragoza, Chimaltenango, valorada en Q16 millones.

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Los alegatos estaban previstos para el 2 de enero pasado, aunque por una aclaración al Juzgado se pospusieron para el 18 de enero próximo a las 10 horas, en el piso 13 de la Torre de Tribunales.

La vivienda está registrada a nombre de la entidad Vista Servicios Electrónicos, S.A., cuya mandataria es Luisa María Isaacs Yanes, exesposa de Otto Pérez Leal, el hijo del exmandatario quien fue alcalde de Mixco (2012-2016).

Lujosa

La finca fue embargada por el juez Marco Villeda, a petición del Ministerio Público (MP), el 23 de septiembre del 2015, dos semanas después de que Pérez Molina renunció al cargo de gobernante y fue procesado por el caso La Línea. En las escuchas telefónicas que fueron reproducidas ante el juez Miguel Gálvez llamaron “el dueño de la finca” al expresidente.

La casa está hecha de cedro,  de dos niveles con un ático, chimenea y pérgolas. Cuenta también con caballerías, una cancha de fútbol, jacuzzi y áreas extensas donde se cosechan aguacates. Hay un helipuerto.

Son seis terrenos que tienen 197 mil 790 metros cuadrados en conjunto. Tres fincas fueron compradas en 2009, las otras en 2014, según la información obtenida por el Ministerio Público.

Hogar de guardias

El 8 de diciembre del 2016 la finca fue convertida en la Escuela Modelo de Gestión Penitenciaria. La institución fue nombrada Roberto Santa, en reconocimiento a la trayectoria de un renombrado experto penitenciario, director de la Academia Regional Penitenciaria de República Dominicana.

La remodelación y adecuación de la casa de descanso estuvo a cargo del gobierno de Estados unidos, con una inversión de un US$1 millón.

Excolaborador, la prueba

Como parte de las pruebas que cuenta la Fiscalía de Extinción de Dominio está el testimonio del excolaborador eficaz del Ministerio Público (MP), Juan Carlos Monzón Rojas.  Según su testimonio, la finca de Pérez Molina se compró a través de empresas de testaferros que pagaron Q5 millones por esas tierras, además, el MP determinó que parte de ese dinero fue producto de dinero ilícito.

También está incluido en las pruebas el relato del contador Víctor Hugo Hernández, quien fue contador de Monzón Rojas. Desde el 16 de mayo pasado estaba a la espera la fecha para el debate. Ese día el MP interpuso la acción de extinción a la espera del juicio.

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