El sector seguridad y  justicia es uno de los más afectados por la no aprobación del presupuesto general  proyectado para el próximo año, que contemplaba un total de Q84 mil 596 millones.

Falta de acuerdos

Presupuesto 2018 fracasa y seguirá vigente el de 2017.

Mayra Veliz, secretaria general del MP, indicó que  trabajarán con   los  Q1 mil 842 millones  que  se aprobaron para el 2017. Esta entidad había pedido una ampliación presupuestaria  de Q775 millones, para un prespuesto total de Q2 mil 617 millones.

Afirmó que entre los proyectos que no podrán ejecutarse se encuentran 15 fiscalías municipales entre ellas: San Benito, Petén; Jerez, Jutiapa; Palín, Escuintla, y San Pedro Ayampuc. Tampoco se implementarán fiscalías auxiliares especializadas como la de Extorsiones, Adolescentes y Delitos contra la Vida.

Sin sedes

Francisco Rivas, ministro de Gobernación, manifestó estar preocupado por los proyectos de infraestructura para la Policía Nacional Civil (PNC), ya que se tenía planificada la construcción de 24 sedes de la institución, las cuales quedarían pendientes.

“Otro proyecto que se cae es el de movilidad del Sistema Penitenciario, es decir, la compra de radiopatrullas, y de camiones para traslado de reos.  A ello se suma la cancelación de las dos cárceles, una en el departamento de Escuintla y otra en Fraijanes”, expresó Rivas.

“El Organismo Judicial (OJ) habría solicitado Q3 mil 64 millones, y como no se aprobó se deberá trabajar con los  Q2 mil 96 millones. Eso implicará que no se podrá ejercer la totalidad de proyectos  del programa quinquenal”, aseveró Ángel Pineda, vocero del OJ.

Otra de las instituciones afectas es el  Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) que no podrá contratar a 200 abogados y aplazará el proyecto de cuatro centros de atención en el área rural.

Según su directora Nydia Arévalo,  la falta de recursos los obligará a descartar  cuatro sedes de atención que se ubicarían en Cobán, Chiquimula, Jalapa y Poptún.

Opacidad

Presupuesto 2018 abre puertas a la corrupción, señalan analistas

Las autoridades consultadas no descartaron solicitar una ampliación presupuestaria al Congreso a principio  del 2018, aunque fue este mismo organismo el que decidió no avalar el aumento del presupuesto nacional.

Thelma Aldana

Fiscal general de la República

Menor  cobertura 

Las áreas más afectadas son la cobertura del MP a escala nacional  en todas las comunas, las fiscalías especializadas y la inversión en  tecnología.

Rafael Rojas

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

No habrá sedes

No se pueden crear más órganos jurisdiccionales y no tenemos fondos para invertir en infraestructura. Ahora se deberán hacer varios ajustes. 

Nydia Arévalo

Directora del Instituto de la Defensa Pública

Sin abogados

No se podrá contratar a los 200 abogados defensores que se había programado y se nos cayó el proyecto de cuatro nuevas sedes de atención.

Fanuel García

Director del Inacif

Reajustes

Se hizo  conciencia a los diputados  de invertir en tecnología y la necesidad de contratar más personal. No se logró y ahora tendremos que hacer reajustes.

Juvell de León

Director del Sistema Penitenciario

Nueva solicitud

Seguirá vigente el presupuesto del  2017. Si fuese necesario se realizarán  trámites financieros para obtener más presupuesto.

Francisco Rivas

Ministro de Gobernación

Dos cárceles menos

Lo que más afecta son los  proyectos de infraestructura para la Policía, se tenía contemplado construir 24 sedes, además de la edificación de dos cárceles.