La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, Edith Olivares Ferreto, conversó con Prensa Libre acera de la tragedia ocurrida en un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, y a la vez de lamentar la forma cómo han reaccionado los gobiernos, señaló que nadie debe estar privado de su libertad por ser migrante.

Olivares Ferreto dijo que el incendio en el centro a cargo del Instituto Nacional de Migración de México (INM) es solo una pequeña muestra de las terribles condiciones en que son tratados los migrantes durante su tránsito por aquel país.

¿Qué balance hacen de lo actuado por los gobiernos días después de esta tragedia?

Esta terrible tragedia es consecuencia de políticas migratorias restrictivas, crueles y violatorias de los derechos humanos que comparten México y EE. UU. Exigimos al Gobierno de México, en particular, que deje de estigmatizar a los migrantes. Las declaraciones que han hecho diferentes autoridades no contribuyen a reconocer la responsabilidad del Estado mexicano en esta tragedia y siguen criminalizando a los migrantes y solicitantes de asilo. El Gobierno mexicano debe tomar esto como una oportunidad para reformar su política migratoria a una que esté centrada en la persona y que reconozca que este es un territorio de tránsito y recepción desde hace cuatro décadas. También exigimos garantías de no repetición para que nunca más en este país mueran migrantes que están bajo la custodia del Estado.

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¿Qué declaraciones le parece que han criminalizado a los migrantes?

Ha habido declaraciones que han hecho con poca precisión y poca sensibilidad frente a la tragedia. Por ejemplo, en algún momento el presidente de la república —Andrés Manuel López Obrador— desafortunadamente señaló que las personas migrantes habían iniciado el incendio con lo cual parecía responsabilizarlos de una acción que, claramente es responsabilidad del Estado porque la garantía de seguridad y de la vida de una persona en un centro de detención es responsabilidad del Estado.

¿Qué les sugiere a ustedes el video en el que se ve a los migrantes desesperados y a los guardias que prácticamente los ignoran?

Este video, como otros, muestran todas las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en estos centros. Tanto los estándares internacionales como la propia legislación local, establece cuáles son las responsabilidades del Estado mexicano cuando tiene en custodia a personas y cuáles son sus responsabilidades en materia migratoria. La reforma constitucional de 2011 dice que las personas migrantes tienen los mismos derechos que las personas que vivimos en México.

Además, hay una normativa que establece en 36 el número de horas que un migrante puede estar en un centro de detención migratoria, ese número se ha sobrepasado, había personas que tenían hasta un año de este ahí.

¿Dentro de las víctimas había alguien que tenía un año de este en detención?

Algunos medios han señalado que algunas de las personas que estaban en el centro de detención tenían hasta un año de estar esperando asilo o refugio y que habían estado varias veces en ese centro, por lo tanto, se estaban violando los estándares. La ley también señala que no se puede separar a las familias y este hecho muestra que sí hubo práctica de separación familiar.

Organizaciones llevan años de denunciar malos tratos en estos centros de detención ¿Por qué no se le entra a resolver el sistema?

En efecto. En el Informe Global de Amnistía Internacional, en el capítulo de México, se señala que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados están entre las 10 instituciones donde ocurren más violaciones a los derechos humanos en el país. Esto—el incendio— no es novedad, es la punta del iceberg de una suerte de abandono de la política migratoria y de un giro de la política migratoria hacia la criminalización y militarización.

¿Qué es lo que ha pasado? El Gobierno de López Obrador parecía que sería distinto.

Este sexenio en particular inició con una propuesta de una política migratoria que muchas organizaciones respaldamos y aplaudimos, pero eso duró muy poco. Después, EE. UU. declaró a México un tercer país seguro con lo cual el gobierno mexicano se plegó a esta política de EE. UU. y empezó a retener migrantes en territorio mexicano y a aletargar las solicitudes de asilo y refugio y eso es lo que está llevando a que ingresen al país alrededor de 30 mil personas que están generando una saturación de los albergues. Ahora estamos frente a una política en la cual el gobierno mexicano se hace cómplice de políticas restrictivas y estas son las consecuencias.

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¿Cómo ha visto la respuesta de los estados ante esta tragedia?

Estamos haciendo un llamado para que haya reconocimiento de los estados de que todos deben asumir responsabilidades incluyendo la garantía de respetar los derechos humanos en sus territorios, y países como México que son de expulsión, recepción y tránsito tienen que asumir que este es un proceso que no se va a detener, las personas no van a dejar de migrar ni en las américas ni en ninguna región del mundo, por lo tanto, es importante que los estados asuman que las personas tienen derecho a migrar y que los estados tienen el deber de garantizar y proteger ese derecho.

En Guatemala, con cada tragedia lo primero que hace el Gobierno es culpar a las bandas de coyotaje. ¿Quién tiene más culpa, estas bandas o un Estado que no garantiza condiciones mínimas de arraigo?

Desafortunadamente es bastante usual que en nuestra región los gobernantes eludan su responsabilidad y la asignen a otros actores. La responsabilidad de la seguridad en cualquier parte del territorio es de los estados, es su deber garantizarla y también desarrollar mecanismos que permitan que las poblaciones estén seguras y que, además, haya procesos que permitan sanear los territorios y comunidades de la violencia criminal.

No es la primera vez que sucede una tragedia, medio centenar murió en Chiapas, acribillaron a 16 guatemaltecos en Tamaulipas y ahora esto. ¿Cómo se le ve a los migrantes hoy en día en su tránsito por México?

Hay algo que debemos reconocer que se presenta en muchos lugares del mundo y es que la estigmatización y criminalización que hacen las autoridades se refleja en las prácticas de la población, por eso es muy importante que las autoridades tengan mucho cuidado con sus declaraciones, es importante que, a todos los niveles, desde el presidente hasta los agentes estatales, cuiden mucho sus expresiones respecto a los migrantes. Nadie es ilegal, la población que migra son personas que en algunos casos están huyendo de la violencia, incluso de violencia política y las autoridades deben ver sus declaraciones de manera que no contribuyan al estigma frente a la población que migra.

¿Luego de esta tragedia, cuál es la respuesta mínima que se espera del Gobierno de México?

Que haya una investigación apegada a derecho para que haya sanciones para todos, incluyendo las autoridades que son responsables de estos centros de detención no solo para las personas que estaban ahí. También es importante que el Estado mexicano revise su política migratoria y garantice que las personas que están en todo el territorio, independientemente de su estatus, estén en condiciones dignas y seguras. Es imprescindible dejar de tener a los migrantes encerrados, ellos no han cometido ningún delito y no pueden estar privados de su libertad; además, hay que garantizar que las personas fallecidas sean retornadas si ningún costo, respetando las garantías y que se repare el daño a las familias y que haya garantías de no repetición.