El testimonio de Keyri es parte de los argumentos que un grupo de abogados de Boston, Massachussets, expone en la demanda federal que presentaron en contra de funcionarios del gobierno de EE. UU. el pasado 5 de septiembre por los daños físicos y psicológicos que la separación familiar causó a una familia guatemalteca, así como otras dos mil 500 durante el tiempo que esa medida, parte del plan tolerancia cero, estuvo vigente.

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Acuerpado por abogados expertos en migración, el migrante guatemalteco originario de Jutiapa encabeza una lucha que derivó en la demanda judicial que se busca, también represente a todas las familias afectadas, con el objetivo de obtener una compensación económica para crear un fondo de salud mental y brindar atención psicológica a los menores que sufrieron por la separación.

“Pretendemos una indemnización para sentar un precedente en el país para que no vuelva a pasar todo eso de la tolerancia cero”, expuso Elmer, vía telefónica desde Worcester, condado de Massachussets, donde ahora radica.

“Mis hijos tienen daño psicológico grande, aunque hace mes y medio que están conmigo aún se despiertan por las noches llorando”, expresa el migrante, quien al hablar de los tres días en que sus hijos estuvieron en manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en el centro de detención de Texas, una oficial le jalaba el pelo a Keyri para llevarla a la ducha o lo despertaba a las 3 de la madrugada cuando hacían el conteo de detenidos.

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En cuanto al mayor, afirma que por su estatura (1.78 metros) los oficiales no le creían que tuviera 17 años, lo trataban de mentiroso y en más de alguna ocasión lo agredieron a puntapiés.

Trato cruel e inhumano

El medio Boston Globe publicó declaraciones de Susan Church, una de las abogadas involucradas, para quien “las familias fueron tratadas cruel e inhumanamente y de forma inconsistente con los principios de Estados Unidos”.

El medio detalla que entre los funcionarios que figuran en la demanda están, el fiscal general, Jeff Sessions; el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly; el asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como funcionarios de ICE y de la Patrulla Fronteriza.

La demanda precisa que los funcionarios violaron el debido proceso de los inmigrantes al separarlos de sus familias y someterlos a vejámenes, y que fueron castigados solo por su raza y origen.

Huyen de la violencia

Elmer contó que se vio forzado a migrar el 7 de agosto del 2016 después de que colaboró con la justicia en un caso de homicidio y comenzó a sufrir las represalias; sin embargo, tiempo después las amenazas se dirigieron hacia su familia hasta que se hicieron insoportables al punto que su esposa y sus dos hijos también tuvieron que marcharse a EE. UU.

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La madre y sus hijos llegaron a la frontera el 19 de mayo, 10 días después de que habían partido de Guatemala. Ese mismo día fueron separados de la madre, así estuvieron durante seis semanas. Fue hasta finales de junio que la familia completa se reunión de nuevo. Ahora tienen vigente una solicitud de asilo.

“Para mí fue duro, yo lloraba, eran noches de angustia en donde no podía dormir, me despertaba y esperaba una llamada, me iba al santuario a llorar y le pedía a Dios que me ayudara. Fue un verdadero calvario en donde sufrí depresión, no comía y no dormía”, precisa Elmer, quien también se lamenta de que no recibió ayuda del Gobierno de Guatemala, a pesar de que intentó comunicarse con varias instituciones por medio de las redes sociales.

Acerca del día en que fueron separados, la esposa de Elmer expuso en una entrevista con The New York Times: “Pensé que nunca más los volvería a ver, el guardia me decía ‘olvídense de sus hijos’, yo pensaba que no sabría más de ellos”.

Respecto del momento en que fueron separados añadió entre lágrimas: “Me llamaron y llamaron a las mamás, la nena me agarró y yo pregunté por qué se la van  a llevar, fue muy duro, nos abrazamos y pensé hasta cuándo te voy a ver, luego llegó un policía y me dijo ‘¡ya déjala, ya déjala!, y se fue”.

Instan a denunciar

Instando a que adopten la actitud de Elmer, la organización promigrantes No te dejes, cuya sede está en California, hizo un llamado a los indocumentados a que denuncien cualquier violación a sus derechos, por ejemplo, la separación familiar.

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Representantes de la organización exhortaron a los indocumentados que han sufrido vejámenes a que no se queden callados y que se acerquen a abogados u organizaciones como No te dejes para recibir asesoría.

Tony Herrera, director ejecutivo de la organización, explicó que la Constitución de EE. UU. no le quita el derecho a los indocumentados a denunciar la violación a sus derechos. No obstante, reconoció que la comunidad migrante muchas veces por miedo no se atreve a denunciar.

El abogado experto en migración, Luis Carrillo, quien acompañó a la organización en una visita a Guatemala, añadió que “cualquier persona que viva dentro del territorio de Estados Unidos tiene plenos derechos garantizados por la Constitución Federal para demandar a policías locales o al gobierno por los atropellos que cometen en contra de los migrantes”.

Los casos más recurrentes de violaciones a los derechos de los indocumentados se dan por las policías locales, añadió, aunque también se ha visto un incremento de las muertes de migrantes que intentan cruzar la frontera sur.

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El abogado reafirmó que la separación familiar es un motivo para comenzar una demanda judicial por los perjuicios que sufrieron padres e hijos ya que “el daño psicológico va a durar el resto de sus vidas”.

Terrible situación

Herrera calificó la situación actual que atraviesan los migrantes en EE. UU. como la peor de todos los tiempos, ya que el racismo, que afirma fomenta Trump, ha empoderado esa práctica en aquel país y ahora, otras personas son más racistas que antes ante la comunidad hispana.

Carrillo dijo que el temor de hacer una demanda siempre ha existido, pero que ahora la comunidad migrante se esconde mucho más por la guerra que ha impulsado el gobierno, que incluyen redadas de todas partes del país y solo se dirigen a la comunidad trabajadora.

Añadió que es “sumamente ilegal” el que los agentes federales utilicen el perfil racial para dirigirse a las personas de tez morena y no a los canadienses o irlandeses que también están indocumentados.  “Trump dijo que iría solo tras los malos hombres, pero no, se dirigen a los trabajadores y rara vez hacen redadas contra los pandilleros”, enfatizó.

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