El Ministerio Público (MP) se retractó y apartó a Karin Cristina Orellana Pinto del cargo de fiscal especial que tendría como trabajo investigar a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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En un comunicado la fiscalía expuso que la contratación de Orellana Pinto fue conforme a la ley, pero tomó la decisión de rescindir esa relación ante una solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos, las cuales no precisa detalles.

Orellana Pinto fue contratada para que investigara denuncias de la Fundación contra el Terrorismo contra Sandoval, quien previamente había recusado a un fiscal de la Fiscalía de Asuntos Internos, ante lo cual la fiscal general María Consuelo Porras la nombró fiscal especial, según lo que estable la Ley del Ministerio Público.

Según elPeriódico, Orellana Pinto fue asesora del Ministerio de Comunicaciones entonces dirigido por José Benito, prófugo de la justicia por los Q122 millones hallados en Antigua Guatemala. En 2019 fue contratada para “servicios técnicos y profesionales individuales” por Q171 mil 419.35 y en 2020 por Q53 mil 419.35.

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Entre 2018 y 2020 también fue contratada por el Fideicomiso de Planificación Urbana de la municipalidad capitalina, específicamente en la Unidad de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares. Obtuvo Q268 mil 800 cada año entre 2018 y 2019. En febrero de 2020 recibió Q228 mil.

Consultado al respecto, Sandoval dijo que hay una campaña en su contra que lo ataca en redes sociales o a través de denuncias que algunos fiscales en lugar de desestimarlas las asumen, ante lo cual le corresponde tomar los recursos que el derecho de defensa le permite.

Fiscal especial

Sobre la figura del fiscal especial, el MP sostuvo que la ley establece que debe ser contratado para “casos específicos cuando sea necesario garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y promoción de la persecución penal.

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Una vez nombrado, esos fiscales especiales “actuarán con absoluta independencia” en el caso asignado, quedando sujetos solo a la Constitución, leyes nacionales y convenios internacionales.

Ante las críticas de la opinión contra Orellana Pinto, MP dijo que el nombramiento de un fiscal especial -en este caso hecho por Porras- “no prejuzga sino garantiza la independencia de las investigaciones y es únicamente a través de ellas que se puede determinar si se desestima un caso y si hay suficientes indicios para presentarlo ante un juez”.

Los casos Siekavizza, Isabel Veliz, Mérida Escobar, Universidad del Valle, entre otros, han contado con la figura del fiscal especial. Por último, el MP subrayó que actúa “sin sesgo que incida en su labor investigativa y su actuar siempre se desarrolla en apego a la Constitución y el principio de legalidad”.