Carlos Tohom, director de la PNC, acudió la semana pasada a una citación en el Congreso con miembros de la Comisión de Gobernación y reveló que, luego de participar en mesas técnicas con el TSE, se identificó a los municipios con más altas posibilidades que ocurran casos de conflictividad electoral.

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Según el cuadro presentado por el director de la PNC los departamentos con más municipios vulnerables a esta tipo de conflictividad están en San Marcos y Escuintla con siete municipios cada uno; le siguen Chiquimula y El Progreso, con cinco, Quiché, con cuatro y los restantes departamentos tienen entre tres y un municipio considerado con alto índice de conflictividad.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que en estos municipios entraron en el listado porque previamente ha existido algún antecedente de conflictividad como quemas de urnas y otros altercados.

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El portavoz explicó que en este caso se implementará un plan especial que incluye “un refuerzo de la seguridad ciudadana”.

“Las mesas de diálogo con el TSE brindarán más información que será de mucha utilidad para la PNC para brindar seguridad a la población en las elecciones”, afirmó Aguilar.

Axel Romero, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, confirmó que la cartera de seguridad del Interior ha trabajado con el TSE y producto de ellas se pudo tener el listado final de municipios con probabilidad de conflictividad.

Romero indicó que estas mesas continuarán para tener un canal de comunicación abierta con representantes de las Gobernaciones Departamentales y distritos para obtener información que ayuden a la prevención de delitos.

“Por los tema de conflictividad hay que tener una especial despliegue. El mapeo lo tiene el TSE y ellos determinan los lugares con conflictividad”, apuntó Romero.

Plan de seguridad

Datos de la PNC señalan que para los operativos en estos y los demás municipios del país se contará con un total de 42 mil agentes policiales que serán enviados según las necesidades del plan, del cual no reveló más detalles.

“Los descansos se suspenderán 48 horas antes del día de las votaciones y se liberarán 48 horas después. Tendremos a los distintos centros de votación presencia policial al menos 24 horas antes de la votación”, explicó el vocero.

Agregó que dentro del plan también se incluye toda la logística para el traslado y resguardo de las papeletas y el material electoral que se utilizarán.

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Señaló que también se puede trabajar en coordinación con Policías Municipales, pero que básicamente la labor con estás es el traslado de información las cuales serán utilizadas para la prevención del delito.

Vivian Preciado Navarijo, presidente de la Comisión de Gobernación, quien citó a los funcionarios pidió que tengan especial cuidado en las carreteras para impedir que algunas personas bloqueen el paso y afecten el proceso electoral.

También que en San Marcos durante el proceso electoral pasado personas armadas llegaron a los centros de votación e impidieron que las personas emitieran su sufragio por lo que pidió a las autoridades tener en cuenta estos antecedentes para brindar seguridad.

Rutas del narcotráfico

Según una investigación publicada por Prensa Libre el pasado 31 de enero de 2019, pese a las capturas de jefes del narcotráfico, decomisos y capturas, el trasiego de cocaína en Guatemala tiene aristas que se repiten desde hace años.

Entre las rutas más antiguas conocidas están las que utilizaban los hermanos Lorenzana Cordón y sus exsocios hace ya 20 años. En esta los estupefacientes ingresan por Izabal y comienzan su camino al norte por todo Petén y sale por la parte sur de México.

Una segunda ruta que se identificó que también utilizaba esta estructura es donde los ilícitos ingresaban en la frontera de Zacapa y luego se dirigía hacia alta Alta Verapaz para salir por México. Se sabe que actualmente este corredor se extendió y cruza Quiché y Huehuetenango para ingresar también a territorio mexicano.

Una ruta principal que han identificado las autoridades es la que ubicada en el sur del país, en esta las drogas ingresan en las costas de Escuintla y Retalhuleu, a partir de ahí estas son transportadas por la costa sur y salen por diferentes puntos de San Marcos e incluso el sur de Huehuetenango.

La otra ruta identificada es la que utilizó de Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano —responsable de la masacre de policías en Salcajá, en 2013— en esta la droga ingresaba a Guatemala desde la frontera de Esquipulas, Chiquimula, viajaba hasta la capital, y luego se movía a distintos puntos de San Marcos donde ingresaba a México.

Como queda de manifiesto en el gráfico las rutas del narcotráfico que se han identificado a lo largo de años, coinciden geográficamente con los lugares donde están ubicados los municipios con alto índice de conflictividad electoral.

Intenta apoderarse de municipios

Las autoridades han señalado a candidatos a cargos de elección popular de dos agrupaciones políticas que coincidentemente impulsan candidaturas en municipios bajo la influencia y amenaza del narcotráfico.

La influencia del narcotráfico en el país busca expandirse y el proceso electoral es, según investigadores y expertos en seguridad: una oportunidad para reforzar el control de territorios.

Los municipios con influencia del narcotráfico se determinan por las fuerzas de seguridad debido a la operación de grupos de narcotraficantes, decomisos de drogas y reincidente detección de aterrizaje de avionetas que trasladaron ilícitos.

Investigaciones del Ministerio Público (MP) establecen que los “municipios fronterizos con México” son los más vulnerables a la operación de grupos de narcotraficantes y esta amenaza es propensa en “Petén, Huehuetenango y San Marcos”.

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¿Postulaciones casuales?

Coincidentemente en las áreas en las que considera la fiscalía del MP que hay influencia del narcotráfico las agrupaciones políticas UCN y Crecer tienen representación política electoral.

El comité cívico Crecer es la plataforma política que Súñiga formó para tener influencia en la frontera de San Marcos con México y el litoral pacífico, por esa razón los aspirantes de esta organización no se limitan solo a Ayutla (Tecún Umán), dónde Súñiga gobierna. Crecer, aun siendo un comité cívico, postula candidatos a alcaldes en San Pablo y Nuevo Progreso, San Marcos; en  Coatepeque, Quetzaltenango;  y Champerico en Retalhuleu, municipios en los que operan grupos de narcotraficantes.

Crecer fue creado en 2015 y con ese comité Súñiga logró ser reelecto en ese proceso electoral. Logró llegar a ser jefe edil en los comicios de 2011 con la coalición Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional.

En 2014 el territorio de Ocós, San Marcos, se dividió por la creación del municipio La Blanca, en esa época Edilma Navarijo de León era la alcaldesa de Ocós y con esa partición se segmentó el voto. En el proceso electoral de 2015 Navarijo de León no logró la reelección. La exalcaldesa es madre de la diputada Preciado de UCN.

En la actualidad la UCN implementa campaña electoral en La Blanca y es Navarijo de Léon la postulada por esa agrupación política con intenciones de recuperar la administración de ese territorio. Sin embargo, esa organización política en Ocós y  La Blanca ha protagonizado disputas políticas y han recibido atentados.

En Ocós la UCN postuló a Emixa Lily Méndez Muj, en la planilla solo ella aparece inscrita y el resto se aspirantes se declararon como vacantes.

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El 15 de junio de 2015 varios hombres dispararon contra la sede del partido UCN en La Blanca cuando se llevaba a cabo una reunión, en ese ataque no se reportaron personas heridas.

El MP considera a Ocós y La Blanca territorios “grandemente influenciados” por los grupos de narcotraficantes, y por estar colindantes con las playas del litoral Pacífico se convirtieron en “puertos de la droga”. En esas áreas las estructuras del narcotráfico usan lanchas para trasladar ilícitos a México.

En Malacatán la UCN también postula a candidato a la alcaldía, este es un municipio fronterizo y está entre los territorios en los que operan narcotráfico.

San Marcos es uno de los departamentos fronterizos con México en los que más se desarrollan actividades ilícitas, como el trasiego de drogas, contrabando de productos y ruta apetecida por los coyotes en el traslado de migrantes hacia Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía General del país, a principios del año pasado había unos 139 puntos ciegos de contrabando fronterizo, de los cuales al menos cinco de los más importantes se encontraban en San Marcos.

Otros dos casos que están en la mira de las autoridades son Moyuta, Jutiapa e Ipala en Chiquimula.

Esduin Javier Javier, conocido como el “Tres Quiebres”, es el jefe edil de Ipala y aunque fue señalado en un informe de CICIG de ser el responsable del trasiego de droga en ese corredor en 2015, nunca se han formalizado cargos en su contra.

El alcalde de Ipala vía telefónica no quiso emitir opinión de los señalamientos y justificó de manera escueta que, “son rumores que no han sido probados en los tribunales”.

En Moyuta, Carlos Marroquín ha sido vinculado a las operaciones del narco debido a la captura de su hermano en El Salvador quien transportaba cocaína a las costas del vecino país para enfilarlo a México.

Marroquín negó estar vinculado al narcotráfico y justificó “desconozco qué está haciendo mi hermano, y de que yo esté ligado a una estructura de esas -narcotráfico-, no están vinculado a esas estructuras, al contrario he estado combatiendo y manteniendo la gobernabilidad porque Moyuta era un municipio sin Ley de 2011 para atrás-“.

El alcalde de Moyuta argumentó: “Cuando vine a la municipalidad coordiné con las fuerzas de seguridad y encontramos estructuras del narcotráfico a veces de las mismas instituciones, esas estructuras que estuvieron relacionadas con política se vieron amenazadas porque no iban a tener el respaldo político”.

Vínculos dudosos

En el actual proceso electoral hay candidatos que han sido relacionadas con el narcotráfico, los señalamientos los efectuaron las autoridades de los Estados Unidos (EE. UU.), por medio de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

Los candidatos a cargos de elección popular que han sido vinculados al narcotráfico pertenecen al partido Unión del Cambio Nacional (UCN) y el Comité Cívico Crecer (Crecer).

El expresidenciable Mario Estrada se postuló a la presidencia por la UCN, pero su candidatura fue inhabilitada luego de haber sido arrestado en Miami, EE. UU., bajo cargos de haber solicitado dinero al cartel de Sinaloa para la campaña a cambio de que al llegar al poder daría apoyo para el traslado de drogas hacia territorio guatemalteco, informó el Departamento de Justicia.

El 26 de abril pasado la DEA solicitó la detención de Érick Salvador Súñiga Rodríguez “Pocho”, alcalde de Ayutla, San Marcos, con fines de extradición por parte de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Veinticinco días antes de la solicitud de extradición de Súñiga en Ayutla, las fuerzas de seguridad decomisaron 933 kilos de cocaína que eran transportados en un vehículo conducido por un hombre. El cargamento fue valorado en Q106 millones.

Estos dos casos y el del jefe edil la Nueva Concepción vinculado al narcotráfico revelan el interés de los grupos de narcotraficantes por dominar alcaldías en áreas estratégicas consideradas rutas para el tráfico de ilícitos.

Territorio añorado

Alan Ajiatas de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad explicó que los municipios con influencia de los grupos de narcotraficantes se generan porque esas son “las rutas” que se trazaron por esas estructuras criminales para transportar la droga a México, el destino priorizado.

“Las incidencias del ingreso de la droga son eminentemente vía marítima por el litoral Pacífico y hay gran mayoría de trazas áreas por el área del Atlántico -Izabal y Petén-“, expuso Ajiatas.

Según la fiscalía los grupos de narcotraficantes están buscando consolidar sus operaciones en las áreas del litoral Pacífico. Las zonas costeras del Pacífico son cercanas a México y se usan lanchas que zarpan del territorio guatemalteco con droga.

“Es probable que la interacción de los grupos criminales -de narcotraficantes- ya no sea suficiente con tener un acercamiento con las autoridades, sino que es más fácil para ellos -operar- teniendo un puesto -en alcaldías infiltrando narcotraficantes- “, expuso el fiscal.

Ajiatas ejemplificó la relación de las autoridades locales con narcotraficantes con el caso de la alcaldía de la Nueva Concepción, Escuintla. El 6 diciembre pasado el MP presentó una solicitud de antejuicio en contra del jefe edil de ese municipio, Otoniel Lima Recinos, por supuestamente ser el cabecilla de una banda del narcotráfico.

En el caso de la comuna de la Nueva Concepción se capturaron a cinco personas, entre ellos particulares y trabajadores de la comuna de la Nueva Concepción. La estructura, según la investigación, operó en Puerto San José, puerto de Iztapa y Nueva Concepción, Escuintla.

Otro de los municipios costeros en los que el MP identificó actividad de grupos de narcotraficantes es la Nueva Concepción, en Escuintla, y en ese municipio la UCN postula planilla edil. El que fue proclamado candidato a alcalde no fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral por considerar que no era vecino de ese territorio.

En la región fronteriza de Huehuetenango el partido UCN postuló planilla municipal en San Antonio Huista, uno de los municipios próximos a la frontera con México y considerado con actividad del narcotráfico.

El MP pide más respaldo

Un operativo antinarcótico frustrado el pasado 3 de abril en Manchón Guamuchal, Retalhuleu, ha dejado expuesto falencias del Ministerio de Gobernación y el MP para ejecutar acciones en contra de narcotraficantes.

En Manchón Guamuchal se detectó el aterrizaje de una avioneta, el Ejército de Guatemala fotografió el caso y en las imágenes evidenció que personas descargaron la aeronave, pero la PNC no entró al lugar porque se excusó en que grupos armados amenazaron con disparar.

La fiscal general María Consuelo Porras advirtió que ese caso “no está olvidado” y reiteró que “el MP   depende de la logística de la Policía Nacional Civil para hacer operativos” y expuso que cuando implementan acciones solicitan apoyo a las fuerzas de seguridad.

“El hecho de no haberse realizado este operativo -en Manchón Guamuchal- no implica que el caso esté olvidado, por el contrario, todo está sobre el control dentro de las investigciones del Ministerio Público”, aseguró Porras.

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