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Caso Libramiento de Chimaltenango: Capturan a 17 personas vinculadas a supuestas anomalías en la construcción

Expresó que el 30 de julio de 2014 la Dirección General de Caminos suscribió el contrato 047-2014-DGCCONSTRUCCIÓN con la Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), por un valor de Q312 millones 997 mil 671.55, pero este se modificó en 17 veces, se pagaron otros Q74 millones 205 mil 487.80, por lo que el costo total de la obra subió a Q387 millones 203 mil 159.35.

Agregó que el 13 de noviembre de 2017 se suscribió otro contrato modificatorio por la suma de Q64 millones 533 mil 855.20 por lo que el valor del libramiento llegó a los Q451 millones 737 mil 014.55.

Según el MP, la Ley de Contrataciones del Estado le impedía a Conasa participar en una segunda licitación para concluir dos kilómetros del libramiento que estaban pendientes, pues había llegado al límite máximo para las modificaciones que pueden realizarse en relación con el valor inicial de la adjudicación.

Además, porque las nuevas Bases de Licitación que fueron diseñadas por la Dirección General de Caminos, se establecía esta limitante para las entidades cuyos personeros estuviesen vinculados en casos que se llevaran en los tribunales de Justicia del país, como era el caso de Juan Luis Tejada Argueta, quien fungía como gerente general y representante legal de Conasa, vinculado al Caso denominado Construcción y Corrupción.

Las anomalías

• Según el MP, debido al impedimento de Conasa, se constituyó la Sociedad Anónima denominada Renova Ingenieros, S.A., para poder concursar en los futuros eventos de contrataciones estatales para la ejecución de obras públicas, pero cuando se creó el 28 de marzo de 2017 el objeto social estipulado en su constitución no se hacía referencia a la construcción de carreteras.
• Los socios fundadores de Renova eran Alejandro Díaz Bonatti y Otto David Ortiz Aldana con un capital autorizado de Q2 millones y el capital suscrito y pagado fue únicamente de Q9 mil 500.Una de las anomalías que encontró el MP es que el 4 de octubre de 2017, Díaz Bonatti, en su calidad de representante legal de Renova Ingenieros S.A. requirió los servicios de una notaria para modificar la escritura social de la empresa, aumentó el  capital autorizado a Q27 millones y puso como la actividad principal a la construcción.
• Según el Ministerio Público, eso fue pensando en su futura participación en la licitación del tramo de construcción del Libramiento, pues el 14 de septiembre de 2018, cuando faltaban aproximadamente 3 meses para que se produjera la participación de Renova en la licitación pública se nombró a Carlos Enrique Figueroa Ravanales como representante legal de esa empresa.
• Otra anomalía que halló el MP es que las bases de la licitación pública fueron adecuadas “artificiosamente” para propiciar y facilitar la participación de Renova Ingenieros S.A., en el concurso, pues como se sabía que esta no poseía la capacidad económica necesaria se abrió la posibilidad de que se pudiese asociar con otra empresa que sí tuviera los recursos y la logística para la ejecución del proyecto. Renova concursó y le fue adjudicada de forma fraudulenta la obra, sin haber acreditado la existencia de contrato de participación con alguna otra empresa, resalta el MP.
• Una de las principales irregularidades que según el MP detectó la Fiscalía contra la Corrupción fue que Renova Ingenieros, S.A., no fue inscrita dentro del Registro de Precalificados de Obra del Ministerio de Comunicaciones, pues su limitada capacidad económica y logística le impidió dictamen técnico favorable.
• En la investigación se determinó que Renova presentó una constancia de inscripción ante el Registro de Precalificados de Obras del CIV, en la cual se indicaba falsamente que poseía una capacidad económica anual de hasta Q302 millones 548 mil 694.27; sin embargo, al verificarse el número de resolución del documento se constató que el mismo corresponde a otra entidad mercantil y por lo tanto la constancia era falsa.
• Renova no tenía la capacidad económica para participar en la licitación del libramiento de Chimaltenango, pues en una certificación bancaria se establecía que el saldo promedio de los últimos meses era de 6 cifras bajas (es decir una cantidad igual o menor a los Q500 mil). Además, en la declaración trimestral del Impuesto Sobre la Renta, del periodo de julio a septiembre del año 2018, se reportó una pérdida fiscal acumulada de Q1 millón 346 mil 490.58.Según el MP dicha empresa reportaba dentro de sus planillas ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social únicamente 11 trabajadores, además de no poseer la maquinaria y logística necesaria para la ejecución del Proyecto Vial.
• La Junta de Licitación, integrada por Gustavo Alejandro Fong Araujo, Mario Alberto Rojas Alvarado y Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, adjudicaron fraudulentamente el evento al único oferente participante en la licitación, es decir a la entidad Renova Ingenieros S.A., pese a haber tenido a la vista la documentación que demostraba que la constructora participante carecía de la capacidad económica y logística para la ejecución del proyecto y no poseer la inscripción en el registro de precalificados.
• El MP considera que la junta debió rechazar la oferta presentada por Renova ante el incumplimiento de requisitos fundamentales para su participación y por no ser conveniente para los intereses del Estado; sin embargo, pese a tales circunstancias, a través de las Actas 089- 2018 y 098-2018, de fechas 17 y 31 de diciembre de 2018, por unanimidad resolvió adjudicar el evento al contratista referido, por una cantidad inicial de Q77 millones 798 mil 535.34.
• José Luis Benito Ruiz, quien era el Ministro de Comunicaciones, a través de la resolución SA-859-2018, del 31 de diciembre de 2018, aprobó la actuación, que el MP califica de fraudulenta, de la junta de licitación y adjudicó el proyecto a una entidad mercantil que no poseía la capacidad financiera para la ejecución de la obra y que además habría incumplido con requisitos fundamentales establecidos en las bases del concurso. El 16 de enero del año 2019 se suscribió el contrato para el proyecto.

Anomalías técnicas en el libramiento de Chimaltenango

• Según el MP, se firmó el acuerdo de trabajo extra número 1 entre el Estado y Renova, para la construcción del muro de suelo enclavado por un valor de Q15 millones 170 mil 643.50, pero se detectaron fallas notorias en el recubrimiento de los taludes, particularmente a inmediaciones del kilómetro 61 del tramo carretero en donde se han producido deslizamientos de tierra, según ellos como consecuencia de las deficiencias constructivas detectadas por los Ingenieros expertos de la Contraloría General de Cuentas.

• El recubrimiento de concreto en ese muro debió ser colocado en dos capas (la primera con espesor de 6 cm y la segunda de 5 cm para un total de 11 cm); sin embargo, el espesor medido y comprobado en las visitas técnicas efectuadas, oscila únicamente entre los 4 y los 7 centímetros.

• El drenaje horizontal de los taludes presenta una longitud interna de drenado relativamente corta con respecto al volumen del talud a drenar. También hay diferencia entre las especificaciones con las que cuenta la Dirección General de Caminos, pues en ellas se indica que la colocación de la electromalla se hará utilizando ganchos con una longitud no menor de 75 centímetros para asegurarla, habiéndose establecido en los planos de la obra una longitud de la varilla de 1 metro.

• Con relación a los espaciamientos horizontales y verticales de tales inclusiones, al efectuarse las verificaciones de campo fueron observadas distancias de 1.60 metros entre cada una, en tanto que la distancia especificada en los planos era de 1 metro. Asimismo, las varillas de hierro de ½ pulgada no tienen recubrimiento con pintura anticorrosiva y tampoco se observaron evidencias de la existencia de las varillas que debían usarse como uniones longitudinales en las mencionadas inclusiones.

• La electromalla verificada por los expertos de la Contraloría General de Cuentas posee un diámetro de 2.9 milímetros, mientras que en las especificaciones generales y en los planos de la obra se establecía que debían utilizarse con un diámetro de 6.2 milímetros.

• Según el MP, los integrantes de la Comisión de Auditores Gubernamentales nombrados por la Contraloría General de Cuentas hicieron constar la inexistencia de documentación legal, suficiente y pertinente, que pudiese avalar los decrementos relativos a la disminución de calibre, longitud y espaciamientos de los materiales utilizados en el muro.

• Se pudo determinar que en las estimaciones de trabajo se consignó el valor del metro cuadrado de la electromalla calibre 3/3 a un costo de Q133, mientras que los costos cotizados por el equipo de Auditoría para el mismo material de calibres 3/3 y 10/10, es de Q29.10 y Q9.62 respectivamente, poniéndose de manifiesto la posible sobrevaloración de costos.

• Para el Ministerio Público, las fallas e inconsistencias antes descritas evidencian la ejecución de una obra de mala calidad así como la utilización y colocación de materiales de inferior calidad, longitud y diámetro en relación a los que debían emplearse conforme a los planos del proyecto, circunstancias que en todo caso, no fueron advertidas ni corregidas oportunamente por los funcionarios y empleados de la Dirección General de Caminos.

• Además, que Renova no ejecutó los renglones de trabajo conforme a las especificaciones generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, ni tampoco conforme a los planos de la obra pública lo que ocasionó un serio detrimento a los intereses económicos del Estado, por una cantidad estimada de Q. 15,170,643.60.

• Agrega que la Contraloría General de Cuentas, al practicar la auditoría del proyecto de forma integral, estableció que en cuatro de las Estimaciones de Trabajo que sirvieron de base para la realización de los desembolsos monetarios a las entidades constructoras se insertaron datos falsos y se hicieron pagos anticipados e improcedentes por la cantidad de Q5 millones 963,749.60 a los Contratistas del Estado.

• Otras de las falencias detectadas en las distintas fases de la ejecución del proyecto fueron las distintas modificaciones realizadas al trazo de la línea central que inicialmente se tenía previsto para la carretera, y para el cual ya se habían realizado los estudios hidrológico e hidráulico correspondientes; lo anterior, como consecuencia de no haber adquirido previamente el derecho de vía en los terrenos necesarios para la construcción y además se incumplió con la elaboración de los nuevos análisis para determinar las condiciones del suelo, así como para establecer los dimensionamientos y los trabajos que eran necesarios para garantizar la estabilidad de los taludes.

• El MP también refirió que hubo carencia de una adecuada supervisión de la ejecución de la obra, causada por la recisión del contrato con Ingeniería y Arquitectura Tekton.
• Las investigaciones revelaron que Renova recibió Q90 millones 406 mil 091.97 provenientes de la Tesorería Nacional, derivado del Contrato para la ejecución del libramiento de Chimaltenango, y de esos fondos, el 98.45%, es decir Q89 millones 013 mil 500, fueron a parar a cuentas de Conasa, proveniente de una serie de transferencias realizadas durante el año 2019 desde las cuentas bancarias de Renova.

El Estado delegó función pública a Conasa

• En la presentación del MP, resalta que dentro de los principales actos ilegales perpetrados durante la ejecución del libramiento de Chimaltenango, el equipo de auditoría gubernamental de la Contraloría estableció que arbitrariamente se produjo la delegación de una función pública en Conasa, pues esa entidad mercantil fue la encargada de realizar las gestiones de adquisición del derecho de vía del proyecto, cuando era obligación de la Dirección General de Caminos.
• Conasa recibió de Caminos, según el MP, Q56 millones 917 mil 274.61 y de esa suma Q39 millones 091 mil 534.76 (sin incluir el iva) fueron utilizados para el pago de las indemnizaciones por la adquisición de los terrenos por donde pasaría la carretera, mientras que un 30% de los fondos públicos erogados, es decir Q13 millones 134 mil 755.68 fueron para Conasa bajo el concepto de gastos administrativos, que según el ente investigador eran innecesarios pues Caminos debía hacer ese trabajo.

Pagaron por terrenos que no existían

• Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones consintieron la sustracción de la cantidad de Q.15,388,357.35, según el MP, pues se conformaron 12 expedientes administrativos falsos para que se hicieran pagos por concepto de indemnizaciones por expropiación de 12 terrenos por los cuales pasaría el libramiento.

• Se detalla que había 471 expedientes de propietarios de terrenos que sí iban a ser expropiados de sus tierras para el libramiento y que iban a recibir la indemnización, pero utilizando la información de estos copiaron planos de ubicación, registro y las coordenadas de localización para hacer otros 12 expedientes falsos.
• La investigación señala que Vilma Patricia Duque Estrada, en su calidad de Secretaria Accidental de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos, insertó información falsa en 12 certificaciones extendidas por ella, en expedientes administrativos para adquisición de áreas de derecho de vía del proyecto de construcción del Libramiento de Chimaltenango, que llevaron a un perjuicio económico al Estado por la cantidad total de Q15 millones 388 mil 357.35 que corresponde al total de los pagos indebidos efectuados a las distintas personas individuales que figuran en cada expediente como supuestos poseedores.
• Los supuestos dueños de terrenos fueron identificados como Rosa Isabel Caal, Herber Geovanni Cahuec Velásquez, Reina Maribel López Tuluc de Álvarez, Cristian Steven Martínez Yos, Estiben Alexander Mérida Mayén, Francisco Monzón Cute, Joel Olcot Burrión, Josué Venancio Orellana Sabán, Wilson Ottoniel Puac Joj, Rafael Sajbochol Sisimit, Carlos Alfredo Sicay y Diego Estuardo Sicay Puac, varios de los cuales fueron capturados este viernes 10 de julio.

Conasa responde

La Constructora Nacional Sociedad Anónima emitió un comunicado en el que expresa su postura sobre las diligencias que se llevaron a cabo por el Libramiento de Chimaltenango.

Según Conasa, el fiscal a cargo de ha sostenido que solicitó la captura de uno de los representantes legales de Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Consa), de quien la propia fiscalía está plenamente enterada fue diagnosticado con quebrantos de salud y está bajo medidas sanitarias estrictas, ya que la semana pasada el abogado de la empresa informó y justificó a la fiscalía el diagnóstico.

Añade que al momento se desconocen los motivos de las aprehensiones y los señalamientos individuales, pero se han indicado una serie de ilícitos sobre los cuales esta entidad prestará toda colaboración para que sean esclarecidos.

El documento menciona que en dos ocasiones anteriores la empresa ha señalado de forma pública, que ha colaborado con las autoridades, entendiéndose por autoridades la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, poniendo a su disposición toda la documentación que incluye informes técnicos, legales y de soporte, así como la contabilidad de Conasa.

Expresa que en reiteradas ocasiones, durante meses, se solicitó a la Fiscalía la oportunidad para que el  representante legal declarara, lo cual no se materializó por “falta de tiempo” del personal del Ministerio Público y  por eso ahora les sorprende la orden de captura.

Sobre los derrumbes

Sobre los constantes derrumbes en el Libramiento de Chimaltenango, Conasa explica que los deslizamientos de tierras registrados en la obra se encuentran plenamente documentados en los expedientes administrativos respectivos, así como sus orígenes. La fuerza mayor o caso fortuito fue manifestado, de acuerdo con las cláusulas contractuales. Asimismo, se tramitan dos amparos por silencio administrativo toda vez que las autoridades no han dado respuesta a los planteamientos hechos para reparar los taludes.

Conasa rechaza que haya existido dolo o lavado de activos en una obra cuya fuente de pago es pública, y que conforme el ordenamiento jurídico es libre de contratar con otras empresas, personas y proveedores sin limitación.

Para finalizar, Conasa reitera su compromiso con las investigaciones de forma irrestricta pero dice que no deja de lamentar que el ámbito penal se utilice para la discusión de aspectos técnicos de una obra, y que esto esté sucediendo cuando siempre han colaborado y entregado la información que les  han solicitado.