¿Qué opina de que la Cancillería haya negado las visa a unos investigadores de la Cicig?
Es preocupante, porque esta revocatoria constituye una limitación que impone el Gobierno para que el personal de la Cicig pueda seguir haciendo su trabajo. Contraviene, en buena medida, disposiciones del Convenio suscrito y ratificado entre las Naciones Unidas y Guatemala para la creación de la Cicig, que establece que no es necesario este procedimiento, porque son parte de las prerrogativas que gozan los funcionarios de la Comisión.

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¿Afecta el trabajo de la Cicig?

También preocupa que no se estén cumpliendo parte de las órdenes judiciales que se emitieron el año pasado en el sentido de que se debe dejar de trabajar a la Comisión para el buen desarrollo del Convenio. Preocupa porque deja claro cuál es la postura del Gobierno que es la de ir apostando a la desarticulación de la Cicig, como sea.

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¿Cuál es su análisis de que los afectados son los que investigaban casos emblemáticos de corrupción?

Es demasiada la coincidencia que a quienes se las negaron hayan sido a las personas que investigaban casos muy importantes de corrupción. Además, se les negó a algunas personas que ocupaban jefaturas de coordinación.

¿Considera que este hecho tiene dedicatoria?

Realmente preocupa que, precisamente, entre los funcionarios a quienes se las revocaron esté el que investigaba el caso del Presidente, su hijo y su hermano.

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¿Estas acciones trastocan el Convenio?

Por supuesto, está contraviniendo las disposiciones del Convenio, en su artículo 10, de que los funcionarios de la Cicig con solo mostrar su contrato de trabajo podrían realizar su trabajo directamente, porque su contratación es con las Naciones Unidas y deben cumplir con lo que se les encomienda.

¿Tendría algo que alegar la Cicig?

Lo que estamos viendo es una Cicig que está siendo destruida por el Gobierno y la Comisión siente que hay un Presidente que no cumple con las ordenes de las Corte de Constitucionalidad.

¿Podría la Cicig denunciar el Convenio?

No creo, pero puede ser que la ONU cuestione la decisión y pida explicaciones de por qué se está llevando a cabo este proceso. 

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