Una veintena de bebés menores de un año, casi doscientos bebés de 1 a 4 años y más de cuatrocientos niños de 5 a 9 años. Estos son niños y niñas que mientras las escuelas, parques y mercados cerraban debido a la situación de pandemia en el país, tuvieron que ser sometidos a evaluaciones médicas por existir indicios de violencia sexual en su contra.

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Los datos los arroja el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Cuando se trata de niños de 10 a 14 años que están en la preadolescencia la cifra aumenta a 1 mil 404 y con adolescentes de 15 a 19 años que fueron evaluados por los forenses la cifra engloba 1 mil 65 casos.

Aunque según el Inacif, durante los meses de mayor confinamiento por pandemia del covid-19 el número de evaluaciones se redujo casi a la mitad a comparación del año 2019, esto no quiere decir que los abusos sexuales contra menores de edad hayan cesado.

“La pregunta fundamental es si las niñas y adolescentes de 7 años en adelante no estaban en las escuelas, en las iglesias o en la calle ¿dónde estaban? Estaban en casa por la cuarentena”, reacciona Otto Rivera, secretario Ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).

En total, el Inacif evaluó a 3 mil 90 niños y adolescentes de 0 a 19 años, el 10.7 por ciento de ellos eran hombres y el 89.3 por ciento se trataba de mujeres. Guatemala, Escuintla, Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos son los que más presentan casos de delitos sexuales contra la niñez.

La mitad de ellos, 1 mil 541, fueron evaluados durante los meses de marzo a julio, que fueron los de mayor confinamiento. Mientras el país estaba sin transporte público, con toque de queda y estado de calamidad.

Pero, aunque los datos son preocupantes, no reflejan con fidelidad la magnitud del problema, que es mucho mayor a lo que se registra en las instituciones de gobierno.

Rivera explica que según la hipótesis que manejan con el monitoreo que hacen, una de cada tres niñas y adolescentes abusadas resultan embarazadas. Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), 1 mil 95 niñas de 10 a 14 años resultaron embarazadas producto de una violación. De ser cierta la hipótesis de Ciprodeni, el triple de niñas pudo haber sido víctimas de un delito sexual sin quedar registrado.

El observatorio también registra 387 evaluaciones forenses a niños con lesiones compatibles con maltrato y 69 muertes violentas de menores de edad en lo que va del año, de los cuales el mayor porcentaje representa a adolescentes de 15 a 19 años.

El maltrato y abuso sexual de niños y niñas dentro de su círculo familiar también es uno de los motivos que llevan a los menores a huir de sus hogares. Según ha registrado el Sistema de Alerta Alba Keneth para la desaparición de infantes, muchas de estas alertas se activan luego que los padres se dan cuenta que los menores huyeron de sus hogares y al darle seguimiento al caso, las autoridades se dan cuenta que huían de un círculo de violencia.

Problemas en pandemia

Octavio Enríquez, gerente de incidencia de la organización Save The Children, explica que lo primero que se debe hacer cuando se evidencia un abuso contra un menor de edad, después de la evaluación médica, es la separación del agresor del ambiente familiar del niño o niña y esto se debe hacer a través de los juzgados y de una efectiva persecución contra el violador, “estos son elementos indispensables para abordar una agresión sexual”, menciona.

Sin embargo, en el país esto se trabaja a la inversa y los niños y niñas víctimas son separados de sus familias al ser trasladados a hogares de protección. “Esto es totalmente contrario a lo ideal, lo que más recienten las niñas que son víctimas es que ellas deben pasar por un encierro en un hogar temporal y este encierro depende de la agenda del juez para que pueda regresar a una vida más o menos normal”, explica.

Además de que el sistema judicial detuvo el ritmo de las audiencias debido a la pandemia, las posibilidades para que el niño o niña pudiera denunciar ser víctima de un vejamen, se reducían al mínimo. “Una de las cosas que aprendimos de esta pandemia es que no tenemos las capacidades como sociedad y Estado para reaccionar de forma oportuna y a distancia cuando un niño intenta comunicarse con las autoridades, todavía dependíamos mucho de lo presencial y los números oficiales para comunicarse con las autoridades que deben atender a las víctimas no son gratuitos o por medio de internet que no requiera el uso de datos para dejar una denuncia o alerta sobre violencia contra la niñez”, agrega Enríquez.