Las principales necesidades, los nudos problemáticos y los atrasos de los procesos judiciales de 2014 y 2015 fueron analizados por estudiantes de dos universidades. El Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala, financiado por el gobierno de Alemania, destacó la importancia de saber cuáles son los inconvenientes que atrasan los casos de justicia.

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“Destacar esa participación de la ciudadanía vigilante, pero que también aporta en el proceso de construcción del estado de derecho, porque es gracias a esa participación de la ciudadanía que el sistema de justicia puede ajustarse a las necesidades fundamentales”, destacó Velásquez en su mensaje.

Loretto Ferrer, secretaria de la Cicig, y el magistrado Néster Vásquez Pimentel, presidente de la CSJ, escucharon el informe y acordaron la segunda fase del proyecto se alcanzará hasta el 2020, y contará con el apoyo del Fondo de Reformas Estructurales, que es ejecutado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ, por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

“Todos los hallazgos nos permiten implementar acciones preventivas, correctivas y formular propuestas concretas en torno a los procesos judiciales”, mencionó Vásquez Pimentel.

Los hallazgos

Estudiantes de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales las universidades San Carlos de Guatemala (Usac) y Rafael Landívar (URL) integrados en grupos revisaron 553 expedientes de los 2 mil 797 que habían adquirido firmeza durante 2014 y 2015.

Los futuros abogados revisaron 137 expedientes relacionados con la Ley contra la Delincuencia Organizada; 108 de la Ley de armas y municiones; 21 de la Ley contra la corrupción; 20 de la Ley contra el lavado y dinero y otros activos; 148 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; 74 de la Ley contra la violencia sexual y trata de personas y 45 de delitos contra periodistas.

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Los estudiantes evaluaron también 186 carpetas relacionadas a impugnaciones.

“Ha sido un mecanismo que ha permitido elaborar herramientas existentes para fortalecer las decisiones judiciales”, mencionó Rolando Escobar, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URL.

Gustavo Bonilla, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, destacó “la oportunidad de plantear reformas”. Añadió que “propicia a una auditoría social” debido a que la población demanda vivir en democracia y en estado de derecho.

Demora

Un aspecto que destacó en el informe de 46 páginas que prepararon los estudiantes fue el extenso tiempo en que dura un proceso penal.

Primer informe de hallazgos del #ObservatorioJudicial: IMPUGNACIONES / Audiencia de apelación especial en el Sistema de Justicia Penal. pic.twitter.com/mKTtv9UrkQ

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) November 20, 2018

En promedio son 918 días que incluyen la captura, el auto de procesamiento frente a un juez penal hasta la sentencia informó la consultora Mónica Leonardo, quien redactó el documento.

De este número de días calendario, solo se computa como tiempo efectivo de audiencia un reducido número de días, 15 a 25 días efectivos de audiencias. Esto significa que el 96% del proceso penal corresponde a tiempos muertos o de inactividad procesal.

De las acusaciones presentadas únicamente fueron admitidas ocho mil 535 y ocho mil 663 para 2014 y 2015, respectivamente, lo cual supone un importante rezago en la resolución de acusaciones planteadas.

Nudos

El Observatorio destacó que una apelación que debe resolverse en un máximo de tres días se demora, en promedio, 91 días. Este tiempo es un retraso más en la tramitación de los casos.

En cuanto a la reparación digna, en el 14 por ciento de los casos fueron incluidas las sentencias durante audiencias.

Otra de las críticas del Observatorio es el tiempo entre el ofrecimiento de la prueba ante el juez contralor y el comienzo del debate en un tribunal. Promedian 184 días en donde “no se efectúa ninguna actividad procesal”. La duración no debe exceder de 15 días, según el artículo 344 del Código Procesal Penal.

El promedio que transcurre en esta etapa es de 298 días en femicidio, 314 días en violencia contra la mujer y 258 días en violencia sexual. En el caso de los delitos de corrupción y lavado de dinero, el plazo entre la finalización de la audiencia de ofrecimiento de prueba, hasta que efectivamente se inicia el debate se prolonga por un lapso de 138 días.

En los casos relacionados con delitos de la Ley de Armas y Municiones, la duración es la siguiente: portación de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, 136 días; transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego, 84 días; portación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal, 37 días; portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del ejército de Guatemala; 27 días; y portación o tenencia ilegal de arma de fuego con número de registro borrado o alterado, 52 días.

El comisionado Iván Velásquez destacó la participación ciudadana en un video que fue reproducido durante la presentación de la primera fase del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala. pic.twitter.com/l0TlVbzyha

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) November 20, 2018

En los casos de asesinato, la duración fue de 79 días en promedio; en los de asociación ilícita, fue de 81 días; en los de obstrucción extorsiva, el promedio fue de 74 días; en los casos por el delito de conspiración, el promedio de duración fue de 118 días.

Los jueces programan solo cuatro audiencias diarias, aunque en promedio celebran seis debido a la carga laboral. “No se aprovecha al máximo el tiempo del juez en la sala, con el fin de desarrollar la mayor cantidad de audiencias con calidad durante la jornada de trabajo”, según el informe del Observatorio.

El 20% de las audiencias se suspende, lo que significa un atraso, debido a la inasistencia de los sindicados. El 15% de las suspensiones es por incomparecencia del abogado defensor y el 13% por la inasistencia del representante del Ministerio Público (MP).

La duración de las audiencias debe considerarse para el diseño del modelo de gestión: la mayoría no sobrepasa los 45 minutos.

Juicios abreviados

El procedimiento abreviado se emplea con mayor frecuencia en los casos de violencia contra la mujer y violencia sexual y no se emplea en los casos de delitos regulados en la Ley de Armas y Municiones, desaprovechando un mecanismo que puede descongestionar el proceso o acelerar su tramitación.

Los procesos de violencia contra la mujer, representaron el 32% de los casos en juicios abreviados; mientras que en delitos de violencia sexual se usó en el 11% de las acusaciones.

El tiempo

Los debates están incumpliendo el principio de inmediación y concentración.  La mayoría de los debates se celebra de manera difusa con intervalos prolongados entre sesiones.

Avances

El informe determinó que la investigación criminal ha dado importantes avances, pues los procesos penales por asesinato (70%), asociación ilícita (78%) obstrucción extorsiva del tránsito (97%), violencia contra la mujer (82%), violencia sexual (79%) y femicidio (88%) inician por orden de aprehensión emitida a solicitud del Ministerio Público, tras una investigación preliminar que lleva a la identificación del sospechoso.

Pruebas

El Observatorio notó que el principal medio de prueba presentado en juicio oral es el documental, que representa 55% del total de los medios presentados. Algunos de estos medios son incorporados por quienes los producen, como la prueba pericial, en donde regularmente se ofrece el dictamen escrito y la declaración del perito en el debate.  

Con errores de redacción

Las sentencias deben expresar un lenguaje sencillo y que se entienda. Sin embargo, el Observatorio notó que “se encontraron sentencias que presentan errores de redacción y de abstracción”.

Los jóvenes estudiantes añaden que la redacción de las sentencias “no son coherentes y trasladan literalmente segmentos del interrogatorio y contrainterrogatorio formulado por los litigantes, sin establecer el contenido y sentido de la prueba”.

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