La excandidata presidencial, Sandra Torres, mantiene arresto domiciliario por decisión del Juzgado de Mayor Riesgo “A”.

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En la audiencia, el abogado defensor pidió a la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, que le retire la restricción de reuniones políticas que dictó el Juzgado de Mayor Riesgo “E”.

Sin embargo, la juzgadora decidió mantener la prohibición a Torres para tener reuniones de índole político.

El 8 de enero de 2020, el Juzgado de Mayor Riesgo “E” otorgó arresto domiciliario con fianza de Q800 mil a Torres. Además, se le prohibió salir del departamento de Guatemala.

La jueza añadió que la prohibición de asistir a reuniones políticas está fundamentada en ley porque Torres está ligada a proceso penal por delitos electorales.

Dijo que no se causa agravio a la organización política porque hay otra persona que cumple las funciones de forma temporal de la procesada.

Le recordó a Torres que está sujeta a un proceso penal y debe cumplir las medidas impuestas.

Advirtió a Torres que si incumple, le puede revocar las medidas y la envía a prisión.

En la audiencia de este viernes 23 de abril, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) no pudo argumentar supuestas comunicaciones de Torres y viajes fuera del departamento de Guatemala.

La Feci justificó el retiro de las medidas de coerción otorgados a  Torres por una declaración de la testigo, Karin González Rimola, quien expuso sentir miedo si Torres llega a asumir la secretaría general del partido UNE.

Torres está procesada por un caso de Financiamiento electoral ilícito al partido UNE  en la campaña electoral del 2015 y se le señala de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por Q5.9 millones.