Además, se informó que el CCJ rechazó la solicitud de Moto para que se le otorgara una nueva excedencia (permiso) para ausentarse de sus labores como juez tercero penal.
Moto tiene órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.
El abogado es prófugo de la justicia desde el 1 de febrero, cuando Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura por el caso Comisiones paralelas 2020. Está señalado del delito de obstrucción a la justicia.
Mynor Moto, por medio de un abogado, presentó el martes 13 de abril un amparo con el que buscaba retomar su cargo como juez Tercero Penal luego que venciera la excedencia (permiso) que le había otorgado el CCJ), luego que fue electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, para concluir el período el período 2016-2021, luego del fallecimiento de Bonerge Amilcar Mejía Orellana.
La excedencia vencía ese 13 de abril y el CCJ le había notificado días antes a Moto que podía volver a su judicatura el 14 de abril, pero como el abogado tiene dos órdenes de captura vigentes no se presentó a tomar el cargo.
El caso de Mynor Moto
En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).
Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.
Esto originó la continuidad de la investigación, el otorgamiento por la Corte de Constitucionalidad (CC) de un amparo a la fiscal general Consuelo Porras, y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.
El ente investigador explicó que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).
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Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara.
El MP comprobó que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.
Señala que “es de conocimiento que Mynor Moto pretende asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición de Dennis Billy Herrera Arita”.
Añade que el juez Moto Morataya fue documentado unos días antes de su lanzamiento como candidato a magistrado de la CC (11 de diciembre de 2020), en reunión con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien funge como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud y que a su vez auxilió en gestiones al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales en el caso Financiamiento ilícito UNE (este último también se reunió con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en febrero de 2020), según el MP.
El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.
El 18 de enero de 2021 Mynor Moto fue electo como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC).
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El juez Moto, al ganar la elección del Colegio de Abogados y Notarios para tomar posesión de la vacante de Mejía solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluía el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.
El 26 de enero pasado, el Congreso de la República juramentó a Moto a pesar de que había pendientes varios recursos legales.
Por estas acciones, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, citó a declarar a los integrantes del CCJ para que aclaren sobre el retiro voluntario autorizado – excedencia- a Moto y con el que dejó de ejercer funciones como juez.
El 1 de febrero de 2021, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020. y está activada la difusión roja de Interpol para arrestarlo.
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El 5 de febrero pasado, Moto, quien envió una carta a los miembros del CCJ en la que solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura de dicha corte.
El 4 de febrero, la CC dejó en suspenso la juramentación de Mynor Moto, para ocupar una magistratura titular en ese tribunal.
La Corte informó que otorgó el amparo porque Moto fue juramentado cuando había seis impugnaciones pendientes de resolución en el tribunal electoral del Cang .
El 15 de febrero, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó amparo provisional a Mynor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.
El 12 de abril pasado Moto sumo su segunda orden de captura, esta vez por el caso Libramiento Chimaltenango.
Según el MP, Moto, a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.
Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020 donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, SA (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, SA, constructoras implicadas en el caso.
Pero no solo fue un soborno. El Ministerio Público sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.
Y algo más. A solicitud del sindicado Tejada Argueta, Moto “pretendió obligar al MP a realizar actos que no corresponden a su mandato” y posteriormente habría cometido el delito de incumplimiento de deberes al no resolver un recurso de reposición de fecha 18 de noviembre de 2020.
