Leopoldo Zeissig, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se adhirió al Ministerio Público (MP) y solicitó que los procesados enfrenten un debate.

En cambio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la defensa de Botrán pidieron el sobreseimiento del caso. Además, la defensa interpuso dos incidentes porque considera que el caso es administrativo y no debe ser conocido por un juzgado de Mayor Riesgo.

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Pide juicio

Zeissig explicó que los procesados deben ir a un juicio por el delito de financiamiento electoral no registrado.

“El nuevo tipo penal que está vigente es un nombre distinto pero la conducta es la misma. Ocultar el financiamiento al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) fue lo que se les reprocha a los procesados”, argumentó el abogado.

Expuso que Arenas participó en una reunión en la entidad Grupo Paiz el 19 de agosto del 2015 en donde se acordó financiar la campaña de Jimmy Morales.

Explicó que los procesados acordaron que la entidad Novaservicios, S. A., recibiera el dinero destinado a la campaña. Arenas cobró Q94 mil 500 como asesoría, según la acusación del Ministerio Público (MP).

Los hechos que la Cicig señala a Botrán se centran a que participó en reuniones posteriores con Paulina Paiz -colaboradora eficaz del MP- para poner en práctica el financiamiento a la agrupación política FCN-Nación.

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Según la acusación, el 16 de octubre del 2015 Botrán instruyó y coordinó para que realizara un aporte dinerario a FCN-Nación por Q250 mil.

“La investigación contiene correos electrónicos donde se coordinó el destino del dinero”, explicó Zeissig.

“El dinero se entregó a una empresa, Novaservicios, S. A., y parecer un pago a una entidad privada. De esa forma se ocultó el aportamiento al partido FCN-Nación”, concluyó Zeissig.

La PGN pide sobreimiento

Mynor Ortega, representante de la PGN, solicitó a la jueza que Botrán y Arenas sean beneficiados con el sobreseimiento o, en caso de que no lo acepte, que ambos sindicados sea incluidos dentro del proceso para la petición de reparación digna.

“La reforma -del delito  de financiamiento electoral de 2018- no favorece ahora a los acusados.  Es claro que no se les beneficia, más bien con los cambios se crearon figuras nuevas para encuadrar las conductas dentro de un nuevo tipo penal”, agregó el abogado.

Habla la defensa de Botrán

El abogado Juan Carlos Albizurez, quien defiende a Botrán, interpuso una acción de incompetencia centrada en que la judicatura de Mayor Riesgo que dirige Aifán no es competente para conocer el proceso y que debe ser un juzgado de Paz.

También interpuso una cuestión prejudicial debido a que el proceso penal no puede ser superado antes que la vía administrativa. Por último, solicitó que el proceso fuera sobreseído.

La defensa de Arenas expondrá sus argumentos el 18 de marzo, cuando se reanude la audiencia.

Arenas y Botrán fueron procesados por Aifán el 6 de junio de 2018 por el delito financiamiento electoral ilícito.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima.

La investigación determinó que dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte anónimo fue de Q7 millones, 119 mil 300, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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En ese contexto, y luego de que rechazó el retiro de inmunidad al presidente Jimmy Morales, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así, nacieron los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el delito de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.

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