Mayra Veliz, secretaria general del MP, indicó que trabajarán con los Q1 mil 842 millones que se aprobaron para el 2017. Esta entidad había pedido una ampliación presupuestaria de Q775 millones, para un prespuesto total de Q2 mil 617 millones.
Afirmó que entre los proyectos que no podrán ejecutarse se encuentran 15 fiscalías municipales entre ellas: San Benito, Petén; Jerez, Jutiapa; Palín, Escuintla, y San Pedro Ayampuc. Tampoco se implementarán fiscalías auxiliares especializadas como la de Extorsiones, Adolescentes y Delitos contra la Vida.
Sin sedes
Francisco Rivas, ministro de Gobernación, manifestó estar preocupado por los proyectos de infraestructura para la Policía Nacional Civil (PNC), ya que se tenía planificada la construcción de 24 sedes de la institución, las cuales quedarían pendientes.
“Otro proyecto que se cae es el de movilidad del Sistema Penitenciario, es decir, la compra de radiopatrullas, y de camiones para traslado de reos. A ello se suma la cancelación de las dos cárceles, una en el departamento de Escuintla y otra en Fraijanes”, expresó Rivas.
“El Organismo Judicial (OJ) habría solicitado Q3 mil 64 millones, y como no se aprobó se deberá trabajar con los Q2 mil 96 millones. Eso implicará que no se podrá ejercer la totalidad de proyectos del programa quinquenal”, aseveró Ángel Pineda, vocero del OJ.
Otra de las instituciones afectas es el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) que no podrá contratar a 200 abogados y aplazará el proyecto de cuatro centros de atención en el área rural.
Según su directora Nydia Arévalo, la falta de recursos los obligará a descartar cuatro sedes de atención que se ubicarían en Cobán, Chiquimula, Jalapa y Poptún.
“Tenemos dos golpes directos fuertes: la infraestructura y el funcionamiento, es decir, no se podrán contratar los 200 abogados ni habilitar las sedes. Nuestra mayor preocupación es que con los 360 profesionales se deberá responder a los requerimientos del MP y del OJ”. agregó Arévalo.
Las autoridades consultadas no descartaron solicitar una ampliación presupuestaria al Congreso a principio del 2018, aunque fue este mismo organismo el que decidió no avalar el aumento del presupuesto nacional.
Thelma Aldana
Fiscal general de la República
Menor cobertura
Las áreas más afectadas son la cobertura del MP a escala nacional en todas las comunas, las fiscalías especializadas y la inversión en tecnología.
Rafael Rojas
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
No habrá sedes
No se pueden crear más órganos jurisdiccionales y no tenemos fondos para invertir en infraestructura. Ahora se deberán hacer varios ajustes.
Nydia Arévalo
Directora del Instituto de la Defensa Pública
Sin abogados
No se podrá contratar a los 200 abogados defensores que se había programado y se nos cayó el proyecto de cuatro nuevas sedes de atención.
Fanuel García
Director del Inacif
Reajustes
Se hizo conciencia a los diputados de invertir en tecnología y la necesidad de contratar más personal. No se logró y ahora tendremos que hacer reajustes.
Juvell de León
Director del Sistema Penitenciario
Nueva solicitud
Seguirá vigente el presupuesto del 2017. Si fuese necesario se realizarán trámites financieros para obtener más presupuesto.
Francisco Rivas
Ministro de Gobernación
Dos cárceles menos
Lo que más afecta son los proyectos de infraestructura para la Policía, se tenía contemplado construir 24 sedes, además de la edificación de dos cárceles.
