Este miércoles 20 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) conoció la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), y debe convocar y llevar a cabo el proceso de elección de su magistrado titular en el máximo órgano constitucional.

El mayor enemigo que tendrá la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para la elección de su magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad (CC), según analistas, es el tiempo. La resolución les impone convocar, evaluar y elegir en los próximos 20 días.

La notificación que transmite la decisión de la CC para anular y repetir la elección del magistrado titular de la Usac llegó cuando ya estaban en período de vacaciones de Semana Santa, y por eso fue ayer cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) fue oficialmente notificado.

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El proceso busca enmendar el evento que se realizó el 4 de marzo del 2021, donde luego de 12 rondas de votación la Usac eligió a Gloria Porras como su magistrada titular para el período 2021-2026 de la actual CC.

Sin embargo, diversas acciones legales frenaron su juramentación en el Congreso de la República, lo que le impidió tomar posesión el 14 de abril, como lo estipula la Carta Magna.

Mientras el proceso se resolvía en las instancias judiciales, Porras decidió salir de Guatemala por temor a represalias y a un presunto ataque político-judicial en su contra.

La salida de Porras, incluso, ameritó que Amnistía Internacional (AI) dedicará un espacio en su informe del 2021 a la situación, considerándolo una violación a los derechos humanos que además atenta contra la independencia judicial.

En el proceso del 2021, fueron 19 profesionales los que se presentaron como candidatos. Luego de los filtros, la lista se redujo a siete, y de ellos se eligió a Porras.
La contienda

De los siete profesionales elegibles en el 2021, el pulso se mantuvo entre Porras y Omar Barrios, este segundo candidato era relacionado por presunta amistad con el exrector de la Usac, Murphy Paiz.

Otros profesionales que también tuvieron peso dentro de la contienda en la Usac, aunque con menos fuerza que Porras y Barrios, fueron Delia Dávila, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, participó Juan Carlos Godínez, sobre quien pesaban señalamientos de conflicto de interés porque es miembro del CSU. El portal de la Usac lo señala como integrante del Consejo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Los tres candidatos restantes fueron Mynor González Méndez, William Gilberto Bobadilla y José Aguilar Orellana. Toda vez el CSU lance la convocatoria, los profesionales podrían volver a competir.

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Los errores

El amparo que otorgó la CC a la Fundación contra el Terrorismo señala que el CSU no respetó la votación secreta que marca la ley; asimismo, tampoco premió la docencia universitaria en la elección que tomó.

El proceso de votación para la elección de magistrado tiene que ser secreto, mientras que el requisito de ser docente universitario se convierte en obligatorio, y no en una opción para quienes participen.

Para Mónica Marroquín, directora de proyectos de Guatemala Visible, la decisión que tomó la CC les pareció extraña, aunque destaca que respetan las resoluciones judiciales.

“Ahora nos queda a nosotros la duda de cómo van a hacer la votación, porque el objetivo de la sociedad civil es que sea una votación abierta, que todos podamos observar…, pero si se está dando el amparo, consideran que la votación se tiene que dar de manera secreta”, manifestó.

A su criterio, una opción que podría tomar el CSU es mantener públicas y en trasmisiones las sesiones y discusiones que tenga el Consejo, para únicamente dejar la votación fuera de cámaras y cumplir con el voto secreto.

José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), consideró que ese tema ha levantado mucho debate, por lo que se necesita una postura clara del CSU. “Lo ideal es que lo discutan.

Esa discusión sí puede ser pública y transparente, para saber cómo van a realizar la votación”.

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Contra reloj

El tiempo es otro factor importante. Echeverría dijo que se puede hacer un buen trabajo en 20 días, aunque el Consejo tendrá que destacar por mantener orden y una información bastante fluida.

“Con el proceso a 20 días, el CSU tendrá que tomar en consideración los plazos de convocatoria, de revisión de expedientes, entrevistas, y sí pueden hacerlo en 20 días, pero de una forma muy ordenada y con bastante comunicación. Es un tiempo apretado, pero sí es factible”, refirió.

Aunque Marroquín tiene una opinión más crítica por el tiempo que impuso la CC en su resolución, y consideró que es imposible conocer a detalle a todos los candidatos que vayan a presentarse.

“Es muy complicado hacer una elección en 20 días, porque hablamos de la CC; una empresa se lleva hasta un mes para procesos de contrataciones. Yo sí considero que el tiempo es muy poco para hacer una evaluación o entrevistas para conocer a los aspirantes; tendrán que ver la forma, algo corto”, puntualizó.