Desde el lunes se había retrasado el inicio del juicio por la inasistencia del abogado del exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza. Es el primer caso en donde está ausente el mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien lideró la investigación que determinó que existió una estructura que habría lavado unos US$33 millones.
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El Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por Yassmín Barrios, Patricia Bustamente y Gelvi Sical, arrancó el debate con la ayuda de dos penalistas del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), quienes representaron a Martínez Lohaiza, debido a la separación de su defensor Erick Huitz, por haber estado ausente el lunes y martes pasado.
Los defensores solicitaron que fuera separada la mandataria de la Cicig, Astrid Escobedo, debido a que la semana pasada envió una excusa para ausentarse, centrada en la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Tribunal la denegó y explicó que en cualquier momento podía incorporarse al juicio el representante de la Cicig por ser querellante.
El fiscal Rudy Herrera, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), explicó los hechos centrados en el supuesto lavado de dinero, en donde el cabecilla es Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar.
La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.
Según la acusación, el supuesto cabecilla de la red es Morales Guerra, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas habría contado con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.
Nuevo defensor
El abogado Otto Gómez fue acreditado para representar al exlegislador Martínez Lohaiza, quien había sido representado, de forma momentánea por los abogados del IDPP, Rafael Morales y Orlando de Paz.
“Estoy de acuerdo en que me represente”, mencionó el exdiputado Martínez Lohaiza.
Durante los incidentes, los abogados Morales y De Paz plantearon la violación al derecho de defensa y al derecho de elegir defensor. “Se violentaron las garantías constitucionales, procesales y hasta internacionales para elegir defensor de confianza”, dijo Morales.
Abogado del @IDPP_gt que fue designado por el Tribunal para representar al exdiputado Jaime Martínez Lohaiza, protesta antes de emitir sus alegatos en el caso Lavado y Política.
La razón es que el síndicado se niega a que lo representante. pic.twitter.com/I5pzP2vRtH— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 16, 2019
El abogado Francisco Cojulún, quien defiende a Morales Guerra, también planteó un incidente centrado en la ilegalidad de la acción fiscal por la modificación que hizo el MP en la acusación.
El Tribunal rechazó ambos incidentes y recordó que el abogado Gómez fue acreditado como nuevo defensor de Martínez Lohaiza.
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